Este nuevo decreto regulará la autorización, acreditación, registro e inspección de centros y servicios que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias
El Gobierno de Canarias imparte, hoy en Santa Cruz de Tenerife y mañana en Las Palmas de Gran Canaria, una jornada informativa sobre el futuro Reglamento de autorización, acreditación, registro e inspección de centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias.
Alrededor de 50 profesionales, responsables y trabajadores de centros que se ocupan en las islas de la atención a las personas con dependencia se han inscrito en ambas islas para participar en estas jornadas informativas organizadas por el Gobierno de Canarias.
El viceconsejero de Políticas sociales e Inmigración Melchor Núñez, considera que «con este reglamento el Gobierno garantizará unos estándares de calidad adecuados en la prestación de servicios específicos a personas dependientes».
Núñez explica que este reglamento aborda en líneas generales «los requisitos comunes para la acreditación de los centros y servicios, el régimen de autorización, comunicación previa, los requisitos generales en materia de recursos humanos, las condiciones técnicas y materiales que deben reunir los centros, la actuación de la inspección de centros y se crea el Registro de centros y servicios que actúen en el ámbito de la dependencia»
Según contempla el borrador del decreto que regula este nuevo reglamento, con la entrada en vigor será obligatoria la evaluación periódica de la calidad en la prestación de los servicios tanto para los centros o servicios relacionados con la dependencia que hubieren obtenido la acreditación y, en general, aquellos que perciban ayudas, subvenciones; también deberán someterse a evaluación periódica de calidad las personas físicas o jurídicas que contraten con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
También, la apertura y puesta en funcionamiento de centros residenciales o de día para personas no dependientes mayores y con discapacidad, deberá ser comunicada con carácter previo al inicio de la actividad y serán objeto inscritos en un Registro administrativo vinculado al Registro de centros y servicios que actúen en el ámbito la dependencia.
Los centros y servicios de titularidad privada no incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 63/2000, y que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren en funcionamiento como centros o servicios dirigidos a personas con discapacidad, dispondrán de cinco años contados desde la entrada en vigor del presente decreto para adecuarse a éste y al reglamento que aprueba y mientras constarán con una autorización provisional.



