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El Gobierno de Canarias interpondrá un recurso de amparo constitucional contra el aval del Supremo a las prospecciones

– El Gobierno entiende que los argumentos expuestos en el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones ponen de manifiesto una posible vulneración del artículo 24 de la Constitución, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, habiéndose causado indefensión

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy la interposición de un recurso de amparo constitucional contra el auto de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente a la sentencia de la misma sala, que desestimó el recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, que convalidó otro anterior por el que se otorgaron los permisos de investigación de hidrocarburos ‘Canarias-1’ a ‘Canarias-9’.

El Gobierno entiende que los argumentos expuestos en el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones ponen de manifiesto una posible vulneración del artículo 24 de la Constitución, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, habiéndose causado indefensión.

En este sentido, el Gobierno considera que, según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala que «las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso», resulta procedente ejercer este derecho, tanto en cuanto se cumplen los requisitos previstos.

Los vicios de nulidad que se denunciaban en el incidente de nulidad desestimado por el Supremo y que ahora se recurren ante el Constitucional son los siguientes:

* Se debió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (artículo 267 del Tratado de la UE), a fin de verificar que el RD 547/2012 no vulnera las directivas que se citan en la demanda y que debían ser interpretadas.

* Incongruencia de la sentencia y falta de motivación por no responder a las alegaciones formuladas (ausencia de informes técnicos sobre la suficiencia de las medidas de protección medioambiental presentadas por Repsol en el año 2004).

* Infracción de los artículos 205 y 206 de la LO del Poder Judicial, ya que la sentencia fue redactada por el magistrado ponente, a pesar de haber formulado éste voto particular.

El Consejo ha acordado igualmente facultar a la Dirección General del Servicio Jurídico para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, considerando que el plazo para interponerlo es de 30 días, contados a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.

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El Gobierno de Canarias interpondrá un recurso de amparo constitucional contra el aval del Supremo a las prospecciones

El Gobierno entiende que los argumentos expuestos en el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones ponen de manifiesto una posible vulneración del artículo 24 de la Constitución, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, habiéndose causado indefensión

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy la interposición de un recurso de amparo constitucional contra el auto de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente a la sentencia de la misma sala, que desestimó el recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, que convalidó otro anterior por el que se otorgaron los permisos de investigación de hidrocarburos ‘Canarias-1’ a ‘Canarias-9’.

El Gobierno entiende que los argumentos expuestos en el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones ponen de manifiesto una posible vulneración del artículo 24 de la Constitución, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, habiéndose causado indefensión.

En este sentido, el Gobierno considera que, según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala que «las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso», resulta procedente ejercer este derecho, tanto en cuanto se cumplen los requisitos previstos.

Los vicios de nulidad que se denunciaban en el incidente de nulidad desestimado por el Supremo y que ahora se recurren ante el Constitucional son los siguientes:

* Se debió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (artículo 267 del Tratado de la UE), a fin de verificar que el RD 547/2012 no vulnera las directivas que se citan en la demanda y que debían ser interpretadas.

* Incongruencia de la sentencia y falta de motivación por no responder a las alegaciones formuladas (ausencia de informes técnicos sobre la suficiencia de las medidas de protección medioambiental presentadas por Repsol en el año 2004).

* Infracción de los artículos 205 y 206 de la LO del Poder Judicial, ya que la sentencia fue redactada por el magistrado ponente, a pesar de haber formulado éste voto particular.

El Consejo ha acordado igualmente facultar a la Dirección General del Servicio Jurídico para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, considerando que el plazo para interponerlo es de 30 días, contados a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.