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Seguridad y Emergencias convoca las pruebas de selección para 75 plazas de la escala básica de la Policía Canaria

Seguridad y Emergencias convoca las pruebas de selección para 75 plazas de la escala básica de la Policía Canaria

Estas plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021

Los interesados en participar deben rellenar el formulario específico que se encuentra disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en los 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOC

Con esta convocatoria, el Cuerpo General de la Policía Canaria contará con 295 efectivos en el primer trimestre de 2023

La Dirección General de Seguridad y Emergencias, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha convocado, a través de una resolución que aparece publicada este martes 16 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), las pruebas selectivas para cubrir, mediante el sistema general de acceso libre, 75 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Escala Básica, Empleo Policía, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estas 75 plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, aprobada mediante el Decreto 120/2021, de 2 de diciembre, en cuyo Anexo I establece dicha cifra para el CGPC.

Quienes deseen participar en estas pruebas de selección deberán hacerlo exclusivamente a través del formulario específico de este procedimiento, que está disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la página web https://sede.gobiernodecanarias.org, en los 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOC.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Seguridad y Emergencias dictará otra resolución en la que incluirá la relación de personas admitidas y excluidas, con la causa de exclusión y el plazo de subsanación de defectos.

Junto a la convocatoria de las pruebas selectivas, la resolución aprueba las bases específicas que las rigen, que figuran en su Anexo I, e incluye el programa de temas que se va a exigir, cuyo contenido aparece en su Anexo II.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOC.

Los aspirantes deben reunir, entre otros requisitos, tener la nacionalidad española, ser mayor de edad y no exceder la edad establecida para el pase a la situación de segunda actividad con destino, así como estar en posición o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico.

Asimismo, deben carecer de antecedentes penales y antecedentes por delitos sexuales, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas y estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y A2.

La incorporación de 57 nuevos agentes a finales de este mes elevará el número de efectivos de la Policía Canaria a 213, cifra que se verá incrementada, antes de finales de año, gracias al ingreso de 6 subinspectores y un comisario. La convocatoria puesta en marcha ahora permitirá que el CGPC cuente con 295 efectivos en el primer trimestre de 2023.

Canarias pretende asumir las competencias en Seguridad Privada

Canarias pretende asumir las competencias en Seguridad Privada

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se reúne con el secretario de Estado de Seguridad para avanzar en este sentido

Interior muestra su mayor predisposición para que la Comunidad Autónoma de Canarias ejerza estas facultades en su territorio y propone la creación de un grupo de trabajo que se reunirá el 19 de septiembre

Según la última memoria elaborada por este sector, en las islas existen actualmente 72 empresas dedicadas a esta materia

El Gobierno canario pretende asumir, antes de que acabe la presente legislatura, las competencias en Seguridad Privada, lo que incluye, según recoge en su artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.

Para ello, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha mantenido un encuentro este martes con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, quienes han mostrado su mayor predisposición para colaborar y coordinar el traspaso de estas competencias. De hecho, han propuesto la creación de un grupo de trabajo, que se reunirá el próximo día 19 de septiembre, con el objetivo de valorar las circunstancias y situación real para desarrollar esta labor de la forma más efectiva y eficaz posible.

Julio Pérez, que ha estado acompañado en la citada reunión por el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Santos; y el jefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Martín, ha explicado que, según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en Canarias existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.

Entre los trabajos que asumiría el Gobierno de Canarias, una vez traspasadas las competencias, están, por ejemplo, el control y seguimiento de aquellos establecimientos obligados a tener seguridad, así como la labor que desarrollan las empresas que realizan traslados de fondos o los detectives privados.

Todas las acciones programadas para la transformación digital de la Justicia en 2021-2023 están ya en marcha

Todas las acciones programadas para la transformación digital de la Justicia en 2021-2023 están ya en marcha

Su objetivo es fortalecer este servicio público, garantizando el acceso a toda la ciudadanía y la implantación de procedimientos ágiles y eficaces

Un 20% de ellas ya están finalizadas. Entre otras, la consecución del expediente judicial electrónico, al lograr el pleno despliegue del sistema de gestión Atlante web

También se han dado pasos relevantes con otras administraciones como, por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al implantar la remisión telemática de atestados

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha logrado poner en marcha ya todas las acciones programadas, para el periodo 2021-2023, en la Estrategia para la Transformación Digital de la Justicia en Canarias y que se divide en cuatro ejes, trece objetivos y cuarenta y cuatro acciones, de las cuales un 20% están ya finalizadas.

Esto supone, en palabras del consejero, que, estando a mitad del periodo de vigencia de la estrategia, el grueso de la actividad más compleja, que es el inicio de las acciones, ya se ha conseguido, y que se puede ver con cierto optimismo su grado de cumplimiento al término de esta.

La finalidad de esta iniciativa, según ha explicado la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, es fortalecer el servicio público de Justicia, garantizando su accesibilidad a toda la ciudadanía y la implantación de procedimientos ágiles y eficaces.

De las acciones ya finalizadas, cabe destacar todas aquellas que tienen que ver con la adopción de planes de contingencia y reacción frente a futuras crisis y que se desplegaron durante las fases más agudas de la pandemia.

Además de estas, la viceconsejera de Justicia ha señalado que se ha profundizado y logrado hitos muy importantes en cuanto a la consecución del expediente judicial electrónico, al conseguir el pleno despliegue del sistema de gestión Atlante web, que permite ya trabajar y llevar a cabo la mayor parte de las acciones de forma telemática.

Igualmente, se han dado pasos relevantes con otras administraciones, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al implantar la remisión telemática de atestados.

Junto a ello, Carla Vallejo ha resaltado el establecimiento de sistemas seguros de identificación de los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia y de métodos de acceso de la ciudadanía, con la puesta en marcha de servicios de cita previa y acceso telemático a través de escritorios virtuales. Todo ello, ha apuntado, llevando a cabo acciones específicas de formación de todos los profesionales de Justicia implicados.

La viceconsejera ha agregado que también se han fortalecido la acción coordinada y la cooperación interinstitucional, al llevarse a cabo reuniones periódicas con el Comité Técnico Estatal d la Administración Judicial Electrónica, así como con la celebración regular de comisiones mixtas con la Fiscalía y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas, ejemplo de buenas prácticas para el Parlamento vasco

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas, ejemplo de buenas prácticas para el Parlamento vasco

Una delegación de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia de la Cámara autonómica vasca conoce de primera mano el programa de atención integral a menores implantado en Canarias

La presidenta de la Comisión, Leixuri Arrizabalaga, subraya que “muchos de los relatos que nos han contado las víctimas se están corrigiendo en el Juzgado de Violencia contra la Infancia”

El proyecto piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia, en marcha desde el pasado mes de octubre en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido tomado como referencia de buenas prácticas por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento del País Vasco, después de que seis de sus miembros estuvieran esta semana en la capital grancanaria conociendo de primera mano el programa de atención integral implantado en las islas, que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad.

La delegación vasca, que fue recibida por la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, estuvo encabezada por la presidenta de la citada Comisión, Leixuri Arrizabalaga, a quien acompañaban las diputadas Eva Juez, Oihana Etxebarrieta, María Jesús San José e Isabel González, así como el letrado del Parlamento vasco Juan Carloz Areizaga.

La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento vasco está en estos momentos trabajando en una ponencia para investigar los abusos sexuales a menores, de la que emitirá un informe de conclusiones con recomendaciones en materia que sean de su competencia. Según su presidenta, en la actual legislatura han estado escuchado a las víctimas y, tras la visita realizada a los juzgados, han constatado que “gracias al trabajo que se hace en el Juzgado de Violencia contra la Infancia, muchos de los relatos que nos han contado se están corrigiendo, sobre todo en el ámbito procesal”. Arrizabalaga también subrayó que “es muy interesante el trabajo, la coordinación y las formas a la hora de tratar a la víctima” porque con ello se evita su revictimización.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria y encargado del proyecto piloto, Tomás Martín, junto a la subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, Eva Bajo, la letrada de la Administración de Justicia Ana Sola, el equipo de psicopedagogas del proyecto y el juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello, explicaron a la comisión vasca cómo ha sido la implantación del Juzgado de Violencia contra la Infancia y en qué consiste el protocolo de recepción y acompañamiento a las víctimas menores de edad, así como de qué forma se hacen las pruebas constituyentes por parte de las médicos forenses.

Además, se mostraron las instalaciones, que están basadas en el concepto de la arquitectura de la víctima, que crea espacios en los que priman el bienestar de los y las menores y sus acompañantes. El juzgado permite el esparcimiento de las víctimas, ya que, aparte de contar con mobiliario y colores cálidos, dispone de juegos, libros, cuentos y películas adaptadas a las distintas edades. Así mismo, cuenta con una sala de exploración, interconectada con una sala de observación, en la que se garantiza el bienestar de la víctima gracias a la luz natural, las plantas y los tonos pastel del mobiliario.

Por otro lado, la viceconsejera de Justicia enseñó a las representantes de la Comisión otros lugares de la Ciudad de la Justicia, como las salas de vistas, el juzgado de guardia, los archivos o la sala de lactancia, y también les enseñó las diversas mejoras que se están implantando en las instalaciones en torno al proyecto de modernización y digitalización de la Justicia, tales como el proyecto de Apud Acta Telemático del sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica.

Canarias realiza más de 1.700 autopsias al año, la mayoría en las 24 horas siguientes al fallecimiento

Canarias realiza más de 1.700 autopsias al año, la mayoría en las 24 horas siguientes al fallecimiento

En todas las islas hay médicos forenses a disposición de los órganos judiciales, por lo que el servicio está cubierto en todo momento

El examen del fallecido exige también la participación de un auxiliar de autopsias, que se tiene que trasladar a la isla en que se practica la necropsia, bien desde la sede central del IMLCF de Santa Cruz de Tenerife o bien desde la de Las Palmas de Gran Canaria

En la provincia de Las Palmas se contrataron en 2021 y 2022 dos auxiliares de autopsias de refuerzo para poder cubrir todas las contingencias que se presentaran

Los dos institutos de medicina legal y ciencias forenses (IMLCF) canarios, situados uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, realizaron el año pasado 1.715 autopsias, la mayoría de ellas en las 24 horas siguientes al fallecimiento, según los datos aportados por sus correspondientes direcciones y que el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, como máximo responsable de ambos, ha hecho públicos recientemente.

En el caso concreto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se llevaron a cabo 766 autopsias, de las cuales, 694 se efectuaron en Tenerife; 57, en La Palma; 12, en La Gomera; y 3, en El Hierro. Además, en 2022, hasta el 11 de julio, se habían realizado 409 autopsias: 377, en Tenerife; 23, en La Palma; 6, en La Gomera; y 3, en El Hierro.

Mientras, en la provincia de Las Palmas, el año pasado se efectuaron 949 necropsias, correspondiendo 761 a Gran Canaria; 95, a Lanzarote; y 93, a Fuerteventura. En el tiempo transcurrido hasta el 11 de julio de 2022, se habían practicado 502 en total: 387, en Gran Canaria; 62, en Lanzarote; y 53, en Fuerteventura.

Julio Pérez ha explicado que en todas las islas hay médicos forenses a disposición de los órganos judiciales, por lo que el servicio está cubierto en todo momento. Igualmente, ha indicado que el examen al fallecido exige la participación de un auxiliar de autopsias, que se traslada, a la mayor brevedad posible –habitualmente al día siguiente de demandarse su presencia–, desde la sede central del IMLCF en Tenerife o desde la del IMLCF en Gran Canaria, dependiendo de la isla.

Tal y como establece el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, aprobado en 2019, para ejercer la labor de auxiliar de autopsias, hay que estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Superior de auxiliar de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha recordado que, tanto en 2021 como en 2022, en la provincia de Las Palmas se han contratado dos auxiliares de autopsias de refuerzo, con el objetivo de que todas las contingencias estén cubiertas.

En este sentido, ha resaltado que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no constan demoras en el examen a fallecidos y que en la de Las Palmas pueden haberse originado circunstancialmente problemas puntuales en alguna ocasión, retrasándose uno o dos días más, bien por el número de autopsias en la sede de Gran Canaria o bien por problemas de traslado, especialmente durante los periodos vacacionales.

Por último, ha comentado que la entrega del cadáver a la familia no se produce hasta que lo autoriza el juez instructor del procedimiento en cuestión y que, por distintas razones –falta de identificación, dudas sobre las causas o circunstancias de la muerte, práctica de diligencias policiales o judiciales…– puede retrasarse.

Julio Pérez: “La modernización de la Administración no puede ser fuente de una nueva desigualdad”

Julio Pérez: “La modernización de la Administración no puede ser fuente de una nueva desigualdad”

El consejero de Administraciones Públicas clausura la jornada ‘Prioridades TIC en las AAPP de Canarias ante los Fondos Next Generation’, donde se han premiado los proyectos de la Red Canaria de Gobierno Abierto y la implantación del teletrabajo durante la pandemia

Asegura que, en los últimos tres años, se han producido avances demostrables en modernización, tanto en transparencia y digitalización como en estabilización y evaluación basada en datos, aunque reconoce que “queda mucho trabajo por hacer”

Junto a las dos direcciones generales premiadas, Transparencia y Participación Ciudadana y Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, también interviene en la jornada la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha apuntado este miércoles, en la clausura de la jornada Prioridades TIC en las AAPP de Canarias ante los Fondos Next Generation, que “la modernización de la Administración no puede ser fuente de una nueva desigualdad”, a la vez que ha destacado que este proceso “no se entiende sin la transparencia y la digitalización”.

Durante esta jornada, organizadas por la revista Sociedad de la Información Digital, la Consejería recibió dos premios Socinfo Digital CANARIAS TIC, uno en la categoría Gobierno Abierto, por el proyecto Red Canaria de Gobierno Abierto, y otro en la categoría Gestión del Cambio en las Administraciones Públicas, por el proyecto Telebrabajo, de la noche a la mañana.

Julio Pérez ha abundado en la idea de que, con estos dos galardones, recibidos por las direcciones generales de Transparencia y Participación Ciudadana y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, se están resaltando dos de los principios centrales defendidos por este Gobierno desde el inicio del mandato, en concreto la digitalización y la transparencia, junto a la estabilidad y la evaluación basada en datos.

“La transparencia y la evaluación basada en los datos son instrumentos que en la vida actual permiten a la ciudadanía crear criterios propios y fomentar su participación en la toma de decisiones en las distintas administraciones”, ha resaltado el titular de Administraciones Públicas. Así mismo, en cuanto al proyecto de digitalización impulsado por su Consejería, ha resaltado que se han producido avances demostrables en los últimos tres años –aumento del consumo de las líneas de comunicación interna, de los correos electrónicos, de las líneas telefónicas o las firmas electrónicas–, sobre todo a raíz de la implantación del teletrabajo, pero ha reconocido que “queda mucho trabajo por hacer” aunque gracias al impulso tomado se podrá hacer frente a las demandas que la sociedad realizará en el futuro. Además, ha alertado de que la digitalización “no puede ser una fuente de desigualdad para las personas que se quedan al margen de la informática” sino “que tiene que ser un camino para que más personas se sientan partícipes de los proyectos colectivos”.

Mientras, la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, ha compartido el galardón de la Red Canaria de Gobierno Abierto con el resto de instituciones participantes en este convenio, es decir, los cabildos de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), a quienes ha agradecido públicamente su compromiso con la misma.

Por su parte, el director Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, ha dedicado el galardón al equipo que dirige y a los empleados públicos, quienes al principio del confinamiento en el año 2020 lograron crear una solución para que la Administración no se paralizara, dando lugar a una plataforma integral de teletrabajo que es referencia para otros organismos del país.

Víctor Melián ha sido, además, uno de los ponentes de la jornada, con una comunicación titulada Prioridades TIC en las administraciones públicas de Canarias ante los Fondos Next Generation, al igual que la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, que ha disertado sobre Regulación del Gobierno del Dato, bases para un Gobierno Inteligente.

 

*En la imagen, el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián; la directora de la revista Sociedad de la Información Digital, Carolina Sánchez; la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra; y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

La Red Canaria de Gobierno Abierto y el teletrabajo, premiados por la revista Sociedad de la Información Digital

La Red Canaria de Gobierno Abierto y el teletrabajo, premiados por la revista Sociedad de la Información Digital

En el primero de los casos, se valora el impulso, fortalecimiento y mejora de la calidad de la participación ciudadana en la gestión pública y en la toma de decisiones

En el segundo, que, tras decretarse el estado de alarma debido a la pandemia, más de 80.000 personas pudieran realizar su trabajo desde casa, de forma rápida, fiable y segura, evitando así el colapso administrativo y manteniendo los servicios públicos a la ciudadanía

Julio Pérez destaca que, junto al impulso de las direcciones generales premiadas, debe hacerse notar el esfuerzo de todas las consejerías por secundarlo

El jurado de los Premios Socinfo Digital CANARIAS TIC, organizados por la Revista Sociedad de la Información Digital, ha concedido a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dos premios, uno en la categoría Gobierno Abierto, por el proyecto Red Canaria de Gobierno Abierto, y otro en la categoría Gestión del Cambio en las Administraciones Públicas, por el proyecto Telebrabajo, de la noche a la mañana.

Unos premios que serán entregados este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria y que, en opinión de Julio Pérez, “deben ser entendidos como un reconocimiento a toda la Administración autonómica y, en particular, a las secretarías generales de los departamentos, y a los órganos transversales, como la Intervención General, y también a los centros de formación, como el ICAP”.

En este sentido, el consejero ha recalcado que “los esfuerzos de transparencia y de digitalización o son colegiados y comunes o son incompletos y quizá ineficaces”. Para el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “aunque las direcciones generales de esta Consejería sean el ‘motor de arranque’ y tengan una especial responsabilidad en impulsar la transparencia, la digitalización y la modernización, sus esfuerzos se dirigen, por un lado, a la ciudadanía y, por otro, a los propios departamentos y a su personal, porque sin ellos no serviría de nada ni el impulso ni el arranque. No se puede quitar mérito a las direcciones generales de Transparencia y Participación Ciudadana y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, que los han ganado, sin que ello impida recordar a las personas destinatarias de sus esfuerzos», ha afirmado.

En el primero de los casos, el jurado ha valorado el impulso, fortalecimiento y mejora de la calidad de la participación ciudadana en la gestión pública y en la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar los resultados y lograr una mayor calidad democrática.

Según ha destacado la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Marta Saavedra, para ello, se llevó a cabo un trabajo de coordinación donde se plantearon reuniones con representantes institucionales de las distintas administraciones públicas canarias para el diseño y planificación de la Red Canaria de Gobierno Abierto, definiendo su valor interadministrativo y el ámbito de actuación.

Las instituciones participantes fueron los cabildos de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), la Dirección General de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Las líneas estratégicas y los objetivos que se pretenden conseguir con la creación de esta Red, tal y como ha puesto de manifiesto la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, forman parte de uno de los dos compromisos del Gobierno de Canarias con el IV Plan de Gobierno Abierto de España.

En el segundo premio, el jurado ha tenido en cuenta que, tras decretarse el estado de alarma debido a la pandemia, más de 80.000 personas, de todos los departamentos del Gobierno y de las ocho islas, pudieron realizar su trabajo desde casa, de forma rápida, fiable y segura, evitando así el colapso administrativo y manteniendo los servicios públicos a la ciudadanía.

A juicio del director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, responsable del proyecto, la creación de un entorno favorable y seguro, de alta disponibilidad, fiabilidad y sostenibilidad implicó mucha coordinación, comunicación, formación técnica-funcional, nuevos medios y ampliación de recursos técnicos, humanos, nuevos procesos y organización. Su impacto en la ciudadanía y en el personal público fue muy alto al mantener la continuidad de la prestación de los servicios públicos y la ejecución de políticas públicas sociales y económicas para toda la sociedad civil canaria.

Además, esta iniciativa, que contó con el apoyo y esfuerzo del equipo liderado por la directora de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, significó una diferenciación competitiva de alto valor público, de muy difícil imitación por parte de otras administraciones públicas locales, nacionales e internacionales, en un tiempo récord. Conviene subrayar que ha sido considerada buena práctica de éxito en la Comunidad Autónoma de Canarias en la gestión organizativa y tecnológica durante la crisis de la pandemia primero y la erupción del volcán de La Palma después.

Carla Vallejo: “El proceso de selección de personal interino de Justicia no se realizaba desde 2009”

Carla Vallejo: “El proceso de selección de personal interino de Justicia no se realizaba desde 2009”

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto en marcha un procedimiento muy riguroso, para garantizar que el personal considerado idóneo sea el adecuado, al que se han presentado más de 38.300 solicitudes correspondientes a 20.000 expedientes

La viceconsejera de Justicia remarca la valentía del actual Gobierno de Canarias para abordar una situación que ningún otro había conseguido acometer

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha destacado esta semana que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha puesto en marcha un procedimiento de selección y nombramiento de personal interino de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias que no se producía desde hace 13 años, y al que se han presentado más de 38.300 solicitudes correspondientes a 20.000 expedientes.

Se trata, según ha explicado, de un procedimiento muy riguroso, con criterios de selección muy detallados, que permitirá garantizar que el personal finalmente considerado idóneo sea el adecuado para atender las necesidades de la Administración de Justicia en las islas.

Vallejo ha respondido así en el Parlamento de Canarias a una pregunta sobre la resolución del proceso selectivo de las listas de empleo de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, y ha recalcado que “desde 2009 no se había realizado ninguna actualización de la lista de personal interino” pese a que “gobiernos anteriores lo intentaron, pero no lo consiguieron”.

La viceconsejera ha relatado que la lista definitiva de personal interino correspondiente al Cuerpo de Médicos Forenses fue publicada en febrero en el Boletín Oficial de Canarias, mientras que la correspondiente a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial se prevé que se publique el próximo mes de septiembre.

Ha explicado que al procedimiento de selección se ha concurrido de forma masiva, con más de 38.000 solicitudes presentadas, y en el periodo de subsanación de errores se han presentado más de 4.000 alegaciones, de las que una menor parte afectaba al Cuerpo de Médicos Forenses, lo que ha permitido aprobar la lista definitiva.

Vallejo ha insistido en la complejidad del procedimiento, que partió de una negociación previa y la aprobación de una orden que regula un nuevo procedimiento, y ha remarcado la valentía del actual Gobierno de Canarias para abordar una situación que ningún otro había conseguido acometer.

Martínez: “La responsabilidad social corporativa es un pilar fundamental para la sostenibilidad del sector público”

Martínez: “La responsabilidad social corporativa es un pilar fundamental para la sostenibilidad del sector público”

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia afirma que las empresas públicas deben tener un código de conducta que sirva de ejemplo al resto de actividades humanas

Julio Pérez: “A las empresas públicas hay que demandarles ejemplaridad social, económica y ambiental”

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, ha afirmado esta semana en el Parlamento de Canarias que la responsabilidad social corporativa es un pilar fundamental para las administraciones y empresas públicas, las cuales, ha destacado, deben tener un código de conducta que sirva de ejemplo al resto de actividades humanas, con valores de transparencia, respeto y sostenibilidad.

Con ese objetivo, según Martínez, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha editado la ‘Guía de Responsabilidad Social para la Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’, cuya finalidad es orientar hacia el buen gobierno a quienes ostentan responsabilidades en las empresas públicas de esta Comunidad Autónoma.

El viceconsejero ha subrayado que el buen gobierno es aquel que asume sus principios a través de las políticas de integridad entendidas como el conjunto de instrumentos, normas, procesos y estructuras que utilizan los gobernantes para prevenir el fraude y la corrupción, aspectos fundamentales, ha subrayado, en un estado de derecho.

Martínez ha indicado que, tal y como señala el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en el prólogo de la guía, la responsabilidad social en las empresas públicas, y así se hace constar en la guía, “es un pilar fundamental para la sostenibilidad del sector público, debido al relevante papel que juegan en la prestación de servicios a la ciudadanía. Por eso, a la vez que se les exige calidad, hay que demandarles ejemplaridad social, económica y ambiental en el desarrollo de su labor”.

“Se trata de un documento que tiene el propósito de alentar a las empresas públicas para que elijan ese camino”, ha afirmado el viceconsejero.

Justicia encarga informes periciales a empresas especializadas y contrata más psicólogos

Justicia encarga informes periciales a empresas especializadas y contrata más psicólogos

La plantilla tradicional descansaba casi solo en médicos y ahora hacen falta más psicólogos y trabajadores sociales

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, reconoce en el Parlamento las carencias y enumera las actuaciones en marcha para remediarlas

La viceconsejera de Justicia del gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha explicado esta semana que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, está absolutamente comprometida con dar una respuesta definitiva para dimensionar la plantilla de los institutos de medicina legal a la realidad y a las necesidades actuales de la sociedad y la Administración de Justicia. Para ello, ha apuntado, su departamento propondrá una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), una vez resueltos otros compromisos como el concurso de méritos o la estabilización y consolidación de personal público.

Carla Vallejo ha expuesto en el Parlamento de Canarias las acciones que se están desarrollando con relación a la plantilla del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que consta de 26 profesionales de Medicina Forense, 11 de Psicología y 6 de Trabajo Social, el mismo número de personas desde hace más de 15 años. Una plantilla que, para la viceconsejera, no está adaptada a la práctica forense actual y cuyo trabajo se ha visto afectado por situaciones de incapacidad temporal de algunos profesionales de Psicología.

Ha detallado las acciones que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad está desarrollando, tanto de forma inmediata como a medio plazo, para revertir esta situación. Así, y con carácter inmediato, según ha relatado, se ha reforzado la cooperación externa que se realiza a través de empresas especializadas, a las que se ha encomendado la realización de pruebas periciales de carácter urgente.

Del mismo modo, ha indicado, se ha llevado a cabo un proceso de licitación extraordinaria, para reforzar dicha colaboración externa con un programa de nombramiento de profesionales de Psicología con especialización en la atención de víctimas de violencia de género y atención de la infancia víctima de violencia, con cargo a los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

La viceconsejera ha señalado que otra de las actuaciones es la solicitud y obtención de financiación suficiente para contar con personal interino de refuerzo para cubrir la situación de incapacidad temporal de profesionales y la acumulación de carga de trabajo.

“Si bien la justicia de hace unos años, en lo que tiene que ver con la práctica forense, se centraba mucho en la actuación del personal médico forense, la sociedad y los delitos han cambiado mucho y también las necesidades de la Administración de Justicia”, ha remarcado Vallejo, para quien es fundamental la incorporación de profesionales de Psicología y Trabajo Social, así como de personal de laboratorio en los institutos de medicina legal.