Rojas destaca la potenciación de los equipos de riesgo comarcales, de los que el Archipiélago cuenta con 43, cuando el Plan preveía 25
La Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias destacó hoy en la comisión parlamentaria la mejora en la detección de las situaciones de desprotección por parte de los menores y el trabajo con las familias gracias, entre otras medidas, a la potenciación de los equipos de riesgo comarcales, en el marco del Plan Integral de Protección del Menor, lo que ha dado como resultado que en los últimos años hayamos podido rebajar en más de un 50 % las medidas de desamparo en el Archipiélago.
En Canarias, hay 2. 416 niños con una medida de amparo que puede ser de tutela, de guarda o de acogimiento familiar de una población infantil que asciende a 378.577, lo que significa un 0,6 % de los niños y niñas del archipiélago.
De estos 2.416 menores, 1.057 viven en hogares y centros y 1.359 en acogimiento familiar.
Desde la puesta en marcha tanto de la Ley como del Plan Integral del Menor, Canarias se ha ido dotando de una red de protección y de prevención que arranca desde los servicios sociales comunitarios, con los equipos municipales de riesgo que son los más cercanos a la familia y que son los encargados de detectar las situaciones de desprotección en base al artículo 12 de la ley del menor, correspondiendo a la Comunidad autónoma de Canarias la tutela y la coordinación general de las actuaciones, y a los Cabildos Insulares la guardia y custodia de aquellos niños que viven en los centros y hogares.
Rojas afirmó que «la medida de desamparo es consecuencia de un, a veces, largo procedimiento, en el que primero se trabaja con la familia en la que concurren una o varias causas, como puede ser el abandono escolar de forma reiterada, falta de asistencia sanitaria, moral o asistencial, el consumo de alcohol o estupefacientes por parte de los progenitores, o los trastornos psíquicos. En definitiva, cuando el niño o la niña no puedan ejercer sus derechos fundamentales en el entorno familiar».
«Los equipos de riesgo trabajan con programas de familia y puede ocurrir que el riesgo persista o incluso se agrave, con lo cual se pasa a tomar la medida de amparo; o que la familia vaya adoptando las medidas impuestas y que se vaya normalizando la situación y los niños y niñas puedan recuperar la normalidad familiar. Este último caso es obviamente el idóneo, pero desde luego hay que reconocer que el más difícil»- aseguró la consejera.
De una población infanto juvenil de 378.577 menores, a 31 de diciembre de 2009, en Canarias había 3.514 niños y niñas con una medida de riesgo. En el mismo año se iniciaron 929 expedientes de riesgo de los que se firmaron resolución en 204 casos.
Pero también hay casos en los que no existe este procedimiento sino que se pasa a tomar una medida de desamparo provisional con una tutela urgente por parte de la entidad pública, y es cuando el menor puede ser víctima de malos tratos o abusos sexuales en el entorno familiar; cuando es utilizado para ejercer la prostitución o la mendicidad, o el trabajo infantil.
Para detectar estas situaciones de desprotección, apuntó Rojas «contamos con una estructura en red liderada por el Protocolo de Valoración que tiene como base la COORDINACIÓN entre los diferentes actores administrativos que rodean a los menores, como es el entorno educativo, los centros sanitarios, los servicios sociales y la policía, de forma que la detección de un caso desde cualquiera de ellos sea derivado a los servicios sociales municipales para su correcta valoración, mediante la hoja de notificación como instrumento unificado de comunicación y, en caso de constatación de la situación de desprotección, emitan la correspondiente propuesta y la deriven a la Entidad Pública, que en este caso es la Dirección General de Protección del menor y la familia. »
El contar con un documento único de detección válido para todos los agentes implicados: Servicios Sociales Municipales que son los que investigan y valoran, Dirección General de Protección del Menor y la Familia, que es quien por un lado registra, analiza y programa actuaciones de prevención en situaciones de desprotección infantil y, por otro asume las medidas de amparo y, Juzgados, que son los que tendrían que resolver los asuntos que deriven en expedientes judiciales; es de enorme importancia, pues con una actuación coordinada se garantiza el bienestar del menor y se minimiza el riesgo social.
La consejera también hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando en tres líneas principales «la potenciación de las Hojas de Notificación, Coordinación con los distintos ámbitos para fortalecer el protocolo de valoración en los supuestos de desprotección, y formación dirigida a los Técnicos de los Equipos especializados en Riesgo».



