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Paulino Rivero anima a los representantes públicos a profundizar en la democracia social

El jefe del Ejecutivo señala que el papel de los ciudadanos en la vida pública no debe agotarse en los procesos electorales

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, animó hoy a los representantes de las administraciones públicas canarias a profundizar en la democracia social e implicarse en el debate abierto por el Ejecutivo para la aprobación de una ley reguladora de la participación ciudadana.

Rivero presidió una jornada de trabajo sobre Fomento de la Participación Ciudadana, celebrada en el edificio de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, que contó con la presencia de un centenar de representantes de la administración autonómica, insular y local.

El presidente canario aseguró durante su intervención que «el Gobierno está plenamente convencido de la necesidad de implicar a la ciudadanía en la política; de que se entienda la política como un ejercicio de corresponsabilidad, como una actividad de la que todos formamos parte».

En este sentido, subrayó que el papel de los ciudadanos en la vida pública «no ha de agotarse en el depósito de una papeleta en la urna electoral cada cuatro años», sino que «ése debe ser el punto de arranque» para su participación en la toma de decisiones.

A su juicio, sólo desde ese enfoque se podrá aspirar a una mejora de la calidad democrática, «a profundizar en la democracia social, que tiene su razón de ser en la satisfacción de las necesidades de las personas».

El presidente explicó los objetivos del Gobierno en esta materia, que pasan por abrir un debate social en torno a la participación ciudadana, que contará con la implicación de administraciones y colectivos sociales, y que se pretende cerrar con la elaboración en el Parlamento de Canarias de una ley de Participación Ciudadana.

Rivero señaló que el Ejecutivo pretende dar cumplimiento a diversos preceptos constitucionales y estatutarios que hasta ahora no se han desarrollado en ese ámbito concreto y recordó que Canarias «inicia así un camino poco transitado», puesto que sólo Cataluña tiene aprobada una ley reguladora de la participación ciudadana. Otras autonomías, como Aragón, Baleares y Valencia, están en el proceso de desarrollo normativo.

El presidente insistió en que «el debate que hemos abierto ha de ser lo más amplio y rico posible, con consultas a todos los sectores implicados, que nos permitan a medio plazo contar con una ley ajustada a las características del tejido social canario y, sobre todo, que sirva a los fines para los que va a ser diseñada». «Uno de ellos- prosiguió- y no el menos importante es que la participación se articule como un mecanismo de cohesión social y territorial y de fomento de nuestra identidad como pueblo».