El objetivo es facilitar información sobre los procedimientos de reclamación que existen en este sector
La Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias, cuyo titular es Pedro Rodríguez, ha presentado el libro «Telecomunicaciones». Se trata de una publicación que pretende informar al consumidor sobre los principales derechos básicos en el sector de las telecomunicaciones, recogiendo además los procedimientos de reclamación ante una posible vulneración de sus derechos.
En el área de telefonía y cuando un ciudadano quiera darse de alta en el servicio de telefonía fija, existe obligación de garantizarlo por parte de Telefónica de España, que es el operador designado para prestar el servicio universal. El resto de operadores no se ven afectados por esta obligación, por tanto, es a Telefónica a quién puede exigírsele la instalación de una línea de telefonía fija.
En este sentido, el plazo máximo que tiene Telefónica para atender a una solicitud de alta es de 60 días. En caso de imposibilidad de hacerlo en dicho plazo, Telefónica deberá compensar al usuario eximiéndole del pago de las cuotas mensuales equivalentes al número de meses o fracción de ellos en que se haya superado el plazo de instalación.
En el caso de la telefonía móvil, no existe obligación de cobertura universal, por tanto, antes de contratar a un operador debemos asegurarnos de la cobertura que ofrece.
El libro también recoge los derechos de los usuarios cuando quieren darse de baja del servicio de telefonía. En este sentido, los usuarios tienen derecho a resolver su contrato con el operador en cualquier momento, eso sí, notificándolo a la compañía con 15 días de antelación. A partir de entonces el operador no podrá seguir facturando el servicio aunque no lo haya interrumpido, siempre que no sea por causa imputable al usuario.
Además, el manual refleja qué ocurre cuando se produce una interrupción, suspensión temporal del servicio o desconexión del mismo. Los abonados tienen derecho a desconectarse de determinados servicios, como por ejemplo «las llamadas internacionales» o las llamadas a «servicios de tarifas superiores». Por tanto, cuando solicitamos esta desconexión, el operador debe ejecutarla en un plazo máximo de 10 días. Asimismo, cuando se producen interrupciones temporales del servicio telefónico, el operador deberá indemnizar al abonado con unas cantidades estipuladas.
Otro asunto que repercute a los usuarios y que tiene que ver con las formas de pago. En la telefonía fija, si el abonado se retrasa más de un mes en el pago total o parcial del recibo telefónico desde que se le presenta el documento de cargo, la operadora podrá suspender temporalmente el servicio, previo aviso. No obstante, este servicio se mantendrá para todas las llamadas entrantes, excepto las de cobro revertido y las llamadas salientes de urgencias. Cuando el retraso en el pago sea superior a tres meses, el operador, previo aviso al abonado, podrá interrumpir definitivamente el servicio y cancelar el contrato. En el caso de la telefonía móvil, será de aplicación lo que esté contemplado en el contrato para el caso de impago.
En el caso de INTERNET y el ADSL, a la hora de darnos de alta, la normativa establece como parte del servicio universal, la obligación de que la conexión a la red fija garantice el acceso a Internet de forma funcional. Si bien, no existe la obligación de que todos los usuarios puedan tener acceso a Internet mediante banda ancha.
El plazo que debe cumplir el operador para proveer el acceso debe ser el estipulado en el contrato.
Para darnos de baja en este servicio, todos los usuarios tienen derecho a resolver el contrato con el operador en cualquier momento, notificándolo a la compañía con 15 días de antelación. A partir de entonces, el operador no podrá seguir facturando el servicio.
Además, si percibimos una interrupción temporal en el servicio, el operador deberá compensar al usuario con la devolución de la cuota de abono y otras cuotas fijas, prorrateadas por el tiempo que haya durado la interrupción.
Si percibimos que el problema consiste en que la velocidad a la que navegamos por Internet es demasiado lenta, debemos revisar las condiciones que figuren en el contrato ya que normalmente los operadores publicitan la velocidad máxima de acceso pero no la mínima.
En cuanto al impago del servicio de acceso a Internet sólo dará lugar a la suspensión de ese servicio, pero no faculta al operador a suspender el servicio telefónico, siempre y cuando sean abonadas las facturas relacionadas con las llamadas telefónicas.
En relación al posible cambio de operador, todos los abonados al servicio telefónico pueden cambiar de operador cuando lo deseen. Por lo tanto, ningún operador podrá negarse a que un abonado solicite darse de alta con otro proveedor. Simplemente debemos comunicar los cambios mediante los procedimientos establecidos.
Si el procedimiento se lleva a cabo de manera correcta no debería existir problema, aunque la experiencia está demostrando que se producen casos en los que el cambio de operador no se puede efectuar porque el nuevo operador no puede acceder a la línea, es lo que conocemos como «secuestro de la línea» o bucle de abonado. Si se ha detectado que el antiguo operador tiene la línea secuestrada se puede reclamar. Si además el antiguo operador sigue facturando, puede interponerse una reclamación. En caso de prosperar, la resolución ordenará al operador a que cancele la deuda.
En cuanto a los procedimientos para que el usuario pueda presentar sus quejas o reclamaciones relacionadas con los servicios de telefonía o Internet, existen varias vías:
* En primera instancia, el usuario deberá dirigirse al servicio especializado de atención de su operador, en el plazo de un mes, desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho que la motive. En el caso de la reclamación de una facturación, desde la fecha de recepción de la factura.
* Cuando la reclamación la presentemos por vía telefónica, el usuario tiene derecho a solicitar un documento que acredite la presentación y contenido de la queja o reclamación mediante cualquier soporte que permita tal acreditación.
* Si en el plazo de un mes, el usuario no ha recibido respuesta del operador o la respuesta que ha recibido no le satisface, podrá acudir a las siguientes vías:
A) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, también conocida como SETSI. Está en Madrid.
B) La Junta Arbitral de Consumo, como vía voluntaria por ambas partes, y según los términos establecidos en la normativa reguladora de Arbitraje de Consumo.
C) Los Juzgados o Tribunales Ordinarios de Justicia.
Otro capítulo destacado del manual es el destinado a los Servicios de Tarificación Adicional, que son los prestados mediante los prefijos 803, 806, 807 y 907. Son servicios de información y comunicación soportados en el servicio telefónico que tienen un coste máximo por minuto, tanto desde la red fija como móvil y que deben ser ofertados según las normas establecidas. Es decir, tienen una duración estipulada, un coste estipulado y un tipo de público determinado según el prefijo que marquemos. Las vías de reclamación si detectamos una indebida o excesiva facturación de estos servicios adicionales son:
* Las Juntas Arbitrales de Consumo
* Los Juzgados o Tribunales Ordinarios de Justicia
* La Jurisdicción penal si se trata de delitos tipo estafas.
* La Jurisdicción civil si no hay indicios de delito.
Otra fórmula destacada del manual y cada vez más frecuente es el COMERCIO ELECTRÓNICO que no sólo nos permite comprar por Internet, también podemos realizar nuestras operaciones habituales de banco, contratar unas vacaciones o hacer la compra del supermercado.
En el caso del Comercio Electrónico la ley reconoce al consumidor, el derecho a la información sobre aspectos como: identidad del vendedor y domicilio social, precio (separando por un lado los gastos del transportes y las condiciones de crédito), la forma de pago, etc.
El producto debe enviarse previo consentimiento del consumidor y remitido durante los 30 días siguientes al pedido.
Asimismo esta publicación recoge qué hacer en caso de que queramos devolver el producto, así como los medios de pago, las medidas de seguridad para comprar a través de Internet o las fórmulas para publicitar productos a través de la red. El comercio electrónico debe ofrecer al consumidor los mismos derechos y garantías en sus compras y contrataciones que el convencional. El vendedor debe suministrar una garantía por escrito y si el consumidor detecta que se vulneran sus derechos puede reclamar a través de las Asociaciones de Consumidores o de forma administrativa ante las autoridades de consumo.



