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Ángel Víctor Torres destaca como pilar fundamental del Estado del bienestar contar con una buena Administración

Ángel Víctor Torres destaca como pilar fundamental del Estado del bienestar contar con una buena Administración

El presidente de Canarias apela para ello a las buenas administraciones y los buenos administradores durante la inauguración de un encuentro profesional, organizado por el ICAP, sobre ‘La transformación de las administraciones públicas de Canarias’

Julio Pérez subraya que los últimos acontecimientos vividos tanto en las islas como en el resto del mundo ponen de relieve la necesidad de reforzar el sector público

La presidenta de la Fecam remarca el gran trabajo realizado por el Gobierno de Canarias en materia de cogobernanza durante la presente legislatura

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado este martes, durante la inauguración del encuentro profesional ‘La transformación de las administraciones públicas de Canarias’, organizado por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, que un pilar fundamental del Estado del bienestar es contar con una buena Administración y, para ello, ha explicado que es necesario tener buenas administraciones y buenos administradores.

Ángel Víctor Torres, que ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, ha señalado que, en los últimos 30 años, la Administración pública se ha transformado de forma ostensible y, de manera especial, después de marzo de 2019, con la llegada de la pandemia del coronavirus. Ahora, en la etapa post-covid, el reto está, ha dicho, es adaptarse para gestionar de forma eficiente los fondos europeos ordinarios y de recuperación.

En este sentido, ha mostrado su confianza en que el encuentro organizado por el ICAP sirva para sacar importantes conclusiones que mejoren la gestión pública, a través de un buen músculo de recursos humanos públicos, y ha mencionado los ejes contemplados a ese respecto en la Agenda Canaria 2030, a su juicio, hoja de ruta clave en la modernización de la gestión pública, con las apuestas por el gobierno abierto, la transparencia, la cogobernanza y la medición de los objetivos alcanzados, además de la fiscalización de la tarea pública y la participación ciudadana.

Previamente han intervenido la presidenta de la Fecam y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quienes han hecho hincapié en la cogobernanza. María Concepción Brito ha subrayado que el gran trabajo realizado por el Gobierno canario en esta materia no lo había visto en ningún otro momento de la historia. Julio Pérez, por su parte, ha agradecido estas palabras y ha abogado por reforzarla, pues, en su opinión, no se puede hacer nada con eficacia sin contar con cabildos y ayuntamientos.

María Concepción Brito también ha valorado el encuentro organizado por el ICAP y ha afirmado que trabajar para que la modernización de los servicios públicos se haga realidad tiene como beneficiarios a la ciudadanía. Ha recalcado el compromiso de la Fecam a participar en dicho proceso, teniendo en cuenta que sin potencial humano no vamos a ningún lado, de ahí la importancia de tener personas preparadas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que los últimos acontecimientos vividos tanto en las islas como en el resto del mundo ponen de relieve la necesidad de reforzar el sector público. Se necesita una Administración pública potente y eficaz y la actual no responde a esas exigencias, de ahí este encuentro, ha advertido, que nos ayuda a andar ese camino, pues seguir como estamos no es solo inconveniente sino peligroso.

Julio Pérez ha recordado que al comienzo de la presente legislatura puso como prioridades de su departamento la estabilización, digitalización, transparencia y evaluación, conceptos en los que se han logrado avances en estos tres años y en los que confía seguir avanzando, para resolver deficiencias que se arrastran desde hace mucho tiempo, como sucede con la temporalidad del empleo público. Un asunto esencial para abordar otras cuestiones como el teletrabajo, la dirección por objetivos, la carrera profesional, la formación continua o la retribución de los trabajadores.

Ha hecho un llamamiento para que las administraciones públicas dejen de mirarse a sí mismas y dediquen esas energías a la prestación de servicios a la ciudadanía, y ha reiterado que la mejor gestión política es la que se fundamenta en el conocimiento, ya que así se corre menor riesgo de caer en la ocurrencia y la improvisación y se aumenta la probabilidad de actuar con acierto.

Entre las personas presentes en el salón de actos donde ha tenido lugar la inauguración de este encuentro, organizado por el ICAP, que dirige Eva de Anta, a la que han asistido cerca de 500 personas, bien de forma presencial como por streaming, se encontraban la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y su homólogo de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, David Padrón. Una vez finalizada la inauguración ha intervenido el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, quien ha disertado sobre ‘La recuperación post-covid como un desafío transformador: reformas estructurales y Fondos Next Generation’. Las sesiones se prologarán durante mañana y el jueves.

Julio Pérez anuncia que el ministro de Asuntos Exteriores visitará Canarias el 26 de mayo

Julio Pérez anuncia que el ministro de Asuntos Exteriores visitará Canarias el 26 de mayo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad remarca que el Gobierno canario estará presente en el grupo de trabajo hispano-marroquí sobre la delimitación de los espacios marítimos

“Ustedes son los que exigen a Madrid, nosotros somos los que exigimos y conseguimos, esa es la diferencia”, apunta en la respuesta a una pregunta del diputado de CC-PNC Juan Manuel García Ramos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha anunciado este martes en el Parlamento de Canarias que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, visitará las islas el próximo 26 de mayo.

Julio Pérez ha remarcado que la comunicación entre el Ministerio que dirige Albares y el Ejecutivo autonómico es fluida y, de hecho, el ministro y el presidente canario mantienen contactos a diario, lo que ha permitido, entre otras cosas, cerrar esta visita en la siempre complicada agenda del representante estatal de Exteriores.

El consejero ha adelantado esta información al responder a una pregunta del diputado del Grupo Nacionalista Canario Juan Manuel García Ramos, sobre la presencia de un representante del Gobierno de Canarias en el grupo de trabajo de delimitación de espacios marítimos entre Canarias y Marruecos.

En su contestación, Julio Pérez ha reiterado las palabras manifestadas en este sentido, tanto por el presidente Ángel Víctor Torres como por el ministro Albares, la última vez hace unos días en el Senado, y ha remarcado que el Ejecutivo autonómico estará presente en aquellas mesas bilaterales cuyos asuntos competan directamente a las islas, como es el caso de la delimitación de aguas.

“Ustedes son los que exigen a Madrid, nosotros somos los que exigimos y conseguimos, esa es la diferencia”, ha apuntado el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Así mismo, ha explicado que, en las veinte reuniones celebradas en quince años por la comisión sobre migración entre los ministerios del Interior de Marruecos y España, nunca ha estado Canarias, pero CC no dijo nada ni a Adán Martín, Paulino Rivero o Fernando Clavijo.

En referencia a lo que recoge el Estatuto de Autonomía, Julio Pérez ha aclarado que Canarias tiene el derecho a ser informada de lo que se trate en estos encuentros, y así ocurrió, pues el presidente del Gobierno canario fue informado inmediatamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de lo que se había tratado en la reunión.

También ha indicado que la situación actual con Marruecos ha cambiado y prueba de ello es que se han retomado los vuelos de repatriación para las personas en situación irregular. Además, ha comentado que se ha registrado un descenso llamativo del número de migrantes que llegan a las costas canarias, que ha pasado de mucho más de 2.000 o casi, en los dos primeros meses del año, a 500, pero ha advertido de que, aunque puede pensarse que también se debe a la nueva situación, todavía es aventurado obtener conclusiones.

El Gobierno canario reitera que debe ser la UE quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios

El Gobierno canario reitera que debe ser la UE quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, afirma que las islas se hacen cargo por puro sentido de responsabilidad, pues desborda su capacidad y competencias. La cifra de llegadas se ha multiplicado por 50 en cinco años, al pasar de 400 en 2017 a 20.000 en 2021

Julio Pérez insiste, igualmente, en un cambio en la legislación española para obligar a las comunidades autónomas a colaborar en la acogida de los niños que llegan no acompañados, ya que ante 2.500 que hay en las islas la respuesta solidaria de éstas se reduce a 200

A su juicio, el objetivo no debe ser solo impedir que salgan de su país, sino que no exista el impulso para que lo hagan, lo que se debe lograr con la prestación de la ayuda necesaria y de manera eficiente

El último convenio suscrito entre la Consejería y el CGPJ convierte a Canarias en sede permanente del Foro de Inmigración para la realización de actividades de estudio y formación sobre el fenómeno migratorio

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha reiterado este lunes, durante la inauguración de unas jornadas sobre inmigración, organizadas en Santa Cruz de Tenerife por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en colaboración con el Ejecutivo canario, que debe ser la Unión Europea quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios, tal y como le atribuye el artículo 67 del Tratado de la UE, y no la administración del lugar en el que están situadas.

Julio Pérez, que ha intervenido tras el vocal del CGPJ delegado para Canarias, Álvaro Cuesta, quien ha definido el archipiélago como referente de los estudios migratorios, ha afirmado que las islas se hacen cargo de la llegada de los inmigrantes a sus costas por puro sentido de la responsabilidad, pues esta tarea desborda tanto su capacidad como sus competencias. Se trata, ha dicho, de una materia que no solo es objeto de atención y preocupación para el Gobierno de Canarias, sino una prioridad política, tanto atenderla como que sea atendida.

En este sentido, ha recordado que, en cinco años, desde 2017, que arribaron al archipiélago cerca de 400 inmigrantes, hasta 2021, que se registraron más de 20.000, la cifra de llegadas se ha multiplicado por 50, y todo hace suponer, tras observar los datos de los primeros meses de 2022, que la tendencia se va a mantener.

Ha abogado, igualmente, por un cambio de la legislación española en materia de atención a los niños inmigrantes que arriban no acompañados, para obligar a las comunidades autónomas a colaborar en su acogida, ya que la respuesta solidaria hasta ahora para los 2.500 que hay en las islas se reduce a 200 niños.

A su juicio, el objetivo de la gestión de la migración no debe ser solo impedir la salida de estas personas de su país, pues eso va contra el respeto a su dignidad, sino que no exista el impulso para que lo hagan, lo que se debe lograr con la prestación de la ayuda necesaria y de manera eficiente.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha reconocido la calidad e interés de las materias incluidas en estas jornadas, que se celebran en el marco de un escenario se cooperación de varios años entre el Gobierno canario y el CGPJ. Marco que se ha visto reforzado recientemente con la firma de un convenio que hace de Canarias la sede permanente del Foro de Inmigración del poder judicial, con el fin de llevar a cabo actividades de estudio y formación, y que pretende implicar a otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Ha agradecido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, su dirección, y al magistrado Ángel Llorente, su coordinación.

Igualmente, ha tenido palabras de gratitud para algunos de los ponentes presentes en la sala que, durante tres días, acoge estas jornadas en el hotel AC Santa Cruz de Tenerife, como el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella; el jefe superior de Policía de Canarias, Rafael Martínez, y el director general de Casa África, José Segura. Y para la viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos.

Conocimiento

Durante estos tres días, también está previsto que participen el vocal del CGPJ y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Gerardo Martínez; el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Pedro Hernández; la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, Pilar Alonso; el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Úbeda; la magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias Sánchez; el teniente general del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Dirección General de la Guardia Civil, Juan Luis Pérez; el magistrado especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Óscar González; la representante de ACNUR en España, Sophie Müller; la jefa de misión en España de la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas (OIM), María Jesús Herrera, y la periodista de El País María Martín. La clausura correrá a cargo del vocal del CGPJ Gerardo Martínez.

Antes de finalizar, Julio Pérez ha animado a los participantes a convertir estas jornadas en espacios de aprendizaje y conocimiento ante un asunto tan importante como la inmigración, que desde el continente africano tienen unas connotaciones de peligrosidad que no se dan en otros casos.

En esta línea, ha apuntado que los últimos acontecimientos vividos tanto en Canarias como en el resto del mundo han puesto en valor que la gestión política se fundamenta en el conocimiento, que es imprescindible, e incluso decisivo, para no dar pie a la improvisación, la ocurrencia y el disparate.

El ICAP organiza un encuentro profesional sobre la transformación de las administraciones públicas de Canarias

El ICAP organiza un encuentro profesional sobre la transformación de las administraciones públicas de Canarias

Abordará, durante los días 10, 11 y 12 de mayo, mediante ponencias individuales y mesas de debate y análisis, las principales vías para desarrollar la transformación del sector público

Contará con ponentes de la talla del exministro de Administraciones Públicas, técnico comercial y economista del Estado Jordi Sevilla

Se podrá participar bien de forma presencial, en el salón de actos de la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, con aforo limitado, o bien vía online. En ambos casos es necesario inscribirse previamente

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha organizado un encuentro profesional, durante los próximos días 10, 11 y 12 de mayo, que abordará, a través de ponencias individuales y mesas de debate y análisis, las principales vías para desarrollar la transformación de las administraciones públicas de Canarias.

Inaugurado el martes 10, a las 12:30 horas, por el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres; el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; la directora del ICAP, Eva de Anta, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Brito, el encuentro contará con ponentes de la talla del exministro de Administraciones Públicas (2004-2007), técnico comercial y economista del Estado Jordi Sevilla, quien disertará sobre ‘La recuperación post-covid como un desafío transformador: reformas estructurales y Fondos Next Generation’.

Ese mismo día también está prevista la intervención del jefe de servicio de Fondos Europeos de la Comunidad Autónoma de Aragón, Gabriel Navarro, que hablará de la ‘Perspectiva autonómica de los Fondos Next Generation’, y del doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universitat Autónoma de Barcelona y especialista en gestión de instituciones públicas Carles Ramió, quien expondrá los ‘Nuevos perfiles profesionales y modelo de función pública de cara a los retos de futuro de la Administración’. La primera jornada se completará con dos mesas de debate en las que se analizará el ‘Liderazgo en el sector público’ y ‘La formación en el sector público’.

La segunda jornada incluye cinco ponencias, cuatro a lo largo de la mañana y una por la tarde: ‘La Administración Pública canaria en el siglo XXI: la transformación digital al servicio de las personas’, a cargo de Concepción Campos, codirectora de Red Localis y presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público; ‘Retos de las nuevas tecnologías en las administraciones públicas’, de Pedro Baquero, jefe de servicio de Informática y Comunicaciones en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; ‘Promesas y actuaciones sobre la simplificación administrativa’, de Israel Expósito, jefe de servicio de Gobierno Abierto, Innovación y Mejora Continua del mismo departamento; ‘Innovación Pública’, de Daniel González, director insular de Modernización del Cabildo de Tenerife, y ‘El relevante papel de las administraciones públicas en la protección de datos’, de David Santos, abogado del Estado y jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Estatal de Protección de Datos.

Además, tendrán lugar tres mesas de debate sobre ‘La transformación del sector público en Canarias’, ‘Innovación y simplificación en las administraciones públicas canarias’ y ‘La protección de datos personales en las administraciones públicas canarias’.

En la última jornada, la del jueves, están previstas seis ponencias: ‘Agenda 2030 y Objetivos del Desarrollo Sostenible: un reto para los poderes públicos’, a cargo de Cristina Monge, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Zaragoza y miembro del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo; ‘Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible’, de David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias; ‘Planificación Estratégica y Dirección por Objetivos en el Gobierno de Canarias’, de Claudio Rivero, consultor de Servicios de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno canario; ‘Presupuestos orientados a resultados’ de Aitor Garmendia, socio-director de PKF ATTEST; ‘Desarrollos normativos para la consecución del ODS16’, de Israel Expósito, y ‘Contratación pública responsable’, de Javier Mendoza, doctor en Economía y profesor ayudante de la ULL.

Una mesa de debate sobre ‘Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible’ pondrá el broche al encuentro, que será clausurado por los viceconsejeros de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y de la Presidencia, Antonio Olivera, junto a la directora del ICAP.

La participación en este encuentro, organizado en colaboración de la compañía Wolter Kluwer, puede ser bien de forma presencial, en el salón de actos de la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, cuyo aforo es limitado y al que se tendrá que acceder 30 minutos antes del inicio de cada jornada, o bien vía online. En ambos casos es necesario inscribirse previamente en el siguiente enlace: https://bit.ly/3vV4k8z

Julio Pérez destaca ante Margarita Robles el funcionamiento del Pevolca y reconoce el papel de las Fuerzas Armadas

Julio Pérez destaca ante Margarita Robles el funcionamiento del Pevolca y reconoce el papel de las Fuerzas Armadas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad acompaña a la ministra de Defensa en su visita a La Palma, donde se ha reunido con personal participante en el plan de emergencia y recorrido los municipios afectados por el volcán

Asegura que el plan funcionó de manera eficaz y efectiva y hace hincapié en la capacidad de adaptación de los miembros del Ejército, así como su proximidad, calidez y cercanía con la población palmera

Señala también la necesidad de hacer «aprendizaje» desde la experiencia, para mejorar la gestión del riesgo volcánico y perfeccionar el Pevolca

Lanza un mensaje de esperanza para que la isla se recupere de los efectos de la erupción y pueda resolver otros problemas históricos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha aprovechado este jueves la visita a La Palma de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para destacar el funcionamiento del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) y reconocer el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas durante la erupción volcánica que afectó a la isla entre septiembre de 2021 y enero de 2022.

Julio Pérez, que ha acompañado a Margarita Robles durante su estancia en la isla, en representación del Gobierno de Canarias, ha agradecido el desplazamiento de la ministra a La Palma, junto con la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y ha calificado de “muy relevante” su presencia, teniendo en cuenta las obligaciones y compromisos de su cargo.

En un acto celebrado en el Acuartelamiento ‘El Fuerte’, donde la ministra se ha reunido con personal participante en el plan de emergencia, antes de recorrer los municipios afectados por el volcán, el consejero ha explicado que, en La Palma, el Pevolca, más allá de ser un conjunto de normas, “adquirió la condición de referente de una institución, como si se tratase de una persona”. En su opinión, esto “expresa la calidad de las normas y de su aplicación, y prueba que el plan, con la participación de todos, funcionó de manera efectiva y eficaz, al servicio de la sociedad palmera”.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha tenido también palabras no solo de agradecimiento, “que expresa una emoción”, sino de reconocimiento, “por la comprobación de unas cualidades determinadas”, para los miembros de las Fuerzas Armadas, que, según ha indicado, “se han enfrentado a un peligro real y han puesto a prueba sus capacidades en una situación muy especial”.

Ha hecho hincapié en dos facetas que, a su juicio, han quedado muy visibles. Por un lado, “la naturalidad con la que se incorporaron a un dispositivo mixto dirigido por autoridades civiles y del que formaban parte numerosas instituciones y organismos”. Por otro, su capacidad de “proximidad, cercanía y calidez con la población palmera”, lo cual, ha explicado, resultó “especialmente llamativo”, pues han dado muestra de “verdadera ternura” con las personas a las que estaban prestando servicio.

Recuperación

Antes de concluir su intervención, Julio Pérez ha señalado también la necesidad de realizar “aprendizaje” desde la experiencia, para mejorar la gestión del riesgo volcánico y perfeccionar el Pevolca.

Del mismo modo, ha lanzado un mensaje de esperanza para la isla, en esta etapa de reconstrucción abierta tras finalizar la erupción, en la que hace falta, ha recalcado, mantener la serenidad, el sosiego y la coordinación que se logró durante crisis volcánica. Con ese objetivo, ha dicho que ojalá germine la semilla de esperanza, sembrada en el acuartelamiento durante el periodo que acogió a afectados por el volcán y otras organizaciones no militares que participaron en su ayuda, para que La Palma se recupere y pueda también resolver otros problemas históricos.

En ‘El Fuerte’, la ministra y su secretaria de Estado de Defensa han sido recibidas por el jefe del Mando de Canarias (MCANA), teniente general Alejandro Escámez, y el jefe del Acuartelamiento, capitán Óscar Arranz. Allí pudieron saludar, entre otros, al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana: al jefe del Mando Aéreo de Canarias, general de división Juan Pablo Sánchez; al almirante comandante del Mando Naval de Canarias, José Lago; al comisario jefe provincial de Santa Cruz de Tenerife, Luis Felipe San Martín; al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, coronel José Tienda, y al jefe de la Unidad de Intervención de la UME en Canarias, comandante Enrique Gregory.

También han estado presentes, entre otros, el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Gustavo de Armas; la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Monserrat Román; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Autonómica, Luis Santos; el director del 1-1-2 Canarias, Moisés Sánchez, y la consejera de Servicios Públicos y Cambio Climático del Cabildo de La Palma, Nieves Rosa Arroyo.

Julio Pérez aboga por extender la cultura de la prudencia y la precaución ante el aumento de ahogamientos

Julio Pérez aboga por extender la cultura de la prudencia y la precaución ante el aumento de ahogamientos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad califica de gravísima la situación registrada en el mes de marzo con un número de fallecidos excepcional

Advierte de que no es posible bañarse en cualquier sitio y en cualquier momento. Asegura que existe normativa y medios, y destaca la buena labor que desarrollan los ayuntamientos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha abogado este miércoles en el Parlamento de Canarias por fomentar la cultura de la precaución y la prudencia, y el respeto a las normas, ante el aumento de ahogamientos registrados en las islas y ha advertido de que no es posible bañarse en cualquier sitio y en cualquier momento.

Ante una pregunta realizada por el diputado de CC-PNC Juan Manuel García Ramos, sobre la opinión de su departamento ante el aumento de ahogamientos en Canarias durante el pasado mes de marzo, Julio Pérez ha calificado de gravísima la situación, al registrarse una cifra de fallecidos excepcional por esa causa, y ha explicado que el problema, en la mayoría de los casos, tal y como reflejan los informes técnicos y la plataforma ‘Canarias, 1500 Km de Costa’, no es la insuficiencia de medios, sino las condiciones y comportamiento de los propios bañistas.

En este sentido, ha apuntado que, en todos los casos registrados en marzo, excepto uno, existía una alerta o prealerta por fenómenos meteorológicos adversos. La propia plataforma ha señalado que la gran mayoría de los accidentes los protagonizaron personas que decidieron introducirse en el agua cuando las condiciones del mar eran adversas u ondeaba la bandera roja.

A juicio del consejero, los medios existentes son en general suficientes, al igual que la normativa, aunque están previstos cambios demandados por los ayuntamientos. Ha destacado la buena labor que, en este sentido, desarrollan los servicios municipales, a veces arriesgando su integridad (y recordó un caso reciente en Santiago del Teide). No obstante, muchas veces no se puede impedir físicamente que algunas personas accedan a lugares que suponen un riesgo, como charcos y piscinas naturales, ya que el mar en Canarias es, ha dicho que iba a usar un término coloquial, “traicionero”, y se torna muy peligroso de forma súbita. Por eso se deben respetar los avisos y prohibiciones sin excepción.

Julio Pérez se ha referido también a que una buena parte de los accidentados son personas foráneas que no conocen las condiciones del litoral de las islas o simplemente no hace caso a los avisos, de ahí la necesidad de extender la cultura de la prevención.

El Gobierno gasta 25 millones al año en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en Canarias

El Gobierno gasta 25 millones al año en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en Canarias

El respeto a la dignidad de los inmigrantes, tanto legales como ilegales, mayores o menores, ha hecho necesario ampliar su ámbito de actuación

Ha establecido también una línea específica de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y ofrecer una mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

También se han mantenido contactos con ACNUR para mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con los migrantes se produzca de la forma adecuada

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario gasta 25 millones de euros al año -medio millón a la semana- en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en el archipiélago, según ha explicado este miércoles en el Parlamento de Canarias su titular, Julio Pérez, al ser preguntado por la diputada del PSOE Matilde Fleitas sobre el proyecto piloto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para facilitar a las personas migrantes el acceso a la debida asistencia letrada.

Julio Pérez ha señalado que, aunque todos somos conscientes de los problemas que causa a Canarias la inmigración ilegal, la gestión de los menores no acompañados y la necesidad de organizar derivaciones hacia la Península y, en su caso, repatriaciones, eso no releva a las islas de la necesidad de respetar la dignidad de las personas migrantes y de proporcionar mecanismos para que sea respetada. Uno de esos mecanismos, ha dicho, es la asistencia jurídica, cuyo ámbito ha sido necesario ampliar, desde hace años, para que llegara a los inmigrantes, con independencia de si eran legales o ilegales, menores o mayores.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado que las islas cuentan con un buen servicio de asistencia jurídica gratuita, que se ha intentado mejorar, reduciendo, por ejemplo, el número máximo de intervenciones con inmigrantes por letrado, lo que ha provocado algún conflicto, que aún persiste, con los colegios de abogados, debido, fundamentalmente a las retribuciones.

Además, ha dicho, se ha establecido también una línea de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y puedan ofrecer una asistencia de mayor calidad a las personas migrantes, de manera particular aquellas que están ingresadas en centros penitenciarios, de internamiento o de atención temporal. Se trata, según ha advertido Julio Pérez, de que los letrados puedan prestar un servicio de orientación para que estas personas puedan ejercitar sus derechos, ya que se había observado que no lo hacían por desconocimiento, sobre todo el derecho a solicitar la condición de refugiado.

En la misma línea de respetar su dignidad y velar por sus derechos, ha apuntado que también se han establecido contactos con la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con las personas migrantes se produzca de forma más adecuada, ya que la lengua en la que hablan no siempre es el francés o lenguas árabes, sino otras lenguas.

Julio Pérez subraya que hacer pronto un traspaso de competencias es importante, pero mucho más hacerlo bien

Julio Pérez subraya que hacer pronto un traspaso de competencias es importante, pero mucho más hacerlo bien

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que el propósito del Gobierno de Canarias es que el próximo 1 de julio se efectúe, en las condiciones adecuadas, la transferencia de costas

La administración autonómica ha logrado mejorar la relación de competencias y servicios que se traspasan, así como que el Estado ceda los expedientes en curso

Ahora mismo el escollo está en la cifra de personal a transferir, insuficiente, a juicio de Canarias, porque la dotación actual que el Estado tiene en las islas es escasa y debería revisarse

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este miércoles, en el Parlamento de Canarias, que hacer pronto un traspaso de competencias es importante, pero hacerlo bien es mucho más importante, de ahí que, aunque el propósito es que la transferencia de costas esté resuelta el 1 de julio, no se realizará si las condiciones ofrecidas por el Estado no son las adecuadas.

Julio Pérez, que ha contestado al diputado regional del Partido Popular Fernando Enseñat sobre cuándo está previsto llevar a cabo la transferencia de costas, ha explicado que ambas administraciones llevan tres años manteniendo conversaciones para gestionar este traspaso, tiempo en el que se han dado pasos importantes al ganarse determinadas discusiones con el Estado, por lo que, ha resaltado, es un error decir que se está igual que el primer día.

En este sentido, ha señalado que en todo proceso de este tipo hay tres materias fundamentales en las que hay que ponerse de acuerdo. La primera, las competencias, servicios o funciones que se traspasan, capítulo en el que, según ha indicado, se ha mejorado, al aceptarse la posición de Canarias y el Estado dar marcha atrás.

La segunda discusión ha estado relacionada con los expedientes en curso, si debían seguir en manos del Gobierno estatal, tal y como se pretendía en un primer momento, o tenían que traspasarse a Canarias, lo que al final ha sucedido. También aquí el Estado ha dado marcha atrás.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que el tercer debate, que es en el que se está actualmente, se refiere al importe, naturaleza, calidad y cantidad de los medios que se traspasan. Según ha comentado, en este punto se ha suscitado una discusión técnica, porque el Estado sostiene que se transfiere lo que hay, acogiéndose a una norma de 1995, y Canarias entiende que debe ser reinterpretada, pues en las islas la dotación de personal de los servicios de Costas es insuficiente, debido a la limitación de la tasa de reposición de funcionarios, que ha impedido aumentar su número en los últimos años, lo que no ocurrió ni en Cataluña ni en Andalucía, dadas las fechas de sus traspasos.

Julio Pérez ha hecho hincapié en que el Gobierno de Canarias no puede aceptar que se le traspase la competencia en costas en esas condiciones, pues el objetivo es poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, como ocurrió con la educación o la sanidad. Se trata, ha manifestado, de que los ciudadanos noten que el traspaso mejora la calidad de los servicios, no de que sigan igual.

La Justicia rechaza que se deba indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo

La Justicia rechaza que se deba indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo

Considera que, pese a la demora, no hubo dejadez, pasividad ni abandono por parte de la Administración

En cambio, sí reprocha a Función Pública que no contestara la reclamación previa que hizo el opositor, a quien por ello libera del pago de las costas

Julio Pérez cree que, en cualquier caso, hay que reducir la duración de los procesos selectivos, que en la actualidad duran meses o años, por cómo está regulada su tramitación. A su juicio, hay margen para acortar los plazos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso interpuesto por un opositor que reclamaba una indemnización a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias por la demora excesiva en la toma de posesión de la plaza del cuerpo administrativo, tras haber superado las pruebas selectivas.

Según recoge la sentencia, datada el pasado 18 de abril, se desestima el recurso “por no concurrir la existencia de dilaciones indebidas o demoras injustificadas en el proceso selectivo”, pues, aunque reconoce que el procedimiento se prolongó más allá de lo establecido por ley, quince meses, no fue por inactividad administrativa ni por dejadez, pasividad o abandono por parte de la Administración.

A juicio del magistrado que firma la sentencia, que puede ser recurrida, Función Pública aprobó dos resoluciones con el objetivo de ampliar el plazo, en 7 meses y 15 días, en un caso, y en tres meses más, el otro, y el recurrente no impugnó ninguna de ellas, ni tampoco una tercera que declaró inhábil el mes de agosto.

Además, considera que la Administración ha dejado constancia expresa de cuáles son las razones en las que se ha amparado y de haber actuado siempre de forma coherente con ellas, y, sin embargo, el recurrente en ningún momento puso objeción a la mismas, a pesar de ser públicas y perfectamente conocidas por una persona que trabaja en la Administración.

Teniendo en cuenta estas premisas, que se pudo reaccionar contra la ampliación de los plazos y la declaración de inhabilidad de agosto, y no se hizo, el magistrado entiende que no ha lugar ahora a reclamar una responsabilidad patrimonial para resarcir los daños que se hayan podido ocasionar.

“La responsabilidad patrimonial -recoge la sentencia- no puede utilizarse como un medio para evitar la aplicación de resoluciones consentidas por los interesados ni como una vía alternativa a la interposición de los recursos correspondientes para someter a examen la legalidad de dichas resoluciones”.

Tampoco el demandante reaccionó frente al acto de nombramiento y toma de posesión ni instó el reconocimiento de sus efectos retroactivos impugnándolos en tiempo y forma para corregir los efectos de la demora.

No obstante, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife sí reprocha a la Administración su actuación por no haber respondido expresamente a la reclamación previa efectuada por el opositor, y, como correctivo a esa mala práctica, le libera del pago de las costas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha considerado que, “en cualquier caso, hay que reducir la duración de los procesos selectivos, que en la actualidad duran meses o años, por cómo está regulada su tramitación”.

En su opinión, “hay espacio para una regulación que respete las garantías y la pureza de los exámenes y evaluación, pero que, a su vez, abrevie trámites y acorte plazos”.

El Gobierno asegura que la Justicia jugará un papel clave en la reconstrucción de La Palma

El Gobierno asegura que la Justicia jugará un papel clave en la reconstrucción de La Palma

La viceconsejera de Justicia recuerda que el decreto del 5 de octubre, impulsado por el Ejecutivo autonómico, fue fundamental para dar una respuesta ágil y coordinada a la crisis volcánica

Carla Vallejo participa en el ‘Diálogo Institucional: el papel de la Justicia en la reconstrucción de La Palma’, desarrollado en la capital palmera, en sustitución de Julio Pérez, presente en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática celebrada en Sevilla

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha puesto en valor este viernes la importancia del Poder Judicial, tanto en la gestión de la emergencia volcánica de La Palma como a la hora de abordar los retos legales de la reconstrucción, y ha recordado que el decreto del 5 de octubre, impulsado por el Ejecutivo autonómico, fue fundamental para dar una respuesta ágil y coordinada a la crisis volcánica.

Carla Vallejo, que ha participado en el ‘Diálogo Institucional: el papel de la Justicia en la reconstrucción de La Palma’, desarrollado en el Espacio Cultural CajaCanarias de la capital palmera, en sustitución del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presente en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, celebrada en Sevilla, ha afirmado que “la crisis vulcanológica supuso un reto a todos los niveles y, por supuesto, el reto jurídico no fue ni será nada menor”.

Ha señalado que la Justicia, como servicio público esencial que es, no paró durante la emergencia en La Palma. “Pocos juicios fueron suspendidos. Hubo mucha violencia de género que fue atendida. También dotamos a los órganos judiciales de los medios necesarios para hacer su trabajo, reforzando las limpiezas extraordinarias, los traslados a las sedes judiciales y potenciando la parte tecnológica, actualizando los ordenadores y los sistemas de comunicaciones para facilitar los juicios telemáticos y ser más ágiles”, ha expuesto.

La viceconsejera ha destacado también la rápida respuesta del Poder Judicial a la hora de facilitar las herramientas legales para gestionar la emergencia. Ha explicado que el 5 de octubre, tres semanas después de la erupción del volcán (el 19 de septiembre), ya estaba aprobado un primer decreto ley que planteaba medidas específicas para las personas afectadas, tales como la instalación de notarías en los municipios damnificados.

“Este decreto no solo dio respuesta a la emergencia, sino que se anticipó al futuro”, ha dicho Carla Vallejo, ya que, según ha indicado, esta norma prevé la posibilidad de dictar planes específicos para atender el incremento de litigiosidad relacionado con la crisis o el acceso a la justicia gratuita a las personas que el volcán mermó su capacidad económica.

En la misma línea, ha apuntado que “nos vamos a encontrar con desafíos importantes y no solo en La Palma. Hay conflictos que trascienden la isla y que serán analizados a muchos niveles. Pero ya nos hemos anticipado a ello”, ha subrayado.

Ha querido igualmente destacar el trabajo que la Justicia presta en La Palma. “El sistema funciona en la isla mucho mejor de lo que debería con los medios que cuenta. No obstante, la crisis volcánica ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con medios técnicos e instalaciones para cubrir las necesidades existentes”, ha indicado, a la vez que ha aludido al compromiso de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias de reforzar los servicios del Partido Judicial de Los Llanos de Aridane y los Juzgados de Santa Cruz de La Palma.

“Lo aprendimos en la pandemia, pero quedó certificado durante la crisis volcánica. Los medios técnicos nos garantizan una respuesta más eficaz. El Gobierno de Canarias tiene un compromiso firme de mejorar las infraestructuras en La Palma y la situación del personal, lo cual redundará en el desarrollo de la isla, atrayendo a más y mejores profesionales jurídicos”, ha recalcado Carla Vallejo.

A todo ello debe añadirse el esfuerzo y el compromiso de notarios y registradores, que también supieron poner en marcha servicios inmediatos y ágiles de respuesta a las demandas de los afectados en relación con la documentación y la constancia registral de sus propiedades y derechos.

La reconstrucción, todo un reto

En el citado acto, la viceconsejera ha estado acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo; el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Juan Antonio Rodríguez, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata.

El presidente del TSJC ha comentado que tras el volcán se está viviendo “una situación inédita” en términos jurídicos. Todo “un reto” para el que ha garantizado “el máximo compromiso” por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial con el fin de ofrecer una respuesta rápida y fundamentada a las solicitudes de la ciudadanía y las administraciones.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma ha explicado cómo desde su institución, desde el primer momento, se pusieron al servicio de las personas afectadas por el volcán para asesorarlos en sus demandas.

El presidente del Cabildo palmero ha hecho hincapié en la sensibilidad que están teniendo las diferentes instituciones públicas con la isla. También ha resaltado que, “por primera vez”, se celebre una sala de gobierno del TSJC fuera de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. “Una muestra más del compromiso, el cariño y la solidaridad que han expresado con La Palma todas las instituciones de España”, ha agregado Zapata.