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El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Emergencia Exterior en accidentes por sustancias explosivas (PEMEXCA)

– El plan establece las medidas de prevención y de información, así como la organización y los procedimientos de actuación y coordinación

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, el Plan de Emergencia Exterior en Accidentes por Sustancias Explosivas, (PEMEXCA), una vez superados los trámites de la Comisión Autonómica de Protección Civil y la Comisión Nacional de Protección Civil, para dar respuesta a lo establecido en Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de Protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

El PEMEXCA establece las medidas de prevención y de información a la población, así como la organización y los procedimientos de actuación y coordinación de los medios y recursos de intervención que llevará a cabo la de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las Administraciones públicas y de otras entidades públicas y privadas asignadas al plan, en el caso de producirse accidentes graves en los que intervengan sustancias explosivas que pudieran afectar al exterior de las instalaciones.

El ámbito de aplicación del PEMEXCA son los establecimientos afectados por la Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) número 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos, que superan el Umbral II al requerir Plan de Emergencia Exterior.

El presente documento afecta concretamente a las siguientes instalaciones que superan el Umbral II de la ITC 10 explotadas comercialmente por Canarias Explosivos S.A.:

* Depósito comercial de explosivos «Lomo de los Ovejeros». Telde. Gran Canaria.

* Depósito comercial de explosivos «Muñique» Teguise. Lanzarote.

* Depósito comercial de explosivos «San Andrés». Finca del Conde. Santa Cruz de Tenerife.

* Depósito comercial de explosivos «El Paso». Malpais de Marta. La Palma.

* Depósito comercial de explosivos «Ayamorna» La Vega del Conde de Ayamorna. La Gomera.

Igualmente y por extensión, la operativa y los requerimientos básicos de actuación establecidos en el Plan serán de aplicación a los establecimientos que superan el Umbral I de la ITC 10, aunque el Gobierno no tiene obligación de hacerlo se ha considerado conveniente su inclusión.

Estas instalaciones son las siguientes:

* Depósito comercial de explosivos «Morros Negros». Tuineje. Fuerteventura.

* Depósito comercial de explosivos «Valverde» Camino Largo del Mocán. El Hierro

De esta manera el Plan Autonómico para Emergencia Exterior en accidentes por sustancias explosivas recoge las singularidades de cada instalación lo que redunda en una mayor operatividad y organización de los recursos y por tanto en una mejor respuesta.

La Agencia Tributaria Canaria mejorará la recaudación y la lucha contra el fraude fiscal

– Cabildos y ayuntamientos participarán en la dirección de la gestión de los tributos derivados del REF

– El Gobierno remite el anteproyecto de ley al Consejo Consultivo de Canarias

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy solicitar el dictamen del Consejo Consultivo sobre el anteproyecto de ley por el que se crea la Agencia Tributaria Canaria, cuya puesta en marcha supondrá un sustancial avance en la mejora de la gestión recaudatoria y la lucha contra el fraude fiscal.

La Agencia Tributaria Canaria, que conllevará un nuevo modelo de organización basado en la consecución de objetivos, desarrollará la gestión, recaudación, liquidación, inspección y la potestad sancionadora de los tributos propios, los cedidos y los derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Este nuevo modelo dotará al sistema de más eficacia toda vez que tendrá un mayor grado de autonomía en la gestión de los recursos humanos y materiales y más descentralización y agilidad en la toma de decisiones.

Su actuación se adecuará a un contrato de gestión que tendrá una vigencia inicial de cuatro años y en él se regularán, entre otras cuestiones, los objetivos a conseguir, los resultados a obtener y los planes necesarios para alcanzarlos. Bajo ese contrato se elaborará un plan de acción anual que se aprobará antes del 1 de febrero de cada año.

Desde el inicio de su actividad, la agencia se dotará del personal funcionario y laboral que en ese momento esté prestando sus servicios en la Dirección General de Tributos sin perjuicio de que se asignen efectivos de otros departamentos, por lo que la adscripción de recursos humanos no supondrá coste adicional alguno.

Esta nueva entidad de Derecho público tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, con patrimonio y tesorería propios y autonomía en la gestión aunque estará sometida al control financiero de la Intervención General de la comunidad autónoma.

Entre los principios generales de actuación de la agencia se encuentran, junto a la obtención de resultados en función de los objetivos previamente marcados, el servicio a los ciudadanos, la lucha contra el fraude fiscal, la especialización y cualificación de su personal, el impulso de los medios electrónicos en beneficio de los contribuyentes, así como la coordinación con otras administraciones tributarias, especialmente con la estatal.

Participación de cabildos y ayuntamientos

El anteproyecto de ley que crea la agencia establece la participación de las entidades locales a través del Consejo para la Dirección y Coordinación de la Gestión de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario, del que serán miembros natos un representante designado por cada uno de los cabildos insulares y dos por la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

De esta manera, las corporaciones locales se implicarán directamente en la dirección de la gestión de estos impuestos de los que son cotitulares. Este Consejo aprobará el plan de acción anual específico para estos tributos, realizará su seguimiento, propondrá líneas de actuación que mejoren la recaudación e impulsará el intercambio de información entre la nueva agencia y los entes locales.

Además, analizará e informará sobre los proyectos normativos con rango de Ley relativos al Bloque de Financiación Canario que corresponda aprobar a la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno autoriza el pago parcial de la extra de Navidad de 2012 para sus 60.000 trabajadores

– Los 60.000 empleados públicos de la Administración autonómica cobrarán con la nómina de abril la parte devengada de la extra de diciembre de 2012 suprimida por el Gobierno de España

El Gobierno de Canarias ha autorizado el abono de oficio a todos los empleados públicos autonómicos de la parte proporcional devengada de la paga extraordinaria de 2012 suprimida por el Gobierno de España. El Consejo de Gobierno ha definido el procedimiento que se llevará a cabo para proceder al pago, que requiere aplicar modificaciones presupuestarias para hacer factible el abono con cargo a los fondos que ya están reservados para este fin en el Presupuesto de 2014. Los 60.000 empleados públicos cobrarán la cuantía correspondiente junto con la nómina del mes de abril.

El Ejecutivo ha estimado conveniente proceder al abono de oficio, tras el pronunciamiento favorable de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma solicitado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad tras conocerse el contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada en el mes de diciembre. La Sala de lo Social del TSJC en esta resolución reconocía a 7.126 empleados en régimen de personal laboral el derecho a percibir parcialmente la paga que el Real Decreto Ley 20/2012, de 14 de julio, suprimió a todos los empleados públicos de España.

La voluntad expresada públicamente por el Gobierno de Canarias siempre fue proceder a la devolución de esta parte devengada de la paga a todos los trabajadores de la Administración autonómica, aproximadamente 60.000 personas, ya que el Ejecutivo siempre entendió que el efecto retroactivo que el Gobierno de España aplicó a la medida no se ajustaba a derecho, aunque «la vigencia de una ley básica de obligado cumplimiento impedía hacer el pago hasta no contar con sentencia judicial aplicable en el ámbito territorial de Canarias.

El Gobierno considera que la sentencia del TSJC es justa y que la aplicación de su contenido a todo el personal de la comunidad autónoma, admitida por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias y autorizada por el Gobierno de Canarias, evita la generación de desigualdades injustificadas entre los empleados públicos que se vieron igual de afectados por una decisión errónea del Gobierno de España.

Siendo éste el criterio del Gobierno de Canarias, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014 se consignó una cuantía suficiente para afrontar el pago parcial de esta paga, previendo que algún tribunal dictara sentencia reconociendo este derecho a los empleados públicos en el ámbito autonómico. La dotación presupuestada asciende a 28,3 millones de euros, lo que permitirá cumplir con la resolución judicial sin provocar desequilibrios deficitarios en las cuentas autonómicas.

El procedimiento para proceder al pago debe generarse formalmente el crédito para cubrir el coste de la nómina y la complejidad que supone la gestión de este pago por los servicios de nóminas del Gobierno de Canarias. Esta generación de crédito implica modificaciones presupuestarias que permitirán abonar a cada empleado público la parte proporcional devengada de la paga extraordinaria de 2012.

Concretamente, los funcionarios, el personal estatutario, el personal de Administración de Justicia y los altos cargos cobrarán la parte proporcional de los conceptos retributivos que integran la paga extraordinaria devengada desde el 1 de junio hasta el 14 de julio de 2012. Por su parte, el personal laboral percibirá la cuantía devengada desde 1 de mayo hasta el 14 de julio, día en el que entró en vigor el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España.

Fernando Ríos: "La consulta sobre el petróleo es legal y profundamente democrática"

– El comisionado del Gobierno de Canarias considera que «con la legislación en la mano sí se puede, pero el PP no quiere»

El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, aseguró hoy que la consulta que promueve el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas «es legal y profundamente democrática», pues se basa en las disposiciones del Estatuto de Autonomía, de la Constitución Española y del Reglamento del Parlamento de Canarias.

Ríos aseguró que las declaraciones del ministro de Turismo del Gobierno de España, José Manuel Soria, en las que dice que la consulta es «ilegal», sólo esconden el interés del PP en negar a los canarios la posibilidad de expresarse sobre el particular: «Con la legislación en la mano, la realidad es que sí se puede pero el PP no quiere».

«Parece que el PP teme la voz de los canarios en asuntos que nos afectan directamente», dijo el comisionado, quien recordó que los artículos 203 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 32.5 del Estatuto de Autonomía y el 92 de la Constitución prevén la posibilidad de realizar consultas sobre cuestiones de especial transcendencia «A nadie se le escapa que el tema de las prospecciones lo es, en tanto afecta al modelo de desarrollo del Archipiélago», subrayó.

Ríos recordó, además que la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con competencias estatutarias en las materias afectadas por las prospecciones, como la ordenación y planificación económica (art. 31.4), el turismo (artl 31.21) y la protección de medio ambiente (art.. 32.12).

En cuanto a la situación del expediente, el comisionado aseguró que «en contra de lo dicho por el ministro, en Canarias se está ya en la segunda fase, las de prospecciones, habiéndose realizado hace 10 años la de investigación, en virtud de la cual Repsol cree que se podrá sacar miles de barriles de crudo diarios».

«El Ministerio, incumpliendo su propia ley de transparencia -añadió Ríos- oculta toda información sobre la tramitación de la Declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y ni siquiera ha respondido a cuántas alegaciones se han realizado o qué Administraciones de las consultadas han acudido a ese trámite». En este sentido, comentó que Soria «no tiene credibilidad para hablar del impacto ambiental cuando hace meses dijo que las prospecciones se harían con independencia de ese trámite».

El comisionado también criticó el distinto rasero que está utilizando el Estado y el PP con las prospecciones en Baleares: «Prueba de ello es que el Ministerio acaba de prorrogar el plazo de información pública de las prospecciones para realizar alegaciones en Ibiza, cuando se lo negó a Canarias siendo el mismo plazo inicial (45 días) pero con el agravante de que en el Archipiélago fue en pleno agosto».

Andalucía y Canarias unen fuerzas para exigir la modificación de la financiación autonómica

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– Paulino Rivero y Susana Díaz piden que se convoque cuanto antes la Conferencia de Presidentes

– La presidenta de la Junta se reunirá con Rivero en Canarias en los próximos meses para evaluar la labor de los grupos de trabajo que constituirán ambos gobiernos

– Ambos dirigentes demandan al Estado que apoye planes de modernización del sector turístico «como los que están llevándose a cabo en las Islas con buenos resultados», según Susana Díaz

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reclamaron hoy la modificación del sistema de financiación autonómica y la convocatoria, a la mayor brevedad posible, de la Conferencia de Presidentes Autonómicos a tal fin.

En una comparecencia conjunta tras la entrevista que mantuvieron esta tarde en la sede de la Presidencia andaluza, ambos dirigentes se mostraron partidarios de una revisión del actual reparto, que perjudica a sus respectivas comunidades autónomas, especialmente porque esa financiación sufraga los servicios públicos esenciales.

El presidente Rivero señaló que «hay que corregir y actualizar el modelo de financiación, para que, se viva donde se viva, los ciudadanos reciban las prestaciones que demandan y merecen». En esa dirección, explicó que «el principio básico es que no se mantengan las diferencias que se dan en la prestación de los servicios en los diferentes territorios. Se han dado pasos ¿dijo- pero no lo suficientes para lograr que se atienda la demanda de corregir la financiación».

Rivero demandó la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, un foro que debe reunirse con más frecuencia «porque hace falta más diálogo y más trabajo en común». Añadió que «Canarias y Andalucía compartimos posición en los grandes asuntos de Estado, algo que debe atenderse entre otras cosas porque juntos sumamos más de diez millones de ciudadanos, la cuarta parte de la población de España».

Rivero avanzó que Canarias y Andalucía crearán grupos de trabajo conjuntos para compartir estrategias, «no en vano ambos gobiernos colocamos la cohesión social y la atención a los servicios públicos especiales en lo más alto de nuestra agenda» y adelantó una nueva reunión con la presidenta de la Junta en los próximos meses, esta vez en Canarias.

Por su parte, Susana Díaz dijo que Canarias y Andalucía «compartimos muchas cosas, entre otras la necesidad de compatibilizar la legislación del Estado con las normativas y líneas de trabajo autonómicas y en ese sentido hay que mejorar la financiación en el conjunto del territorio.

A este respecto, la presidenta explicó que ambos gobiernos compartimos la necesidad de avanzar hacia un modelo más justo, porque hay comunidades hiper-financiadas y otras infra-financiadas. «Debemos evitar confrontaciones estériles y garantizar la igualdad entre los ciudadanos de todos los territorios», sentenció.

Díaz también se refirió a otros asuntos en los que coinciden ambos Gobiernos, como «la oportunidad de impulsar el turismo y también la apuesta de Canarias por dar salida a la construcción por la vía de la rehabilitación». La presidenta señaló sobre este particular que «ambos gobiernos vamos a pedir al Estado que se impulsen planes de modernización, porque compartimos el objetivo de relanzar la economía con construcción pero sin especulación.»

La presidenta de la Junta valoró la reunión con Rivero y la constitución de grupos de trabajo porque «de esa manera los gobiernos autonómicos demos muestras de que con diálogo y colaboración avanzaremos más y mejor».

«La recuperación -dijo Díaz en otro momento de su intervención- debe ser justa y solidaria, generando empleo y apuntalando los servicios públicos. Hay dos elementos claves para lograrlo, una mejor financiación y cambiar el objeto de déficit porque la carga sobre las comunidades autonomías es excesiva respecto a la del Estado».

Fernando Ríos: "El PP persiste en su estrategia de confundir a los canarios sobre las prospecciones petrolíferas"

– El Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno del Gobierno afirma que los populares del Archipiélago «han quedado en evidencia» tras la postura de sus compañeros en Baleares e «improvisan falsedades para justificar su apoyo a Repsol»

– Las prospecciones en el Mediterráneo son a más de 40 kilómetros de la costa, frente a los 10 kilómetros autorizados en Canarias

El Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno del Gobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, denuncia la «campaña de desinformación y falsedades» puesta en marcha por los responsables del Partido Popular del Archipiélago para «intentar justificar su apoyo a las prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura mientras sus compañeros de Baleares se oponen con todas sus fuerzas a las perforaciones que afectan a su comunidad».

Ríos afirma que «la postura del PP balear ha dejado en fuera de juego a sus socios canarios que, en un intento por salvar su imagen ante la opinión pública canaria, no dudan en verter todo tipo de falsedades con la única intención de confundir a la ciudadanía».

Así, el comisionado revela que «es totalmente falso» que las prospecciones en Baleares estén más cercanas a la costa que en Canarias: «Tal y como se puede observar en el mapa adjunto, las cuadrículas de perforaciones previstas en el Mediterráneo están a más de 40 kilómetros de las costas de Ibiza y Menorca, y no a 6 u 8 kilómetros como dice el PP canario; mientras que en Canarias las autorizaciones permiten explorar hasta a 10 kilómetros de la costa de Fuerteventura».

Del mismo modo, Ríos recuerda que «argumentos como los supuestos cambios de postura de los miembros del Gobierno canario respecto al petróleo en las Islas, la falacia acerca de que si no lo extrae Repsol lo hará Marruecos o que el presidente de Canarias dice que el país vecino no está interesado en las explotaciones petrolíferas han quedado ya suficiente y reiteradamente desmontadas. El Gobierno canario ha mantenido, mantiene y mantendrá la misma postura sólida, firme y coherente: la defensa del interés general de los canarios, de su futuro, de su medio ambiente, de un desarrollo armónico y del empleo frente al interés particular de una multinacional. Justo lo contrario de lo que hace el PP».

«Podemos entender el nerviosismo de aquellos que han quedado en evidencia al quedar demostrado que no defienden a su tierra, sino a intereses particulares, cuando sus compañeros de partido demuestran que sí lo hacen en territorios como Baleares o Valencia. Lo que no podemos entender es que se utilice la mentira y la confusión como cortina de humo», indica el comisionado.

«Lo único cierto» -señala Ríos- «es que el PP y el Govern balear con su presidente, José Ramón Bauzá, a la cabeza ha escogido ponerse del lado de su tierra y de su gente, mientras que los populares de Canarias prefieren apostar por Repsol y dar la espalda a los suyos».

«El petróleo de nuestras islas es el turismo. Defenderemos esta postura dónde sea. Que nadie tenga ninguna duda. Este Gobierno está en contra de las prospecciones porque no podemos poner en riesgo el motor de nuestras islas, que es el turismo. Además, la protección medioambiental es otro de los valores que tenemos. Hemos dejado a un lado nuestro color político porque lo que queremos es que las prospecciones no dependan de un determinado Gobierno. Se llevarán a cabo todas aquellas acciones que se estimen oportunas para evitar estas prospecciones».

«Estas palabras de Bauzá, que bien podría firmarlas cualquier canario, son las que han puesto nervioso al PP de Canarias. Pero son la única verdad. Bien haría el PP de Canarias en imitar a sus socios baleares y ponerse del lado de los canarios», concluye el comisionado.

El Gobierno aprueba Plan de Protección Civil ante riesgo en el transporte de mercancías peligrosas por carretera

– El PEMERCA analiza los riesgos que existen en todas las Islas por el transporte de mercancías peligrosas por carretera, a la vez que establece y garantiza la organización y procedimientos de actuación rápidos, eficaces y coordinados ante un accidente.

El Consejo de Gobierno en su sesión de hoy ha dado el visto bueno al Plan de Protección Civil y Atención a las emergencias por riesgo de transporte de mercancías peligrosas por carretera (PEMERCA)

El PEMERCA analiza los riesgos que existen en todas las Islas por el transporte de mercancías peligrosas por carretera, a la vez que establece y garantiza la organización y procedimientos de actuación rápidos, eficaces y coordinados ante un accidente. Para ello define los sistemas organizativos con las administraciones locales, la coordinación con el plan estatal, y se especifican los procedimientos de información.

El PEMERCA define 5 tipos de accidentes: Tipo 1 Avería o accidente en el que el vehículo o convoy de transporte no puede continuar la marcha, pero el continente de las materias peligrosas transportadas está en perfecto estado y no se ha producido vuelco. Tipo 2 Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos o se ha producido vuelco, pero no existe fuga o derrame del contenido. Tipo 3 Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o derrame del contenido. Tipo 4 Existen daños o incendio en el continente y fugas con llamas del contenido. Tipo 5 Explosión del contenido destruyendo el continente.

En incidentes del tipo 1 y 2 los planes se dirigen desde las administraciones locales con el aporte de medios del Gobierno de Canarias. Cuando un accidente sea de tipo 3 o superior, el Gobierno de Canarias dirige la gestión de la emergencia ya que debe activar recursos que le son propios y se debe establecer un Centro de Coordinación Operativa (CECOP). Cuando los accidentes sean de tipo 4 y 5 el Plan contempla que se active el Plan Estatal a efectos informativos y de apoyo. La dirección, salvo que el nivel de gravedad supere los medios y recursos autonómicos, siempre corresponderá al Gobierno de Canarias.

Una de las herramientas de las que podrá hacer uso la dirección del plan en la gestión de este tipo de accidentes, es el simulador de comportamiento de las sustancias implicadas, teniendo en cuenta también el volumen de que se trate, que permite la inclusión de datos meteorológicos por si estos influyeran en la propagación de las sustancias tóxicas.

El Gobierno canario suscribe dos nuevos convenios en materia de ordenación territorial

– Asume la elaboración de actuaciones de planeamiento de los municipios de San Bartolomé, en Lanzarote, y de Villa de Mazo, en La Palma

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de la suscripción de dos convenios de colaboración entre el departamento autonómico y corporaciones locales canarias en materia de ordenación territorial. Concretamente, los convenios se suscribieron con las administraciones locales de San Bartolomé, en Lanzarote, y Villa de Mazo, en La Palma.

Los dos convenios cuentan con un plazo de vigencia de tres años, desde su firma, por lo que en idéntico plazo deben realizarse las prestaciones recogidas en los documentos, que se sintetizan en la formulación, tramitación y aprobación, con carácter supletorio, de los planes generales de ordenación de cada uno de los dos municipios.

Aunque la norma actual permite al Gobierno actuar de forma unilateral, cuando un ayuntamiento no desarrolle su planeamiento en los plazos exigidos, los veinte casos en los que se ha asumido esta competencia municipal hasta la fecha se han acordado por convenio. Así, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial asume el compromiso mencionado de adaptar los planeamientos generales vigentes, con carácter supletorio y sin limitación de contenido. Mientras, los ayuntamientos se comprometen a aportar cuanta información y documentación tramitada o elaborada dispongan a fecha del convenio y que sea precisa para culminar la redacción y/o tramitación de los planes generales.

Los ayuntamientos participarán, además, en todo momento en el proceso de elaboración del documento a través de las comisiones de seguimiento y el departamento autonómico procederá a publicar las aperturas de los periodos de participación ciudadana de los documentos de Avance, de ser necesario dicho trámite; solicitar informes; aprobar inicialmente los documentos de Aprobación Inicial; elevar éstos a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac); y aprobar definitivamente los planes generales de ordenación con carácter supletorio, publicando las resoluciones de ordenación y normativas.

El Gobierno aprueba medidas administrativas urgentes para reparar los daños ocasionados por el temporal de viento en la Isla de La Palma

– Con esta medida administrativa se persigue garantizar la inmediata reconstrucción o reposición de instalaciones y construcciones que hayan sido demolidas o desmontadas total o parcialmente como consecuencia del temporal, ya que la paralización de la actividad agropecuaria que generó hacen imposible asumir los que serían los tiempos de tramitación propios de los procedimientos ordinarios de autorización en materia territorial y urbanística.

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de hoy el Decreto de Medidas Urgentes de intervención administrativa para reparar los daños producidos por el temporal de viento en la Isla de La Palma durante el 23 y el 24 de enero pasados y que afectó, además de a los cultivos, a distintas estructuras de las explotaciones agropecuarias, fundamentalmente muros cortavientos e invernaderos.

Concretamente, el Decreto de medidas que se ha aprobado tiene como ámbito territorial de aplicación las zonas de El Remo, Charco Verde y Puerto Naos de Los Llanos de Aridane, y La Bombilla y La Costa, en el municipio de Tazacorte y consiste en una orden de ejecución que permite que las obras de reconstrucción o reposición queden exentas de licencia municipal..

Con esta medida administrativa se persigue garantizar la inmediata reconstrucción o reposición de instalaciones y construcciones que hayan sido demolidas o desmontadas total o parcialmente como consecuencia del temporal, ya que la paralización de la actividad agropecuaria que generó hacen imposible asumir los que serían los tiempos de tramitación propios de los procedimientos ordinarios de autorización en materia territorial y urbanística.

Rivero reitera ante los Príncipes que Canarias necesita apoyo, compromiso y lealtad

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– El presidente demanda respaldo para la recuperación y diversificación económica de las Islas

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ofreció hoy a los Príncipes de Asturias el compromiso y la lealtad de Canarias con España, algo que también demandó de las instituciones del Estado hacia el Archipiélago para superar las actuales dificultades económicas.

Rivero, que se dirigió a Sus Altezas Reales antes del almuerzo oficial celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, aseguró que «los tiempos complejos que estamos viviendo, en los que se unen la crisis económica y la social con la institucional, precisan de mucho compromiso, lealtad y responsabilidad».

En este sentido, el presidente se dirigió a los Príncipes para garantizarles la lealtad y el compromiso de Canarias al tiempo que aseguró que «este territorio demanda también compromiso y apoyo para superar sus dificultades, dificultades que afectan a todos, pero especialmente al Archipiélago».

Rivero subrayó que Canarias precisa respaldo «para intensificar sus políticas de diversificación económica, en especial para avanzar en la economía del conocimiento y el aprovechamiento de su biodiversidad, así como para potenciar industrias limpias, ligadas a su mar y a su cielo».

En cuanto a la diversificación económica, el presidente se refirió a la necesidad de que Canarias pueda consolidar su posición en los países del África Occidental «para seguir creciendo y generando actividad económica que nos permita complementar aquella que proviene del sector turístico».