El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, expresó hoy su voluntad de diálogo con el próximo Gobierno del Estado que se cree tras el 9-M, para abordar los asuntos que preocupan a los ciudadanos canarios una vez que ha acabado el «clima encrespado» propio de los períodos electorales.
Así lo manifestó Rivero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, en la que destacó que la predisposición al diálogo ha sido una constante del Ejecutivo que preside en los últimos ocho meses, y sin embargo «no ha sido así de allá para acá», en referencia al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que no se ha reunido aún con el presidente canario.
Paulino Rivero citó diversos asuntos que requieren del diálogo institucional entre las administraciones regional y nacional, como la deuda histórica contraída por el Gobierno estatal con Canarias, que valoró en 800 millones de euros, la reforma pendiente de su Estatuto de Autonomía, o cuestiones relativas con la seguridad interior y exterior de las Islas.
Rivero precisó que la predisposición al diálogo que mantiene el Gobierno de Canarias tampoco ha de confundirse con «sumisión, entreguismo o renuncia a la defensa de los asuntos que preocupan a las personas que viven en las Islas».
Rivero destacó que, una vez que ha finalizado un período de ocho meses en los que han tenido lugar en España dos procesos electorales que han creado un clima que «no ha sido el más aconsejable para trabajar con sosiego y tranquilidad», se abre un nuevo tiempo de más de tres años sin elecciones en el que la prioridad del Gobierno canario será «trabajar por las personas».
Rivero consideró que es hora de retomar entre el Gobierno español y el canario «una relación de respeto institucional» que esté por encima de las diferencias políticas existentes entre ambos y en la que el Ejecutivo regional «será firme y exigente a la hora de defender» una financiación estatal de los servicios esenciales, como son la educación y la sanidad que obedezca a una «distribución más justa de los recursos del Estado».
Paulino Rivero se refirió también a los 400 millones de euros que Canarias ha dejado de ingresar como consecuencia del incumplimiento, por parte del Gobierno español, de lo establecido en el Régimen Económico y Fiscal de la Comunidad Autónoma, que establece que la inversión estatal en Canarias debe ser igual a la media por habitante que se invierte en la Península.
También aludió a la necesidad de retomar la actividad del grupo de trabajo creado entre el Estado y Canarias para analizar la incidencia del alza de población en el desempleo que afecta a las Islas, a la creación de la Policía canaria y la necesidad de incrementar la seguridad en el Atlántico Medio, ya que son cuestiones que afectan al Archipiélago, así como a la necesidad de dialogar con la Administración estatal sobre las competencias que la Comunidad Autónoma debe asumir en el marco de un nuevo Estatuto de Autonomía.



