A lo largo del año 2025 se ejecutaron 19 proyectos en el marco de Aliadas financiados en su mayoría con fondos del pacto de Estado contra la Violencia de Género

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha manifestado su firme voluntad por dar continuidad y reforzar las acciones que se desarrollan en el marco del programa Aliadas, impulsado por la Dirección General de Juventud y financiadas en su mayoría con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Durante el pasado año se ejecutaron un total de 19 proyectos dirigidos a ofrecer formación y asesoramiento, atender la salud mental y las violencias machistas, el cuidado de la sexualidad y organización de eventos en la materia.

Candelaria Delgado ha querido trasladar su agradecimiento a las entidades que forman parte del programa Aliadas, que celebró en estos días una nueva reunión, “por su compromiso, su profesionalidad y su comprensión en un año especialmente complejo”, y destacó “el valor del trabajo que desarrollan de manera directa con la juventud para avanzar en la prevención de las violencias machistas”. “Lo que nos queda muy claro es la importancia de que todos los proyectos dirigidos a nuestra juventud deben incorporar de manera sistemática un enfoque preventivo y comprometido con los derechos de las mujeres jóvenes y la prevención de las violencias”.

En la última reunión de Aliadas, propiciada por la Dirección General de Juventud, participaron además de las entidades que trabajan con población juvenil, responsables del Instituto Canario de Igualdad, la Federación Canaria de Municipios, Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Consejo de la Juventud de Canarias, y personal propio de la Dirección General de Juventud.

El director general de Juventud, Daniel Morales, explica que este segundo encuentro tenía como objetivo “reflexionar, analizar y definir el camino por el que seguiremos avanzando en este trabajo conjunto con las entidades que nos permite desarrollar políticas públicas centradas en la prevención de las violencias machistas en el ámbito de la adolescencia y la juventud”.

Daniel Morales puso en valor “el trabajo realizado por las entidades en un contexto que ha requerido un importante esfuerzo adicional por parte del tejido social implicado” y destacó “la responsabilidad y el rigor con el que han seguido trabajando en la prevención de las violencias machistas entre la población joven, incluso en contextos de dificultad”.

Este encuentro se concibe como un espacio de análisis compartido y diálogo con las entidades que ejecutan los proyectos, financiados a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con recursos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Durante la jornada tuvo lugar la mesa de diálogo “El camino de la prevención y la sensibilización”, moderada por Mónica Dios, y en la que participaron las dos universidades públicas de Canarias, representadas por la Dra. Elisa Pérez Rosales (ULL) y la Dra. Emilia Santana Ramos (ULPGC), la FECAM, representada por Pablo Rodríguez Cejas (Vicepresidente de la Comisión de Cooperación, Igualdad, Juventud y Diversidad de la entidad y Alcalde de La Frontera –El Hierro–), y el Consejo de la Juventud de Canarias, representado por su presidenta, Eliana Parrilla Morín.

También se presentaron los resultados del diagnóstico realizado entre entidades en materia de necesidades formativas y evaluativas y se realizó una dinámica de trabajo colaborado dirigido a situar el conocimiento, inquietudes y retos de las entidades que trabajan con población juvenil la prevención de las violencias machistas y la igualdad entre mujeres y hombres jóvenes.

El programa Aliadas es una herramienta de referencia dentro de las políticas públicas de juventud del Gobierno de Canarias y se concibe como un programa abierto y flexible, adaptado a las circunstancias sociales del momento, con la voluntad de que se sigan incorporando y sumando nuevos proyectos que permitan enriquecer y fortalecer el trabajo en materia de igualdad y prevención de las violencias machistas en Canarias. Está compuesto por profesionales cualificadas, especializadas y formadas en la materia, cuyo conocimiento, experiencia y compromiso garantizan intervenciones adaptadas a la realidad juvenil de las Islas.

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La Consejería de Bienestar Social invierte más de 333.000 euros, a través de los fondos Next Generation EU, en un sistema de automatización y analítica avanzada para eliminar las listas de espera

El proyecto incluye el uso de robots (RPA) y módulos de IA para simplificar los trámites administrativos y ofrecer información automatizada a la ciudadanía

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, avanza en la modernización del sistema de valoración del grado de discapacidad mediante la implantación de tecnologías productivas que permitirán agilizar la tramitación de los expedientes y mejorar la eficiencia del Área de Discapacidad.

La iniciativa, que se encuentra actualmente en ejecución, forma parte del Proyecto 09 Programa de Transformación Tecnológica de los Servicios Sociales, incluido en el Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El contrato, adjudicado a la empresa Accenture S.L. Sociedad Unipersonal, cuenta con un importe total de 333.995,46 euros y tiene como objetivo reforzar la infraestructura tecnológica para garantizar la correcta prestación del servicio.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señala que esta actuación “responde al compromiso del Gobierno de Canarias con la eliminación de las listas de espera y la mejora de la atención a las personas con discapacidad, mediante la incorporación de soluciones tecnológicas que permitan una gestión más ágil, eficiente y transparente”.

Por su parte, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, explica que “se trata de poner la tecnología al servicio de las personas. Con este proyecto damos una solución tecnológica modular que abarca todas las fases de tramitación de los expedientes de solicitud de valoración del grado de discapacidad, desde el registro de la documentación hasta la citación y valoración”.

Gutiérrez también destaca la colaboración con el Servicio Canario de la Salud, incorporando a la tramitación y valoración de la discapacidad unos equipos de profesionales que complementarán al resto de equipos multiprofesionales de la Dirección General de Discapacidad: “Para ello se ha desarrollado un sistema de información que apoyará la actividad de estos profesionales y permitirá la coordinación con nuestros sistemas y personal”.

Entre las principales actuaciones se incluye la implantación de diferentes módulos de inteligencia artificial, que aportarán apoyo a los equipos administrativos en cada fase del procedimiento, facilitando la clasificación de expedientes, la detección de patrones y la toma de decisiones, así como la mejora de los servicios de información automatizados dirigidos a la ciudadanía.

Asimismo, se desarrollarán procesos de robotización (RPA) destinados a automatizar los puntos críticos del procedimiento administrativo, eliminando tareas manuales repetitivas y simplificando la gestión diaria de los expedientes, lo que permitirá reducir tiempos y optimizar los recursos disponibles.

El contrato incluye también el desarrollo de un sistema de analítica avanzada y cuadros de mando, que facilitará a la Dirección General de Discapacidad disponer de indicadores clave para el seguimiento global de la actividad del área. Esta herramienta facilitará el acceso a la información en función de perfiles y roles, mejorando la capacidad de análisis y planificación de los servicios.

Además, se contempla la explotación y mantenimiento de los servicios tecnológicos implantados, la depuración periódica de datos para garantizar su calidad y consistencia, así como servicios de formación, asistencia técnica, garantía extendida y actualización continua del software.

Con esta iniciativa, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias refuerza su apuesta por la transformación digital de los servicios sociales, con el objetivo de ofrecer una atención más ágil y eficaz a las personas con discapacidad y avanzar hacia un modelo de gestión más moderno, centrado en las necesidades reales de la ciudadanía.

 

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El protocolo permitirá establecer actuaciones para la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad y la lucha contra las discriminaciones que les afectan por razón de género y de discapacidad

El Instituto Canario de Igualdad (ICI), dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Canarias (CERMI-Canarias), han renovado por un período de cuatro años el protocolo general de actuación para el desarrollo de actuaciones dirigidas a promover la efectividad del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad y la lucha contra las discriminaciones que les afectan por razón de género y de discapacidad.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Familia e Infancias, Candelaria Delgado, explica que “nuestro objetivo es seguir desarrollando acciones conjuntas con el CERMI Canarias y en especial, hacer valer los derechos de las mujeres que tienen discapacidad y sufren discriminación”

Por su parte, la directora del ICI, Ana Brito, señala que “se trata de darle continuidad a las acciones que venimos realizando en los últimos años desde el ICI para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello es necesario dar a conocer la realidad que viven las mujeres con discapacidad e implementar políticas que mejoren su situación”.

El protocolo del ICI y el CERMI-Canarias contempla un conjunto de actuaciones a desarrollar conjuntamente como dar a conocer la realidad de las mujeres con discapacidad, sensibilizando a la sociedad en general sobre la problemática específica que les afecta, desde una perspectiva interseccional, abordando las dimensiones de género y discapacidad, así como otras variables que confluyen con las anteriores, como son la vulnerabilidad social y económica, la edad, el hábitat urbano/rural, la migración, la orientación sexual, entre otras.

Asimismo, el documento permite desarrollar espacios de participación y aprendizaje que generen el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y promuevan su capacidad de liderazgo y fomentar la aplicación del principio de accesibilidad universal en la prestación de los servicios y recursos destinados a promover la igualdad entre mujeres y hombres, a la prevención y erradicación de la violencia de género, así como a la atención y protección de sus víctimas.

Otros aspectos contemplados en el protocolo son promover la introducción de la variable discapacidad en todos los estudios y estadísticas en los que se deba tener en cuenta la dimensión sexo/género y diseñar formación para el personal que trabaje en los recursos y servicios especializados en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en la atención y protección a las víctimas de violencia de género y promover la efectividad de su impartición.

Finalmente, a través de este documento se trata de promover el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente, los que den a conocer la situación de las mujeres con discapacidad ante la violencia de género, sus causas y consecuencias, así como los que permitan identificar las necesidades específicas de atención de las mismas y el análisis de los factores individuales, familiares, sociales y estructurales que favorecen su recuperación.

 

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La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, y el director general de Actividad Física y Deporte Canario, José Francisco Pérez, mantuvieron un encuentro con representantes del organismo

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, y el director general de la Actividad Física y el Deporte, José Francisco Pérez, mantuvieron recientemente un encuentro de trabajo con los presidentes de las comisiones de Cultura y Deportes, y de Bienestar Social y Sanidad de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Raúl Afonso y Juan Jesús Facundo Suarez, respectivamente, en la sede de la FECAM de Gran Canaria donde abordaron el protocolo de actuación frente a la violencia sobre la Infancia y la Adolescencia en el ámbito del deporte en Canarias.

Rodríguez expuso durante la reunión la puesta en marcha del protocolo de actuación frente a la violencia sobre la infancia y la adolescencia en el ámbito deportivo con el objetivo principal de crear un marco común para la prevención, detección y actuación ante cualquier situación de riesgo en actividades deportivas con menores, según se recoge en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (Lopivi), aprobada en 2021. Dicha ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia.

La reunión sirvió, de igual manera, para abordar el marco de actuación que los ayuntamientos deben seguir en la aplicación y el seguimiento del protocolo autonómico, la designación de delegados de protección, la formación específica del personal y del voluntariado, la coordinación intermunicipal e interadministrativa, así como la adaptación de normativas internas, contratos y convenios con entidades deportivas.

El Gobierno de Canarias aprobó en julio de este año el Protocolo de Actuación frente a la violencia sobre la Infancia y la Adolescencia en el ámbito del deporte en Canarias. Dicho protocolo está dirigido a prevenir, detectar y actuar ante cualquier tipo de maltrato, violencia o abuso a menores en actividades deportivas, estableciendo un marco de referencia para clubes, profesionales y voluntarios, e incluyendo figuras como el Delegado de Protección, con el objetivo de garantizar entornos deportivos seguros y responsables.

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Bienestar Social refuta así los datos ofrecidos en rueda de prensa por Ángel Víctor Torres, que incluye mayorías de edad y aquellos que siguen en Canarias en centros del Estado
Delgado y Rodríguez han asistido a la última reunión de la comisión interdepartamental de este 2025

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, han participado hoy [30 de diciembre] en la última reunión de 2025 que ha mantenido la comisión interdepartamental de negociación para la salida de los menores migrantes con protección internacional que tutela Canarias.

Canarias ha aprovechado para matizar y refutar algunos datos ofrecidos por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien aseguró ayer que había “alrededor del millar de menores que han sido distribuidos en el conjunto de todo el país”. La realidad es que, desde Canarias, a través de la vía del asilo impuesta por el Tribunal Supremo, solo han sido trasladados a la Península 410 menores; mientras que por la vía ordinaria y la exprés solo lo han hecho 171 menores. Esto hace un total de 581 menores migrantes que ya no están en el Archipiélago, mientras que se han registrado 370 nuevas llegadas.

Canarias recuerda la necesidad de seguir aliviando los recursos locales, y que esperar a que los chicos y chicas cumplan los 18 años también es incumplimiento. En este sentido, desde marzo, 260 menores cumplieron la mayoría de edad esperando a que se reconociera su derecho a proseguir con su proyecto migratorio en centros de la red de protección internacional del Estado, mientras que 99 han renunciado a este derecho porque se niegan a ser trasladados temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, que no reúnen condiciones. Además, aún hay 85 menores alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León; mientras que a 96 de los menores que estaban en el listado inicial de migraciones les ha llegado una resolución desfavorable a su petición de asilo.

“Lo que no puede hacer Ángel Víctor Torres es sumar todos los menores en el mismo contingente y decir que han salido 1.000, cuando la realidad es que, de Canarias, solo han salido 581 por las diferentes vías de reubicación que existen. Esto es: por protección internacional, que han sido trasladados 410; por la vía exprés, que han entrado 370 y han sido reubicados en la Península solo 85; y por la disposición adicional primera -aquellos que estaban aquí cuando se declaró la contingencia- solo 86 salidas”, aseguró Sandra Rodríguez.

“Es fácil querer distorsionar la percepción y jugar con los números para hacer creer que el Estado está cumpliendo con su obligación”, aseguró la consejera “pero resulta que no son números, son personas, menores que ven conculcados sus derechos, mientras que Canarias sigue asumiendo una responsabilidad que excede de sus competencias. La realidad es que ese juego no beneficia a nadie, y contrasta con el espíritu de colaboración que existe en las comisiones interdepartamentales”.

“¿De dónde saca esos números?”, se pregunta Delgado, “Si se refiere a Canarias, creemos que también suma las 260 mayorías de edad que se han cumplido desde el inicio de este proceso con los menores con protección internacional, y aquellas mayorías de edad que se producen antes de los traslados de la vía exprés y ordinaria, que de aquí al 31 de diciembre serán unas 300, pero es que los canarios y canarias nos merecemos datos reales y precisos, y no vaguedades destinadas a mejorar la imagen del ministro”.

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De acuerdo al tipo de violencia, en el 41% de las situaciones fueron agresiones sexuales con penetración y en cuanto a los agresores, el 38% fue algún familiar (padres, tíos, abuelos…) y el 5% fueron violencias grupales

A dos días de finalizar el año, los cinco centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales, impulsados por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) adscrito a la Consejería de Bienestar Social, igualdad, Juventud, Infancia y Familias, han atendido a 519 mujeres y menores desde su apertura en el pasado mes de mayo.

De este total, 439 eran víctimas directas de violencias sexuales, 50 de ellas menores de 18 años, y 80 eran familiares o personas del entorno que precisaban algún tipo de atención profesional. Así mismo, en este periodo se produjeron 206 activaciones por parte del 112, 016, o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De acuerdo al tipo de violencia ejercida, cerca de la mitad, el 41% fueron agresiones sexuales con penetración, el 35% agresiones sexuales sin penetración y el 13% situaciones de acoso sexual. En el 5% de las ocasiones fue una violencia grupal y en el 10% de las ocasiones se sospecha que hubo sumisión química.

Atendiendo al lugar, el 38% se produjeron en el ámbito íntimo familiar (Padres, hermanos, tíos, abuelos…) y el 12% en el ocio nocturno; de acuerdo al tiempo el 60% fueron violencias registradas en el último año.

En opinión de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, “en apenas seis meses, estos centros se han convertido en un referente, en un espacio seguro donde cualquier mujer o menor víctima de violencia sexual puede acudir o activarlo de urgencia a través del 112 y recibir la atención y el acompañamiento que precisa en los primeros momentos más críticos, pero también son un lugar donde acudir para recibir atención psicológica o legal de alguna violencia pasada, silenciada durante años y para ello pueden contactar directamente con el centro o también por supuesto llamando al 112 o el 012”. “Los datos apuntan a que solo se denuncia el 11% de las agresiones, es evidente que la vergüenza debe cambiar de bando, son los violadores los delincuentes, los que deben avergonzarse y a los que la sociedad debemos señalar y aislar”.

Acreditar la violencia sexual

Además de prestar atención profesional a víctimas de violencias sexuales, los centros de crisis pueden acreditar esta situación a efectos administrativos, a las mujeres y menores que hayan sido víctimas tal y como recogía el BOE en su edición del pasado 19 de diciembre.

De acuerdo a este procedimiento básico para la acreditación de las situaciones de violencias sexuales, aprobado por todas las comunidades en la última Conferencia sectorial de Igualdad, además de en los cinco centros de Asistencia Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, las acreditaciones podrán ser emitidas en Canarias por las áreas insulares y municipales con competencias en violencia de género; los servicios insulares integrados en la Red de prevención e intervención integral contra la violencia de género del Instituto Canario de Igualdad; el Servicio Insular de prevención y atención a mujeres y menores ante la violencia sexual en Gran Canaria (Gestionado por Cruz Roja), y los centros de Atención Integral para Víctimas de las Violencias de Género Sexuales en Tenerife (CAVIS).

Este procedimiento, que tendrá validez nacional, permitirá a las mujeres víctimas acceder a todos los derechos, prestaciones, recursos y servicios que precisen tal y como ya recogía la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de libertad sexual.

Sobre esta aprobación, la directora del ICI, Ana Brito, ha adelantado que gracias a ello “podremos establecer nuestro decreto en Canarias y regular las ayudas a las víctimas de violencia sexual y que ya cuentan con una partida para el próximo año”.

La acreditación de las situaciones de violencias sexuales tendrá carácter administrativo y podrá ser solicitada por las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en tanto víctimas principales de todas las formas de violencia sexual cuando no hayan presentado denuncia previa; el procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído; el procedimiento penal esté en trámite, o tengan sentencia condenatoria firme entre otras.

En el proceso de valoración se tendrán en cuenta aspectos como si la solicitante ha emprendido acciones judiciales previamente; la duración, la forma y la gravedad de la violencia sufrida; las secuelas psicológicas derivadas de la situación de violencia sexual; las secuelas en la salud sexual y reproductiva; el contexto y el daño social, (rechazo, aislamiento, pérdida de apoyo familiar o comunitario) así como las dificultades para mantener su vida laboral, educativa o personal. También se tendrá en cuenta las situaciones especiales de vulnerabilidad, como la edad, la discapacidad, problemas de salud mental, el embarazo, la dependencia económica y/o emocional respecto al agresor. Si la solicitante tiene hijos o hijas menores de edad o que resida en zonas rurales.

Atención gratuita e inmediata las 24 horas

Canarias cuenta con cinco centros de atención a las violencias sexuales ubicados físicamente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, que se han sumado a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el ICI financia en cada isla con todos los cabildos.

El servicio está disponible las 24 horas al día de los 365 días del año y no es preciso haber denunciado con anterioridad para recibir la atención. El equipo de cada centro está integrado por diferentes profesionales que prestan ayuda psicológica especializada, centrada en el bienestar emocional y la recuperación; asesoramiento jurídico, orientación legal y asesoramiento en el caso que querer interponer una denuncia; y apoyo social, para hacer el acompañamiento en la toma de decisiones y facilitar el proceso de recuperación.

La actividad de los centros se rige por un protocolo de actuación en el que se establecen los criterios de intervención y se garantiza la integración de estas nuevas instalaciones con los servicios ya existentes, como el 112 y el 012, con el objetivo de actuar de la manera más eficaz y rápida cuando la mujer acaba de ser agredida. El equipo profesional ofrece asesoramiento también al entorno, si se precisa, para que tenga herramientas con las que apoyar y acompañar a la víctima en su proceso de recuperación.

Este proyecto cuenta con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España.

 

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La partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para los siete cabildos fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado el último convenio que quedaba por firmar en el que se aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad, el convenio con el Cabildo de El Hierro. Quedan así firmados los siete acuerdos entre el Ejecutivo autonómico y las siete instituciones insulares.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros.

El Cabildo de El Hierro financia con este acuerdo 106 plazas (34 en centros de día y 72 residenciales), de las cuales 9 son nuevas plazas financiadas en 2025. La aportación de la CAC para las cuatro anualidades que contempla este acuerdo es del 78,09%, lo que supone una inversión de 14.281.800,33 euros, a los que se añade el importe correspondiente a la aportación de la administración insular de 4.007.461,38 euros.

Lo importante de este convenio es que los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

 

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Este programa, desarrollado por la Fundación Randstad y financiado a través de las subvenciones del IRPF, ha beneficiado a 250 personas con discapacidad, 100 de las cuales han mejorado sus habilidades y competencias sociolaborales

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, ha visitado este lunes el proyecto ‘Todos tenemos un talento: itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con diversidad funcional’, impulsado por la Fundación Randstad con financiación del Ejecutivo canario. Durante la visita, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, pudo conocer los datos de ejecución de este programa, financiado dentro de la convocatoria de ayudas para programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades (IRPF), en la edición 2024. El programa ‘Todos tenemos un talento’ ha recibido una ayuda de 105.009,67 euros, llegando a un total de 250 personas beneficiarias, 100 de las cuales han mejorado sus habilidades y competencias sociolaborales. Además, se prevé que un total de 75 participantes logren incorporarse al mercado laboral canario tras su paso por el proyecto.

Candil recordó la importancia de este tipo de proyectos que «apuestan y trabajan por la igualdad y la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad» y subrayó el compromiso de su departamento en pos de este tipo de programas que se desarrollan a través de las entidades sociales. «De hecho -señaló- en el año 2025, incrementamos la financiación de las ayudas a programas de interés general con cargo al IRPF en casi 3 millones más que en 2024, llegando a un total de 17,8 millones de euros, dando cobertura financiera a 354 programas, 119 más que en la convocatoria de 2024».

Por su parte, la directora de proyectos de Fundación Randstad en Canarias, Patricia Santana, aseguró que “para lograr este cometido es clave la sensibilización del tejido empresarial canario en el ámbito de la discapacidad. Es fundamental que las empresas comprendan que la inclusión no solo es una cuestión de responsabilidad social, sino también una oportunidad para enriquecer sus equipos y aportar valor al conjunto de la sociedad”.

«Este proyecto es un puente esencial que conecta el talento, las habilidades y las competencias desarrolladas en los itinerarios personalizados con un tejido empresarial que comprende la inclusión no como una obligación, sino como la gran oportunidad de enriquecer sus equipos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria en Canarias», aseguró Candil.
Este programa de interés social, financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF del año 2024, tiene como objetivo principal apoyar la inclusión laboral y social de personas con discapacidad a través de itinerarios sociolaborales y formación específica. La iniciativa comprende acciones de información, orientación, asesoramiento y talleres destinados a potenciar las habilidades sociolaborales para conseguir los objetivos de fomento de la inclusión laboral, promoción de la igualdad de oportunidades y la mejora de la empleabilidad.

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La Dirección General de Mayores y Participación Activa también concede las subvenciones, que están incluidas en el plan Maresía, para luchar contra la soledad no deseada en el Archipiélago

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha destinado 3.485.000 euros este año para subvencionar 105 proyectos en el área de mayores y voluntariado. En concreto, la Dirección General de Mayores y Participación Activa ha otorgado estas subvenciones para proyectos de envejecimiento activo e inclusión social de personas mayores, intervención en soledad no deseada de las personas mayores a través de la atención en domicilio y en la comunidad e itinerarios de atención domiciliaria a mayores en situación de soledad y mayores tutelados. Asimismo, a través de estas subvenciones se impulsan acciones relacionadas con la promoción y las actividades de voluntariado.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señala que “con estas subvenciones garantizamos la realización de proyectos e iniciativas que favorecen la inclusión social del colectivo de personas mayores en Canarias y reforzamos el tejido social a través de la promoción de los proyectos en materia de voluntariado”.

La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, explica que “las subvenciones se enmarcan dentro del plan Maresía que integra todas las actividades, programas y proyectos destinados a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias. En concreto, estas ayudas se recogen en el quinto eje de Maresía, que está destinado a las Alianzas y Cooperación Institucional”.

Los proyectos han sido desarrollados por las Corporaciones Locales, Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, así como Fundaciones y Universidades Públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en las áreas objeto de la convocatoria de ayudas.

Por áreas de actuación, la convocatoria de ayudas contemplaba una partida destinada a financiar los proyectos actividades de envejecimiento activo e inclusión social de personas mayores que asciende a 2 millones de euros, mientras que para las actividades de intervención en soledad no deseada de las personas mayores se destinaron 900.000 euros y para mayores tutelados 100.000 euros. En relación al ámbito de promoción del voluntariado, la cuantía de las ayudas se sitúa en 200.000 euros, mientras que para los proyectos que realicen actividades de voluntariado se destinan 285.000 euros.

 

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La aportación total del Gobierno de Canarias solo para estos cuatro cabildos es de más de 600 millones de euros
La partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para los siete cabildos fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado ya los convenios que, ratificados por los cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad. A inicios de esta semana fueron firmados los de Lanzarote y Tenerife.

En total, y hasta el año 2028, los convenios suponen una inversión del Gobierno de Canarias de 604.183.389 €, que incluye la partida que con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2025 financiará plazas y servicios ofrecidos por los cabildos en las islas correspondientes, importe al que se suma la aportación de cada una de las administraciones insulares.

Desglosados por convenios, el de Fuerteventura implica la financiación de 308 plazas, de las cuales, en este 2025 hay 31 nuevas. Esto supone un total de 26.484.957,24 euros de aportación plurianual por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, y otro 21,94% del coste total de aportación insular.

En cuanto a Gran Canaria, este 2025 incluyó 722 nuevas plazas (298 de centros de días y 424 de centros residenciales) con respecto a las financiadas hasta 2024, por lo que cuenta con un total de 4.328 plazas financiadas a través de este convenio. La aportación de la administración regional a este convenio es de 433.647.844,61 euros, que se sumarán a los 181.632.769,42 euros de aportación insular hasta 2028, lo que supone el 29,52% del total de la financiación.

La Palma, por su parte, financia el 24,57% del total del importe del convenio, cuyo importe asciende a 159.598.971,71 hasta 2028 para financiar 1004 plazas (461 en centros de día y 543 en centros residenciales) y otros servicios. La comunidad autónoma soporta el 75,43% del importe de la financiación del convenio que, como se ha señalado, en todos los casos, también introduce importantes novedades para mejorar la gestión y la respuesta a las personas dependientes de la isla, como la modernización del sistema de información o la incorporación de un protocolo para la derivación de las urgencias sociosanitarias (pendiente de negociación entre las administraciones participantes).

En La Gomera, la financiación de la CAC asciende del 69,27%, con una aportación de 23.666.091,38 euros hasta 2028, para la financiación del coste de diversos servicios y un total de 236 plazas en 2025.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros. En el caso de Tenerife, la institución insular aportará 202.000.242 euros (un 29,21% del total del coste del Sistema); y en Lanzarote, la administración insular aportará el 30,39%, lo que supone 23.009.614,12 millones de euros.

Lo importante de este convenio es que los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

 

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