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Educación propone la adecuación del calendario de aplicación de la Ley Canaria

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La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, solicitó hoy al pleno del Parlamento de Canarias la modificación del calendario de aplicación de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, un documento aprobado en el año 2014 y que establece pautas de mejora del sistema educativo de Canarias. La titular de Educación indicó que, si bien la Comunidad Autónoma ha iniciado numerosas actuaciones relativas a los planes fijados para el primer año de aplicación de la ley, un período que finalizó el 1 de septiembre de este año, estas acciones no han sido sistematizadas hasta el momento dentro de los planes concretos a los que hace referencia la norma y, por tanto, se hace necesario iniciar un proceso administrativo que regule la programación de aplicación del documento.

La consejera del área explicó la imposibilidad de aprobar ahora un Decreto que ordene el calendario de aplicación de la Ley, cuando el plazo de aplicación de algunas de las medidas que contiene ya ha expirado

 

Monzón señaló que la petición de revisar el calendario de aplicación de la norma no responde a «incapacidad por implantar todas sus disposiciones», un motivo que la consejera descartó mostrando el grado de avance en muchas de las líneas de actuación fijadas, sino a la «paradoja real de tener que desarrollar un Decreto para regular unos tiempos de actuación que, en algunos casos, ya están caducados», indicó la titular de Educación.

Entre las actuaciones que la Comunidad Autónoma ha desarrollado en este período de aplicación de la ley, la titular de Educación destacó varias medidas, como la recuperación para 2016 de la figura del coordinador de acciones para la igualdad de género en la Consejería, la puesta en marcha del Decreto de Atención a la Diversidad, que ha superado el trámite del Consejo Escolar de Canarias, o los programas de Formación de Profesorado, que cuentan con una planificación anual y que, una vez aprobado el calendario, se incluirían dentro del plan educativo de igual denominación que la Ley propone cumplir en un plazo de tres años.

La consejera indicó, además, la avanzada situación administrativa del Decreto que regulará las Residencias Escolares para su revitalización, un documento que está siendo sometido a consulta en las distintas áreas de la Consejería, para elevarse al Gobierno y que éste pueda solicitar el informe del Consejo Consultivo.

En relación a la regulación de la Educación Artística, la titular de Educación informó a la Cámara de que el Ejecutivo autonómico ya ha iniciado la redacción del diagnóstico e informe posterior, un trabajo que, según indicó, espera poder presentarse en el Parlamento durante el primer cuatrimestre de 2016.

Por otro lado, Monzón resaltó el trabajo que la Consejería desarrolla en cooperación con el área de Bienestar Social del gobierno autonómico para poner en marcha la Orden de Prevención del Absentismo Escolar, una norma que se unirá al Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación, en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En relación a la conectividad tecnológica, Monzón apuntó al trabajo de la Consejería en la consecución de un convenio con el ente público Red.es, que permitirá contar con un mayor presupuesto para instalar la banda ancha.

Por último, la consejera señaló el desarrollo de la planificación inicial de infraestructura educativa, que permitirá tener en esta Legislatura una revisión completa de los inmuebles del sistema educativo canario, conociendo así las necesidades prioritarias de los centros ya existentes y las situaciones en que urge de manera más inmediata la construcción de nuevas infraestructuras.

«Es una oportunidad para que los grupos políticos que compondrán la Cámara durante los próximos cuatro años puedan tomar parte en el desarrollo de una norma que, si bien es fruto de un amplio consenso, como tanto hemos demandado en otras muchas leyes, podrá dar una estabilidad mucho mayor a todo el sistema educativo canario», señaló la consejera, que recordó que el factor fundamental para el éxito de la nueva normativa reside en la estabilidad.