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La Plataforma Oceánica de Canarias recibe 1.297.000 euros de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

Este jueves, 11 de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobó la propuesta de acuerdo por el que se autoriza la transferencia de crédito número 388/2014 de ACIISI, para dotar de crédito la aplicación presupuestaria «aportación de la C.A.C. a la Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN»

El Consejo de Gobierno aprobó la propuesta de acuerdo por el que se autoriza la transferencia de crédito número 388/2014 de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACIISI, para dotar de crédito la aplicación presupuestaria «aportación de la C.A.C. a la Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN», por importe de un millón doscientos noventa y siete mil quinientos (1.297.000) euros.

Con esta transferencia de crédito del Programa 463 B Capital Humano Investigador e Innovador, al programa 463 C Apoyo a la Investigación Básica Aplicada, Plocan recibirá la financiación programada por la de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en sus presupuestos de 2014.

Esta aportación económica de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Ejecutivo canario tiene como fin continuar con el diseño, construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, tal como se establece en el Convenio de colaboración del extinto Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Canarias, con fecha 10 de diciembre de 2007, y posteriormente modificado con fecha 28 de diciembre de 2012.

El Ejecutivo canario apuesta por desarrollar en Canarias una potente economía basada en el conocimiento como estrategia de competitividad económica, que posibilite un crecimiento económico sostenible, sin incrementar la afección al territorio ni a los recursos naturales, y capaz de proporcionar empleo de calidad, todo ello en línea con los objetivos marcados para el conjunto de la Unión Europea.

Ríos: "La Comisión Europea sólo ha trasladado la opinión del Gobierno de España sobre los sondeos"

El Gobierno de Canarias volverá a activar las quejas ante la UE, señala el comisionado

El comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, aseguró hoy que la respuesta de la Comisión Europea sobre el estudio de impacto ambiental de los sondeos petrolíferos en aguas canarias «únicamente traslada la opinión y posición del Gobierno de España al respecto y no entra a valorar el fondo del asunto».

Ríos explicó que la supuesta investigación que dice haber abierto la Comisión Europea, tal y como refleja su propia respuesta al eurodiputado de Coalición por Europa, Ramón Tremosa, concluyó cuando las autoridades españolas «informaron de que el proyecto era objeto de una evaluación completa de impacto ambiental de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2011/92/UE».

El comisionado avanzó que el Gobierno de Canarias volverá a activar las quejas presentadas ante la Comisión Europea por la autorización a Repsol, haciendo especial hincapié en el voto particular suscrito por dos de los magistrados del Tribunal Supremo. A este respecto, Ríos recordó que las prospecciones vulneran hasta ocho directivas comunitarias, entre ellas las de Hábitat, Aves, Hidrocarburos o Proyectos y Programas.

En relación a las declaraciones efectuadas por el subsecretario de Estado de Industria, Enrique Hernández Bento, sobre el «escaso recorrido» del recurso de alzada presentado por el Gobierno de Canarias en contra de la autorización, Ríos señaló que la soberbia del Ministerio impedirá que se tengan en cuenta las graves deficiencias del procedimiento, aunque dijo que «esperamos que esta vez sí contesten a las alegaciones formuladas».

En cualquier caso, el comisionado aseguró que el Gobierno de Canarias recurrirá a los tribunales en caso de que el Ministerio rechace el recurso de alzada, «puesto que son los únicos que pueden garantizar imparcialidad al proceso».

Ríos subrayó que la pasada sentencia del Tribunal Supremo se pronunció sobre la autorización activada hace dos años, pero que en ningún caso se ha manifestado en torno al procedimiento seguido por el Gobierno en ese tiempo.

El Gobierno envía al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que regula las consultas ciudadanas

El Ejecutivo pide el informe por vía de urgencia para esta normativa que completa el marco que hará viable el proceso

El Consejo de Gobierno envía al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que regula las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general competencia de la Comunidad Autónoma. Esta normativa es la que detalla de forma genérica las condiciones para la realización de estas consultas, en desarrollo del artículo 20 de la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana.
La inminente aprobación de este decreto, una vez el Consejo Consultivo emita su informe y el texto vuelva a pasar por el Consejo de Gobierno, hará viable la convocatoria del primer proceso para consultar a la ciudadanía canaria durante el otoño.
El Gobierno ha solicitado el informe al Consultivo por la vía de urgencia, por lo que el plazo máximo para la entrega de este informe preceptivo es de 15 días a partir de la recepción de la solicitud por el órgano consultivo.
El texto, que el Gobierno eleva al Consultivo, atribuye al Consejo de Gobierno de Canarias la capacidad para decidir los términos exactos de la pregunta o preguntas directas que se sometan a consulta. Posteriormente, será un decreto del Presidente el que determine la fecha de la convocatoria. Este decreto debe publicarse en el Boletín Oficial de Canarias con una antelación mínima de 30 días respecto al inicio del plazo para la emisión de las respuestas.
El proyecto de decreto prevé dos fórmulas: la presencial, que permitirá emitir opinión yendo a las sedes administrativas habilitadas por toda Canarias al efecto; y la telemática, para lo que está previsto el desarrollo de un aplicativo informático.
La opinión emitida por cada ciudadano que quiera participar telemática o presencialmente en el proceso será secreta y existirán herramientas específicas para garantizar que sólo se emita una opinión por persona, ya sea física o jurídica.
Para cada convocatoria concreta, en un segundo decreto del presidente, se concretarán los detalles organizativos para el correcto desarrollo y recuento de la consulta. Entre ellos, la dirección de correo electrónico que se habilitará para la recepción de opiniones y los lugares físicos en los que estarán las sedes administrativas para la emisión de opinión presencial.
Uno de los requisitos es el relativo a la edad de las personas físicas que pueden participar emitiendo su opinión en estos procesos de consulta. El proyecto de decreto establece que, en cada caso, será en el decreto de convocatoria del presidente en el que se concrete el requisito de edad, no siendo inferior a los 16 años, salvo para aquellas consultas que versen sobre asuntos de juventud, que podrá establecerse a partir de los 14.
En cuanto a las personas jurídicas, para participar en la consulta deberán estar inscritas con antelación en el Registro de Participación Ciudadana.
El proyecto de decreto prevé la creación de una comisión de control, integrada por tres funcionarios de carrera y tres representantes de la ciudadanía inscritos en el Registro de Participación, que serán elegidos por sorteo. El ejercicio de estas tareas será en todo caso voluntario. Esta comisión velará por el cumplimiento de la normativa durante el proceso y resolverá las reclamaciones que pudieran presentarse.
El Gobierno de Canarias defiende que el sistema de consulta a la ciudadanía que propone Canarias es Constitucional y respeta todo el ordenamiento jurídico vigente. La consulta ciudadana es una fórmula de participación ciudadana que está prevista en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía.

El Gobierno recurre ante al TC la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

Se interpondrá un recurso contra los artículos 6, 19 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy la interposición de un recurso contra los artículos 6, 19 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, al considerar que esta normativa de ámbito estatal invade competencias autonómicas.
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional y, en particular, garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional garantizando su adecuada supervisión, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 139 de la Constitución. De acuerdo con la Ley, la unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.
Pese a ello, la medida estrella de la Ley es el principio de eficacia nacional de las actuaciones de las administraciones públicas ¿singularmente, de las comunidades autónomas¿, respecto al acceso a las actividades económicas. En virtud de este principio tienen plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias; en particular, las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales, las declaraciones responsables y comunicaciones previas o las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio de una actividad económica.
Con esta medida, y a estos efectos, se levanta el velo de los límites territoriales de las comunidades autónomas. El alcance de esta medida, recogida en los artículos que son objeto de impugnación ¿el 6, el 19 y el 20¿, no valora si las intervenciones administrativas son o no legítimas en función del cumplimiento de los requisitos que la propia Ley impone para la apreciación de los motivos imperiosos de interés general o de los principios de necesidad y de proporcionalidad, sino tan solo el mismo hecho de su existencia como medidas que, aun siendo legítimas, pasan a ser consideradas barreras a la libre circulación económica y causa de fragmentación del mercado, únicos títulos de intervención de que goza el Estado para garantizar la unidad de mercado
La Ley, en consecuencia, sigue la línea de las medidas de liberalización de la Unión Europea en el ámbito de los servicios, pero va mucho más allá sin la cobertura de la normativa comunitaria, porque sus determinaciones se aplican a todas las actividades económicas, incluso las excluidas de la directiva de servicios.

El gasto medio por receta facturada del Servicio Canario de la Salud se situó en el mes de julio en 10,76 euros

Las recetas electrónicas dispensadas durante este mes alcanzaron las 3.251.727, lo que representa el 93,08% del total

La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, dio cuenta hoy en Consejo de Gobierno del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente al mes de julio, que se situó en 36.853.099,78 euros, resultante de la facturación de 3.425.969 recetas, a razón de 1,79 recetas por usuario, frente a 1,74 recetas por usuario del mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento del 3,09% en este parámetro.

Según consta en el balance económico del gasto en medicamentos que la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS emite cada mes, el gasto medio por receta fue de 10,76 euros, nueve céntimos más que en la misma mensualidad del año anterior.

En cuanto al gasto acumulado, en el período enero-julio la facturación ascendió a 247.480.729,10 euros y el número acumulado de recetas a 23.367.963.

Receta electrónica
Durante el mes de julio se facturaron en formato electrónico un total de 3.251.727 recetas, lo que representa el 93,08% del total.

Los porcentajes por Área de Salud fueron: 92,81% en el Área de Salud de El Hierro, del 93,83% en La Gomera, del 93,85% en La Palma, del 93,18 % en Fuerteventura, del 93,88% en Lanzarote, del 95,44% en Tenerife y del 90,59% en Gran Canaria.

El Gobierno de Canarias destinará 300.000 euros a labores de recuperación ambiental en La Gomera

– El proyecto permitirá la contratación de unas 35 personas durante cuatro meses, lo que además de contribuir a la recuperación ambiental de la isla también ayudará a la economía de muchas familias gomeras

El Gobierno de Canarias destinará este año 300.000 euros a la recuperación ambiental de las zonas de La Gomera afectadas por el incendio de 2012, en una iniciativa que da continuidad al acuerdo suscrito el año pasado con los ayuntamientos de San Sebastián de La Gomera, Alajeró, Vallehermoso y Valle Gran Rey en el marco del Plan de Recuperación Medioambiental, de Infraestructuras, Servicios y de Reactivación Económica y Social de aquella isla.

Las actuaciones se desarrollarán este año en el parque nacional de Garajonay, con el objetivo de contribuir a una rápida recuperación, y consistirán en el apeo de arbolado muerto en pie, el desramado y troceado de los restos, la disposición adecuada de los restos para facilitar la prevención de la erosión, el desbroce de material inflamable, podas, selección de brotes de arbolado incipiente y astillado de residuos.

La intención del Gobierno de Canarias es iniciar los trabajos sobre la mitad del mes de septiembre. Las actuaciones se realizarán mediante una encomienda a la empresa pública Gesplan.

El proyecto permitirá, asimismo, la contratación de unas 35 personas durante cuatro meses, lo que además de contribuir a la recuperación ambiental de la isla también ayudará a la economía de muchas familias gomeras.

Ríos: "El PP debe explicar con urgencia por qué rechaza las prospecciones en Baleares y Málaga y no en Canarias"

– «El PP canario está obsesionado con Rivero porque sabe que con él tiene perdidas las elecciones», asegura el comisionado

El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reforma Institucionales, Fernando Ríos, urgió hoy al PP a explicar a la ciudadanía por qué rechaza las prospecciones petrolíferas en Málaga y Baleares mientras las defiende en Canarias. «Las declaraciones del presidente de la Diputación de Málaga en las que asegura que Soria se ha comprometido a respetar el consenso ciudadano e institucional en aquella provincia sobre las prospecciones son una prueba más de que la incongruencia y el desvarío se han instalado definitivamente en el PP».

Ríos calificó de inadmisible la posición del Partido Popular, que en Canarias defiende la industria petrolera y que en otros lugares del Estado, como Baleares o Málaga, rechaza. «Si hablamos en términos de racionalidad, el PP está en el extremo opuesto a la congruencia política y, sobre todo, en contra del interés general de los canarios, que rechazan mayoritariamente las prospecciones petrolíferas», aseguró.

«Si no quieren ponerse del lado de los canarios, invito al PP de las Islas a que, al menos, se ponga del lado sus propios compañeros de partido que rechazan en Málaga y Baleares los proyectos petrolíferos», insistió el comisionado.

A este respecto, y en relación con las manifestaciones efectuadas hoy por la portavoz del PP Australia Navarro, Ríos dijo que «no hay mayor ejemplo de firmeza, convicción y coherencia política que la demostrada por el presidente Rivero en este asunto; tendría que preguntarse el PP si los dobles o triples discursos que maneja en según qué partes del Estado son defendibles ética y políticamente».

En cualquier caso, Ríos subrayó que el presidente del Gobierno de Canarias «no dará un paso atrás en su oposición al petróleo, a pesar del acoso permanente del PP, un acoso que se justifica -a su juicio- en que saben que con él tiene perdidas las elecciones; de ahí la obsesión y las alusiones constantes a cuestiones internas de Coalición Canaria».

Rivero: "Monseñor Echarren fue siempre ejemplo de valentía y sensibilidad social"

El presidente lamenta el fallecimiento del ex obispo de la Diócesis de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, lamentó hoy el fallecimiento del ex obispo de la Diócesis de Canarias Ramón Echarren, del que destacó su permanente compromiso con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a los que dio voz no sólo en el ámbito eclesiástico sino en cuantos foros públicos fuera preciso.

Rivero aseguró que «monseñor Echarren se caracterizó siempre por la defensa de los más pobres, con un discurso claro, directo, que le hizo merecedor del respeto y cariño de todos. Fue siempre -añadió el presidente- ejemplo de valentía y sensibilidad social».

El jefe del Ejecutivo destacó, asimismo, que monseñor Echarren no rehuyó nunca ningún debate de interés social y que siempre se manifestó con gran libertad a la hora de defender principios humanísticos, más allá de su labor pastoral.

Rivero, que expresó sus condolencias por el fallecimiento del obispo, recordó los continuos pronunciamientos públicos de monseñor Echarren en favor de la solidaridad o el respeto a los derechos humanos, siempre desde la perspectiva de los sectores más necesitados.

Jorge Rodríguez: "Más pronto que tarde, Soria tendrá que rendir cuentas"

«Ni Rivero le ha confesado jamás, ni en público ni en privado, que esté a favor de las prospecciones; ni CC llevaba en su programa el ‘sí’ al petróleo; ni la consulta es ilegal»

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha valorado hoy las últimas manifestaciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, señalando que «más pronto que tarde, tendrá que rendir cuentas por su apasionada posición respecto a las prospecciones petrolíferas, sus mentiras y su desprecio por el sentir mayoritario del pueblo canario».

En opinión del viceconsejero, «a falta de argumentos, y visto el fracaso de sus presiones para manipular a la opinión pública, Soria recurre a su manido y reiteradamente desacreditado arsenal de embustes. Ni Rivero le ha confesado jamás, ni en público ni en privado, que esté a favor de las prospecciones; ni CC llevaba en su programa el ‘sí’ al petróleo; ni la consulta es ilegal».

En este sentido, Rodríguez recuerda que «en la página 121 del programa electoral de CC para las elecciones autonómicas de 2011 se dice textualmente:

X En el plano competencial, por un lado, se debe atribuir a la Comunidad Autónoma nuevas competencias sobre materias de gran interés para el futuro del Archipiélago (prospecciones petrolíferas, gestión de puertos y aeropuertos, transporte aéreo interinsular, mercado audiovisual, costas, seguridad, competencias relacionadas con la acción exterior del Archipiélago, etc.); y, por otro, el nuevo Estatuto ha de establecer una nueva metodología en la distribución de competencias que corrija los problemas que tradicionalmente se han originado entre el Estado y la Comunidad Autónoma en la interpretación del alcance de sus títulos competenciales».

«Es decir, que ni de lejos se apuesta por la explotación de petróleo en las Islas, sino que se reclama las competencias en este ámbito. Competencias que pueden servir, por ejemplo, para prohibir dicha actividad», advierte el viceconsejero.

«¡Y, claro que son de «gran interés»!» ¿remarca Rodríguez- «De hecho el rechazo a esas prospecciones ha provocado las mayores movilizaciones institucionales y sociales de la historia de la Autonomía».

Por otro lado, en relación a la consulta que promueve el Ejecutivo, reitera el viceconsejero, ésta «se atiene estrictamente al marco constitucional y se encuentra amparada por las siguientes leyes:

Constitución Española
Artículo 92
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Estatuto de Autonomía de Canarias
Artículo 32
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes materias:
5. Sistema de consultas populares en el ámbito de Canarias, de conformidad con lo que disponga la Ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución y demás leyes del Estado, correspondiendo a éste la autorización de su convocatoria.

Reglamento del Parlamento de Canarias

Título XXI

De las consultas populares en el ámbito de Canarias

Artículo 203.

1. Requerirán la aprobación previa de la mayoría absoluta del Parlamento de Canarias las solicitudes del Gobierno para las convocatorias, en el ámbito territorial de Canarias, de consultas populares vía referéndum sobre cuestiones políticas de especial trascendencia.

2. La solicitud, dirigida por el Gobierno al Parlamento de Canarias conteniendo los términos exactos de la consulta, así como el ámbito territorial de la misma, será debatida en el Pleno de la Cámara. El debate y su posterior votación se ajustarán a las normas previstas para los de primera lectura.

3. La decisión del Parlamento de Canarias será comunicada por el Presidente de la Cámara al de la Comunidad para, en el caso de resultar afirmativa, su posterior remisión al órgano estatal competente para la autorización de la celebración del referéndum, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Rodríguez recuerda también «el reconocimiento de los accionistas de Repsol de presiones por parte del operador, el Ministerio de Industria, ante un proyecto, las prospecciones en Canarias, que no son de especial relieve estratégico para la compañía».

Según el viceconsejero, «esto es algo incomprensible en un Estado democrático, pero aún más en una persona que, a pesar de haber nacido en nuestras islas, patrocina e impone con soberbia y deprecio una actividad enormemente perjudicial para el futuro de nuestra tierra y de nuestra gente».

«Si hay alguien instalado en la mentira, ésos son Soria, el PP y Repsol. Los canarios estamos informados. Canarias seguirá luchando en todos los frentes posibles para paralizar las prospecciones. La consulta es legal y se hará», concluye el viceconsejero.

Rivero adelantará la consulta sobre las prospecciones

– El presidente exige a Rajoy que se suspendan las exploraciones por los riesgos que reconocen los informes

– «Redoblamos el compromiso multiplicando las acciones y recursos contra la actividad petrolífera», aseguró el jefe del Ejecutivo

– El Gobierno estudia apelar a la Comisión Europea para solicitar la intervención del Tribunal de Luxemburgo

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, aseguró hoy, al término del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Lanzarote, que «vamos a adelantar todos los pasos para que el pueblo canario se exprese sobre las prospecciones».

El Consejo de Gobierno se reunió hoy con carácter extraordinario en la sede del Cabildo de Lanzarote tras la publicación, el pasado 11 de agosto, de la autorización concedida por el Ministerio de Industria y Energía a la empresa Repsol para el inicio de las prospecciones en aguas de Lanzarote y Fuerteventura.

El presidente del Gobierno calificó esa autorización como «un abuso, un desprecio y una burla a la ciudadanía y a las instituciones de Canarias» y recordó que «tanto el Parlamento, como el Gobierno, como la Fecai y la Fecam, y especialmente los ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura y la ciudadanía del Archipiélago se han manifestado en contra del petróleo».

Medidas jurídicas, políticas y sociales

Rivero anunció que «vamos a redoblar esfuerzos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social para parar las prospecciones».

En esa línea, el jefe del Ejecutivo señaló que se ha presentado un incidente de nulidad con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, y que de ser denegado se plantearía un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. «Además», dijo, «presentaremos también un recurso de alzada contra los permisos de exploración concedidos el pasado 11 de agosto y apelaremos a los tribunales de justicia para que se tomen medidas cautelares que los paralicen en caso de que se no se admita ese recurso de alzada».

«Desde el punto de vista político», señaló Rivero, «ya hemos solicitado sendas reuniones con el Rey Felipe VI y con el presidente Rajoy, y esperamos que se celebren a lo largo del mes de septiembre.

«Y estudiamos», dijo el presidente canario, «pedir a la Comisión Europea que apele a la intervención del Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento de la normativa europea».

Paulino Rivero también explicó que «continuaré la ronda de reuniones que vengo manteniendo con todos los partidos políticos del arco parlamentario y extraparlamentario, así como con representantes de la sociedad civil, con el fin de trasladarles toda la información sobre un asunto de enorme trascendencia para Canarias».

Además, Rivero anunció que el Gobierno solicitará la habilitación de la primera semana de septiembre para la celebración un pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias «en el que presentaremos una Comunicación para debatir todas las actuaciones que estamos llevando a cabo para evitar este abuso».

Una actividad de riesgo

«No es un rechazo caprichoso ni arbitrario», señaló Rivero. El presidente recordó que el 100 % del agua que se consume en las islas de Lanzarote y Fuerteventura procede de la desalación del agua de mar, y que el turismo ha sido la industria que ha permitido que Canarias «deje de ser una tierra de emigración».

«El petróleo es incompatible con la sostenibilidad, con el turismo y es, además, una actividad de riesgo», dijo.

Es ese sentido, el presidente de Canarias mostró su «solidaridad con el Gobierno balear y la sociedad balear, que también se han manifestado en contra de las prospecciones». Canarias y Baleares, recordó Rivero, aportan más de 60.000 millones de euros al conjunto del Estado por la actividad turística que generan.

Por eso, dijo Paulino Rivero, «exigimos coherencia». «Rajoy ha asegurado al Gobierno balear que al menor indicio de riesgo se suspenderían las prospecciones en Baleares», señaló el jefe del Ejecutivo canario.

«Exigimos el mismo trato», señaló Rivero. «El Gobierno y la sociedad canaria quiere y exige el mismo trato y por eso exigimos que se paralicen las prospecciones, porque tanto el expediente elaborado por los propios organismos de España como los informes de Repsol reconocen que es una actividad de riesgo».

En ese sentido, Rivero pidió a La Caixa y a Sacyr, accionistas de Repsol, «una reflexión sobre su compromiso con Canarias». «Me consta», dijo el presidente, «que han sido presionados por el regulador, y por eso les pido que reflexionen sobre su compromiso con el Archipiélago y con la gente que vive en Canarias».