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El aumento del presupuesto para políticas de empleo permitirá mejorar su efectividad y elevar la inserción

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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias refuerza este año el presupuesto del Servicio Canario de Empleo (SCE) en un 16,6%, cifra que lo elevará a 185 millones de euros y aumentará la inversión pública en las políticas activas de empleo en las Islas. Este incremento permitirá, por un lado, llegar a más personas desempleadas que el año pasado y, por otro, mejorar su inserción en el mercado laboral.

Este año el Servicio Canario de Empleo contará con 185 millones de euros, un 16,6% más que en 2015

La acción de la Consejería en este ámbito se centra en potenciar la formación como herramienta primordial para mejorar la empleabilidad de las personas, al mismo tiempo que se pone el acento en la orientación laboral personalizada y en la experiencia profesional, como fórmula para complementar el currículum y para adquirir las habilidades que se precisan en el desempeño de un empleo.

Los colectivos prioritarios de actuación son aquellas personas desempleadas que se encuentran en situación de desventaja, como aquellas que se encuentran en exclusión social o en riesgo de estarlo, los desempleados de larga duración, los mayores de 45 años, las personas que carecen de formación uy de cualificación profesional o las personas con discapacidad. Además, se dedicarán esfuerzos a mejorar la empleabilidad de los jóvenes sin formación pero también de aquellos que terminan sus estudios y buscan su oportunidad en el mercado laboral.

Entre los objetivos para este año, el principal es revitalizar el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) consiguiendo que el Gobierno del Estado cumpla con lo que dispone la Disposición Adicional Quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, (sustituida por la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo), por la que se reconoce el PIEC, y vuelva a destinar una partida específica a las Islas. También se prevé impulsar con un crédito de 18 millones de euros para las  políticas en el marco de la Garantía Juvenil.

Por otra parte, con el objetivo de garantizar la efectividad de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), se está trabajando para el establecimiento de unos programas específicos destinados a lograr empleo para las unidades familiares que perciben la PCI.

El refuerzo de la orientación incidirá en actuaciones de información, motivación, asesoramiento, determinación del perfil profesional y competencias, diseño y seguimiento de itinerarios personalizados para el aprendizaje, búsqueda de empleo e intermediación. Además, el SCE avanza en la prestación de servicios de valor añadido, más allá de los meramente administrativos, en la red de oficinas, incrementando el nivel y la relación de servicios que se prestan online o a través de móvil y que permitan descongestionar las oficinas de aquellos trámites más rutinarios.

En materia de formación, se trabajará específicamente en la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios y de los sectores productivos.

Siguiendo la línea del pasado ejercicio, se llevarán a cabo actuaciones integradas de empleo y formación especialmente vinculadas a los requerimientos de las actividades económicas emergentes, como las energías renovables; industrias culturales, sociales y de la salud; dependencia; nuevas tecnologías; o rehabilitación de edificios, entre otros.

En el año 2015 a través de los programas de formación dirigidos a trabajadores desempleados, que contaron con una inversión pública de casi 38 millones de euros, se impartieron acciones formativas a 15.888 personas, mientras que los cursos dirigidos a trabajadores ocupados beneficiaron a casi 13.000 personas, con un coste de 8,4 millones de euros. Además, se destinaron un total de 4,2 millones de euros a financiar becas y ayudas para desempleados, que alcanzaron a 14.526 personas.

Por otra parte, la potenciación de las políticas en las que se combina la formación y el empleo han dado buenos resultados. Es el caso de los dos programas de formación en alternancia con el empleo puestos en marcha en 2015, uno de ellos, destinado  específicamente a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, con más de 1.000 participantes entre ambos, de los cuales 334 accedieron a una contratación laboral tras su paso por el Programa.

Precisamente, la concesión de subvenciones para programas formativos con compromiso de contratación es una de las medidas más efectivas que se lleva a cabo en colaboración con entidades privadas. El año pasado se destinaron casi 2 millones de euros para financiar acciones formativas en las que participaron 691 personas, de las cuales 415 se insertaron en el mercado laboral por el compromiso de inserción de las entidades beneficiarias

Además, con el fin de estimular la contratación, la creación de empleo y apoyar el mantenimiento de puestos de trabajo, se han puesto en marcha acciones y medidas de inserción laboral de personas que, de forma estructural o coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo. Es el caso de los programas destinados a proyectos generadores de empleo en colaboración con los municipios con más desempleados, la colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas en proyectos de interés general y social, los programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado protegido o el Plan Extraordinario de Empleo Social, entre otros.