La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, se reunió con el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, con el fin de abrir el diálogo y plantear la colaboración entre ambas administraciones para definir las actuaciones que debe incluir el plan contra la explotación laboral y que, a su vez, permita reforzar las actuaciones que eviten las irregularidades en las contrataciones de trabajadores en Canarias.
Patricia Hernández anuncia que convocará el Consejo Canario de Relaciones Laborales para contar con los agentes sociales y económicos en la planificación de actuaciones
Patricia Hernández señaló, tras la reunión, que el objetivo es «fijar las bases de la línea estratégica de este departamento en materia de empleo, la lucha contra la explotación laboral de aquellos que no tienen a nadie que les defienda, y que la crisis, y la reforma laboral les ha llevado a aceptar contratos de dos horas por los que trabajan cuatro y no las cobran».
«Estamos trabajando -continuó- en las acciones a llevar a cabo, en el plan global, en acciones de choque, en los meses, en el número de inspectores que necesitamos y en los sectores en los que se llevarán a cabo estas inspecciones».
La vicepresidenta anunció también que convocará el Consejo Canario de Relaciones Laborales, en el que participan los agentes sociales y económicos, con el objeto de hacerlos partícipes del diseño y la planificación de actuaciones que deben hacerse en las Islas para evitar las situaciones de explotación laboral.
Hernández adelantó que, previsiblemente, en el mes de noviembre ya se podrán definir las medidas concretas que se adoptarán conjuntamente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para reforzar la plantilla de inspectores y actuar contra la explotación laboral durante el próximo año.
Durante la sesión de ayer, martes, en el Pleno del Parlamento de Canarias, Patricia Hernández aseguró que en Canarias «hay una necesidad brutal de acabar con la figura del trabajador pobre» y agregó que «este Gobierno va a ser combativo con las situaciones de abuso laboral». Además, señaló que el Plan contra la explotación laboral que diseña el Ejecutivo regional no va a ir contra los trabajadores, «más bien al contrario, pretende poner al descubierto situaciones de abuso laboral».
La responsable regional de Empleo se refirió también al hecho de que un 60% de las horas extraordinarias no se pagan, según datos de la EPA, y al incremento de la contratación a tiempo parcial, que puede estar escondiendo contrataciones inferiores al número real de horas que se trabajan.
Además, advirtió que desde la reforma laboral de 2012, llevada a cabo por el Partido Popular, se observa que actualmente, con datos de agosto de 2015, hay 17,2 millones de afiliados de alta en la Seguridad Social en España pero que generan en el sistema un déficit de 3.300 millones de euros mensuales. Esta situación contrasta con la de agosto de 2012, el año de la reforma laboral, cuando había menos trabajadores afiliados, 16,9 millones, pero existía una situación de casi equilibrio en la Seguridad Social.



