El Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, aprobó en su sesión de hoy el Proyecto de Decreto del Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley de Puertos de Canarias. Este Reglamento tiene por objeto la determinación y clasificación de los puertos de la Comunidad Autónoma, la regulación de su planificación, construcción, organización, gestión, régimen económico-financiero, e instrumentos de control y policía administrativa, así como la organización de la entidad Puertos Canarios.

Los Puertos que se regulan por este Reglamento se clasifican en artificiales y naturales, según requieran la realización de obras de abrigo o no; en comerciales, industriales, pesqueros, deportivos y mixtos, según se destinen, respectivamente, a una o a varias de estas actividades y, en puertos de interés general y puertos de interés insular, según los efectos previstos en el sistema de competencias,

En cuanto a la planificación portuaria., se establece el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias del litoral de Canarias como el instrumento normativo que contendrá las previsiones, objetivos, prioridades, criterios de definición de equipamientos y servicios al sector portuario, criterios medioambientales, territoriales y urbanísticos y la ordenación de las distintas instalaciones y obras portuarias. Este Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias tendrá la consideración de Plan Territorial Especial.

Se contempla además la creación de la entidad Puertos Canarios con personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, independiente del de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrita a la Consejería competente en materia de puertos, que realizará las funciones y gestionará los servicios que, en esta materia, le han sido atribuidas por la Ley de Puertos de Canarias, por este Reglamento y por el Ordenamiento jurídico que le resulte de aplicación.

Corresponde por tanto, a esta Entidad Puertos Canarios, la planificación, explotación y gestión del sistema portuario de la Comunidad Autónoma y sus principales funciones son:

¿ Gestionar, administrar y controlar los servicios portuarios.

¿ Coordinar la actuación de los diferentes servicios autonómicos dentro de la zona de servicio de los puertos.

¿ Ordenar los usos de la zona de servicio de los puertos, y planificar y programar su desarrollo futuro.

¿ Proyectar y ejecutar las obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados.

¿ Otorgar las concesiones y autorizaciones para ocupación del dominio público y cuantos títulos resulten necesarios para la prestación de los servicios portuarios.

¿ Recaudar los ingresos públicos y las tarifas por las concesiones y autorizaciones otorgadas y por los servicios portuarios prestados.

¿ Aplicar el régimen sancionador y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio público portuario.

¿ Cuantas sean necesarias para el ejercicio de sus competencias y estén previstas en la Ley de Puertos de Canarias u otras leyes, así como en este Reglamento.

¿ Velar porque la actividad portuaria y los valores de calidad medioambiental fueran compatibles

Por otra parte, la entidad Puertos Canarios designará el personal que realizará las funciones de policía especial sobre el dominio público portuario, así como sobre los servicios portuarios. Quienes desempeñen estas funciones tendrán el carácter de agentes de la autoridad. Para el desarrollo de estas actividades, el personal autorizado podrá acceder, sin necesidad de consentimiento previo de su titular, a las instalaciones, barcos o plataformas situados dentro de la zona de servicio de los puertos e instalaciones portuarias de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Consejería de Infraestructuras espera las aportaciones de las Administraciones Públicas y de los sectores implicados

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Antonio Castro Cordobez, comparece esta mañana en el Parlamento regional para explicar los resultados de las sesiones celebradas con motivo del foro profesional del Transporte Terrestre, celebrado el pasado mes de febrero en Tenerife y en Gran Canaria.

En su comparecencia, el consejero situó a los diputados en la coyuntura actual en la que se encuentra el Gobierno de Canarias, que se ha planteado que antes del 2007 se haya conseguido la adaptación de la normativa canaria a las directrices de ordenación del Territorio, a las leyes de ámbito estatal y a las dictadas por la Unión Europea. En lo que se refiere al Transporte Terrestre, el Ejecutivo canario ha elaborado ya un borrador de la nueva normativa que se adapta a las indicaciones del Estado y de Europa, si bien, ha decidido abrir un plazo de consultas y diálogo con el fin de recibir aportaciones de las Administraciones Públicas de Las Islas y de los sectores que se verán afectados por esta Ley.

En principio, la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias tiene como objetivo que esta nueva Ley Canaria de Ordenación del Transporte Terrestre premita el establecimiento de los principios y criterios que han de observar los poderes públicos en la planificación, dirección y gestión de los transportes terrestres, así como la definición del régimen de competencias de las Administraciones Públicas canarias.

También dará a conocer un informe sobre la situación de la presa de Mala

El director general de Aguas del Gobierno de Canarias, Orlando Umpiérrez, se reunirá mañana, miércoles, en el Cabildo de Lanzarote con su presidente, Francisco Cabrera, para darle a conocer varios proyectos de saneamiento que la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda tiene previsto llevar a cabo en distintos puntos de la isla. En la reunión estarán también presentes el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, así como el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Sergio Machín.

La reunión tendrá lugar a las 13.00 horas. A continuación se ofrecerá una Rueda de Prensa en el salón de plenos de la Corporación insular para dar a conocer con más detalles los proyectos.

En concreto, los proyectos a presentar se refieren a la ampliación del saneamiento de Arrecife, El Golfo, Órzola, Caleta de Sebo y Playa Quemada.

Así mismo, el director general de Aguas dará a conocer un informe sobre la situación de la presa de Mala, en el municipio de Haría.

Para familias cuya situación socioeconómica denote auténtica necesidad

El Instituto Canario de la Vivienda, adscrito a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, ha sacado a concurso la consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de 40 nuevas viviendas de Régimen Especial en Alquiler en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, en Fuerteventura.

La adjudicación se llevará a cabo a través de concurso, mediante procedimiento abierto. El presupuesto máximo de licitación ha sido fijado en 207.100 euros. El plazo para la presentación de ofertas concluirá el día 13 del próximo mes de abril.

Las 40 viviendas de Gran Tarajal se asentarán sobre una parcela de 2.136 metros cuadrados cedida al Instituto Canario de la Vivienda por el ayuntamiento de Tuineje. La nueva promoción estará destinada a familias con necesidad de alojamiento y escasez de recursos económicos de este término municipal.

Las nuevas viviendas forman parte del programa de Régimen Especial en Alquiler del IV Plan Canario de Vivienda, el programa con más marcado acento social del Plan, ya que está dirigido a las familias cuya situación socioeconómica denote auténtica necesidad.

Atendiendo a las determinaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la aplicación de criterios de diseño con impacto ambiental positivo en la propuesta edificatoria será valorada de forma especial. Se valorará, entre otras cosas, la utilización de materiales y métodos constructivos respetuosas con el medio ambiente y adecuados al medio social y geográfico en el que se inscriben las viviendas, así como el empleo de sistemas que minimicen el consumo de suelo, agua y energía y reduzcan los costes de construcción y mantenimiento. También se tendrá especialmente en cuenta la climatización natural de las viviendas mediante su adecuación al entorno, las orientaciones y demás particularidades climáticas que permitan una utilización energéticamente eficiente de las mismas, así como la óptima accesibilidad tanto a las viviendas como a las zonas comunes de las edificaciones.

La adjudicación de las obras se llevará a cabo mediante subasta

El Instituto Canario de la Vivienda ha sacado a concurso la contratación de las obras de refuerzo estructural y rehabilitación de un bloque de viviendas de Protección Oficial del grupo Tirma, situado en la calle Sansón Henríquez, en el casco urbano de Santa María de Guía.

Debido a fallos del terreno, en el bloque número 51 de este grupo de viviendas, construido en los años 60, han aparecido grietas que afectan a la estructura y consecuentemente a los elementos de revestimiento de la edificación, según el informe de los técnicos.

El edificio presenta, no obstante, un estado recuperable, pues las grietas se concentran principalmente en los elementos estructurales, por lo que se ha optado por aprovechar todos los elementos existentes mediante el refuerzo de la estructura actual.

Las obras a llevar a cabo se centrarán, por tanto, en la estabilización del edificio mediante el empleo de técnicas especiales de cimentación y la colocación de micropilotes a lo largo de la cimentación de la fachada. Una vez reforzada la cimentación del edificio se llevará a cabo la reparación de las viviendas afectadas.

La adjudicación de las obras se llevará a cabo mediante subasta, fijándose el presupuesto máximo de licitación en 185.737 euros. El plazo de ejecución de los trabajos ha sido estimado en cinco meses.

Para solucionar el problema de la escasez de suelo

El Gobierno de Canarias, a propuesta de los Consejeros de Infraestructuras, Transportes y Vivienda y de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobó en su sesión de hoy el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la actual Ley de Vivienda de Canarias.

Esta medida aporta nuevas soluciones al problema de la escasez de suelo destinado a viviendas, lo que se traducirá en la construcción y posterior disponibilidad de viviendas a un precio asequible.

Entre las propuestas aprobadas destaca la conversión del suelo rústico y la limitación del valor de los terrenos incluidos en el porcentaje de reserva de suelo.

La Ley de Vivienda en vigor, trataba de resolver el problema de escasez de suelo, pero las medidas que planteaba eran insuficientes si previamente no se habilitaba suelo al que, a través de las citadas ayudas, pudieran acceder los distintos promotores.

Por tanto, resultaba de apremiante necesidad acometer una modificación de la Ley de Vivienda de Canarias con la que se pudiera dar respuesta a corto plazo a la disponibilidad de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida.

La nueva propuesta del Gobierno de Canarias permitirá la reclasificación suelo rústico o urbanizable en urbanizable sectorizado o en urbano no consolidado, y, además, ordenará, el suelo ya clasificado como urbanizable o urbano, mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, estableciendo una ordenación pormenorizada del sector o ámbito en cuestión y plantea un procedimiento abreviado para la tramitación de esa modificación.

Por otra parte, El Ejecutivo Canario pretende contar con las previsiones normativas necesarias para reservar suelo para la construcción de viviendas protegidas, con el fin de conseguir la construcción y posterior disponibilidad de viviendas a un precio asequible. Para ello es necesario que la nueva Ley contenga medidas, tales como la limitación del valor de los terrenos incluidos en el porcentaje de reserva de suelo correspondiente.

Ante esta situación, el contenido esencial del Anteproyecto consiste, en primer lugar, en la modificación del artículo 27 de la actual Ley de Vivienda, al que se le añade un apartado con el objetivo de limitar la participación del valor del suelo sobre el coste de las viviendas protegidas, y establece que el valor de los terrenos no podrá exceder del 15 por ciento de la cifra que resulte de multiplicar el precio máximo de venta del metro cuadrado de superficie útil vigente en el momento de la transmisión, según el tipo de vivienda protegida a construir, por la superficie útil de la vivienda y demás edificaciones protegidas a construir en dicha parcela. Todo ello, con independencia de que el municipio correspondiente haya sido o no declarado como de preferente localización de viviendas protegidas.

En segundo lugar, se modifica otra disposición de esta Ley, en el sentido de que añade, un apartado orientado a permitir la reclasificación de suelo rústico, contiguo a urbano, en urbanizable ordenado mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, en la que se establece la ordenación pormenorizada del sector, estableciéndose al mismo tiempo, un procedimiento abreviado para la tramitación de dicha modificación puntual, así como la obligación de ejecutar dicho planeamiento en un corto periodo de tiempo. En la nueva normativa se especifican los municipios a los que les sería aplicable dicha modificación.

El suelo objeto de reclasificación debe cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:

Al menos el 50% del aprovechamiento del sector o ámbito objeto de ordenación debe destinarse a la contrucción de viviendas protegidas.

El suelo objeto de reclasificación debe ser contiguo a urbano o a urbanizable y en ningún caso podrá estar encuadrado dentro de las categorías de suelo rústico que alberguen valores naturales o culturales precisados de protección ambiental, ni estar clasificado como suelo urbanizable de uso turístico en que esté prohibido expresamente la construcción de viviendas protegidas.

La superfície mínima objeto de actuación por nueva clasificación de suelo urbanizable será de dos hectáreas salvo en el caso de que se trate de modificaciones que afecten a suelos urbanos no consolidados que podrán aceptarse superficies menores, siempre que se justifique adecuadamente.

En cuanto a la afectación de suelo, la nueva Ley atribuye a los Planes Insulares de Ordenación y en su defecto, a los Planes de Vivienda, la determinación de aquellos municipios a los que se califica como municipios de preferente localización de viviendas protegidas.

La consecuencia de que un municipio sea declarado de esta manera, es que en su Plan General habrá de destinar a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, el 25% del aprovechamiento con destino residencial del conjunto de suelos urbanizables y urbanos no consolidados.

Cada familia habrá abonado una media de 7.500 euros, incluyendo las cuotas de alquiler

El Instituto Canario de la Vivienda cederá el próximo lunes, día 28, la propiedad de la vivienda social que habitan a 34 familias del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

La firma de las escrituras de compraventa de estas casas, en la que participará el director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, tendrá lugar a las cuatro de la tarde en las Notarías situadas en el edificio Mercurio, de Playa del Inglés.

Las viviendas a escriturar corresponden a los grupos 1º de abril, Castillo del Romeral, Juan Grande, El Tablero y El Pajar.

De las 34 viviendas a escriturar, 12 corresponden a cancelaciones de hipoteca por haber sido ya amortizadas mediante el sistema de Acceso Diferido a la Propiedad por sus adjudicatarios. Las restantes corresponden a adjudicatarios que se han acogido al decreto emitido por la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para favorecer el acceso a la propiedad de más de 20.000 viviendas titularidad de la Comunidad Autónoma.

El Instituto aporta la mitad de su coste

El Decreto no sólo hace posible adquirir la propiedad de las viviendas en condiciones muy ventajosas para los adjudicatarios, sino que contempla la concesión de una subvención del 50% del precio calculado a la vivienda en el momento de su adjudicación.

Las viviendas a escriturar el lunes fueron entregadas entre los años 1983 y 1986, y su precio en aquellos momentos fue estimado en una media de 15.000 euros, dependiendo de su superficie, cantidad de la que el Instituto aporta la mitad.

De la cantidad que le correspondía pagar a los beneficiarios se han descontado, además, las cuotas que en concepto de alquiler habían abonado desde que accedieron a la vivienda.

En Lomo Espino y Trasmontaña

El Instituto Canario de la Vivienda ha sacado a subasta la adjudicación de las obras de construcción de una promoción de 13 viviendas sociales en Lomo Espino y otra de 8 en Trasmontaña, en el municipio de Arucas.

Las nuevas promociones forman parte de las actuaciones de Régimen Especial en Alquiler promovidas directamente por el Instituto Canario de la Vivienda con cargo al Plan de Vivienda 2002-2005, por lo que serán adjudicadas a familias del municipio de Arucas cuya situación económica y familiar denote auténtica necesidad.

Los terrenos sobre los que se edificarán las nuevas viviendas han sido cedidos a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Ejecutivo autónomo por el Ayuntamiento del municipio.

El plazo de ejecución de los trabajos ha sido fijado en 18 meses para las de Lomo Espino y en 14 para las de Trasmontaña.

Lomo Espino

Las 13 viviendas de Lomo Espino se construirán en una parcela de 843 metros cuadrados situada en la calle Diego de Almagro esquina con San Luis Gonzaga.

De acuerdo con el proyecto, la promoción se desarrollará en dos bloques de viviendas de tipología dúplex, dispuestos en hilera.

Las viviendas, que dispondrán de acceso por la vía principal, tendrán salón, cocina y aseo en la planta baja, y 1, 2 o 3 dormitorios y baño en la planta alta.

La promoción contará con una vivienda adaptada para personas con discapacidad, que estará situada en planta baja.

El presupuesto de licitación de las obras ha sido establecido en 867.889,79 euros.

Trasmontaña

Las 8 viviendas de Trasmontaña se edificarán sobre una parcela de 267 metros cuadrados situada en la calle Camino de La Cruz esquina Princesa Vidina.

La promoción se desarrollará en bloques de tres plantas de altura y dispondrán también de acceso por la vía principal.

Las nuevas viviendas contarán con salón, cocina, solana, baño, aseo y entre uno y cuatro dormitorios. La cubierta de las edificaciones será inclinada y acabada con tejas.

El proyecto contempla igualmente la construcción de una vivienda adaptada para minusválidos .

El presupuesto de licitación de las obras ha sido fijado en 527.890 euros.

En el municipio de Arucas el Instituto Canario de la Vivienda tiene en estos momentos en construcción una promoción de 22 viviendas en El Cardonal, cuyas obras se encuentran ya bastante avanzadas, y está tramitando la ejecución de otras 21 en Bañaderos.

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Antonio Castro Cordobez, anunció esta semana que su departamento ha alcanzado un acuerdo con el Estado mediante el cual la Administración Central destinará 90 millones de euros para los contratos-programa de transporte terrestre desde 2004 hasta el año 2007.

La base jurídica utilizada en las negociaciones fue la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, por la que se reconoce al transporte público regular de viajeros el carácter de servicio público esencial, así como su configuración como un transporte integrado de carácter insular y el acceso a la financiación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el transporte colectivo urbano de superficie.

ANTECEDENTES

¿ Los primeros Contratos-Programa entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares, se suscribieron para el periodo 1996-1999 al objeto de garantizar el apoyo al transporte terrestre regular de viajeros en Canarias, volviéndose a suscribir otros siete C-P para el periodo 2000-2003.

¿ La suscripción de estos contratos-programa ha sido fundamental en el mantenimiento de la edad media de la flota en toda Canarias, así como en la inversión en infraestructuras y el mantenimiento del transporte regular de viajeros como servicio público esencial.

Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que los CPI, tal y como estaban estructurados, presentaban inconvenientes que, en algunos casos dificultaban su operatividad; éstos los podríamos resumir en: complejidad de los procesos de liquidación, estanqueidad geográfica (que impide que los fondos no aplicados en una isla puedan desviarse a otras); no cobertura de las necesidades de explotación en las islas no capitalinas; retrasos en el libramiento de los fondos; complejos mecanismos de control etc..

Por ello parecía conveniente definir una nueva estructura de CPI que salvaran los inconvenientes que éstos han presentado, y potenciaran sus indudables virtudes.

NUEVO ENFOQUE

¿ El nuevo esquema propuesto por el Gobierno de Canarias se plantea es en tres niveles:

– Un primer nivel de acuerdo entre la Administración General del Estado (AGE) y la Comunidad Autónoma Canaria (CAC);

– Un acuerdo entre ésta última y los 7 Cabildos Insulares y,

– Finalmente, cada Cabildo deberá negociar con los distintos operadores insulares el coste de los servicio requeridos.

¿ Sobre esta base en la negociación para el nuevo marco de los Contratos Programas a suscribir para el periodo 2004-2007 entre la Administración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se han mantenido diversas reuniones entre representantes de ambas Administraciones (2003, 2004 y 2005), en las que se ha considerado que la variable que mejor plasma la oferta de servicio y de más fácil control es el Kilómetro. Globalmente hablando en Canarias se realizan algo más de 85 millones de kilómetros al año, de los que el 19% corresponden a tráficos urbanos. Otra variable se refiere al coste incurrido para conseguir ese nivel de servicio. Y una última variable se refiere a los gastos de capital subvencionables.

¿ Así pues, cada año se determinará el coste kilométrico subvencionable por isla, aplicando el IPC sobre el dato del año precedente.

¿ Para que una isla tenga derecho a la actualización de su coste kilométrico será condición necesaria que sus tarifas sean iguales o superiores a la media regional. La cantidad correspondiente a las islas que no cumplan la condición pasará a integrar una ¿bolsa regional de actualización¿

¿ Las islas que superen la condición necesaria pasarán a disfrutar del incremento en el coste kilométrico subvencionable si:

1º) en ese ejercicio hubiesen actualizado sus tarifas y

2º) si su coste kilométrico no se hubiese elevado por encima de la inflación;

cada uno de los anteriores criterios representa el 50% de la cantidad que por actualización percibiría cada isla y el incumplimiento de cada uno de ellos originaría la pérdida del 50% correspondiente, que iría a engrosar la ¿bolsa regional de actualización¿.

¿ El importe acumulado en la bolsa regional de actualización se repartirá entre las islas que hubiesen cumplido todos los criterios.

¿ En lo que hace referencia a las inversiones, en el caso de que un Cabildo se manifestase incapaz de ejecutar las mismas se creará con éstas una ¿bolsa regional de inversiones¿ de la que se beneficiarán las islas que demuestren mayor capacidad de ejecución del gasto.

¿ Tras esta serie de reuniones se ha llegado a un acuerdo próximo a plasmarse en el correspondiente convenio entre ambas Administraciones, aportándose por parte del Estado la cantidad de 90.000.000 ¿ a distribuir de la siguiente forma:

2004 2005 2006 2007

18.400.000 24.845.000 24.850.000 24.485.000

El Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez, como Presidente del Instituto Canario de la Vivienda; la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Agueda Montelongo González y el Director General de la Caja General de Ahorros de Canarias (CajaCanarias), Alvaro Arvelo Hernández, firmaron recientemente un nuevo convenio de colaboración para el desarrollo de la Hipoteca Joven Canaria.

La Hipoteca Joven Canaria se desarrolla en el marco del Programa Bolsa de Vivienda Joven que tiene como principal objetivo la búsqueda de viviendas adecuadas a las necesidades y condiciones económicas de los jóvenes de Canarias, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Así, desde el año 2001, se pone en marcha este servicio de Hipoteca Joven que, tras varios años de vigencia y aplicación y a través de los resultados obtenidos, ha puesto de manifiesto su gran aceptación por parte de los jóvenes.

El presente convenio de colaboración incorpora al Instituto Canario de la Vivienda, como parte integrante del mismo y entiende que las obligaciones asumidas por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales lo serán en el futuro por dicha Consejería y por el Instituto citado.

Se mejoran en este nuevo documento las condiciones de los préstamos hipotecarios para los jóvenes, permitiéndoles escoger entre varias opciones, el Tipo de Interés inicial y la Comisión de apertura. Canarias mantiene, por tanto, una de las mejores cuotas de hipoteca, en conjunto, de todas las Comunidades Autónomas del Estado

Se financiaran las viviendas de nueva construcción, las viviendas en segunda o posterior transmisión y las viviendas en autoconstrucción. En cualquier caso, las viviendas a financiar han de estar situadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las viviendas calificadas en algún régimen de protección oficial quedan excluidas.

Los solicitantes de la hipoteca joven deberán tener una edad comprendida entre los 18 y 35 años, y en el supuesto de varios solicitantes, si alguno de ellos superase los 35 años de edad, se concederá el préstamo hipotecario, siempre que la suma del plazo de amortización de la hipoteca y la edad de esta persona no supere los 65 años. También deberán tener estabilidad laboral, y en caso de tener un trabajo eventual, deberán demostrar una continuidad laboral mínima de dos años. El plazo de amortización de esta hipoteca joven puede ser de hasta 40 años, incluido dos años de carencia.

La vigencia de este convenio es de dos años contados a partir de la fecha de la suscripción del mismo, prorrogándose por períodos anuales de forma automática.

Por último, se establecerá una Comisión de Seguimiento que se encargará de resolver e interpretar cuantas incidencias o dudas surjan a lo largo del desarrollo del Convenio.