En los dos últimos años, el número de jóvenes que cumplen medidas en régimen de internamiento ha pasado de 427 a los 160 actuales
La red de recursos puestos en marcha por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, en materia de medidas judiciales ha permitido que el número de chicos que deben cumplir alguna medida judicial en centros de internamiento se haya reducido en un 70%, pasando en los dos últimos años de 427 jóvenes en régimen de internamiento a 160″, explicó hoy la consejera del área, Inés Rojas, en comparecencia parlamentaria.
Según indicó Rojas, «en Canarias se ha completado la red de medidas judiciales en medio abierto, medidas que van desde la libertad vigilada, centros de día, beneficio a la comunidad o medidas socio educativas. El objetivo es recuperar socialmente a los jóvenes en un medio más cercano a su entorno habitual. Así, se logra aportar mayor calidad a la ejecución de la medida, a la vez que se consigue un grado de especialización que es cada vez más demandado en el sector de reforma de menores».
Estas declaraciones las realizó la consejera de Bienestar Social en comparecencia parlamentaria para informar sobre el proyecto de formación profesional a través de talleres de empleo para la cualificación de los trabajadores de lo social en el campo de la atención a la infancia y la adolescencia.
En este sentido, indicó que a través de los talleres de empleo se formó a profesionales en las especialidades de ‘Técnico en intervención educativa con menores y jóvenes en el ámbito de protección y de justicia juvenil’ y ‘Técnico en intervención preventiva en centros escolares y formación ocupacional’.
A través de ellos se lograba proporcionar una mayor cualificación específica en el campo de atención al menor, de profesionales del área de los social, tituladas en Psicología, Pedagogía, Magisterio, Trabajo Social y Educación Social, especialidades todas ligadas directamente a la intervención en este campo, y por otro, crear una bolsa de trabajadores que podían ir incorporándose al servicio público de atención a la infancia y finalmente, que estas personas pudieran adquirir una práctica laboral cobrando un salario.
La red de atención a la infancia en sus diferentes modalidades atiende a más de 8.000 niños y jóvenes en Canarias. De ellos 3. 462 son niños y niñas en situación de riesgo y prerriesgo, 2.442 niños y niñas en desamparo; 1.500 niños inmigrantes; 643 jóvenes con medidas judiciales y 30 menores con trastornos de conducta.
«Por lo tanto, es incuestionable la necesidad por parte de las diferentes administraciones de contar con personal cualificado en el área», explicó Rojas.
«El objetivo era cualificar al personal y dignificar las profesiones de carácter social», enfatizó.
75 % de inserción laboral después de finalizado el taller
Los trabajadores-participantes recibieron un total de 1.920 horas que a lo largo del año de las que 672 horas fueron de formación teórica (distribuidas en diferentes módulos que incluyen psicología, pedagogía, ámbito jurídico, social, salud, educación trasversal, gestión de conflictos, sistema nacional de las cualificaciones profesionales, y presentación de proyectos) y 1.248 horas de formación práctica en los centros de trabajo.
Los participantes del primer taller tuvieron una inserción laboral en los primeros seis meses después de finalizado el mismo del 75 %, indicó Rojas, quien aseguró que «uno de los aspectos más interesantes fue el que la fase práctica se desarrollase en el propio centro de trabajo, permitiendo a los trabajadores-participantes el aprendizaje en el proceso mismo de intervención tanto el los centros de medidas judiciales dependientes directamente de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, en los centros educativos; en los de protección a la infancia y en los centros dependientes del Servicio Canario de empleo, con alumnos de alto grado de fracaso escolar».
Ante el éxito logrado, se amplió el objetivo de este taller formativo abordando también la protección y la prevención, desde las situaciones de riesgo hasta el desamparo, ya que en este campo se requieren la asistencia de educadores con alto grado de especialización, orientando esta actividad hacia la prevención de la delincuencia y la orientación educativa y laboral.
La intervención en los centros de enseñanza reglada y centros ocupacionales intenta dar respuesta a las necesidades detectadas en los centros escolares, tanto de primaria como de la ESO, para poder atender a la diversidad, interculturalidad, gestión de conflictos, etc., de forma que mejoren las interacciones personales y grupales tanto en el centro como fuera de él.
En los centros ocupacionales del Servicio Canario de empleo, compuestos en gran medida por alumnos con fracaso escolar en la enseñanza reglada, el esfuerzo se ha centrado en minimizar los elevados abandonos en estos programas con personal de apoyo que trabaje directamente con los alumnos y al mismo tiempo sirvan de recurso a los monitores para optimizar sus relaciones con el alumnado.
«En definitiva, toda esta actuación responde a un objetivo básico: contar con un grupo de profesionales formados, preparados y capacitados para intervenir en uno de los sectores más sensibles de nuestra sociedad, como son los menores y los jóvenes», concluyó la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.



