El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy de manera definitiva el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
El 6 de noviembre, de 2009, el Consejo Consultivo de Canarias emitió dictamen preceptivo en el que concluye que el Proyecto de Ley de referencia se ajusta a las previsiones de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y, también, al resto de la normativa jurídica vigente de aplicación.
Esta iniciativa legislativa pretende incorporar al ordenamiento territorial turístico la citada Directiva, y desarrollar la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 2009 y pendiente de promulgación), modificando aquellos aspectos de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que no se adecuen a aquéllas.
La Directiva de Servicios y la Ley estatal de transposición de la misma tienen por objetivo garantizar que, tanto los prestadores como los destinatarios de los servicios, se beneficien de la libertad de establecimiento y la de prestación de servicios consagradas en los artículos 43 y 49 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, promoviendo la eliminación de las barreras y obstáculos que impidan o dificulten, directa o indirectamente, el acceso al mercado de las actividades de servicios, el establecimiento de nuevos negocios o la prestación transfronteriza de servicios.
La Directiva de Servicios resulta aplicable a una amplia gama de actividades y, entre ellas, a los servicios turísticos
En concreto, la presente iniciativa pretende fundamentalmente:
a) Modificar aquellos preceptos de la Ley 7/1995 que configuran el régimen de autorizaciones de empresas, actividades y establecimientos turísticos, contemplando la supresión, como norma general, de mecanismos de control previo quedando reducido el marco de intervención administrativa a la comprobación posterior del cumplimiento de los requisitos ordenadores aplicables, una vez los promotores de las actividades comuniquen a la administración el inicio de éstas. De conformidad con lo que dispone la Directiva de Servicios, solo serán exigibles autorizaciones previas cuando vengan justificadas en alguna de las razones imperiosas de interés general que ha delimitado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y resulten proporcionadas o adecuadas al objetivo pretendido y no tengan carácter discriminatorio.
b) Adecuar la tipificación de las infracciones al nuevo régimen de intervención administrativa sobre las actividades y establecimientos turísticos.
c) Suprimir requisitos y controles injustificados cuando exista una normativa, general o específica, que regule la materia con idéntica vocación protectora de la seguridad de los usuarios.
d) Ordenar la oferta de alojamiento turístico estableciendo sus modalidades de forma clara y precisa y eliminando toda referencia a los sistemas de explotación y comercialización.



