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José Manuel Soria anuncia la implantación del nuevo Sistema Económico Financiero (SEFCAN) en la Administración Pública Canaria

El nuevo sistema informático permitirá mejorar la calidad del servicio que presta la Administración a los ciudadanos

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha manifestado hoy en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias que el nuevo Sistema Económico Financiero (SEFCAN) comenzará a implantarse en la Administración Pública Canaria el 1 de septiembre de 2008.

El SEFCAN es una herramienta tecnológica que permitirá una gestión más eficiente y racional de los recursos y una respuesta más ágil para el profesional y el ciudadano. La implantación de este nuevo sistema posibilitará al ciudadano cumplir con los trámites administrativos de una forma sencilla desde su casa, oficina o cualquier otro lugar a través de Internet, televisión digital terrestre o mensajes sms de telefonía para acceder a la información o servicios tales como la presentación de solicitudes, pagos, notificaciones, realizar el trámite de audiencia, etc. Así, se podrá acceder en línea para comprobar el estado de un expediente personal con garantías de privacidad y el ciudadano pasará de percibir a la Administración Autonómica Canaria como una entidad burocrática a verla como una entidad a su servicio.

Además de esto, el acceso a los servicios públicos para las personas con dificultades para desplazarse a las oficinas públicas por motivos geográficos, movilidad, etc, se superarán con el empleo de nuevas tecnologías, con lo que se da un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de estas personas en la vida pública, laboral y cultural.

Para la Administración el SEFCAN también tiene enormes ventajas derivadas de la eliminación del papel como soporte documental, la interconexión con otros sistemas de información, el flujo unitario y consolidado de la información y la accesibilidad y usabilidad de la información en cualquier momento y formato (soporte ofimático). Asimismo, el programa permite la explotación, la confección ágil y potente de cuadros de mando y la inmediata y certera toma de decisiones por parte de los gestores públicos (Data warehouses, bussines intelligence), lo que redundará en una mayor eficacia y en un menor coste en la operatoria de la Administración y en una más amplia y mejor calidad del servicio prestado al ciudadano.

El SEFCAN, desde un punto de vista técnico, consolida el hecho de que las arquitecturas de aplicaciones orientadas a servicios y los sistemas operativos abiertos tienen un coste de adquisición y mantenimiento menor por lo que posibilita un desarrollo y mantenimiento más ágil de las aplicaciones. En relación con las plataformas físicas, los servidores han supuesto un considerable abaratamiento de los costes de inversión y mantenimiento, desplegando una mayor flexibilidad y versatilidad tanto lógica como técnica.

El Sistema Económico Financiero nace con la vocación de dar fiel cumplimiento a las exigencias legales de acceso al ciudadano por medio electrónico a las administraciones públicas. Su implantación se iniciará el 1 de septiembre de 2008 y en la primera fase se incluirán todas las funcionalidades del actual sistema económico financiero que concluirá el 1 de enero de 2010. En la segunda fase, la de consolidación, se incorporarán soluciones tecnológicas, firma electrónica y potenciación de bussines intelligence y cuadros de mando.

Economía y Hacienda firma varios convenios para asumir la gestión recaudatoria del SCS y los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía

Las instituciones han delegado esta competencia en la Comunidad Autónoma

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha firmado varios convenios de colaboración con el Servicio Canario de Salud (SCS) y los ayuntamientos grancanarios de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía mediante los cuales la Consejería que dirige asume la gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos de estas instituciones.

En el caso del Servicio Canario de Salud el convenio explicita que la Dirección General de Tributos se encargará de la gestión recaudatoria, en vía ejecutiva, de los ingresos del SCS consistentes en las tasas sanitarias, precios públicos, sanciones, ingresos patrimoniales y otros ingresos de derecho público derivados del ejercicio de las competencias atribuidas al SCS. La gestión recaudatoria que haya de realizarse fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias se llevará a efecto a través de los acuerdos contenidos en el convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Consejería de Economía y Hacienda en 2006 para la recaudación, en vía ejecutiva, de los ingresos de derecho público de Canarias.

El convenio suscrito con el SCS tiene una duración de un año prorrogable por mutuo acuerdo de las partes, sin que la duración total, incluidas las prórrogas pueda exceder de cuatro años.

El acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana estipula que la Consejería de Economía y Hacienda será la encargada de prestar el servicio de gestión del cobro, en vía ejecutiva, de los débitos fuera del ámbito territorial del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. De esta forma, la Consejería asumirá las actuaciones del procedimiento de apremio, las solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos en período ejecutivo, la adopción de medidas cautelares en los términos estipulados por la Ley General Tributaria, o las notificaciones de los actos dictados por el ayuntamiento en el procedimiento de apremio, entre otras. Este convenio tiene prevista una duración de dos años prorrogables.

Economía y Hacienda también ha establecido un acuerdo similar con el Ayuntamiento de Santa Lucía en Gran Canaria, cuyo pleno aprobó «encomendar a la Comunidad Autónoma de Canarias el servicio de gestión de cobro en vía ejecutiva de los créditos de naturaleza pública que el Ayuntamiento estime necesario¿». Así, la Consejería asumirá el trámite de las solicitudes de suspensión de los actos de contenido económico, las solicitudes de aplazamientos y fraccionamiento en período ejecutivo y propondrá al ayuntamiento la declaración de crédito incobrable e insolvencias, entre otras acciones.

Economía y Hacienda firma la recepción de dos parcelas para la construcción de un centro de salud y la ampliación de un instituto de enseñanza

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El director general de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Paulino Montesdeoca, ha firmado hoy ante notario dos escrituras de donación-aceptación para la construcción de un centro de salud y la ampliación de un instituto de enseñanza. Así, el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, mediante acuerdo plenario del 7 de septiembre de 2007, acordó ceder al Gobierno regional una parcela, situada en la calle Tiznado, esquina avenida Daute, para la construcción de una Centro de Salud y Atención Primaria.

Por otro lado, el Ejecutivo regional acepta la cesión por parte del Ayuntamiento de El Sauzal, acordada por el pleno municipal el 29 de enero de 2007, de una parcela situada en la calle Baile del Niño en la zona de Ravelo, para la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Sabino Berthelot’.

José Manuel Soria explica las medidas del Gobierno para paliar la carestía de la cesta de la compra

* El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda recuerda que uno de los objetivos del Gobierno para paliar los efectos negativos de la actual situación económica sobre el consumo es el control de la inflación

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, señaló hoy en el Parlamento regional que el Ejecutivo canario contempla una serie de acciones y medidas que están incluidas en el plan de reactivación económica para aminorar la espectacular subida de la cesta de la compra en el Archipiélago.

José Manuel Soria, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, explicó que en el caso de El Hierro, de acuerdo con los resultados obtenidos en la ‘Encuesta de Precios de la Cesta de la Compra’ realizada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), se ha producido un incremento en la diferencia relativa del coste de la cesta de la compra en dicha isla respecto al coste medio en toda Canarias, en el período que va desde noviembre de 2007 hasta febrero de 2008.

Soria dijo que Fuerteventura arroja unos valores similares a El Hierro; Lanzarote se sitúa un poco por encima; La Gomera tiene el índice más alto; y La Palma es la isla cuyos precios se han acercado más a los de las islas capitalinas.

Ante este panorama, el vicepresidente económico recordó que uno de los objetivos del Gobierno de Canarias para paliar los efectos negativos de la actual situación económica sobre el consumo privado es el control de la inflación.

Soria enumeró las medidas previstas por el Gobierno, como la creación de un grupo de trabajo de seguimiento de precios, que tuvo su primera reunión el pasado 16 de abril, y cuya función es realizar un seguimiento pormenorizado de la evolución de los precios de consumo en Canarias, con sus implicaciones geográficas, analizar las causas de su comportamiento, así como proponer en su caso medidas correctoras contra la inflación. También se estudiarán los márgenes de intermediación y se colaborará con los órganos que tengan asignadas funciones similares a nivel nacional.

También anunció que el Gobierno de Canarias llevará a cabo la elaboración de un indicador de precios de ámbito insular que permita conocer la evolución de los precios en las Islas. Para ello, dijo, se ha firmado un convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda y el INE.

Asimismo, «el grupo de trabajo creado también realizará un seguimiento y control de los efectos reales de las ayudas del REA sobre el nivel de precios en Canarias», puntualizó

Otra de las medidas señaladas por el responsable económico del Gobierno regional es la actualización del listado de los productos de consumo final gravados por el AIEM a las necesidades económicas presentes, «con la finalidad de comprobar que no se grave la importación de aquellos bienes que no se producen en Canarias».

«Entre las acciones para mejorar el entorno empresarial también contemplamos impulsar una comunicación marítima y aérea más fluida entre las Islas y el incremento de las ayudas al transporte», prosiguió.

Por último, José Manuel Soria se refirió a la próxima puesta en funcionamiento del servicio autonómico de Defensa de la Competencia, «a fin de detectar si están sucediendo prácticas monopolísticas o de concentración de acuerdo entre grupos de empresas para fijar precios y, por tanto, eso pueda tener una incidencia en el precio final».

José Manuel Soria dice que en el mes de abril se ha invertido la tendencia 'descendente' en la recaudación de tributos a la importación

* El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda informa de que la recaudación del IGIC y el AIEM se ha incrementado un 12,7 por ciento en el mes de abril

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, afirmó hoy en el Parlamento regional que en el mes de abril «se ha invertido la tendencia descendente» en la recaudación de tributos a la importación en Canarias. En los meses de enero, febrero y marzo se había producido un descenso paulatino en el número de DUAS presentados, «como consecuencia de la situación de desaceleración económica en la que nos encontramos».

José Manuel Soria informó a la Cámara de que la recaudación de los tributos a la importación ¿ IGIC y AIEM ¿ en el mes de abril se ha incrementado un 12,70 por ciento respecto al mes anterior, El vicepresidente del Ejecutivo canario contestaba así a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular sobre cuál ha sido la evolución de estos tributos en el mes de abril respecto a los meses anteriores.

En su comparecencia, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda dijo que «el volumen de mercancías que entra en los puertos constituye un indicador muy sensible del nivel de actividad económica en el Archipiélago». «No obstante» ¿ precisó – «entre marzo y abril, el número de DUAS presentados pasó de 175.497 en el mes de marzo a 186.614 en el mes de abril, con un claro incremento de la recaudación del IGIC y el AIEM, que se ha incrementado en un 12,70 por ciento, una cifra francamente optimista».

En términos absolutos, la recaudación de estos tributos ha pasado de 40.964.743 euros correspondientes al mes de marzo a 46.165.658 euros en el mes de abril, con un incremento parcial en el IGIC de 3.576.036 euros, lo que supone un 11,52 por ciento más, y un incremento de 1.624.878 euros en el AIEM, un 16,39 por ciento más que lo recaudado en el mes anterior.

El vicepresidente económico explicó que la distribución por Islas ha sido «prácticamente uniforme», destacándose un fuerte incremento en La Palma (18,01 por ciento), en Tenerife (15,76 por ciento) y Gran Canaria (11,90 por ciento).

José Manuel Soria afirma que 'es rotundamente falso' que el Gobierno pretenda limitar la segunda residencia en Canarias

* El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda asegura que cuando se estudien los efectos de la segunda residencia «probablemente llegaremos a la conclusión de que la misma es beneficiosa para la economía de las Islas»

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha asegurado en el Parlamento regional que el Ejecutivo canario no ha valorado la posibilidad de restringir la segunda residencia en Canarias, por lo que calificó de «rotundamente falso» que se pretenda limitar la segunda residencia «y mucho menos a los canarios».

José Manuel Soria, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, afirmó que «cuando se estudien los efectos de la segunda residencia en nuestra Comunidad Autónoma, probablemente llegaremos a la conclusión de que la misma es beneficiosa para la economía de las Islas porque ayuda a un sector económico muy importante como es el de la construcción, que genera actividad económica».

En este sentido, recordó que la Comisión Europea, en diciembre de 2007, trasladó a las regiones ultraperiféricas una consulta pública sobre los retos que pueden plantear un especial desafío a estas regiones, tales como el cambio climático, la política marítima, la evolución demográfica, los flujos migratorios y la agricultura. Por ello, en Canarias las universidades, organizaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales y diversos expertos han participado en cinco grupos de trabajo desde enero hasta marzo de 2008, en los que se ha realizado un análisis y reflexión sobre cada uno de los temas a consulta. El resultado de estos trabajos se recoge en el documento ‘Canarias ante el futuro de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea’ que se ha enviado al Parlamento y a la Comisión Europea, como aportación al debate sobre la futura estrategia de las RUP. Este documento, elaborado sobre la evolución demográfica, únicamente plantea la posibilidad de realizar un estudio sobre el alcance cuantitativo que tienen las residencias secundarias en Canarias.

José Manuel Soria manifestó que en los próximos días verá la luz un proyecto de ley de Medidas Urgentes para modificar las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, con el que se pretende que todos los proyectos que se encuentren frenados por un excesivo intervencionismo en las administraciones puedan aligerarse para que el sector de la construcción pueda seguir jugando un papel muy importante en la economía canaria.

Economía y Hacienda trabaja en la actualización de la cuantificación de los costes derivados de la ultraperificidad

* El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, asegura que Canarias se rige por las orientaciones de la Comisión Europea a la hora de calcular los costes

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha dicho hoy, durante la celebración del pleno del Parlamento de Canarias, que el Ejecutivo se rige por las orientaciones de la Comisión Europea a la hora de calcular los costes de la situación de ultraperificidad de las Islas.

Soria indicó que el marco de Canarias en la UE como región ultraperiférica exige una revisión periódica de las medidas que se vienen aplicando para compensar o paliar los sobrecostes, de acuerdo con las intenciones de la Comisión Europea. En este sentido, anunció que la Consejería de Economía y Hacienda está preparando la publicación de un concurso público para la elaboración de un estudio cuyo objetivo principal es la cuantificación de la diferencia de los costes derivados de la situación de ultraperificidad que soportan las empresas canarias respecto a sus homólogas continentales.

Este objetivo se concreta en la revisión de los sobrecostes asociados al carácter ultraperiférico definidos en los textos normativos europeos así como por la propia Comisión Europea. Además, se propondrá un sistema de evaluación global y agregada, así como su relación con las principales macromagnitudes. Con ello se pretende definir una herramienta de análisis de aplicación periódica de manera que la cuantificación y valoración de los costes pueda responder adecuadamente a las revisiones que se lleven a cabo de los sistemas de compensación.

El consejero de Economía y Hacienda añadió que la cuantificación de los costes de la ultraperiferia se va a realizar tanto desde un punto de vista macroeconómico como mediante la realización de encuestas presenciales a una muestra significativa de empresas clasificadas por sectores económicos (construcción, industria y energía, comercio, turismo, transporte y otros servicios), por tamaño y teniendo en cuenta la doble insularidad de las islas no capitalinas.

Cabe recordar que el artículo 299.2 del Tratado de la Comunidad Europea define a Canarias como región ultraperiférica, al tener una situación estructural socioeconómica caracterizada por una serie de factores como la insularidad, la lejanía, el fraccionamiento del territorio, la escasez de recursos propios y la dependencia económica de un reducido número de productos.

La identificación y cuantificación de los factores económicos que definen esta situación diferencial ha sido objeto de distintos estudios por encargo del Gobierno de Canarias. En este sentido, el estudio ‘Los costes de la ultraperiferia de la economía canaria’ del año 2001, realizado por la Fundación Tomillo, identificó varios factores susceptibles de generar costes diferenciales. De un total del 16,2% del PIB de Canarias, algunos parámetros fueron el transporte de mercancías (4,9%), recursos humanos (4,2%), financiación (2,5%), stocks reguladores (2,5%), marketing (1,5%), viajes de negocios (0,4%) o instalaciones múltiples (0,3%).

El Gobierno de Canarias nombra a César Augusto Miralles Cabrera director general del Gabinete de Estudios Socioeconómicos

Trabajó con anterioridad en el Servicio de Estudios del BBVA y en el Banco Central Europeo

El Consejo de Gobierno de Canarias nombró hoy, a propuesta del vicepresidente y previa deliberación del Ejecutivo, a César Augusto Miralles Cabrera director general del Gabinete de Estudios Socioeconómicos.

Miralles Cabrera es natural de Lanzarote y doctor en Economía por la Universidad de Frankfurt (Alemania). Con anterioridad trabajó en el Servicio de Estudios del BBVA y en el Banco Central Europeo. Está considerado como un experto en análisis de coyuntura económica.

El Gabinete de Estudios Socioeconómicos, órgano adscrito a la Vicepresidencia del Gobierno, asume la competencia en materia de estudios sociales y económicos, así como el seguimiento de los indicadores del desarrollo del Archipiélago.

El Parlamento emite informe favorable a los cambios introducidos por el Real Decreto Ley relativos a aspectos fiscales del REF

Con la nueva normativa se moderniza y simplifica la gestión del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado un informe favorable a los cambios introducidos por el Real Decreto Ley de medidas de impulso a la actividad económica, aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 18 de abril, por el que se modifica la Ley 20/91 de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Las modificaciones de los tributos derivados del REF se refieren, básicamente, a cuestiones vinculadas con la tributación de la rehabilitación de edificaciones en el IGIC y las exenciones inmobiliarias por este concepto.

Con el fin de argumentar su postura, los grupos parlamentarios de Partido Popular, Coalición Canaria y PSC-PSOE han manifestado que el Real Decreto Ley considera ‘rehabilitación’ de edificaciones las obras que se realicen en un edificio dirigidas a la reconstrucción mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas, siempre que el coste global de las operaciones supere el 25 por ciento del precio de adquisición del inmueble sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo.

Los parlamentarios creen que esta supresión del valor del suelo del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación, para calcular la rehabilitación, va a tener, sin duda, un efecto positivo para muchos empresarios del sector de la construcción, ya que un mayor número de obras podrá tributar por el IGIC, y ello con independencia de que algunas de ellas lo hagan de acuerdo con el artículo 27.1 de la Ley, al tipo cero, como las de rehabilitación de viviendas protegidas y determinadas obras de equipamiento comunitario.

El informe del Parlamento concluye además que, en conjunto, esta tributación es más neutral y beneficiosa, ya que los sujetos pasivos pueden deducir el IGIC soportado, fomentándose la actividad en el sector de la construcción y la mejora de muchos edificios de los centros turísticos y de los cascos históricos de nuestras ciudades.

Asimismo, se concreta que la modificación de las exenciones inmobiliarias supone introducir mayores dosis de neutralidad en el funcionamiento del IGIC y evitar costes fiscales para los empresarios o profesionales adquirientes de determinadas edificaciones.

Hasta la aprobación del Real Decreto Ley, para que la entrega de una edificación para rehabilitar tributase como primera entrega por el IGIC, se exigía que la rehabilitación fuese inmediata; si no, tenía consideración de segunda o ulterior entrega de una edificación y tributaba por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Un nuevo artículo ha eliminado este requisito de la inmediatez, lo que, en opinión de los parlamentarios canarios, supone ‘una mayor seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario’, dado que la exigencia de la inmediatez en la rehabilitación que establecía la anterior redacción del artículo planteaba, en la práctica, muchos problemas a la hora de determinar el impuesto indirecto que gravaba la operación, ya que por algunos sectores se entendía que la rehabilitación debía hacerse de forma inmediata.

Todos estos cambios no afectan ni modifican el régimen de franquicias canario (Disposición Adicional Tercera de la Constitución y artículo 46 del Estatuto de Autonomía), y se enmarcan dentro de las modificaciones programadas por la Consejería de Economía y Hacienda que dirige José Manuel Soria en relación con la modernización y simplificación de la gestión del IGIC.

El Gobierno podrá autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía eléctrica en Canarias

Según el acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral tras las discrepancias surgidas entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, informó hoy al Consejo de Gobierno del acuerdo finalmente adoptado por el Pleno de la Comisión Bilateral Administración General del Estado-Comunidad Autónoma, celebrado el pasado 28 de marzo de 2008, en relación a las discrepancias manifestadas sobre a quién corresponde la competencia para autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía eléctrica en las islas.

Según este acuerdo, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia para autorizar las instalaciones de generación de energía eléctrica que se ubiquen en su territorio, con independencia de la potencia instalada, así como las de transporte primario o secundario que no excedan de su ámbito territorial. Asimismo, el acuerdo también estipula que corresponde igualmente a la Comunidad Autónoma la competencia para la determinación del gestor o gestores de las zonas eléctricas ubicadas en su territorio.

El acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral es consecuencia de las discrepancias surgidas entre el Estado y la Comunidad Autónoma en relación a diversos preceptos de la Ley 12/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que determina el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma para efectuar una política energética bajo la cobertura de diferentes títulos competenciales recogidos en el Estatuto de Autonomía, como son el artículo 30.26, por el que se atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en relación con las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía; el artículo 31.2, 3 y 4, que comprende competencias exclusivas en materia de industria, comercio interior y ordenación y planificación de la actividad económica regional; y el artículo 32.9, por el que Canarias asume competencias de desarrollo legislativo y ejecución sobre el régimen energético y minero ajustado a sus singulares condiciones.

La especificidad de Canarias respecto al territorio peninsular queda reconocida en el artículo 12 de la Ley 54/1997, mediante el cual se ampara una regulación reglamentaria singular de los sistemas que se desarrollen en los territorios insulares convenida con las correspondientes comunidades autónomas, que ha dado pie al Real Decreto 174/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares.

En este contexto jurídico es donde surgen las discrepancias, ya que la Ley 12/ 2007 se proyecta sobre preceptos de la Ley 54/1997 que han sido objeto diferentes recursos de inconstitucionalidad promovidos tanto por el Parlamento de Canarias, el Gobierno regional, como por el propio presidente del Ejecutivo canario.

El acuerdo del Pleno de la Comisión Bilateral de 28 de septiembre de 2007 supuso la puesta en marcha del mecanismo contemplado en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por el que se amplía el plazo para interponer recurso de inconstitucionalidad hasta los nueve meses, durante los cuales se reunió el grupo de trabajo constituido al efecto y propuso al Pleno de la Comisión Bilateral el acuerdo que finalmente fue adoptado en su reunión del pasado 28 de marzo.