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Canarias creará la Junta de Expurgo de documentos judiciales

– El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de decreto para su constitución

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de decreto por el que se creará la Junta de Expurgo de documentos judiciales de Canarias para determinar la exclusión o eliminación de los expedientes procesales o gubernativos del patrimonio documental o, en caso contrario, la preservación y posterior remisión de los mismos al departamento con competencias en materia de patrimonio documental. Con este decreto se regula la finalidad, composición, sede y normas de funcionamiento de la Junta de Expurgo de documentos judiciales de Canarias como órgano colegiado de naturaleza administrativa adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Asimismo, se modificará el Reglamento Orgánico de la Consejería, aprobado por Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, para incorporar la Junta de Expurgo en su artículo 3 y en el Capítulo VII.

La Junta de Expurgo tendrá su sede donde radica la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto a su composición, estará presidida por el presidente del TSJC, quien a su vez podrá delegar en otro magistrado con destino en uno de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias, con voto dirimente de los empates. Asimismo, estará integrada por un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, un funcionario designado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, un técnico superior especialista en archivos judiciales y un funcionario designado por la consejería con competencias en materia de patrimonio documental.

Para la devolución de documentos, el presidente de la Junta de Expurgo acordará la publicación de las relaciones de expedientes judiciales en el Boletín Oficial de Canarias, y una referencia de aquélla en dos diarios de los de mayor difusión en el ámbito autonómico al objeto de que, en el plazo de dos meses, puedan los interesados recuperar aquellos documentos en su día aportados al proceso. En la publicación del anuncio se omitirá la reseña del objeto del proceso y la identificación de las partes.

Según recoge el decreto, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias las resoluciones que acuerden la transferencia de los expedientes judiciales al departamento competente en materia de patrimonio documental, su enajenación para ser destinados por el adquirente, exclusivamente, a su tratamiento para posterior reutilización como papel de uso común o su destrucción.

El TC reitera que Canarias podría asumir las competencias en sus aguas si reformara el Estatuto

– A juicio del comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, «la resolución judicial invita a retomar los trabajos para la reforma de documento estatutario»

El Tribunal Constitucional ha reiterado que Canarias podría asumir las competencias en sus aguas si así lo contemplara el Estatuto de Autonomía, lo que, a juicio del comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, «constituye una invitación a retomar los trabajos para la reforma del documento estatutario».

Se trata de la segunda sentencia en pocos meses (la anterior es de enero pasado y se refería a la Ley estatal de Hidrocarburos) en la que el Alto Tribunal establece que en la redacción vigente del Estatuto no se reconoce que las aguas sean parte del territorio de la Comunidad, «pero de lo que se infiere que reformándolo Canarias sí podría ejercer en sus espacios marítimos las mismas competencias que el propio Estatuto le atribuye en tierra; un asunto que afectaría a cuestiones tan importantes como las prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura, a las que se opone el Gobierno de Canarias», explicó Ríos.

La sentencia resuelve un recurso presentado por el Gobierno de Canarias en 2008 sobre determinados preceptos de la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, que fijaba las competencias de las comunidades autónomas en la gestión de espacios naturales protegidos en el ámbito territorial y en las aguas marinas siempre que existiera continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección.

La posición del Gobierno de Canarias sostenía que la redacción de la Ley en cuanto a la exigencia de «continuidad ecológica» imponía una limitación a la competencia los espacios marinos, sobre todo si se asumía el concepto de territorio del Archipiélago comprensivo de las aguas canarias. No se invocó la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas Canarias por evidentes razones temporales (se aprobó tres años después).

Ahora, el TC, al resolver, impone que se modifique el Estatuto de Autonomía a fin de recoger de forma expresa que las aguas canarias forman parte de su territorio.

En cuanto al fondo del asunto, la sentencia reconoce que el precepto estatal que se impugnó, en relación con la «continuidad ecológica» no se refiere a una continuidad física en relación con la zona terrestre. De modo que no restringe la competencia de la Comunidad Autónoma a los supuestos en que la zona marina y la zona terrestre están conectados o unidos materialmente, sino que establece una regla más abierta (la de la «continuidad ecológica») que permite incluir otros supuestos en los que, sin existir conexión física entre el espacio marino y el terrestre, las características y circunstancias singulares del espacio demandan una gestión unitaria por la Comunidad Autónoma.

Ríos recordó que «a finales de 2006 y principios de 2007 hubo prácticamente consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias sobre la reforma del Estatuto. Así, CC y PSOE aprobaron en 2006 una reforma muy ambiciosa del Estatuto y la remitieron, para su aprobación, al Congreso de los Diputados, que admitió tramitarlo y abrió plazo para presentar enmiendas. Durante el período de presentación de enmiendas ¿continuó el comisionado- CC y PP llegan a un acuerdo sobre las enmiendas a presentar estando entre ellas la cuestión de las aguas. La reforma no prospera por los pactos producidos tras las elecciones de mayo del 2007, lo que motivó que se retira el proyecto por el Parlamento de Canarias».

El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno explicó que «la reforma que ahora pretende impulsar el Gobierno será integral, por tanto muy similar a la anterior y afectará, además de a las aguas, a cuestiones como la definición de Canarias como Archipiélago Atlántico y su carácter ultraperiférico; la introducción de una Carta de Derechos y Deberes de las personas; la facultad del Gobierno para dictar Decreto-Leyes y Decretos Legislativos; la modernización de las Administraciones Públicas en las que se articula Canarias; la asunción de nuevas competencias sobre materias de gran interés para el futuro del Archipiélago (gestión de puertos y aeropuertos, transporte aéreo interinsular, telecomunicaciones, costas, comercio y sanidad exterior, inmigración, competencias relacionadas con la acción exterior del Archipiélago); el blindaje del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, o la garantía de un sistema de financiación justo para Canarias, así como la existencia de una Agencia Tributaria de Canarias que asumiría la gestión, recaudación, liquidación e inspección tanto de los tributos propios de la Comunidad Autónoma, de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y de los tributos cedidos por el Estado, como de los propios del Estado, previo consorcio con éste».

Fernando Ríos: "Marruecos ya ha advertido sobre los riesgos de que España actúe desde la unilateralidad con las prospecciones"

El comisionado del Gobierno de Canarias recuerda las afirmaciones del ministro de Industria marroquí

«Si España desiste de las prospecciones, seríamos capaces de convencer a Marruecos de lo mismo», señala

«El turismo es un sector estratégico no solo para Canarias, sino también para el país africano», recuerda Ríos

El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, enmarcó hoy las declaraciones efectuadas por el embajador de Marruecos en España con respecto a las prospecciones petrolíferas como «una respuesta diplomática» y recordó unas manifestaciones del ministro de Industria marroquí, Abdelkader Amara, quien advirtió hace unas semanas a su homólogo español de que este asunto había que tratarlo «desde la concertación».

Ríos explicó que el ministro marroquí insistió, además, en que si el Gobierno del PP iba por el camino de la unilateralidad «no será un buen comienzo».

En todo caso, el comisionado valoró las manifestaciones del embajador como «una respuesta diplomática en una visita de cortesía» y destacó que «siempre las realizó en condicional, relegando el debate hasta el momento en que se sepa si hay o no petróleo, con expresiones del tipo «en el momento oportuno las posiciones se aclararán» o «no es un tema de preocupación porque todavía no hay nada».

Cabe recordar que en diciembre de 2001 ya hubo problemas con Marruecos cuando el Gobierno de José María Aznar autorizó a Repsol a realizar prospecciones petrolíferas al este de Fuerteventura y Lanzarote.

Marruecos criticó aquel acto unilateral de España y respondió con una queja diplomática ante Naciones Unidas en la que amenazó con llevar el caso al Tribunal Internacional de La Haya.

Ríos recordó asimismo que si bien Marruecos lleva años realizando prospecciones en aguas someras próximas a su costas (en torno a 300 metros o menos), el interés de Marruecos por hacerlas en torno a la mediana con Canarias en aguas profundas se debe a que es España quien unilateralmente las ha autorizado.

Ante esta circunstancia, el comisionado señala que en el Gobierno de Canarias existe el convencimiento de que «si el Ejecutivo español desiste de las prospecciones, que no solo favorecen intereses privados sino que ponen en peligro las relaciones con nuestros vecinos, seriamos capaces de convencer a Marruecos de que también abandone el proyecto».

«De la misma manera que en su momento se logró convencer a Marruecos de que abandonara su intención de construir una central nuclear en Tan-Tan ¿continuó- ahora también seríamos capaces de hacerles entender de que se apueste por las energías renovables en vez de por los hidrocarburos, que es sucia y cara, y que pone en peligro no solo el medio ambiente de una de las zonas con más biodiversidad del planeta sino una de las actividades económicas con más futuro como es el turismo, no solo en Canarias, sino también en la costa marroquí», .

El Gobierno presenta un recurso ante el Constitucional por la nueva regulación de los horarios comerciales

Considera que la norma estatal vacía de contenido las competencias de la Comunidad Autónoma

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 27 y 28 del Real Decreto Ley de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad que regulan los horarios comerciales, al considerar que la nueva regulación estatal vacía de contenido distintas competencias autonómicas.

La norma establece una serie de límites con respecto al establecimiento de los horarios comerciales, que desvirtúan sus competencias en esta materia. Así, el horario global en el que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el conjunto de días laborales de la semana no podrá restringirse por las comunidades autónomas a menos de 90 horas supone una media de 15 horas por día, cuando anteriormente este límite era de 72 horas, una media de 12 horas por día.

Por lo que respecta a la apertura en domingos y festivos, el límite que se fija a las autonomías es de diez al año y se limita la competencia autonómica al establecerse cuatro criterios a los que deberán atenerse éstas a la hora de determinar las aperturas en estos días.

Asimismo, se suprime la facultad de las comunidades autónomas para aumentar o reducir la superficie en virtud de la cual podrán establecerse o autorizarse un régimen especial de horarios.

Otro de los reparos del Gobierno de Canarias se basa en que los criterios que fija el Estado para que las autonomías determinen las zonas de gran afluencia turística dejan a éstas reducidas a simples órganos ejecutivos con respecto a lo legislado por el Estado y que se pierde la competencia para fijar las temporadas de rebaja y su duración.

El Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público de 2013 para los funcionarios docentes no universitarios

Se ofertarán 138 plazas en total

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, aprobó hoy el decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del año 2013 para el ingreso y acceso a los cuerpos de maestros e inspectores de Educación en la comunidad autónoma de Canarias.

Desde 2010 no se había aprobado nueva Oferta de Empleo Público como consecuencia de las restricciones presupuestarias soportadas en los últimos ejercicios y las limitaciones mediante las Leyes de Presupuestos estatales y autonómicas. Sin embargo, en este tiempo ha crecido la necesidad de dotación de personal docente no universitario que dé respuesta, especialmente, a las jubilaciones que se producen.

En la plantilla de inspectores y en algunas especialidades del cuerpo de maestros, es especialmente destacada esa situación, aunque la necesidad de cobertura de vacantes mediante oferta de empleo público es general en toda la Educación Infantil y Primaria, dada la elevada tasa de interinidad del sistema, que en la actualidad supera el 15 por ciento y el 20% en algunas especialidades

El Gobierno de Canarias, en su Consejo de 27 de marzo de este año, resolvió declarar prioritaria la cobertura de las plazas vacantes existentes en los cuerpos docentes no universitarios, así como acumular la tasa de reposición de efectivos del sector de Educación, Sanidad y Administración General, resultando de dicha acumulación un total 138 plazas, de las que 15 de ellas se destinarían al cuerpo de inspectores y 123 al cuerpo de maestros.

El Gobierno de Canarias deja sin efecto la reducción de jornada y retribuciones a 3.300 empleados públicos

La medida que nació con carácter coyuntural dejará de tener efecto a partir de 1 de mayo

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy dejar sin efecto a partir del próximo día 1 de mayo la reducción de jornada aplicada desde el 1 de enero de 2013 al personal laboral temporal, laboral indefinido por sentencia o resolución administrativa y a los funcionarios interinos en el ámbito de Administración General. La medida estaba recogida en la Ley de Presupuestos Generales de la Canarias para 2013, el mismo texto que dejaba abierta la posibilidad al Gobierno de Canarias de reducir el tiempo de vigencia de la reducción de jornada si las circunstancias presupuestarias lo permitían.

La reducción de jornada del 20 y del 10 por ciento, según los casos, se ha aplicado durante el primer trimestre del año al personal laboral temporal, indefinido por sentencia o resolución administrativa y funcionarios interinos de la Administración General de la comunidad autónoma, quedando desde un principio fuera del ámbito de aplicación de esta medida el personal docente, el adscrito al Servicio Canario de la Salud y a la Administración de Justicia.

El Ejecutivo canario aplicó esta medida con el objetivo de preservar el empleo público, evitando así aplicar despidos colectivos en la Administración autonómica, una opción que abrió la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España.

El Gobierno de Canarias es consciente del esfuerzo que ha supuesto para las economías familiares de los 3.300 afectados por esta reducción de jornada y, en proporción en sus retribuciones, y agradece el saber estar y la profesionalidad que ha demostrado en este tiempo los afectados por la medida.

El Gobierno remite al Parlamento una estrategia para impulsar la internacionalización de la economía canaria

El objetivo es estimular el crecimiento económico y la creación de empleo

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una estrategia integral de impulso a la internacionalización de la economía canaria que presentará próximamente al Parlamento regional. El objetivo de esta iniciativa es estimular el crecimiento económico y la creación de empleo mediante un mejor aprovechamiento de las ventajas derivadas del mercado único europeo, de la situación geoestratégica del Archipiélago, de la proximidad a los mercados emergentes y de los vínculos históricos y culturales con los países de América latina y África.

Con este fin, el documento presenta un balance, unas orientaciones y unas líneas de acción dirigidas a favorecer una mayor apertura de la economía canaria como elemento de competitividad y diversificación económica. Todo ello sobre la base del trabajo realizado a lo largo de los últimos años y en línea con las orientaciones marcadas por la Unión Europea para el periodo 2014-2020 que permitan alcanzar mayores niveles de empleo, de productividad y de cohesión social.

El Gobierno ha presentado al Parlamento en los últimos dos años importantes iniciativas sobre algunas de las grandes pautas de actuación que marcan el futuro de Canarias en los próximos decenios. Entre ellas destacan, por su trascendencia, la relativa a los objetivos de Canarias en la Unión Europea 2014-2020 y la propuesta sobre la renovación del Régimen Económico y Fiscal.

En esta misma línea, el Gobierno acuerda ahora presentar esta nueva comunicación a la Cámara como punto de partida para establecer un diálogo y coordinación con todos los agentes implicados y compartir esfuerzos en la consecución de este objetivo común.

El impulso a la internacionalización plantea tres grandes retos. El primero es insertarla en una estrategia más amplia de mejora de la competitividad empresarial apoyando la salida al exterior de las empresas. El segundo es incrementar la inversión extranjera en Canarias aprovechando más y mejor sus ventajas comparativas como plataforma atlántica. Como tercer reto, la estrategia propone aumentar la cultura de la internacionalización en la sociedad destacando las ventajas de una economía globalizada.

Estas premisas se plantean con un amplio horizonte temporal y desde una perspectiva integradora buscando una mejor coordinación entre los distintos agentes que operan en el ámbito de la internacionalización y un mayor aprovechamiento de los instrumentos disponibles.

La Comunicación representa la plasmación de la voluntad política del Gobierno de Canarias que, con esta iniciativa, trata de establecer una primera visión con el fin de lograr un acuerdo parlamentario sobre la evolución del modelo de desarrollo económico basado en la competitividad y la apertura al exterior.

El Gobierno reembolsa a las navieras Armas y Fred Olsen las bonificaciones efectuadas durante el segundo y el tercer trimestre del año 2012

La cantidad total asciende a 12,6 millones de euros y con este pago se abona la totalidad de los reembolsos que las empresas navieras de Canarias han presentado al cobro hasta la fecha

El Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, autoriza la realización de los gastos correspondientes al reembolso a las entidades mercantiles Fred Olsen, S.A. y Naviera Armas, S.A., de las bonificaciones efectuadas en el transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias, durante el segundo y tercer trimestre de 2012 y que a continuación se relacionan:

Entidad mercantil Período Importe

«Fred Olsen, S.A» Segundo trimestre de 2012 3.125.115,93 ¿

Tercer trimestre de 2012 3.648.205,11 ¿

«Naviera Armas, S.A.» Segundo trimestre de 2012 2.339.634,63 ¿

Tercer trimestre de 2012 3.520.714,28 ¿

En total, el Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el pago de 12,6 millones de euros a las empresas navieras por la bonificación al transporte de residentes canarios. De esta forma, se han abonado ya la totalidad de los reembolsos presentados al cobro por las compañías. Los pagos correspondientes al cuarto trimestre de 2.012 y del ejercicio de 2.013 se liberarán a medida que las empresas vayan presentando la documentación necesaria, toda vez que el Gobierno de Canarias incluyó una partida superior a los 30 millones de euros en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de este año, para garantizar el reembolso de las bonificaciones efectuadas.

El Gobierno de Canarias realiza este reembolso en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias.

Esta norma dispone que a las empresas navieras debidamente autorizadas para la prestación de servicios regulares de transporte marítimo interinsular de pasajeros, les serán reembolsadas trimestralmente las cantidades descontadas en los billetes que adquieran sus clientes con derecho a la bonificación regulada en dicho decreto. Actualmente, dicha bonificación está fijada en el 25% del precio del billete, conforme a lo previsto en el Decreto 191/2006, de 26 de diciembre.

Empleo actualiza los criterios con los ayuntamientos para los AEDL en función del número de parados por municipio

El convenio supone una inversión de 2.726.500 euros y serán para un total de 73 AEDL a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 60 a la de Las Palmas

La Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias ha llegado a un acuerdo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para el reparto de los Agentes de Desarrollo Local (AEDL) a través de un nuevo convenio.

El criterio utilizado es que los ayuntamientos tendrán un mínimo de un AEDL y por tanto, ningún ayuntamiento se queda sin la asistencia de este personal.

Los ayuntamientos obtendrán AEDL adicionales en función del número de desempleados que tengan, aplicando así el mismo criterio que utiliza la UE para el reparto de fondos a las regiones con mayor número de desempleados.

En total, para este año corresponden 73 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 60 a la de Las Palmas. Además, cabe destacar que el convenio este año supone una inversión total de 2.726.500 euros. Se trata de un acuerdo marco para la ejecución de proyectos de promoción del desarrollo de la actividad económica de los municipios canarios para este año 2013.

El importe de la subvención tiene un máximo del 80% de los costes laborales totales de los trabajadores que desarrollen el proyecto, con un tope máximo de 20.500 euros por empleado/año o la parte proporcional en función de la fecha de inicio del proyecto.

La consejera explica que «los recortes en los fondos para empleo del Gobierno central nos obligan a redefinir los criterios. Aún así, ningún ayuntamiento queda sin este servicio de apoyo a los desempleados en un momento como este».

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se configuran como trabajadores de las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a una Administración local que tienen como misión principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo.

El Gobierno acuerda interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013

– Esta Ley regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades Autónomas con base en el sistema integrado por los recursos del Estado que se transfieren para el sostenimiento de los servicios asumidos y para la atención de los gastos de inversión.

El Gobierno ha acordado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013

Esta Ley regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades Autónomas con base en el sistema integrado por los recursos del Estado que se transfieren para el sostenimiento de los servicios asumidos y para la atención de los gastos de inversión. Su tratamiento vulnera el ámbito de autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de inversión por incumplir el mandato de considerar la variable ultraperiférica y también el contemplado en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias de mantener las inversiones estatales en Canarias al menos en el promedio del conjunto de las Comunidades Autónomas; también lo es en materia de gastos de funcionamiento al quitar recursos asignados al Fondo de Suficiencia sin cobertura legal.

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), distingue a Canarias como sujeto perceptor de fondos de compensación interterritorial por el concepto adicional de región ultraperiférica, recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y trasladado por la Ley Orgánica al derecho interno. Este concepto supone cada año un 4,02 por 100 del importe del fondo general, para compensar la peor condición relativa de Canarias y sus costes de ultraperiferia adicionales. El precepto se incumple en la Ley 17/2012, que contempla las dotaciones de los fondos de compensación interterritorial sin incluir la asignación adicional por el concepto de región ultraperiférica prevista en el artículo 16.3 LOFCA.

Por otro lado, en los Presupuestos del año 2013 la inversión y las transferencias de capital regionalizadas que tiene que realizar el Estado alcanzaron una media por habitante a una distancia importante de la inversión regionalizada media per cápita, fenómeno que no sólo aleja a Canarias de la media estatal sino que la sitúa a la cola de la inversión publica regionalizada. Esta circunstancia supone un incumplimiento frontal de lo dispuesto en la ley 20/1991, de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), vulnerando el artículo 46 del Estatuto de Autonomía que consagra el REF en el marco del principio de solidaridad del artículo 138 de la Constitución que obliga al Estado.

Igualmente se vulnera el REF por la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012, que regula las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La disposición atribuye a la Ministra de Fomento la facultad de establecer mediante orden ministerial cuantías máximas bonificables por cada trayecto, de forma que la parte de la tarifa que supere dichas cuantías máximas no será objeto de bonificación. Esta norma es contraria al principio de continuidad territorial que se deduce de la regulación del REF. La garantía ha sido incumplida por la omisión del trámite de informe del Parlamento de Canarias.

Por último, la Ley de Presupuestos del Estado para 2013 también lesiona el ámbito de autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias en lo que se refiere a los gastos de funcionamiento por mantener la detracción de recursos asignados al Fondo de Suficiencia en concepto de compensación al Estado por la pérdida de recaudación correspondiente al Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, suprimido al establecerse el Impuesto General Indirecto Canario. Esta compensación no tiene cobertura legal y vulnera el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que entró en vigor desde el 1 de enero de 2002.