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El Gobierno reclama al Estado que rectifique unos PGE arbitrarios e insolidarios con Canarias

Acuerda remitir una Comunicación al Parlamento donde reprueba el trato desigual que recibe el Archipiélago

El Consejo de Gobierno acordó hoy reclamar al Gobierno de España una rectificación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 por considerarlos «arbitrarios e insolidarios» con las Islas. En una Comunicación que remitirá al Parlamento, el Ejecutivo reprueba el trato desigual que recibe el Archipiélago en las cuentas estatales porque «dañan el gasto social, perjudican la recuperación económica y no compensan en su justa medida el hecho insular».

En la Comunicación aprobada, el Gobierno considera que los próximos presupuestos reiteran la arbitrariedad en la distribución de los recursos y reafirman su falta de compromiso con las Islas, en línea con lo sucedido a lo largo de la legislatura.

Según valoró el Consejo, «ha sido una oportunidad perdida para compensar al Archipiélago del recorte de más de 500 millones de euros que han registrado las partidas estatales desde 2012, un 42% de descenso que nos sitúa entre las autonomías más penalizadas».

Además de considerar que «no son los que Canarias necesita», el Gobierno destaca la insolidaridad con un territorio singular donde las dificultades se acrecentan como consecuencia de la lejanía e insularidad; donde los sobrecostes de nuestra actividad nos condiciona; y donde la alta tasa de desempleo nos diferencia de otras comunidades autónomas.

El Gobierno rechaza que la Administración central no utilizara estos PGE para compensar a las Islas por un perverso sistema de financiación que recibe 800 millones menos anuales en relación con la media para sufragar la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Asimismo, reclama que corrija la distribución de las partidas destinadas a la inversión por las que Canarias vuelve a recibir un trato presupuestario peor que el de otras comunidades autónomas más desarrolladas.

Aunque los presupuestos estatales para 2015 incrementan la inversión territorializada en un 8%, Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma que menos crece al elevar su dotación en torno a un 4% frente al 86% de aumento que registran otros territorios.

Esa distribución «perversa» de los recursos también se evidencia en la posición de Canarias por habitante. A pesar del ligero incremento de las dotaciones, y teniendo en cuenta las inversiones directas e indirectas, la asignación en 2015 será de 173 euros a diferencia de los 249 euros de la media de las autonomías.

Estas cifras suponen que cada canario percibirá 77 euros menos, dato que empeora el registrado en 2014 donde la distancia se situó en 60 euros. Además de ampliar la brecha con el promedio de las comunidades, las Islas se alejan aún más de aquellas que más inversión obtienen como es el caso de Castilla-León con 699 euros por habitante o Galicia con 514 euros.

A estos desequilibrios se une el nuevo desfase del convenio de carreteras consignando sólo 54 millones de los 220 comprometidos y se consolida la eliminación de otros convenios de gran importancia como el Plan Integral de Empleo o los de infraestructuras turísticas y educativas.

Por otra parte, el Gobierno de Canarias considera que los PGE tampoco contienen las medidas necesarias para compensar los inconvenientes derivados de la lejanía e insularidad. El aumento que realizan en la ayuda al transporte de pasajeros deja inalterable el 50% de la subvención actual y la aplicada al transporte de mercancías sigue muy alejada de su sobrecoste.

Por el contrario, se congelan las partidas al transporte de carreteras y se reduce la ayuda a la desalación de agua que pasa de 4 millones a 3,5 millones, cantidad insuficiente que llegó a estar dotada con 10 millones de euros en 2011.

Rivero: "La consulta se llevará a cabo porque es legal"

El jefe del Ejecutivo afirmó que «la actitud del Gobierno del PP respecto a los canarios recuerda el tratamiento colonial que se nos daba hace siglos»

El jefe del Ejecutivo canario mostró hoy en Madrid su firmeza y su convencimiento en la «legalidad de la consulta, por lo que ésta se llevará a cabo». Rivero insistió en que «hemos sido exquisitos en el cumplimiento de la normativa vigente para que no puedan frenarla», pero que, «en cualquier caso, las suspensiones cautelares duran cinco meses».

El presidente canario participó esta mañana en un acto en contra de las prospecciones en aguas del Archipiélago que tuvo lugar frente al Congreso de los Diputados y en el que también participaron representantes de las administraciones públicas canarias y portavoces de organizaciones sociales, empresariales y políticas de Canarias, España y Europa.

Rivero agradeció «el apoyo, el cariño y la solidaridad recibida en todo el ámbito nacional e internacional». Apoyo que, destacó, «contrasta con la falta de respeto y la deslealtad del Gobierno del PP, una desconsideración absoluta con el pueblo canario que recuerda el tratamiento colonial que se nos daba hace siglos».

«Es difícil entender el empecinamiento del Gobierno de España en desoír a las instituciones y a los ciudadanos canarios para optar por unos intereses privados pasando por encima de los intereses de un pueblo, de un país como es Canarias», afirmó. «Lo que queremos es que nos dejen opinar sobre nuestro futuro», dijo.

En ese sentido, Paulino Rivero aseguró que «el Gobierno de Canarias tiene el oído puesto en la sociedad canaria y hasta donde la sociedad nos quiera llevar, llegaremos».

En esa línea, Rivero explicó que el objetivo del acto es «que España conozca y el mundo conozca que se está cometiendo un atropello contra un pueblo, y el trato humillante que le da el Gobierno del PP a los canarios».

Un trato «abusivo y torpe», en palabras del presidente de Canarias, «que está generando un serio problema en las relaciones Canarias-Estado español». «En más de dos años no ha habido ni una sola conversación del Estado con el Gobierno de Canarias; todo se ha hecho por imposición y nos hemos ido enterando por los medios de comunicación».

«Vamos a defender con todas nuestras energías que no se hipoteque el futuro de Canarias», dijo, «la actividad petrolera no es la panacea porque es riqueza para unos pocos, pero no para el pueblo».

El presidente canario señaló también que las instituciones canarias, con el Gobierno a la cabeza, «seguiremos dando la batalla en el plano político, en el jurídico y en judicial».

Recordó que el Gobierno de Canarias se dirigió en el mes de febrero pasado al Gobierno de España para solicitar la autorización para la celebración de un referéndum y que, transcurridos ocho meses desde entonces, aún no ha habido una respuesta. «Ante esa desconsideración, el Gobierno de Canarias ha activado su propio mecanismo y hemos convocado una consulta para el 23 de noviembre», recalcó.

«Sí o no: ésta es la clave», dijo, «y eso está al margen de la formulación de la pregunta o de otras cuestiones secundarias».

Rivero señaló que es la sociedad canaria quien tiene el papel más importante, y «esperamos que sea el movimiento social el que logre parar esta locura».

En esa línea, el presidente canario destacó la unanimidad alcanzada en otros lugares en contra de las prospecciones, incluyendo la de los partidos políticos. «Es una situación kafkiana», dijo, «el PP balear se opone a las prospecciones, el PP valenciano se opone a las prospecciones, el PP de Málaga se opone a las prospecciones¿ y tenemos un ministro canario del PP que es el artífice de las prospecciones en Canarias».

Paulino Rivero mostró su solidaridad con la oposición a las prospecciones que se viene realizando también en Baleares porque, señaló, «los canarios no queremos que se arriesgue el bienestar ni de Canarias ni de Baleares y coincidimos plenamente con la posición unánime que tiene la sociedad balear».

En relación a la postura del Gobierno del Estado con esa comunidad autónoma, Rivero señaló que «no quiero ni pensar si se consolida la sospecha de que, en el caso de Baleares, el Gobierno de España está forzando un expediente negativo para resolver el conflicto político que tiene con el PP de esas islas».

Fernando Ríos: "La pregunta sobre las prospecciones está perfectamente planteada"

– El comisionado responde a las críticas a la consulta por parte de Antonio Brufau

– «Es significativo que el presidente de la empresa que se va a beneficiar, prácticamente en exclusiva, de los hidrocarburos hable de compatibilidad y de creación de empleo»

Fernando Ríos, comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, ha salido hoy al paso de las declaraciones del presidente de Repsol, Antonio Brufau, en las que tilda la pregunta de la consulta sobre las prospecciones en aguas de Lanzarote y Fuerteventura de «confusa», afirmando que «contrapone sectores complementarios».

Ríos aclara que «la pregunta va dirigida a que los ciudadanos opinen sobre la necesidad de adaptar nuestro modelo turístico y medio ambiental a las prospecciones: la introducción del petróleo ya supone un cambio de modelo, por lo que el Gobierno entiende que está perfectamente planteada».

En opinión del comisionado, «es significativo que el presidente de la empresa que se va a beneficiar, prácticamente en exclusiva, de los hidrocarburos que pudieran haber en aguas canarias hable de compatibilidad y de creación de empleo, cuando Repsol solo va a contratar, en el mejor de los casos, a unos pocos cientos de trabajadores, de perfil muy cualificado y que apenas se nutrirá del mercado canario».

Al respecto, Ríos señala que «no hay que olvidar que el turismo crea cientos de miles de empleos en Canarias y que en ningún lugar del mundo con un potencial turístico como el nuestro existen prospecciones petrolíferas. Antes al contrario, se procura preservarlo de esa industria, peligrosa, sucia y contaminante».

El comisionado muestra asimismo su sorpresa por el hecho de que Brufau no haga referencia a los valores medioambientales de Canarias y su incompatibilidad con esa industria contaminante: «la propia Repsol reconoce la existencia de miles de vertidos en sus operaciones en todo el mundo».

Por último, Ríos recuerda que en el caso de que encuentre petróleo, Repsol tiene previsto desplegar 35 plataformas en aguas canarias, 20 para explotar petróleo y 15 para extraer gas, y tiene derecho a sacarlo y a venderlo al mejor postor en los mercados internacionales. Es decir, Canarias se convertiría en una cuenca petrolera con decenas de plataformas; nadie podrá impedir a Repsol que saque ese hidrocarburo, ni obligarle a que ese hidrocarburo vaya dirigido a cubrir las necesidades energéticas de España, ni mucho menos de Canarias».

El SCS interpondrá acciones jurisdiccionales contra el INSS por no respetar el convenio de control de la Incapacidad Temporal

El Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que expone que se han detectado, en relación al ejercicio 2011, gastos indebidamente financiados por el INSS a la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy al Servicio Canario de la Salud a interponer acciones jurisdiccionales, en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, contra el Ministerio de Trabajo e Inmigración (INSS) por la liquidación y reclamación de 2.351.533,87 euros en concepto de gastos del convenio de colaboración para el control de la Incapacidad Temporal (IT) correspondientes al ejercicio de 2011.
Las acciones jurisdiccionales se emprenden a raíz de que el Tribunal de Cuentas emitiera, el pasado 27 de marzo, un informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por parte de las entidades del sistema de la Seguridad Social, en el que expone que se han detectado, en relación al ejercicio 2011, gastos indebidamente financiados por el INSS a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Es por ello que, con fecha de 30 de abril, la Dirección General del INSS aprobó el inicio del procedimiento de liquidación y reclamación de 2.351.533,87 euros a la Comunidad Autónoma, acción contra la que el Servicio Canario de la Salud presentó las correspondientes alegaciones y, posteriormente, recurso de reposición, al considerar que por parte del citado organismo dependiente del Ministerio de Trabajo se realiza una interpretación y actuación unilaterales, a raíz del informe del Tribunal de Cuentas, sin respeto a lo estipulado en el convenio de colaboración firmado entre ambas partes desde el año 2009.
Tras la desestimación del recurso de reposición por parte del INSS, el pasado 5 de agosto, finaliza la vía administrativa y se abre la vía contencioso-administrativa, a través de la que el SCS solicitará la suspensión del procedimiento de reclamación de deuda.

El Gobierno aprueba el Decreto que regula el procedimiento para la integración del personal sanitario funcionario en el régimen estatutario

La disposición tiene por objeto homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de hoy el proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento para la integración, en la condición de personal estatutario, del personal funcionario sanitario que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

La aprobación se produce después de que, el pasado 18 de septiembre, el Consejo Consultivo de Canarias dictaminara que el proyecto de Decreto se ajusta al ordenamiento jurídico.

La disposición reglamentaria, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, tiene por objeto el establecimiento del procedimiento, los requisitos, las condiciones y efectos del proceso para la integración del personal funcionario del Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, especialidad de Medicina Asistencial, así como del perteneciente al Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Titulados Sanitarios de Grado Medio, especialidades de Enfermería Asistencial y Enfermería Obstétrica.

Este proceso es consecuente con las disposiciones que sucesivamente se han ido produciendo para la incorporación gradual al régimen estatutario del personal de diversa procedencia que presta servicios en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de la Salud.

En este sentido, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, que aprueba el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud adopta el régimen estatutario como el modelo de vinculación jurídica que ha de regular las condiciones laborales de los profesionales que prestan servicios en las instituciones sanitarias.

Es por ello que el Gobierno de Canarias haya aprobado el proyecto de Decreto al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los centros, instituciones o servicios sanitarios del SCS.

Publicado el Decreto, la integración en la condición de personal estatutario podrá ser solicitada por el personal funcionario de carrera sanitario en situación administrativa de servicio activo, en situación administrativa que implique la interrupción en la relación funcionarial o en excedencia. Asimismo, corresponde a la Dirección del Servicio Canario de la Salud la facultad de convocar y resolver los procesos de integración.

El Gobierno aumenta la subvención para residentes en La Gomera, El Hierro y La Graciosa

Una vez recibido el dictamen del Consejo Consultivo, el Consejo aprobó hoy aumentar un 25 por ciento más del precio del billete la bonificación por residencia para los usuarios del transporte marítimo en varias rutas concretas

El Gobierno aprobó hoy el Decreto por el que se modifica el Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular e intrainsular de viajeros residentes en Canarias, para aumentar la bonificación para los residentes, en determinadas líneas de baja demanda.

Con la modificación, se aumentará hasta el 50 por ciento del precio del billete la subvención para los residentes en El Hierro, en la conexión con Tenerife, y, para los gracioseros en su enlace con Lanzarote, y los gomeros que utilicen la línea interior entre Valle Gran Rey, Playa Santiago y San Sebastián, la aportación será del 75 por ciento del precio del billete. Dicha bonificación es compatible y complementaria con la bonificación aplicada por la Administración General del Estado por el mismo porcentaje.

Sin embargo, tanto la línea gomera, como la que une La Graciosa con Lanzarote están excluidas de las ayudas estatales, que es la razón por la que el Gobierno de Canarias asume la totalidad del coste de la subvención y la iguala al 75 por ciento del coste del billete que se bonifica a los herreños entre ambas administraciones.

El objeto de esta modificación, a la que se comprometió el Presidente en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de este año, es dar cobertura a las políticas de cohesión territorial y de fomento de la igualdad de oportunidades, con una ayuda añadida para superar aun más las dificultades añadidas que se encuentran los ciudadanos que habitan en islas con mercados demasiado pequeños como para tener un régimen de transportes adecuado, sin respaldo institucional.

Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, este Decreto servirá para potenciar el transporte de herreños y gracioseros, pero, en especial, el Gobierno aspira a que sirva de acicate para que las compañías especializadas en el transporte marítimo muestren un mayor interés en operar en las rutas de escaso tránsito de personas y mercancías, como es el caso de la ruta entre San Sebastián, Playa Santiago y Valle Gran Rey, cuyo servicio se tuvo que suspender por el rápido encarecimiento derivado del aumento en el precio del combustible.

En este sentido, el Gobierno de Canarias mantuvo contactos con las autoridades y representantes políticos de la Isla, además de con empresas navieras, que apuntaron a este incremento en la bonificación a los residentes como vía para hacer viable el servicio.

El Gobierno inicia la regulación de los planes de defensa contra incendios en el Archipiélago

Un 16% de la superficie total de las Islas está declarada como de alto riesgo

El Consejo de Gobierno ha decidido iniciar la tramitación del decreto que regulará el contenido técnico de los planes de defensa de las zonas declaradas como de alto riesgo de incendio en Canarias, y los procedimientos para su aprobación y revisiones futuras.

Los planes de defensa son la herramienta que permite una adecuada defensa contra los incendios forestales, ya que en ellos se determinan los procedimientos para limitar en lo posible los efectos del fuego y para facilitar su control por parte de las distintas administraciones implicadas en la extinción.

Desde la primera declaración de las zonas de alto riesgo de incendios forestales en agosto de 2005, y dadas la riqueza y la exclusividad de la biodiversidad canaria, se han ido realizando ampliaciones, hasta quedar un total de 12.916,70 ha como superficie declarada como de alto riesgo en nuestra comunidad autónoma, lo que supone un 16% de la superficie total del territorio.

Por islas, Gran Canaria destaca con más de 64.486,20 ha, seguida de La Palma con 19.900 ha, Tenerife con 20.396 ha, El Hierro con 3.756 y, finalmente, La Gomera con 2.378,50.

El Gobierno canario estrecha su colaboración con tres ayuntamientos de las islas

La Consejería de Política Territorial dio cuenta del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Teguise en materia de renovación turística y de la suscripción de dos adendas a convenios en materia de ordenación territorial firmados con los municipios de La Orotava y San Miguel de Abona

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de la suscripción de un convenio de colaboración firmado por el departamento autonómico, la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) y el Ayuntamiento de Teguise, así como de la rúbrica de una Adenda a dicho convenio, el cual tiene como objeto dar apoyo y asistencia técnica en la gestión y ejecución en materia de renovación turística.

El citado convenio persigue regular las relaciones entre el Ayuntamiento de Teguise y la Comunidad Autónoma, a través de la citada Consejería, con la finalidad de que Gesplan, en su condición de medio instrumental de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, apoye técnicamente a la Corporación municipal en las tareas asociadas con la renovación turística de la planta alojativa y de la oferta complementaria turística, en el marco establecido en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Teguise, así como en las revisiones y/o modificaciones posteriores del mismo que pudieran producirse.

En virtud del señalado acuerdo, ambas administraciones, en base a los principios de cooperación interadministrativa, deberán colaborar en todo momento entre sí y con el resto de administraciones potencialmente implicadas en los expedientes, así como con Gesplan. Asimismo, deberán buscar solventar los obstáculos que pudieran surgir mediante la negociación y el logro de soluciones consensuadas.

De manera paralela, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias también ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de la suscripción de dos Adendas a convenios de colaboración suscritos entre el departamento autonómico y los ayuntamientos de la Villa de La Orotava y San Miguel de Abona, respectivamente, en materia de ordenación territorial.

Estas Adendas corresponden a dos convenios firmados en 2013 para la formulación, tramitación y aprobación, con carácter supletorio, del contenido estructural de los planes generales de ordenación de los citados municipios, así como de las ordenaciones pormenorizadas que resulten necesarias para implantar los sistemas generales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección pública, la creación y ordenación del suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística y la implantación de sus equipamientos complementarios.

A través de dichas Adendas se amplía el contenido de los planes generales supletorios de la Villa de La Orotava y de San Miguel de Abona, de manera que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, con la aceptación expresa de los ayuntamientos de las localidades señaladas, amplía los compromisos asumidos en las cláusulas primeras de los convenios, asumiendo en consecuencia dicha Consejería la obligación de integrar la totalidad de las determinaciones que se consideren oportunas para completar los planes generales de ordenación sin limitación de contenido.

Los citados planes generales de ordenación, sin perjuicio de su carácter supletorio, se ajustarán, por tanto, al contenido de lo establecido en los artículos 32 y, en su caso, 33, del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación y de los Espacios Naturales de Canarias.