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Rivero: "La enseñanza pública es, ahora más que nunca, un dique de contención frente a las desigualdades"

El presidente de Canarias destacó el compromiso para garantizar que todos los niños en Canarias «puedan desarrollarse con total plenitud independientemente de la capacidad económica de sus padres»

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero señaló hoy, durante la inauguración del Curso Escolar 2013-2014 que «la enseñanza pública es, ahora más que nunca, un dique de contención frente a las desigualdades».

El jefe del Ejecutivo defendió la enseñanza pública en Canarias y dijo que el Gobierno de Canarias «seguirá defendiéndola cueste lo que cueste» porque, aseguró, «simboliza la justicia social y la igualdad de oportunidades».

En esa dirección, destacó el compromiso del Ejecutivo para garantizar que todos los niños en Canarias «puedan desarrollarse con total plenitud independientemente de la capacidad económica de sus padres».

Rivero recordó algunas de las acciones emprendidas para mantener el carácter público de la enseñanza, algunas pioneras en España, como la apertura de los comedores escolares en verano, «una medida de la que se beneficiaron cerca de 6.000 alumnos, y que a lo largo de este curso se ampliará también a los desayunos y a los alumnos de Secundaria».

En ese sentido, hay que indicar que del total de estudiantes que hace uso de los comedores durante el curso escolar, el 52 por ciento cuenta con alguna ayuda pública, entre los que están subvencionados en función de la renta familiar, y aquellos que hacen uso de estas instalaciones a coste cero.

El presidente de Canarias insistió en que «la escuela pública es irrenunciable», por lo que su Gobierno, «lejos de dar un paso atrás, hemos dado pasos adelante».

Y, en esa línea, resaltó que en este curso se incrementan las plazas de Formación Profesional en 5.500, y las de las escuelas oficiales de idiomas en 1.600. Y que la plantilla docente crecerá en más de 100 profesores, «que se dedicarán fundamentalmente a programas de refuerzo educativo, como la atención temprana, la prevención del abandono escolar o la enseñanza de idiomas», señaló.

Por otro lado, Rivero recordó que se ha cubierto la totalidad de la demanda de becas de alumnos que la solicitaron y que cumplían los requisitos académicos y económicos, «para que ningún alumno que reúna las condiciones exigidas se quede sin su beca».

Rivero señaló, en la misma dirección, que se han iniciado 160 obras de ampliación, reforma y mantenimiento en centros de todas las Islas y se ha aumentado la oferta de plazas y centros que impartirán programas de diversificación curricular o la modalidad de enseñanza bilingüe.

En relación a la FP, indicó que se pondrán en marcha los seis primeros centros de Formación Profesional Integrada y que se iniciarán los primeros planes de la FD dual, modalidad en la que el horario lectivo se desarrolla entre un centro educativo y una empresa (se desarrollarán once proyectos, con la participación de sesenta empresas u organismos públicos y privados).

En cuanto a la enseñanza universitaria, el presidente de Canarias recordó que se han congelado las tasas, y que se ha incrementado en 7,4 millones de euros la dotación para las inversiones en infraestructuras de las universidades canarias.

Movilización de escolares

Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo, destacó el esfuerzo de coordinación que implica «sacar a miles de personas de sus casas, transportarlas, dejarlas en un lugar seguro, atenderlas y devolverlas sanas y salvas al final de la jornada» y que esa «movilización» se repita cada día durante meses.

En esa dirección, Rivero recordó que hoy retoman las clases 170.000 niños de Infantil y Primaria, a los que se sumarán en los próximos días otros 114.000 jóvenes de ESO y Bachillerato y que la buena marcha de ese proceso requiere un «esfuerzo de todos».

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Recuperación del pinzón azul de Gran Canaria

– Una vez elaborado y aprobado el Plan, el Cabildo grancanario será el encargado de su gestión

El Gobierno de Canarias aprobó hoy el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la especie pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla Teydea Polatzeki). Este plan se encuentra enmarcado dentro de los proyectos LIFE que está desarrollando conjuntamente la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias con el Cabildo de Gran Canaria, y que contempla la recuperación ambiental de la zona de Inagua tras el incendio de Gran Canaria de 2007. Entre las actuaciones que incluía dicho plan, figura la de recuperación del pinzón azul, que debía concluir con un plan de recuperación de la especie, que es el que ahora se llevó para su aprobación al Consejo de Gobierno. Con esto ya se da por concluido el proyecto, y a partir de ahora será el Cabildo de Gran Canaria el encargado de la gestión del plan de recuperación que hemos elaborado.

El pinzón azul es una especie endémica de las islas Canarias que cuenta con dos subespecies bien diferenciadas, cada una de ellas restringida a una única isla: Fringilla Teydea Teydea habita en los pinares de Tenerife y Fringilla Teydea Polatzeki ocupa sólo algunos bosques de la isla de Gran Canaria.

El Plan de Recuperación aprobado hoy por el Gobierno está dedicado al pinzón azul de Gran Canaria, cuya población está muy restringida; el núcleo principal se encuentra en los pinares de Inagua, Ojeda y Pajonales (con una población cercana a los 250 ejemplares), mientras que el resto de la población se distribuye por los pinares de La Cumbre y de Tamadaba.

El Plan de Recuperación tiene como fin último la adopción de medidas de conservación para que el pinzón azul de Gran Canaria pueda dejar de formar parte de la lista de especies consideradas en peligro de extinción. Para ello, se ha de conseguir el mantenimiento del núcleo principal, así como el incremento en número y rango de distribución de esta subespecie, hasta conseguir un tamaño de población viable a largo plazo. Las medidas propuestas en el Plan pretenden garantizar la supervivencia de la población natural y favorecer su expansión, potenciar el establecimiento de nuevos núcleos de población a través de la cría en cautividad y de la translocación, fomentar la conexión entre poblaciones, evaluar de manera continuada el estado de las poblaciones y fomentar el desarrollo de líneas de investigación que mejoren la estrategia de conservación, así como la difusión de resultados.

El Gobierno concede una subvención al ayuntamiento de Agüimes de más de 230.000 euros para la atención a mayores, discapacidad y dependencia

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno la concesión de una subvención al ayuntamiento de Agüimes para cubrir parte de los gastos derivados del programa «Prestación de servicios a personas en situación de dependencia: Respiro familiar para menores y discapacitados físicos y psíquicos con necesidades educativas especiales y mantenimiento de la Residencia de Mayores Villa de Agüimes», por un importe de 231.554,05 euros.

Existen razones de interés público y social para la concesión de la subvención ya que supone la prestación de un servicio especializado, de ámbito municipal, dirigido a personas dependientes, encuadrado en el Catálogo de servicios previsto en el artículo 15 de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, promocionando la autonomía personal y de atención a la dependencia.

En cuanto al programa «Respiro Familiar», incide en el tratamiento de menores con necesidades educativas especiales en los meses de julio y agosto época de mayor permanencia de los chicos en su medio por período vacacional de los centros educativos y asistenciales. Este Servicio nace con la finalidad de dar respuesta a unidades familiares que demanda apoyo y atención, lográndose una mejor integración de los menores mediante una serie de actividades lúdicas formativas por personal especializado, sirviendo de ayuda a las familias a fin de que obtengan un respiro familiar en los meses de verano.

En cuanto a la Residencia de Mayores, se trata de la prestación de un servicio especializado de atención residencial a personas de Tercera Edad, mayores de 65 años y en caso excepcional, menores de dicha edad, de forma que se garantice una atención globalizadora e integral del usuario afectado por un deterioro cognitivo en situación de riesgo, favoreciendo unas condiciones de vida digna como beneficiarios directos de la subvención, contribuyendo a resolver situaciones de problemática familiar, social o económica existente en cada caso.

El Gobierno acuerda remitir al Parlamento el proyecto de Ley de crédito extraordinario para 2013

– La dotación adicional asciende a 206 millones de euros, de los que el 77% se destinan al gasto social y al crecimiento económico

El Consejo de Gobierno, tras obtener el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo, ha acordado hoy remitir al Parlamento de Canarias el proyecto de ley de crédito extraordinario derivado de la ampliación del déficit de 2013 para las Islas por un importe de 206 millones de euros.

El Ejecutivo destinará los recursos de forma prioritaria al gasto social, servicios públicos básicos y al crecimiento económico que genere empleo consignando un total de 158 millones a estas áreas, es decir, el 77% de los créditos.

De esta cantidad, 110,5 millones son para sanidad, educación y políticas sociales, mientras que para medidas de crecimiento económico se aplican 47,5 millones y se destinan otros 48 millones de euros a la liquidación de gastos comprometidos cuya principal partida se distribuye entre los cabildos insulares.

El nuevo crédito previsto por el Gobierno de Canarias establece en el ámbito sanitario una inversión en infraestructuras por importe de unos 15 millones a los que se añaden 12 millones más destinados a la reducción de las listas de espera.

En materia educativa, se asignan unos 13 millones de euros a inversiones, a la ampliación de la dotación de becas universitarias así como al programa de comedores escolares desarrollado este verano, entre otras partidas.

En el área de políticas sociales se incrementan en 9,3 millones los créditos para la Prestación Canaria de Inserción, para la Dependencia y para la emergencia social. Las políticas de fomento de empleo conforman otra de las prioridades de este anteproyecto de ley a las que se destinan 15 millones de euros.

Entre las medidas generadoras de crecimiento y empleo se encuentran 20 millones consignados a carreteras, la ampliación de los programas de promoción económica, además de planes destinados a la modernización e infraestructura turística y dotaciones adicionales dedicadas a la mejora de la competitividad del sector agrícola.

El Gobierno destina 1.166.429 euros a la atención a menores en situación de riesgo en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria

– En concreto, se conceden 328.955,48 euros al Ayuntamiento de San Cristóbal de La laguna, 223.939,97 euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y 613.534,40 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno conceder subvenciones a los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria para cubrir parte de los gastos derivados del programa «Equipo municipal especializado en la atención de Infancia y Familia», por un importe total de 1.166.429,85 euros.

Existen razones de interés público y social para la concesión de estas subvenciones, ya que, en el presente ejercicio 2013, el Departamento, a través de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, asume la cofinanciación de los centros y programas que hasta ahora se venían cofinanciando a través del Plan Concertado, correspondientes a los objetivos 1 y 3 del Plan Integral del Menor en Canarias (PIMC), con el fin de procurar estabilidad, coherencia de actuación y eficiencia a estos recursos.

Los equipos municipales son indispensables para detectar las situaciones de riesgo en menores, adoptar las medidas de protección adecuadas y dar los servicios específicos para el ámbito de la infancia de su municipio.

Gracias a esos equipos se evita tener que adoptar medidas de protección y que muchos niños y niñas caigan en el desamparo y por tanto tengan que ingresar en un centro.

Dicha subvención va destinada, por tanto, a la prestación de servicios sociales totalmente necesarios en el ámbito de la protección del menor y la familia, para reforzar la protección del menor y de su entorno familiar en la prevención, adelantarse a situaciones desfavorables evitándolas con la suficiente antelación en su detección y, en la correspondiente intervención en un contexto más favorable, se dirige a la completa restauración de parámetros sociales impulsores de un desarrollo integral del menor y de su núcleo vital.

En concreto, se conceden 328.955,48 euros al Ayuntamiento de San Cristóbal de La laguna, 223.939,97 euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y 613.534,40 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El Gobierno de Canarias recurre la "Ley de Costas" ante el Tribunal Constitucional

– El consejero de Política Territorial informó hoy al Consejo de Gobierno de la interposición del anunciado recurso contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de costas

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de costas.

Tal y como había ordenado el Gobierno, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma han interpuesto el citado recurso ante el Tribunal Constitucional, contra una Ley que invade competencias de otras administraciones e impulsa la desigualdad de trato de unos ciudadanos frente a otros.

En su recurso, el Gobierno de Canarias impugna determinados artículos y disposiciones de la Ley 2/2013 por considerar que incurre en vicio de inconstitucionalidad por vulnerar el sistema de distribución competencial, lesionando las que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, se invoca la vulneración de la autonomía local y de los principios de igualdad, de seguridad jurídica, de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales.

En cuanto a la invasión de competencias autonómicas, el recurso del Gobierno canario se basa en que la Ley atribuye a la Administración del Estado el régimen de ocupación y uso de las playas, cuando ya el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 149/1991 dictada en relación con la Ley de Costas de 1988 que ahora se modifica, sostuvo que el modo de llevar a cabo la ocupación y uso de las playas es competencia de las CCAA. Por otro lado, la Ley regula los usos en las zonas de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo terrestre adscritos a las CCAA, lo cual contradice igualmente las competencias autonómicas en materia de puertos y la doctrina del Constitucional, que señaló en la sentencia citada que la Administración del Estado no está autorizada para inmiscuirse en la gestión o explotación de los servicios portuarios de las Autonomías, reservando a las Comunidades Autónomas la actividad de planificación de los usos del suelo.

En materia de Medio Ambiente, la vulneración se produce cuando la Ley reserva al Estado la función de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, desconociendo la necesaria coordinación que debe existir entre las distintas Administraciones públicas que ostentan competencias concurrentes sobre un mismo espacio físico. Del mismo modo, se desconocen las competencias autonómicas cuando somete a la aprobación estatal los planes que hayan de elaborar las CCAA en relación con los bienes del dominio público marítimo terrestre que tengan adscritos.

A esto se añade, en materia de urbanismo y ordenación del territorio, la intromisión en las competencias autonómicas que se produce cuando, como régimen adicional, se atribuye el legislador estatal la determinación de las características que debe contar un suelo para su consideración como urbano, a los efectos de reducir la servidumbre de protección de 100 a 20 metros de determinados núcleos o áreas de población. Además, se somete a un informe estatal a los núcleos ya clasificados por el planeamiento cuando ya el instrumento de planeamiento mereció en su tramitación el informe favorable de Costas, lo que supone vulneración del principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, amén de cuetsionar el legítimo ejercicio de sus competencias por la Administración urbanística.

La Ley, asimismo, lesiona el artículo 132.2 de la Constitución Española que define el dominio público marítimo terrestre, al excluir del demanio natural los terrenos que sean inundados artificial y controladamente consecuencia de obras e instalaciones realizadas al efecto ( cultivos marinos, salinas) y una parte significativa de las dunas, que ya sólo serán de dominio público en la parte que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa, utilizando conceptos jurídicos indeterminados, con vulneración del principio de seguridad jurídica, cuya precisión queda en manos del poder ejecutivo, por lo que el Gobierno de Canarias entiende que se violenta la reserva legal que impone la Constitución.

Con esta reducción del dominio público marítimo terrestre se contraría el artículo 132.2 de la Constitución, que incluye la zona marítimo terrestre y las playas, sin excepción, dentro del dominio público marítimo terrestre, ofreciendo el legislador estatal una arbitraria y artificiosa definición de estos bienes. Con esta reducción, y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, se violentan además otros principios que consagra el texto fundamental, como el deber de los poderes públicos de preservar el medio ambiente del artículo 45. Se posibilita la privatización de la costa, lo que lleva aparejado el riesgo de contaminación y deterioro de las playas y de la zona marítimo terrerstre, al quedar gran parte de lo que hasta ahora era dominio público marítimo terrestre fuera del régimen especial de protección que la Constitución impone dispensar a estos bienes.

El Gobierno autonómico interpreta además que no sólo se violentan competencias autonómicas, sino también la autonomía local de los artículos 137 y 140 al permitir, de forma genérica, que el Delegado del Gobierno pueda suspender de forma automática cualesquiera actos y acuerdos de las entidades locales que estime puedan afectar a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección. Se atribuye al Estado una posición de superioridad jerárquica respecto de las entidades locales, contraria a su autonomía local, cuando la potestad de revisión de la legalidad de los actos y acuerdos de las Administraciones públicas corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales.

Por último, el recurso presentado desde Canarias refleja un trato discriminatorio, arbitrario y desigual a los ciudadanos en le Ley, cuando excluye del dominio público marítimo terrestre determinados núcleos costeros del litoral peninsular, sin razón justificada (12 núcleos incluidos en su Anexo) y cuando practica un especial deslinde en la isla de Formentera, en contra de la definición del dominio público que se contempla en la propia Ley.

Además, esta exclusión ad hoc vulnera los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Se trata de un «beneficio» que se concede sin motivación alguna a determinados núcleos de población de la costa peninsular cuando las aparentes razones que lo justifican concurren también en determinados núcleos de las costas canarias. Y, dentro de las arbitrariedades recogidas en la norma, se vulneran las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva y a la ejecución de sentencias en sus propios términos, cuando regula un régimen especial en relación con instalaciones de depuradoras ubicadas en zona de dominio público marítimo terrestre que cuentan con sentencia judicial firme, que las obliga a cambiar de localización.

El Gobierno prioriza la ampliación del déficit en los servicios esenciales y en el crecimiento económico

– El 77% de los recursos incluidos en el anteproyecto de ley de crédito extraordinario se destinan a estas áreas

– El gasto social, la reducción de las listas de espera, el fomento del empleo, la promoción económica y las inversiones en educación, sanidad y carreteras centran las partidas

– González Ortiz afirma que este nuevo endeudamiento «es fruto de una flagrante dejación de la Administración central hacia las Islas»

El Gobierno de Canarias destinará de forma prioritaria los recursos derivados de la ampliación del objetivo de déficit para 2013 al gasto social, servicios públicos básicos y al crecimiento económico que genere empleo. Con estas premisas, el Consejo de Gobierno ha acordado hoy solicitar al Consejo Consultivo el dictamen preceptivo para la tramitación del anteproyecto de ley de crédito extraordinario en el Parlamento.

El total de las partidas que conforman la ampliación presupuestaria asciende a 206 millones de euros de los que aproximadamente 158 millones se destinan a estas áreas, lo que representa el 77% de los créditos.

De esta cantidad, 110,5 millones son para sanidad, educación y políticas sociales, es decir, un 54% sobre el global. Para medidas de crecimiento económico, cuyos recursos se centran principalmente en dinamización, políticas de empleo e inversión pública, se aplican 47,5 millones, lo que supone el 23%. El otro 23% restante de este crédito extraordinario se asigna a la liquidación de gastos comprometidos cuya principal partida se distribuye entre los cabildos insulares.

Según explicó el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, esta ampliación presupuestaria «existe porque también existe responsabilidad y rigor sobre las cuentas públicas canarias. Acometer nuevas actuaciones y reforzar otras con nuevos recursos -añadió- no será posible en otras comunidades autónomas que deberán limitarse a absorber sus altos índices de déficit y de deuda».

A este respecto destacó que esta inyección económica es viable debido a que, «somos la comunidad menos endeudada de España y cumplimos con los objetivos de déficit» y agregó que «esta situación es lo que nos permite, a diferencia de otras administraciones, afrontar esta ampliación de crédito».

Además de precisar que estos recursos adicionales no proceden de ingresos del Estado ya que se trata de fondos que se obtendrán a través del endeudamiento «que elevará la factura de los intereses que paga Canarias», el consejero dijo que este crédito extraordinario «es fruto de una flagrante dejación de la Administración central hacia las Islas».

En este sentido manifestó que, tras el «descenso injustificable e imparable de los ingresos del Gobierno de España, con esta ampliación es el Gobierno de Canarias quien, acudiendo a más endeudamiento, está sustituyendo las obligaciones estatales incumplidas».

Servicios esenciales e inversión

El nuevo crédito previsto por el Gobierno de Canarias establece en el ámbito sanitario una inversión en infraestructuras «inaplazables» por importe de unos 15 millones de euros además de una inyección de 12 millones de euros, a los que se suman otros 5,4 millones de gasto corriente, destinados a la reducción de las listas de espera.

En materia educativa, se distribuyen unos 13 millones de euros de los que destaca los 7,4 millones asignados a inversiones para las dos universidades canarias, el programa de comedores escolares desarrollado este verano, así como una dotación adicional para becas de forma que ningún estudiante universitario que cumpla con los requisitos se quede sin ayuda pública.

En el área de políticas sociales se incrementan en 9,3 millones las partidas para la Prestación Canaria de Inserción, para la Dependencia y para la emergencia social. Las políticas de fomento de empleo conforman otra de las prioridades de este anteproyecto de ley a las que se destinan 15 millones de euros.

Sobre Obras Públicas y Transportes destaca lo destinado a la Obligación de Servicio Público de las conexiones con El Hierro así como los 20 millones de euros consignados a carreteras.

En este punto, González Ortiz señaló «el gran esfuerzo que está realizando el Gobierno de Canarias ya que, a pesar de la sustancial reducción del convenio estatal, aportamos esta significativa cantidad supliendo así los ingresos de la Administración central con el fin de no provocar una paralización total de las obras ahora en marcha».

Entre este tipo de medidas generadoras de crecimiento y empleo también se encuentran partidas para promoción económica; 3,5 millones para promoción, infraestructuras y planes de modernización turística; aportaciones a la construcción del Pabellón de Deportes de Gran Canaria y al Palacio de Congresos de Fuerteventura; así como 4 millones de euros adicionales dedicados a inversión para la mejora de la competitividad del sector agrícola.

El Gobierno de Canarias avanza en la tramitación del anteproyecto que modifica la Ley de Prestación Canaria de Inserción

– Con esta modificación se llegará a más personas afectadas por la crisis y se garantizará el acceso rápido y efectivo a las ayudas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la lista de evaluación del anteproyecto de Ley por el que se modificará la Ley 1/2007, de 17 de enero, de Prestación Canaria de Inserción.

Con este documento se pretende actualizar la regulación legal de la prestación económica de inserción social en la Comunidad Autónoma de Canarias y atender a su función social, a fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados en la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano, de forma que se puedan atender a aquellas necesidades más perentorias y a los casos más vulnerables en situación de exclusión social.

La modificación de la Ley tendrá como objeto ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social; garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda que supone la PCI a las personas que lo solicitan, estableciendo por ley un plazo de cuatro meses para resolver las solicitudes desde su recepción por parte del departamento del Gobierno; y simplificar procedimientos y acortar tiempos de respuesta, mejorando la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión.

Hay que recordar que entre las medidas estructurales contempladas en la Estrategia canaria frente a la Pobreza, se encuentra la de modificar la actual Ley de la Prestación Canaria de Inserción.

La PCI es una ayuda que se destina a un colectivo de personas en exclusión social, un colectivo con un perfil determinado que, por sus características, les cuesta acceder a un empleo. Hay que tener en cuenta que esta ley se puso en marcha en un momento de estabilidad económica, no para afrontar situaciones de crisis como la actual, que hace que muchas más personas soliciten estas ayudas.

La actual situación obliga, por tanto, a replantear el perfil de personas amparadas y protegidas por esta prestación, ya que nos encontramos con solicitantes que, si bien no se pueden incluir dentro del colectivo de la exclusión social, por disponer de herramientas sociales, culturales y formativas, sin embargo no pueden cubrir las necesidades básicas, alimentación y vivienda, dado que no perciben ningún recurso y han agotado el resto de prestaciones económicas del sistema público.

Asimismo, es indispensable procurar una respuesta más inmediata y efectiva a los solicitantes, agilizando el actual procedimiento mediante la simplificación de trámites y documentación a presentar. Esta debe ser acorde con la actual realidad de las familias canarias, con especial consideración de aquellas personas solicitantes, mayoritariamente mujeres, con niños menores de edad a su cargo.

El gasto farmacéutico acumulado de enero a julio experimentó un descenso del 10,32 %

– La factura del mes de julio se situó en 35.760.871 euros y el gasto medio por receta en 10,67 euros

El gasto acumulado en medicamentos experimentó un descenso de enero a julio del 10,32%, al pasar de 265.111.214,89 euros a 237.744.961,14 euros. Los primeros siete meses del año se han prescrito con cargo al Servicio Canario de la Salud un total de 22.453.665 recetas, un 9,83% menos que en el mismo período de 2012, con un gasto medio de 10,59 euros, inferior asimismo en un 0,54 %.

El gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud (SCS) aumentó en julio 5.975.374,48 euros, lo que supone un aumento del 20,06 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, mes en que entró en vigor las medidas de copago farmacéutico, según recoge el balance de facturación presentado hoy por la Consejería de Sanidad en Consejo de Gobierno.

De acuerdo a los datos del balance, el gasto en medicamentos del pasado mes fue de 35.760.870,90 euros, frente a los 29,8 millones de julio de 2012, por la facturación de 3.352.475 recetas, del orden de 301.409 recetas más que el año anterior.

Por tipo de usuario, se prescribieron 0,77 recetas por usuario activo y 5,50 por pensionista, con gasto medio de 6,50 y 65,17 euros, respectivamente. Lo que situó el gasto medio por receta en 10,67 euros.

Receta electrónica

Del total de recetas prescritas el pasado mes, 2.993.284 se emitieron en formato electrónico, lo que representa el 87,64 por ciento del total.

Los porcentajes por Áreas de Salud fueron: 89,33 por ciento en El Hierro, 89,36 por ciento en La Gomera, 89,85 por ciento en La Palma, 89,24 por ciento en Fuerteventura, 85,93 por ciento en Lanzarote, 90,22 por ciento en Tenerife y 84,90 por ciento en Gran Canaria.

El Gobierno de Canarias aprueba los proyectos municipales que invierten más de 150.000 euros en el Plan de Empleo Social

– Los ayuntamientos han de formalizar las contrataciones de desempleados en el plazo máximo de 15 días

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los proyectos de los ayuntamientos del Archipiélago que han decidido destinar más de 150.000 euros al Plan de Empleo Social. En concreto, hoy se han aprobado los proyectos de cinco corporaciones, que implican una aportación por parte del Ejecutivo de 1.325.785,76 euros. Se trata de los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna, Granadilla de Abona, Santa Lucía de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y el Patronato Municipal de Gestión de Convenios de colaboración entre Administraciones Públicas.

Tras la aprobación definitiva por parte del Gobierno de Canarias, el inicio de los contratos es inmediato, ya que, a partir de este momento, los ayuntamientos disponen de un plazo de 15 días para proceder a la contratación de los desempleados.

La tramitación de los proyectos de los 83 ayuntamientos implicados se ha ido realizando de forma paulatina, en función de la capacidad de cada ayuntamiento. Además, se ha recurrido al trámite de urgencia previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, con el objetivo de que los plazos para la presentación de proyectos y la posterior subsanación se reduzcan a la mitad de tiempo».

Por otro lado, cada ayuntamiento ha decidido su contribución a la financiación siempre en un margen comprendido entre el uno y el diez por ciento del Fondo Canario de Financiación Municipal.

A través de este plan de empleo extraordinario y eminentemente social, el Gobierno de Canarias aporta una solución a los graves recortes del Ejecutivo central, que han afectado de forma directa a la financiación de las políticas activas de empleo y a la formación para personas desempleadas.