La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, que compareció hoy en comisión parlamentaria, destacó que el 85% de los menores permanece en sus hogares muestra de que funcionan las políticas de prevención
“La lucha contra la pobreza infantil en Canarias requiere actuar sobre las condiciones de vida de las familias y, al mismo tiempo, reforzar los mecanismos de prevención y protección de la infancia”, esta es la perspectiva desde la que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias está desarrollando sus políticas, según manifestó hoy la directora general, Sandra Rodríguez, en la comparecencia mantenida hoy en la comisión de pobreza infantil en el Parlamento. Rodríguez aseguró que su área pone especial atención a la preservación familiar, el apoyo a la crianza y la prevención de las situaciones de desprotección.
Según Rodríguez, durante 2026, 39.230 menores han sido atendidos en actuaciones de apoyo familiar y prevención, de los que 10.511 han recibido atención a través de programas gestionados por entidades del tercer sector con programas concretos como Rumbo o Alondra, y el resto mediante equipos municipales, pegados a la ciudadanía. “El 85% de estos menores en riesgo se ha podido continuar en sus hogares, lo que se considera un éxito en las políticas de prevención para evitar la desprotección, porque se trabaja de forma integral con la familia”, aseguró.
Para reforzar esta red de prevención en las administraciones más pegadas a la ciudadanía, el Gobierno de Canarias ha destinado siete millones de euros a dar continuidad a los programas municipales de atención a la infancia y las familias. Además, se estudian fórmulas que permitan avanzar hacia una financiación plurianual que aporte mayor estabilidad a los equipos de intervención familiar.
Asimismo, Rodríguez, quien insistió en que la prevención debe desarrollarse lo más cerca posible de las familias, aseguró que los centros y servicios de día constituyen un recurso especialmente relevante, al proporcionar acompañamiento educativo, alimentación, refuerzo y apoyo a la parentalidad sin separar a los niños y niñas de su entorno familiar.
La directora general quiso dejar bien claro que “la pobreza de una familia no equivale por sí misma a una situación de desprotección. Las dificultades económicas, residenciales o de conciliación requieren, cuando la familia mantiene sus capacidades de cuidado, medidas de apoyo que permitan a los niños y niñas crecer con sus familias en condiciones dignas y seguras”, aseguró. “Esta perspectiva de preservación familiar se complementa con políticas de parentalidad positiva, apoyo a la crianza y recursos específicos para familias en situación de vulnerabilidad, entre ellos la red de pisos de familia”, explicó Sandra Rodríguez.
Existen hoy en día 1.761 menores en situación de desamparo en Canarias, de los que 995 se encuentran en acogimiento familiar y 766 en acogimiento residencial, lo que significa que el 56,5% de los menores está actualmente en una modalidad familiar. “La Dirección General trabaja para avanzar progresivamente hacia el 70% de acogimiento familiar, siempre atendiendo a las circunstancias y necesidades de cada menor y sin convertir este objetivo en una decisión automática”. El número de familias de acogida ha pasado de 280 en abril de 2025 a 335 actualmente, “aunque veníamos de un sistema mucho más nutrido que se desmanteló en la anterior legislatura, cuando se decidió fomentar la sectorización”, desveló. No obstante, el Gobierno ha reforzado las campañas de captación y formación de familias y ha encargado a la Universidad de La Laguna un estudio sobre los factores que condicionan la predisposición al acogimiento familiar.
Rodríguez también reveló que desde noviembre de 2024 ningún recién nacido ha ingresado en acogimiento residencial, salvo situaciones excepcionales, gracias al funcionamiento del Banco de Familias de Urgencia. El objetivo es seguir ampliando el acogimiento familiar, especialmente para responder a las necesidades de adolescentes, grupos de hermanos y menores con necesidades especiales, proporcionando a las familias acogedoras acompañamiento técnico y apoyo económico.
La intervención en la comisión sobre Pobreza Infantil, la directora responsable del área explicó que cualquier actuación “debe contemplar no solo los ingresos familiares, sino también el acceso a la educación, la alimentación, el deporte, la cultura y el ocio. En este sentido, 10.000 menores son beneficiarios este curso de la cuota cero, mientras que desde Protección a la Infancia se incorporan las necesidades educativas a los itinerarios de las familias vulnerables y se trabaja para detectar cuándo una barrera económica está afectando al bienestar de un niño o una niña”.
Puesto que la “igualdad de oportunidades incluye también el derecho al juego, al deporte y a la participación”, la directora hizo mención al proyecto 4P+ Entornos Deportivos Seguros, desarrollado en coordinación con la Dirección General de Deportes, las federaciones deportivas y la FECAM, ha permitido formar ya a más de 1.000 profesionales y figuras de protección.
Rodríguez quiso dejar claro, asimismo, que la protección de la infancia no debe finalizar de forma abrupta al alcanzar la mayoría de edad. “Durante 2025, 613 jóvenes extutelados recibieron atención, mientras que más de 1.300 han sido atendidos a lo largo de la legislatura en actuaciones relacionadas, entre otras materias, con la formación y el empleo”, informó, revelando que a 30 de junio de 2026 se habían creado 182 plazas residenciales específicas para jóvenes extutelados, que deben integrarse en itinerarios que combinen vivienda, formación, empleo, orientación jurídica, apoyo emocional y autonomía personal.
Una nueva radiografía de la infancia en Canarias
El Gobierno de Canarias está desarrollando actualmente un Diagnóstico de la situación de la Infancia y la Adolescencia en Canarias, con la participación de expertos de las universidades públicas y la coordinación de la catedrática emérita María José Rodrigo. El objetivo es disponer de una radiografía actualizada de las necesidades de la infancia y la adolescencia que permita definir una nueva Estrategia Canaria de Infancia y orientar las políticas públicas ante los cambios experimentados por la sociedad canaria.
Paralelamente, la Dirección General trabaja con el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) para mejorar la información disponible sobre pobreza infantil, con datos actualizados, comparables y desagregados territorialmente que permitan conocer las diferencias entre islas y municipios y seguir la evolución de los factores de vulnerabilidad. Esta mejora de la información permitirá, además, evaluar las políticas públicas no solo por los recursos movilizados, sino por sus resultados sobre las condiciones de vida de la infancia y las familias.
Como área integrada dentro de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, la directora general expresó su convencimiento de que la respuesta a la pobreza infantil debe combinar las prestaciones económicas con itinerarios que permitan a las familias recuperar progresivamente su autonomía. En este sentido, el Gobierno trabaja en el desarrollo de los complementos de vivienda y educación previstos en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, así como en los itinerarios de inclusión. “La finalidad es conectar la protección económica con el empleo, la formación, la vivienda, la educación, la salud, los cuidados y los servicios sociales, de manera que las familias puedan afrontar sus necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, avanzar hacia una situación de mayor autonomía”.
