La Dirección General de Comercio ha iniciado ya los trámites para convocar una reunión el próximo lunes, en la que se pueda dar una respuesta consensuada y uniforme a los vendedores de los puestos ambulantes, que pidieron la mediación del Gobierno de Canarias en el conflicto
La Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias ha decidido tomar la iniciativa y citar a todos los concejales de Comercio de Gran Canaria a una reunión a celebrar el próximo lunes, con el fin de alcanzar un acuerdo común sobre la regulación de los mercadillos municipales en la isla. Con posterioridad a ese encuentro, se citará también a los representantes de las diferentes asociaciones de vendedores, para comunicarles el posible acuerdo y recabar de ellos propuestas de mejora de la normativa.
De esta manera, el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Arturo Cabrera, da cumplimiento al compromiso alcanzado en la reunión mantenida el pasado mes de septiembre con las asociaciones de vendedores, que le pidieron una mediación con los ayuntamientos.
Desde hace varios meses, algunos colectivos de vendedores ambulantes mal informados insisten en que el Gobierno de Canarias fije el plazo de validez de las licencias en los mercadillos, algo que excede con mucho sus competencias. La Dirección General de Comercio se reafirma en que toda la regulación de las licencias, tanto en plazos como en requisitos o baremos para otorgarlas, corresponde a cada uno de los municipios.
Aun así, el Gobierno de Canarias reconoce que las especiales características del negocio en las islas hacen que cada vendedor necesite contar con licencias en varios municipios para poder vivir de esta actividad, lo que se complica si cada ayuntamiento fija plazos, requisitos y baremos distintos para otorgar los permisos.
De ahí, que la Dirección General de Comercio se haya ofrecido a mediar desde el principio y, ante el retraso en un posible acuerdo, haya decidido dar un paso más y ser este centro directivo quien emplace a todos los municipios de Gran Canaria a reunirse para acordar una normativa común, que permita desarrollar la venta ambulante en condiciones de seguridad económica suficientes para los vendedores.
Por último, la Dirección General de Comercio quiere recordar que la incertidumbre de los vendedores se originó por la entrada en vigor de la Directiva Europea de Liberalización de los Servicios (Directiva Bolkenstein), en la que se eliminaba la posibilidad de conceder licencias indefinidas o automáticamente renovables.
Ante este cambio de norma, los comerciantes con mayor antigüedad reclaman que se establezca para ellos un sistema de licencias con plazo de 15 años, prorrogable por otros 15, para amortizar la inversión realizada en su puesto ambulante. Aducen para ello que otras Comunidades Autónomas, como Madrid, han aprobado ese plazo.
Al Gobierno de Canarias le consta que Madrid ha sido la única Comunidad Autónoma que lo ha hecho y también le consta que se trata de una norma que está recurrida por el Estado, puesto que, al margen de regular competencias municipales, establecer ese plazo contraviene la normativa europea, por equivaler en la práctica a dar licencias indefinidas.
La Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias coincide con el criterio del Estado y recuerda que la vulneración de una norma europea y más contraviniendo el criterio del Estado, puede dar lugar a multas por parte de la Unión Europea, que recaerían directamente en las arcas de la Comunidad Autónoma y que, por tanto, tendrían que pagar todos los canarios, en una etapa de especial crisis económica como la que atravesamos.



