Logo del Gobierno de Canarias

El Plan Especial de la Actividad Industrial de Tenerife entra en fase de memoria ambiental para ultimar su tramitación

La Dirección General de Industria y el Cabildo de Tenerife mantienen un encuentro para avanzar en instrumentos de coordinación. Se estudia dar una solución integral al Valle de Güímar afectado por la actividad extractiva

La Dirección General de Industria de Consejería de Empleo, Industria y Comercio y el Cabildo de Tenerife han mantenido recientemente un encuentro de trabajo para avanzar en la tramitación del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Industrial y que se encuentra en fase de memoria ambiental, que deberá ser aprobada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

En el encuentro estuvieron presentes el director general de Industria, Juan Antonio León, y la consejera insular del Área de Planificación Territorial, María del Pino León, junto a técnicos de ambos departamentos. «Esta reunión ha servido para estudiar cuestiones pendientes y coordinar tareas», ha destacado Juan Antonio León.

El director general de Industria ha explicado que tras la aprobación por parte de la Cotmac de la memoria ambiental, el Plan -que es una encomienda de gestión a la Corporación insular por parte del Gobierno de Canarias-, continuará con su tramitación y se analizaron las alternativas de procedimiento para agilizar su aprobación definitiva. «El documento está muy avanzado y pronto estará aprobado», ha explicado Juan Antonio León.

Durante la reunión también se ha abordado la tramitación de los expedientes de caducidad de la actividad extractiva en el Valle de Güímar. Este proceso está muy avanzado y, por ello, ambas administraciones estudian además dar una solución integral a las áreas afectadas. «Queremos dar una respuesta global, fundamentalmente de recuperación del paisaje y del suelo», ha detallado Juan Antonio León.

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio eleva a la UE su preocupación por el impacto negativo en la industria canaria y el empleo de la Directiva del Tabaco

La Dirección General de Industria cree que existen otras medidas alternativas que sí garantizan la disminución del consumo. La Mesa del Tabaco cree que la revisión de la Directiva potenciará el mercado ilícito

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha elevado a la Unión Europea, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una carta en la que, junto al sector tabaquero, muestra su preocupación por el impacto negativo que tendrá en la industria de las Islas y el empleo la revisión de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco.

Esta carta es fruto del acuerdo adoptado el pasado 19 de julio en el seno de la Mesa del Tabaco de Canarias y en el que estaban presentes el director general de Industria, Juan Antonio León, y los representantes de las Confederaciones Canarias de Empresarios de ambas provincias, la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros, las industrias tabaqueras presentes en Canarias y los Sindicatos más representativos del Sector (CCOO-Canarias y UGT-Canarias).

A juicio del sector, las medidas propuestas por la Dirección General de Salud y Consumidores (DG SANCO) no garantizan una disminución del consumo y especialmente entre la población joven, pues «la única diferenciación sería el precio del producto y ello conllevaría el abaratamiento del cigarrillo, debido a que el formato de ‘cajetilla universal’ y tabaco uniforme sin aditivos diferenciadores, conllevaría la presencia de marcas generalistas con tabaco de peor calidad y de procedencia incontrolada.

En esta línea, la Mesa del Tabaco considera que existen otras medidas alternativas para concienciar a la población consumidora sobre los riesgos para la salud que puede provocar el tabaco, sin por ello poner en riesgo al sector industrial. En Canarias, éste representa el 14 por ciento del PIB industrial sin contar la Energía, supone una producción valorada en 250 millones de euros, compra a otros sectores de 162,5 millones de euros y emplea a más de 3.700 personas.

Por todo ello, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio solicita apoyo a la UE y al Gobierno de la nación para evitar el desmantelamiento de esta actividad productiva de la industria tabaquera y la desaparición de los correspondientes puestos de trabajo.

Margarita Ramos lamenta que el Gobierno de la nación rechace solidarizarse con el comercio de El Hierro tras la crisis sismo-volcánica

La consejera de Comercio afirma que el Gobierno canario no cejará en su empeño de que el Estado cumpla con la isla. Confía en que el periodo de alegaciones que el Estado abre para dirimir el futuro de las Cámaras de Comercio permita mejorar las condiciones de la futura Ley de Bases

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha lamentado este jueves que el Gobierno de la nación haya rechazado solidarizarse con el sector comercial de la isla de El Hierro, que ha padecido los embates de la crisis sismo-volcánica, al rechazar la petición del Archipiélago de aprobar una partida presupuestaria para paliar los perjuicios ocasionados durante el último año.

Margarita Ramos ha defendido durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Comercio interior que la «difícil» situación por la que pasa el sector comercial en la isla de El Hierro debe ser atendida al igual que sí se ha prestado ayuda a otras zonas del país castigadas por fenómenos naturales similares como la ciudad de Lorca y que sí ha recibido financiación.

«El Gobierno de Canarias no cejará en su empeño de exigir al Gobierno de la nación que se implique con la isla de El Hierro», ha afirmado Ramos que ha recordado la importancia del sector comercial en las Islas, siendo su peso en el PIB de Canarias en 2011 de un 32,1 por ciento y dando empleo a más de cien mil personas.

Cámaras

En la Conferencia además la consejera ha defendido que ante el periodo de alegaciones que ha abierto el Gobierno de España para el nuevo anteproyecto de Ley de Bases para las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, su Área abrirá un periodo de reflexión y diálogo par aportar a este documento todas aquellas mejoras que garanticen la permanencia de estas instituciones.

Ramos ha explicado que la nueva propuesta consolida la medida del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y elimina el recurso cameral. Ha señalado además que esta medida recoge una de las iniciativas puestas en marcha ya en el Archipiélago. Así, desde este año, y en aras de dar continuidad a la labor de las Cámaras, se les ha otorgado una serie de encomiendas de servicio.

«Se han hecho varias modificaciones que van desde el cambio de denominación, hasta la financiación de las cámaras. El cobro por prestación de servicios o encomiendas servirá para mantener estas instituciones. Nosotros, desde el Gobierno de Canarias, vamos a abrir un periodo de negociación y de escucha para presentar todas aquellas alegaciones que Cámaras y Gobierno Autónomo consideren oportunas para perfilar el futuro de estas entidades», ha concluido Margarita Ramos.

Margarita Ramos afirma que el impuesto a los grandes comercios trata de compensar a la sociedad canaria por el coste medioambiental que genera su actividad

La consejera recuerda que las empresas pueden acceder a una deducción de la cuota por inversiones relacionadas con la protección del medio ambiente

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, explicó este martes ante el pleno del Parlamento que el Impuesto sobre el Impacto Medioambiental causado por los Grandes Establecimientos Comerciales tiene como objetivo «establecer una determinada compensación para la sociedad canaria por el coste que supone el desarrollo de la actividad de estos establecimientos en materia de infraestructuras, medio ambiente y ordenación del territorio, consiguiendo que sean dichas empresas las que asuman una parte de ese coste».

Margarita Ramos contestó de esta manera a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre las repercusiones que tendrá este impuesto y consideró que si bien tendrá algún efecto sobre la cuenta de resultados de las empresas que deben abonarlo, también lo tendrá sobre el conjunto de la sociedad, en cuyo beneficio se ha articulado esta medida. En cualquier caso, la consejera aseguró que la repercusión del Impuesto «siempre será más reducida que las que se derivan de los recortes generalizados en servicios públicos tan esenciales como las políticas activas de empleo o la importante subida del IVA en productos básicos, con repercusión directa sobre la economías de familias y empresas». Ramos recordó que el Gobierno central ha aplicado «una durísima política de recortes generalizados en todas las áreas, que han dejado a las comunidades autónomas en una situación muy complicada, al reducirles drásticamente la aportación estatal». Es el caso del importante recorte de la dotación presupuestaria para la gestión de las políticas de empleo, que se ha reducido en 170 millones de euros.

Sobre la legalidad de la aplicación de esta medida, la consejera de Empleo recordó que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia, hecha pública el pasado 19 de junio, por la que declara constitucional el impuesto sobre las grandes superficies comerciales de Cataluña sobre el que el Gobierno de José María Aznar interpuso un recurso en 2001. El Parlamento catalán aprobó en el año 2000 un impuesto para gravar a las grandes superficies comerciales en favor del comercio urbano. A juicio de Margarita Ramos, dicha sentencia supone un respaldo al impuesto implantado en el Archipiélago desde el pasado día 1 de julio.

La consejera explicó también que la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, por la que se regula el Impuesto, establece reducciones en la cuota tributaria íntegra a algunos tipos de establecimientos, concretamente, a los dedicados a la venta exclusiva de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales, a viveros para jardinería y cultivos, y aquellos cuya actividad comercial de carácter minorista se dedique fundamentalmente a la alimentación. En estos casos, la cuota tributaria íntegra se reduce un 50%, mientras que a los establecimientos dedicados a la venta exclusiva de vehículos automóviles, en salas de exposiciones de concesionarios y talleres de reparación se les aplica un 90%.

Margarita Ramos señaló, además, que dicha Ley establece también la posibilidad de acceder a una deducción de la cuota por inversiones relacionadas con la protección medioambiental. «Se podrá deducir el 60% del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones que efectivamente haya realizado la empresa durante el período impositivo en bienes o derechos del inmovilizado material o intangible, situados o destinados dentro del ámbito territorial del impuesto, que se dirijan a adoptar medidas preventivas, correctoras o restauradoras de los efectos negativos de la contaminación en el medio natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias», dijo la consejera.

El Plan Extraordinario de Empleo para La Gomera supondrá la contratación de 89 desempleados

Margarita Ramos explica que las medidas impulsadas en la isla suponen una inversión total de 450.000 euros

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha informado de que el Plan Extraordinario de Empleo para la Gomera ante la devastación de zonas por el incendio y donde ha quedado afectada la actividad económico empresarial supondrá la contratación de un total de 89 desempleados gracias a una inversión total de 450.000 euros.

Margarita Ramos ha explicado, durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Canarias, que esta iniciativa es fruto de la aprobación del Decreto 75/2012, de 17 de agosto, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por los incendios acaecidos en las islas de La Gomera, La Palma y Tenerife en los meses de julio y agosto de 2012.

«Se pretende contribuir a dinamizar la actividad económica en los municipios afectados y generar oportunidades de empleo a través de la reconstrucción de senderos, limpieza de barrancos, adecentado de zonas para visitas turísticas, recuperación de zonas y espacios de actividades económicas de restauración, etc.», ha detallado Ramos.

Asimismo, la consejera ha señalado que el Cabildo de la Gomera recibirá una subvención a tal efecto desde el Servicio Canario de Empleo, en respuesta a un proyecto presentado previamente por dicha Corporación de reactivación económica facilitando la creación de empleo, en una Isla en la cual la tasa de paro ascendió al 34,13% en el segundo trimestre del año, superando en casi un punto la media regional.

A esta iniciativa se suma otra acción que ofrecerá orientación laboral a empresarios y trabajadores (especialmente, a quienes hayan quedado afectados en su actividad por el incendio) que se desarrollará en la Oficina de Empleo de San Sebastián de La Gomera, así como a través de la unidad móvil del SCE.

Margarita Ramos: "Canarias no aplicará la selección de desempleados para realizar actividades forzosas de colaboración social hasta que el Gobierno no aclare y desarrolle las medidas del RDL 25/2012"

La consejera de Empleo rechaza esta medida para que los desocupados realicen tareas de reparación de daños tras los incendios por su «evidente» carácter sancionador. Exige al Ministerio que garantice medidas de prevención de riesgos laborales y tutela de seguridad y salud de los obligados a realizar trabajos de colaboración social

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha anunciado este lunes que en el Archipiélago no se aplicará el Real Decreto Ley 25/2012 por el que se regula la participación forzosa de los desempleados en la reparación de daños tras los incendios hasta que no se hayan adoptado las medidas de desarrollo anunciadas en el mismo. «Mientras tanto, continuaremos a la espera de que dicho desarrollo se produzca», ha subrayado.

Margarita Ramos ha explicado que el Gobierno de Canarias valora negativamente estas últimas medidas adoptadas por el Gobierno de la nación. A su juicio esta medida tiene un evidente carácter sancionador. «Castiga a los desempleados por su condición y recuerda la doctrina de la remisión de penas», ha precisado.

En esta línea, la consejera regional de Empleo indica que «el Gobierno de Rajoy insiste en considerar a los desempleados como culpables de su situación de paro, despilfarradores de prestaciones y gasto público, castigándoles a realizar trabajos forzosos en compensación por las prestaciones que reciben».

«El Gobierno de Canarias desea hacer hincapié en que las prestaciones y subsidios que se abonan a los desempleados son resultado de sus cotizaciones mientras han estado trabajando. No es un acto de beneficencia, es un derecho subjetivo que emana de las leyes reguladoras del sistema de Seguridad Social», ha recordado Ramos.

Evitar la creación de empleo

En segundo lugar, la consejera de Empleo plantea que «estas políticas contribuyen a contraer las expectativas de creación de empleo, por lo que vienen a enfrentar los intereses de quienes buscan empleo y quienes perciben prestaciones». «Las posibilidades de generar empleo con planes y programas para recuperar la masa forestal, limpiar escombros de los montes, reparar viviendas y senderos afectados, etc. colisiona con esta medida que parece encaminada a evitar la creación de nuevos puestos de trabajo», ha expuesto.

En tercer lugar, Margarita Ramos argumenta que estas medidas anunciadas no incorporan regulación alguna sobre las condiciones de trabajo de los desempleados que realicen labores de colaboración social. «Hay una remisión a un Decreto de 1982, es decir, una norma de hace nada más y nada menos que 30 años, para regular un supuesto verdaderamente extraordinario como es éste en un momento en que nuestro país casi alcanza el 25 por ciento de tasa de paro», ha precisado.

«Se necesita ordenación jurídica sobre la jornada de trabajo, los períodos de descanso, medidas de seguridad, prevención de riesgos laborales, aseguramiento sobre accidentes de trabajo. ¿Quién se hace responsable del cumplimiento de deberes sobre seguridad y salud de estos desempleados? ¿Quién asume la responsabilidad de accidentes de trabajo? La OIT exige la protección de todos los trabajadores, sean de la nacionalidad que sean y del grado de cualificación de que se trate, en materia de accidentes de trabajo y para ello exige ‘relación de trabajo’, esto es, ‘contrato de trabajo’. Es lo que niega el Gobierno de Rajoy a estas personas, un contrato de trabajo para prestar trabajo de forma libre y asalariada, exigiendo a cambio de prestaciones de Seguridad Social contraprestaciones de trabajo obligado», ha indicado.

Según señala la consejera, para evitar la contravención de los convenios de la OIT, el Gobierno de Rajoy tendrá que dar una «regulación completamente diferente» a esta figura.

La consejera también ha anunciado que el Gobierno canario pedirá al Ministerio de Empleo que se establezca un régimen que aclare la existencia o no de relación de trabajo, la responsabilidad en materia de seguridad y salud de los desempleados, la responsabilidad por accidentes de trabajo y sobre todo la garantía de que las personas desempleadas involucradas en una iniciativa como la que se ha presentado reúnen las capacidades, aptitudes y formación profesional adecuada.

«El Gobierno de Canarias rechaza que esta medida se haya introducido de forma generalizada», ha concluido la consejera.

Por último, la consejera se pregunta si cree el Gobierno de Rajoy que quienes están en paro son sólo peones de la construcción. «¿Ignora, acaso, que las listas del desempleo están repletas de enfermeros, doctoras, ingenieros, profesores, arquitectas, etc. que buscan desesperadamente empleo? ¿Terminarán siendo enviados a trabajos de colaboración social en castigo por haber sido despedidos, por haber perdido su trabajo, por haber sufrido las consecuencias de ERES y concursos en las empresas en que trabajaban? ¿Cuándo se dedicarán, entonces, a ‘buscar activamente empleo’, que es lo que también se les está exigiendo desde el primer momento en que se inscriben como demandantes de prestaciones y subsidios o como beneficiarios del plan Prepara?»

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio inicia una campaña de inspección a empresas irregulares de venta de vehículos en la vía pública

Gustavo Matos explica que la iniciativa busca dar más garantías a los consumidores y evitar la competencia desleal

La Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias inicia mañana martes una campaña de inspección a empresas dedicadas de forma irregular a la venta de vehículos en la vía pública cuyo objetivo principal será la comprobación de que dicha actividad se ejecuta conforme a la legalidad vigente y está al corriente de sus obligaciones.

El director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, ha explicado que esta acción llega fruto de la iniciativa de la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos, tras reunirse con representantes del sector empresarial del automóvil de las Islas. El sector ha demandado medidas contra la economía sumergida para contrarrestar la competencia desleal.

«Esta campaña busca dar más garantías a los ciudadanos de que estas iniciativas empresariales se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y así reducir los posibles riesgos», ha explicado el director general que, de igual forma, se busca «evitar el daño que se provoca a las empresas y trabajadores que actúan bajo la legalidad».

La campaña de inspección comenzará este martes y se desarrollará en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Se realizarán, entre otras, comprobaciones sobre el pago de impuestos como el de Actividades Económicas o si cuenta con las licencias municipales oportunas.

Por último, el director general de Comercio y Consumo ha recordado que aproximadamente el diez por ciento de los 88 municipios del Archipiélago permite la venta de vehículos en la vía pública.

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio financia la contratación de 544 desempleados a través de los Talleres de Empleo con cabildos y ayuntamientos

Margarita Ramos destaca que el SCE destina una inversión de 4,8 millones de euros para poner en marcha esta iniciativa. Se contratará a 102 docentes y se dará trabajo y formación a otras 442 personas mayores de 25 años sin cualificación

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este viernes la resolución de la convocatoria de Talleres de Empleo puesta en marcha por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), y que permitirá la contratación de un total de 544 desempleados gracias a una inversión total de 4.868.937,72 euros.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha informado de que está convocatoria -cofinanciada por el Fondo Social Europeo en un 80 por ciento- permitirá a las corporaciones dar empleo y formación a 442 desempleados mayores de 25 años y sin cualificación, y contratar a 102 docentes. «Gracias a los talleres de empleo personas sin cualificación podrán abandonar las listas de empleo al tiempo que mejoran su empleabilidad», ha explicado Ramos que ha insistido en la necesidad de dar herramientas a los desempleados para que se inserten en el mercado laboral.

«El objetivo del Gobierno de Canarias es fomentar la contratación de desempleados, al mismo tiempo que reciben formación en diferentes áreas con demanda de personal cualificado, de tal manera que puedan integrarse posteriormente en el mercado laboral», ha indicado la consejera que ha destacado la participación de las corporaciones insulares y municipales en esta convocatoria.

El SCE ha aprobado la puesta en marcha de 18 talleres de empleo, que principalmente combinan los nuevos yacimientos de empleo con especialidades más tradicionales, es decir, la asistencia sociosanitaria, el medio ambiente y la dinamización turística. Así hay iniciativas que se centran en la atención domiciliaria, el senderismo, la alimentación, el marketing turístico o la rehabilitación de mobiliario urbano.

La consejera ha recordado que su Departamento se ha marcado como objetivo continuar impulsando programas públicos de empleo y formación, promoviendo su vinculación al cambio del modelo productivo y a los requerimientos de los sectores emergentes y con potencial en la generación de empleo. Aquí citó el turismo sostenible, los servicios sociales y la salud, la dependencia, nuevas tecnologías y rehabilitación de edificios.

Del total de talleres de empleo, en la isla de Fuerteventura se pondrá en marcha uno que supondrá la contratación de 20 alumnos y 5 docentes; en la isla de La Palma otro que también empleará a 20 alumnos y 5 docentes; y en la isla de Lanzarote otro más dirigido a 24 alumnos y cinco docentes. Por su parte, en Gran Canaria se ejecutarán siete talleres que emplearán a 186 alumnos y 43 docentes; y en Tenerife ocho talleres por los que se contratará a 192 alumnos y 44 profesores.

La Consejería de Empleo procede al abono de 7 millones en líneas de acción de apoyo a los autónomos

Margarita Ramos confía en que el Gobierno de la nación amplíe el presupuesto de este programa de subvenciones

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha comprometido una partida de 7.040.334,56 euros para una línea de acción de apoyo a la que se han adherido 1.244 autónomos del Archipiélago durante 2011.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos, ha informado de que el Servicio Canario de Empleo (SCE) ya ha abonado las partidas correspondientes al 85 por ciento de los expedientes de solicitud de subvención tramitados y ha subrayado su compromiso por cumplir con los compromisos adquiridos y de fomentar el autoempleo. «El autoempleo y la emprendeduría son claves para la recuperación económica de las Islas», ha subrayado Ramos.

«El Gobierno de Canarias confía en que el Gobierno de la nación dote a este programa de subvenciones de promoción del empleo autónomo de más presupuesto para atender las peticiones de los ciudadanos, ya que las restricciones impuestas desde el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales a través de los Presupuestos Generales del Estado y el reparto de fondos en la Conferencia Sectorial impiden disponer de crédito adecuado y suficiente para el mismo», ha explicado la consejera.

Los 1.068 expedientes abonados suponen ayudas que ascienden a 6.030.076,11 euros. Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife se han admitido 826 expedientes por valor de 4.646.552,75 euros y abonado 720 expedientes (4.023.390,84 euros); y en Las Palmas se han contabilizado 418 expedientes por un valor de 2.393.781,81 euros y se han abonado 348 (2.006.685,27 euros).

Por último, Margarita Ramos ha recordado que la Consejería está elaborando la futura Ley de Emprendimiento y Responsabilidad Social, que confió llegue cuánto antes a ser aprobada por el Consejo de Gobierno para su traslado al Parlamento de Canarias y posterior aprobación. Junto con este anteproyecto también se redacta la Ley de Cooperativas de Canarias.

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio da luz verde a los ayuntamientos para contratar a 1.562 desempleados de las Islas

Margarita Ramos destaca, que con una inversión de 9,5 millones, estas contrataciones suponen un «balón de oxígeno» para quienes peor lo están pasando. Canarias es la única Comunidad del Estado que conserva los convenios de contratación de desempleados

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha informado de que el Servicio Canario de Empleo (SCE) ha aprobado la resolución de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos generadores de empleo en colaboración con las Corporaciones Locales de menos de 95.000 habitantes para el presente ejercicio 2012 y que supondrá una inversión total de 9,5 millones de euros y por la que se contratará a 1.562 desempleados del Archipiélago.

Margarita Ramos ha destacado que esta inversión permitirá, en colaboración con los municipios de las Islas, emplear a aquellos que peor lo están pasando en la actual coyuntura económica y ha apostado por continuar en esta línea, es decir, por combatir las tasas de desempleo de forma eficaz con ayuda de la inversión de las administraciones públicas. «Se trata de un balón de oxígeno para aquellos que están en peor situación», ha subrayado.

Asimismo la consejera de Empleo ha recordado que esta convocatoria se suma a la recientemente aprobada para los cuatro grandes municipios de las Islas (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde) y que supuso una inversión de 3,5 millones de euros.

«El Gobierno de Canarias ha realizado un gran esfuerzo para mantener esta convocatoria después de las restricciones impuestas por el Gobierno de España. Las Islas son la única Comunidad Autónoma que conserva estos convenios de contratación de desempleados», ha explicado Ramos, que ha añadido que las contrataciones se prolongarán por un máximo de seis meses.

En esta línea, la consejera ha expuesto que el objetivo del Gobierno de Canarias desarrollar acciones para crear un contexto favorable de creación de empleo, mediante incentivos y estímulos a la dinamización de la economía, así como a la mejora de la cualificación para elevar el grado de empleabilidad de la población ocupada y desocupada en el Archipiélago.

Por último, Ramos ha destacado la cooperación desarrollada entre el SCE y los ayuntamientos promoviendo acciones para lograr dinamización de la economía y la creación de empleo y ha añadido que se ha procurado potenciar la territorialización de las políticas activas de empleo para impulsar de este modo las «potencialidades de crecimiento» de cada comarca.

A través de esta iniciativa saldrán de las listas de desempleo del Archipiélago un total de 1.562 personas. Así se contratará a 676 desocupados en la provincia de Las Palmas y 886 en la de Santa Cruz de Tenerife. Esta convocatoria de subvenciones, cofinanciada por el Fondo Social Europeo en un 80 por ciento, se ha tramitado vía urgencia y permitirá sufragar los costes salariales y de Seguridad Social de los trabajadores desempleados.