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Gutiérrez y Máñez sostienen que en tiempos de crisis es más necesario que nunca hablar de igualdad para evitar dar pasos atrás en los derechos conquistados

El Instituto Canario de Seguridad Laboral y el Instituto Canario de Igualdad organizan un curso de formación para promover en las empresas planes de igualdad de género. Gutiérrez insiste en que bajo una aparente neutralidad, la Reforma Laboral ha roto el «principio de igualdad». Máñez afirma que los recortes al Estado del bienestar van a obligar a muchas mujeres a regresar al ámbito doméstico

La directora general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Gloria Gutiérrez, y la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Elena Máñez, han coincidido en que con la actual coyuntura económica es más necesario que nunca hablar de igualdad para evitar dar pasos atrás en los derechos conquistados. Ambas se han pronunciado en este sentido durante la inauguración del curso ‘Igualdad de género y seguridad y salud en el Trabajo’ que se desarrollará hasta el próximo jueves en Santa Cruz de Tenerife.

«Es objetivo de Gobierno y, en concreto, de esta Dirección es hablar de igualdad para evitar dar pasos atrás en estos momentos de crisis económica, pero también ideológica», ha recalcado Gutiérrez que ha reiterado que la Reforma Laboral, aprobada por el actual Gobierno del PP, se ha «cargado de un plumazo» las medidas de discriminación positiva en el ámbito laboral «bajo una aparente neutralidad». «Se rompe el principio de igualdad», ha recalcado la directora general de Trabajo.

Ha argumentado en esta línea que las bonificaciones de contratación previstas son sólo para colectivos menores de 30 años y mayores de 45 que se incrementan si son mujeres. «Son sólo para una modalidad de contratación que afecta a quienes tienen menos derechos», ha subrayado Gutiérrez, que ha reiterado que es necesario concienciar y trabajar para que existan cada vez más planes de igualdad en las empresas.

Gutiérrez también ha recordado que sólo las empresas con más de 250 trabajadores tienen obligación de contar con planes de Igualdad y, aún así, sólo el 28% disponen de uno, mientras que la mayoría de empresas canarias (con menos de 250 trabajadores) apenas llegan al 4%. «Es evidente que lo que no es de obligación o se impones difícilmente se cumple, por esto desde el Icasel se imparte formación para implantar los planes de Igualdad», ha subrayado.

Por su parte, la directora del ICI ha remarcado que las políticas impuestas por el Gobierno de Rajoy «suponen un grave retroceso para las mujeres, ya que repercuten directamente en su autonomía», y ha señalado que la discriminación en el mercado laboral aumenta, lo que unido a los recortes al Estado del bienestar «va a obligar a muchas mujeres a regresar al ámbito doméstico».

Máñez ha defendido la necesidad de mantener las políticas de igualdad en el actual momento de crisis, ha subrayado la apuesta del Gobierno de Canarias en impulsar la transversalidad de género en todas sus actuaciones, en cumplimiento de la Ley Canaria de Igualdad, y ha afirmado que ese compromiso también deben adoptarlo inexcusablemente las empresas privadas para garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Ha incidido en que el salario medio femenino es inferior al masculino y ha señalado la escasa presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones, la segregación, el mayor índice de desempleo o la menor tasa de actividad. Máñez ha recalcado que la Administración Pública «no puede quedarse impasible ante las diferencias salariales, la discriminación en el acceso al empleo o el acoso sexual».

El curso, realizado en colaboración con el ICI, pretende sensibilizar a las empresas para que integren de manera transversal el principio de igualdad en la gestión y organización empresarial, ya que su integración permite, entre otros aspectos, mejorar la productividad y la competitividad empresarial; cumplir con la normativa vigente; y optimizar los recursos humanos, aumentando la motivación y mejorando el clima laboral mediante la integración con la seguridad y la salud en el trabajo, en la empresa.

De este modo, miembros del equipo directivo, mandos intermedios y del comité de empresa de empresas radicadas en Canarias de hasta 150 trabajadores podrán profundizar en materias como los planes de igualdad integrando la seguridad y salud en el trabajo o la ejecución de las medidas de igualdad en las empresas, transparencia en los procesos y servicios de apoyo

Industria certifica los datos de las potabilizadoras canarias para que puedan concurrir a la convocatoria 'urgente' del Ministerio de Agricultura

Juan Antonio León recuerda que el presupuesto es de 4,8 millones y reclama un aumento de la partida para 2013

Los técnicos de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias comprueban y certifican los datos de las plantas potabilizadoras para la desalación del agua de mar en Canarias con el fin de que puedan concurrir a la convocatoria ‘urgente’ del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el periodo del 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes deberán presentarse en la Dirección General del Agua del mencionado Ministerio o en cualquier otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembres de Régimen Jurídicos de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común hasta el 27 de octubre de este año.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de algo más de 4,8 millones que contribuirán a minorar los costes de la desalación y contribuirá a ‘aliviar’ la factura de los ciudadanos canarios, concretamente, en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria donde existe un alto nivel de dependencia del agua desalada.

El director general de Industria, Juan Antonio León, ha apuntado que para este ejercicio se ha demorado la convocatoria y el plazo se ha visto reducido, además de la cuantía. No obstante, ha señalado que los técnicos y el personal de la Dirección General de Industria están en contacto con los empresarios susceptibles de percibir las ayudas para agilizar los trámites.

León, por último, ha reiterado la necesidad de que el Estado haga una «reflexión» en los Presupuestos Generales del Estado 2013 y que incremente hasta 17,1 millones las partidas presupuestarias para la desalación de aguas en Canarias.

Industria y la Mancomunidad del sureste de Gran Canaria acuerdan trabajar en un marco de cooperación para desbloquear los parques eólicos

Margarita Ramos anuncia que se formulará una propuesta técnica para salvar la actual situación ante Aena y Aviación Civil. Francisca Luengo lamenta que la llegada del PP al Gobierno haya frenado las soluciones acordadas

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha informado de que su Departamento y la Mancomunidad de municipios del sureste de Gran Canaria han acordado este viernes trabajar «en un marco de cooperación» para desbloquear la actual situación por la que atraviesan los expedientes de los parques eólicos.

Margarita Ramos se ha pronunciado en este sentido tras mantener una reunión, en la que ha estado acompañada por al viceconsejera de Industria y Energía, Francisca Luengo, con el representantes de la Mancomunidad, que han estado encabezados por su presidente y alcalde de Agüimes, Antonio Morales. «Debemos trabajar de forma conjunta», señaló la consejera.

En esta línea, ha explicado Ramos que los municipios del sureste grancanario son los «más afectados» por las servidumbres de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y Aviación Civil. «Trabajamos para que estos parques se puedan desbloquear en el sureste de la isla, ya que están paralizados, entre otras razones, por el régimen de balizas que supone un muro de contención imposible de salvar», ha relatado.

«El Gobierno de Canarias ha solicitado un estudio técnico para reorganizar o cambiar de ubicación estas balizas y que los parques eólicos puedan ver la luz», ha proseguido Ramos, que ha añadido que la propuesta estará lista antes de finalizar el presente año y se trasladará a Aena y Aviación Civil.

Por su parte, la viceconsejera de Industria y Energía ha apuntado que el Gobierno de Canarias siempre en un marco de colaboración va a trabajar con los promotores de los proyectos y los municipios de la mancomunidad para que se produzca el diálogo con AENA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y Aviación Civil. «El sureste de Gran Canaria es una de las mejores zonas de vientos del Archipiélago y esta situación es una barrera para el desarrollo de un sector estratégico y fundamental de las Islas», ha insistido. Asimismo, la viceconsejera ha recordado que el 70 por ciento de los parques adjudicados no se podrán instalar y lamentó la pérdida de inversiones y de creación de empleo que ello supone.

Por último, Francisca Luengo ha recordado que en el periodo en el que Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España se avanzó en esta problemática y se consideró el cambio de ubicación de las balizas, pero que con la llegada del nuevo Gobierno del PP esta posibilidad «se ha frenado totalmente».

Canarias inventa una herramienta para evaluar ciudades susceptibles de potenciar sus zonas comerciales abiertas

A través del programa AdecotPlus, el Gobierno ha aplicado en Marruecos un instrumento técnico que mide potencialidad y madurez de una zona comercial para conocer cuál puede ser el impacto de una intervención

No solo cuentan los resultados, sino también cómo llegar a ellos. El Gobierno de Canarias también está aprendiendo con el programa de cooperación AdecotPlus, destinado a exportar la experiencia isleña de zonas comerciales abiertas en la vecina región marroquí de Souss Massa Drâa. Para poder evaluar con precisión cada una de las once ciudades candidatas a las actuaciones contempladas por este programa de la Unión Europea, los expertos desplazados hasta el vecino país han diseñado una eficaz herramienta que mide potencialidad y madurez de las zonas a intervenir. El resultado del cruce de ambas variables es el que dibuja dónde y en qué plazo se van a alcanzar los mejores resultados.

El proyecto Adecot Plus no está pensado para implantar sin más en las ciudades marroquíes el modelo canario de zonas comerciales abiertas. La realidad cultural, antropológica y social de las urbes elegidas puede ser muy diferente de la que presenta cualquier ciudad europea. Además, se trata de zonas que experimentan desde hace algún tiempo cambios rápidos y una evolución importante que no deben ser obviados en una tarea de evaluación de este calado.

Es el caso, por ejemplo, del turismo. La región fronteriza de Souss Massa Drâa experimenta un constante crecimiento de visitantes (ahora ligeramente estacando por la crisis mundial) distinto a destinos turísticos consolidados como el canario. Por lo tanto, es necesario contemplar para sus zonas comerciales abiertas una potencialidad turística que no aparecería en una foto fija tomada con los actuales datos en la mano. Pero, a su vez, deben tenerse en cuenta otros factores, como explica Jorge Andrés, socio-consultor de Hepta, la consultora a la que la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias ha encargado el diagnóstico de las zonas comerciales abiertas marroquíes: «Hemos analizado dos categorías: unas características externas, en las que se toman en consideración la demanda potenci al, el patrimonio histórico-cultural existente y el apoyo de las autoridades locales, y unas características internas, como pueden ser la calidad del entorno urbano, su accesibilidad, la calidad de la oferta comercial y la gestión de esa zona comercial».

Estas características son las que definen la madurez de la zona comercial (madurez

de la oferta, madurez de la gestión asociativa y promocional, y madurez del entorno urbano), de modo que las ciudades con más alta potencialidad y una media o baja madurez se han convertido en las elegidas para que el programa AdcotPlus alcance el mayor impacto positivo con su actuación. «Mejorando la madurez de la zona comercial se le dan las características que, según la experiencia adquirida, permitirán optimizar su potencial», añade Alfredo Oller, socio de Hepta.

Gráficamente, el proceso de selección se representa en un sistema con dos ejes:

potencialidad y madurez. Mediante la utilización de esta herramienta se pre-seleccionaron cinco de las once ciudades candidatas, y el comité de pilotaje de AdecotPlus, compuesto por técnicos y autoridades de Marruecos y de Canarias acordó la semana pasada seleccionar para las actuaciones pertinentes las ciudades de Sidi Bibi, Tiznit, Tafraout y Sidi Ifni.

El proyecto Adecot Plus tiene como socios, junto al Gobierno de Canarias y al

Conseil Régional Souss Massa Drâa, al Ministerio de Industria y Comercio de

Marruecos, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Agadir, la empresa

pública Proexca y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Lo lidera la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y está inanciado íntegramente por los fondos Feder, de la Unión Europea, en su programa de Cooperación Transfronteriza. Su objetivo es contribuir a fortalecer los intercambios económicos entre dos regiones limítrofes con muchos intereses en

común, como es el caso de Canarias y Sous Massa Draâ.

El número de accidentes laborales cae un 16,1% en los primeros nueve meses del año en Canarias

Gloria Gutiérrez afirma que el Plan de Choque contra la Siniestralidad ha superado «holgadamente» los objetivos fijados. Se notificaron 15.203 accidentes con baja, 3.589 menos que en el mismo periodo de 2011

El índice de incidencia de accidentalidad laboral en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el periodo enero-septiembre de 2012 ha descendido un 16,1 por ciento con respecto a los nueve primeros meses del pasado año, según los datos del Instituto Canario de Salud Laboral (Icasel).

La directora general de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, Gloria Gutiérrez, ha informado de que en los nueve meses de 2012 en las Islas se notificaron un total de 15.203 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo, es decir, 3.589 menos que en 2011. «Continuamos esforzándonos para eliminar esta lacra», ha incidido.

«Estos resultados demuestran que el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral impulsado ha superado de forma holgada los objetivos fijados», ha afirmado Gutiérrez, quién ha recordado además que este Documento aprobado en el marco de la concertación social se fijaba reducir en al menos un 8 por ciento la accidentalidad laboral en el Archipiélago.

Durante los tres primeros trimestres del presente ejercicio en las Islas se han contabilizado 15.100 accidentes leves, 91 graves y muy graves, y 12 mortales. «En esta materia es absolutamente fundamental la planificación», ha subrayado la directora general que ha añadido que esta programación posibilita una mejor evaluación, «que no es otra cosa que revisar si las acciones puestas en marcha están funcionando».

Todos los sectores económicos han visto como la accidentalidad laboral se ha reducido entre enero y septiembre. Gutiérrez ha destacado que las mayores bajadas se han registrado en Agricultura y Pesca (-32,5%) y la Construcción (30,6%). «Trabajamos de forma conjunta con organizaciones empresariales y sindicales», ha indicado para recordar que para alcanzar éxitos «es necesaria la implicación de todos».

Además de los accidentes con baja, en el Archipiélago se notificaron 23.334 sin baja y un total de 1.929 In Itinere. De este modo, en términos globales se contabilizaron 40.476 accidentes, un 14,4 por ciento menos que en el mismo periodo de 2011.

Por último, Gutiérrez ha recordado que recientemente se ha iniciado la campaña de sensibilización ‘Reducir los accidentes de trabajo, tarea de todos. No te la juegues’, que se desarrolla de forma simultánea a través de mensajes insertados en las guaguas en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Gustavo Matos: "La Junta Arbitral es un servicio fundamental para la ciudadanía"

El director de Comercio y Consumo se reúne con constructores para instarles a que se adhieran a este sistema y logren un plus de calidad para ofrecer a sus clientes. Reconoce que en la actualidad hay retrasos en los arbitrios, entre otras razones, por el incremento de la demanda tras el cierre de algunas OMIC y la falta de presupuesto

El director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, ha afirmado este jueves que la Junta Arbitral de Consumo es un servicio «fundamental» para la ciudadanía y que lejos de eliminarlo hay que seguir potenciándolo como ha sucedido hasta ahora. «Estamos trabajando y colaborando estrechamente con las asociaciones de consumidores», ha continuado.

Gustavo Matos se ha manifestado en este sentido durante una reunión de trabajo mantenida con empresarios integrados en el Registro de Empresas de Reformas y Rehabilitación de Edificios, Viviendas y Locales de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) y en la que estuvo acompañado por el director gerente de la Federación, Óscar Izquierdo. «Adherirse al sistema arbitral da un valor añadido, un plus de calidad, a los servicios que se ofrecen», ha indicado.

«La Junta ofrece un procedimiento rápido, sencillo, gratuito y eficaz», ha resumido el director general que ha precisado que se trata de un servicio voluntario. Aquí ha recordado que en la nueva etapa de la Dirección General se ha trabajado para reducir el cúmulo de expedientes del periodo anterior tratando de conceder más medios humanos y materiales a este servicio.

En este punto, Gustavo Matos ha explicado que se ha producido un «cuello de botella» al converger un aumento de las solicitudes de arbitraje debido a la crisis económica, el cierre de algunas oficinas de información al consumidor, el aumento de las reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones (que congregan el 80 por ciento del total) y las dificultades presupuestarias. «Seguimos trabajando en la Junta y hemos firmado convenios con Fepeco y con empresas de telecomunicaciones», ha precisado.

La Junta Arbitral es un órgano administrativo de gestión del arbitraje institucional de Consumo y presta servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría. Su principal función es dirigir el procedimiento arbitral y se encarga de realizar tareas de fomento y formalización de convenios arbitrales; mediación respecto de los conflictos planteados; confeccionar y actualizar el censo de empresas adheridas; elaborar y poner a disposición de los interesados los modelos de convenio arbitral.

Margarita Ramos afirma que el Gobierno central carga sobre los ciudadanos y las empresas el peso del recorte de 65.000 millones que necesita para cumplir el déficit

La consejera destaca las consecuencias negativas que tiene el Real Decreto Ley 20/2012 para quienes no tienen empleo

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, aseguró este martes que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy pretende cargar sobre la ciudadanía y las empresas todo el peso del recorte de 65.000 millones de euros que se quiere conseguir con la aprobación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de competitividad, cuyo objetivo es ajustar las cuentas para cumplir con el déficit que marca la Unión Europea.

Así lo aseguró ante la comisión parlamentaria de Empleo, en la que expresó el desacuerdo de su Departamento sobre esta norma. «Varias de las medidas incluidas en el Real Decreto tienen consecuencias negativas para la población desempleada, empobrecen a los trabajadores, frenan la actividad económica y cargan sobre la ciudadanía y las empresas la mayor parte del peso del recorte de 65.000 millones de euros que pretende conseguir con ellas el Gobierno de Mariano Rajoy», dijo Margarita Ramos.

Entre las medidas que perjudican directamente a las personas que carecen de empleo, se refirió al recorte, del 60% al 50%, de la base reguladora con la que se calculan las prestaciones por desempleo partir del día 181 de su percepción. Margarita Ramos consideró «especialmente grave» el hecho de que esta reducción se ha hecho bajo el argumento de evitar efectos desincentivadores de la búsqueda de empleo, en palabras del propio Mariano Rajoy. A juicio de la consejera, «es muy preocupante que el Gobierno central considere que los desempleados están en esa situación porque así lo desean (pero lo es más el hecho de que realmente no exista conciencia de que no se está generando empleo en el país y, por tanto, aquellos que lo están buscando activamente no lo encuentran».

Por otra parte, Margarita Ramos se refirió a la supresión de las bonificaciones a la contratación, al mantenimiento del empleo o al fomento del autoempleo, excepto para determinados casos. La consejera destacó que «se suprimen a partir de la entrada en vigor del Real decreto pero también las que eran efectivas hasta ese momento, es decir, que muchas empresas que contaban con ellas en sus previsiones, dejarán de percibirlas también». La responsable de Empleo recordó que estas bonificaciones servían para incentivar la contratación de colectivos con dificultades de inserción y que desde el pasado mes de agosto ya no se incentiva la contratación de mayores de 45 años (si no llevan más de un año en paro) o de mujeres, (a excepción de víctimas de violencia de género, entre otros colectivos).

Asimismo, explicó que a través del Real Decreto se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años que agotan su prestación contributiva. También se regula el subsidio por desempleo en el ámbito asistencial y se eleva la edad para poder percibirlo, desde los 52 hasta los 55 años. Según señaló, esta medida afecta especialmente a los desempleados mayores y de larga duración, siendo Canarias una de las regiones con mayor porcentaje de personas desempleadas en esta situación. A ello añadió que también se endurecen los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción (se exige haber trabajado anteriormente y haber agotado las prestaciones y subsidios correspondientes).

Margarita Ramos llamó la atención sobre el hecho de que el citado Real Decreto establece una modificación importante de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, argumentando que se debe preservar la viabilidad financiera del Fondo de Garantía Salarial. «A partir de ahora, muchos trabajadores percibirán menos dinero de sus salarios e indemnizaciones pendientes de pago debido a la insolvencia o al concurso del empresario, ya que el número de días de salario pendiente de pago que abonará el FOGASA se reduce a 120, en lugar de los 150 días que se abonaban hasta ahora», argumentó.

La consejera dijo que sí existe un aspecto positivo en la norma estatal, que consiste en la reducción de la imposición sobre el empleo, pues se establece que las cotizaciones sociales bajarán un punto en 2013 y un punto adicional en 2014. Ahora bien, advirtió de que a partir del próximo año se incrementarán las bases máximas de cotización en un 5%, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, y las de los autónomos, se aumentan las bases mínimas en un 1%.

Fuera del ámbito laboral, aunque con afección al mismo, el Real Decreto contiene otras medidas, como la flexibilización de los horarios comerciales y la posibilidad de mantener rebajas durante todo el año. «Medidas que consideramos un nuevo desacierto, ya que entendemos que perjudicarán al pequeño y mediano comercio a favor de los grandes establecimientos, que precisamente por su volumen pueden alargar horarios de apertura, acceden a mejores precios a la hora de comprar productos y tienen mucho stock del que pueden deshacerse mediante descuentos», dijo la consejera. Precisamente para evitar esas consecuencias negativas sobre un sector estratégico para la economía y el mantenimiento del empleo en las Islas, «hemos optado por escuchar a sus representantes y tratar de tomar decisiones consensuadas con ellos, a través de las reuniones que mantenemos en el Observatorio Canario de Empleo. En su seno hemos decidido ampliar a diez el número de domingos y festivos en los que se permite la apertura del comercio (el mínimo establecido en el RD) y también se ha asignado a las comisiones insulares de comercio la definición de los periodos de rebajas».

Por último, Margarita Ramos se refirió a la eliminación de la paga extra de Navidad a empleados públicos, que a su entender, «va a suponer un duro golpe para el sector comercial este año, ya que en Canarias, afectará directamente a 137.000 trabajadores del sector público, lo que supone un descenso importante de la capacidad de gasto, en un momento en el que el consumo está bajo mínimos».

Juan Antonio León: "El Gobierno reconsidera su posición respecto a la necesidad de ayudar en la potabilización del agua, pero Canarias sigue necesitando 13,2 millones más"

* El director general de Industria demanda 17,1 millones de euros para que las facturas se aproximen a la media nacional

El director general de Industria del Gobierno de Canarias, Juan Antonio León, ha explicado que la posibilidad de que se apruebe una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2013 que restituya la eliminada partida para la desalación de aguas para consumo humano en el Archipiélago con 3,9 millones de euros confirma que el Gobierno de la nación «ha rectificado su posición al suprimir esta financiación», sin embargo, ha incidido en que la cifra que realmente necesita la Comunidad Autónoma es de 17,1 millones, esto es, faltarían 13,2 millones.

León ha declarado que el sector industrial dedicado a desalación ha estimado que para equilibrar los precios del agua en Canarias con los de la Península es necesario que se dote con 17,1 millones de euros las ayudas a la potabilización, ya que cualquier cifra inferior no garantiza la necesidad de incrementar la tarifa en mayor o menor medida.

En esta línea, ha recalcado que los 3,9 millones anunciados son «claramente insuficientes» y suponen casi un millón de euros menos que en el presente año, continuando con el «descreste progresivo» que se ha llevado a cabo en Canarias en los últimos años. Abundando en este tema, ha señalado que las ayudas a la región están incluso recogidas en los fundamentos del acuerdo Europa 20/20/20 en donde se reconoce la necesidad de destinar fondos a aquellos ámbitos del territorio y en aquellos temas que suponen ¿como es el agua desalada para Canarias¿un déficit estructural.

Margarita Ramos afirma que más de 3.500 personas acceden este año a formación, orientación laboral y empleo con apoyo público en La Palma

La inversión del Servicio Canario de Empleo en la Isla se eleva a 4,1 millones de euros que se destinan, en su mayor parte, a atender las personas desempleadas

La ejecución de actuaciones incluidas en las políticas activas de empleo y formación en la isla de La Palma entre los meses de enero y octubre han beneficiado a 3.521 personas, según explicó este miércoles la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias Margarita Ramos. El mayor esfuerzo, dijo, se ha realizado en la atención a las personas desempleadas, que suman el 80 por ciento del total de personas atendidas. Margarita Ramos añadió que la inversión efectuada en este ejercicio en la Isla asciende a 4.193.768 euros.

Durante su intervención ante la comisión parlamentaria de Empleo, la consejera señaló que del total de personas atendidas por las políticas activas de empleo, 730 han accedido a un contrato de trabajo de carácter temporal «que les ha permitido adquirir experiencia laboral y engrosar su currículo y que, en determinados casos, se ha combinado, además, con medidas de formación para el empleo». Además, añadió que 132 personas más han accedido al autoempleo en la Isla apoyándose en medidas de apoyo públicas, a través de las subvenciones al empleo autónomo (87 personas), por las que se conceden hasta 10.000 euros para el establecimiento como trabajador por cuenta propia, y por medio del cobro único de la prestación por desempleo (45).

Por otra parte, un total de 1.158 personas desempleadas han obtenido orientación y asesoramiento para el empleo a través de los programas específicos puestos en marcha en La Palma: Tutores de empleo (278); Opeas (111); Plan Extraordinario de Medidas de Orientación (769).

En el ámbito de la formación, la consejera cifró en 945 las personas desempleadas de la isla de La Palma que reciben este año cursos para mejorar su preparación de cara a su inserción laboral y agregó que 688 personas que sí tienen empleo han accedido a cursos de formación para mejorar su capacitación profesional». En este sentido, Margarita Ramos apuntó que ya está publicada la convocatoria para la ejecución de planes de formación para ocupados, dotada con seis millones de euros para el conjunto del Archipiélago. «Se prevé ofertar 650 cursos, para un total de 10.000 personas y algo que debo destacar es que vamos a promover que el 40 por ciento de ellos, 4.000 personas, pueden ser desempleados».

La consejera dio detalles sobre las medidas puestas en marcha en el presente ejercicio y se refirió a la colaboración con las corporaciones locales e insular, que ha generado 197 contrataciones. También habló sobre la Casa de Oficios Juventud Activa, en Breña Baja, que dará empleo y formación a 20 jóvenes desempleados menores de 25 años y a cinco docentes y personal administrativo, durante un año. Además, comentó que se ha puesto en marcha un Taller de Empleo en Los Llanos de Aridane, en el que 20 personas desempleadas mayores de 25 años se formarán y trabajarán en el ámbito de la atención sociocomunitaria durante 12 meses.

La colaboración con entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos sociales ha generado en La Palma este año 21 empleos directos, según aseguró Margarita Ramos, que añadió que la inversión efectuada por el Servicio Canario de Empleo en La Palma ha permitido mantener contratados a 20 Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Por otra parte, la colaboración con los centros especiales de empleo ha dado como resultado el mantenimiento de 39 contratos de personas con discapacidad. También en este ámbito, se ha favorecido la contratación indefinida de 5 personas (con discapacidad).

Margarita Ramos concluyó insistiendo en que «estos datos demuestran que las políticas activas de empleo y formación sí tienen efectos reales sobre la población desempleada, sobre personas con nombres y apellidos y sus familias, a las que llega la ayuda pública en forma de empleo, formación y orientación».

Margarita Ramos cifra en 10,6 millones de euros la inversión en planes de empleo en Gran Canaria este año, que benefician a 2.951 personas desempleadas

* La consejera insiste en la necesidad de mantener estas líneas de actuación para atender a una situación social «muy complicada»

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, explicó este lunes en la comisión de Empleo del Parlamento regional que los planes de empleo activados en la isla de Gran Canaria este año suponen una inversión de 10.681.541 euros, a través de la que se ha podido beneficiar a 2.951 personas desempleadas. De ese total, «1.231 personas podrán acceder a un empleo directo de carácter temporal y percibirán un salario, bien a través de una contratación directa o por medio de su participación en una escuela taller, casa de oficio o taller de empleo, donde combinará aprendizaje y empleo por un periodo de entre uno y dos años», señaló la consejera.

Entre estos planes de empleo, Margarita Ramos destacó los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a jóvenes desempleados menores de 25 años, en su mayoría con escasa formación y cualificación profesional. A través de estas iniciativas se les proporciona apoyo para su inserción en el mercado laboral, combinando la formación con el trabajo y la práctica profesional, de modo que puedan adquirir una experiencia laboral mínima. En Gran Canaria se han aprobado once proyectos por importe de 2.834.056 euros, con u total de 218 alumnos y 40 personas contratadas entre personal docente y administrativo. También se refirió al Programa de Talleres de Empleo, cuyas características son similares al anterior pero están dirigidos a desempleados mayores de 25 años. «En este caso, se han puesto en marcha siete proyectos, con 229 beneficiarios, por importe de 2.046.085 euros».

Margarita Ramos habló también sobre las contrataciones que se han efectuado en Gran Canaria a través de los convenios de colaboración con las corporaciones locales y señaló que «se ha priorizado la contratación de personas desempleadas que formen parte de unidades familiares en las que ningún miembro esté percibiendo rentas, también a personas en riesgo de exclusión social, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y menores de 30 años con dificultades de inserción». Estos convenios han permitido la contratación de 606 personas desempleadas para realizar obras de interés general y social, con una inversión de 4,7 millones de euros. Por su parte, la colaboración con entidades sin ánimo de lucro ha permitido contratar a 88 personas en Gran Canaria, a través de once proyectos, con una inversión de 511.584 euros.

La consejera detalló algunas de las actuaciones enmarcadas en el Foro de Ciudades Metropolitanas por el Empleo, «puesto en marcha en colaboración con los municipios de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, con el objetivo de articular estrategias conjuntas de fomento del empleo y la formación en estas localidades que concentran el grueso de la población desempleada del Archipiélago, al ser los municipios más poblados», explicó. Así, se ha destinado una inversión de 250.000 euros ¿ de un total de 500.000 que se han destinado al proyecto regional que se desarrolla en las cuatro grandes ciudades del Archipiélago– para poner en marcha dos proyectos, a través de los cuales se dará formación a 1.720 personas y empleo a diez.

Margarita Ramos finalizó su intervención recordando lo costoso que ha resultado conseguir fondos para implementar planes de empleo en el Archipiélago. «Hemos tenido que batallar muchísimo en el Ministerio de Empleo para que nos permitieran poner en marcha una serie de programas a través de los que proporcionar empleo temporal y experiencia laboral a personas desempleadas cuya situación, en muchos casos, es muy complicada». Además, añadió que Canarias es la única comunidad a la que se le ha permitido excepcionalmente aplicar estos planes de empleo.