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El Gobierno solicita dictamen al Consejo Consultivo para modificar la regulación de los horarios, turnos de guardia y vacaciones de las oficinas de farmacia

El Gobierno aprueba una propuesta para introducir cambios en el Decreto 57/2009 dispuesto en la Ley 4/2005 de Ordenación Farmacéutica de Canarias
En el sector profesional de farmacéuticos existe un amplio consenso sobre la necesidad de modificar el mencionado Decreto

El Consejo de Gobierno solicitará dictamen al Consejo Consultivo de Canarias de la propuesta que ha aprobado para modificar el Decreto 57/2009, de 19 de mayo, que regula los horarios, turnos de guardia y vacaciones de las oficinas de farmacia, como consecuencia del mando legislativo dispuesto en la Ley 4/2005, de Ordenación Farmacéutica de Canarias.

La aplicación de la mencionada disposición reglamentaria ha conllevado problemas especialmente en el régimen de los turnos de guardia, sobre todo en un contexto socio económico difícil que hace necesario atemperar en determinadas circunstancias las rigideces normativas que suponen un sobrecoste para las oficinas de farmacia.

Además, existe en el sector profesional un amplio consenso sobre la necesidad de esta modificación del Decreto 57/2009, concretamente en las cuestiones de mayor repercusión: reducción del horario en la temporada estival, flexibilización de los requisitos de los horarios ampliados, criterios de organización de los turnos de guardia y definición de la prestación farmacéutica durante el servicio de urgencias.

Esta iniciativa reglamentaria, solicitada por la Federación Farmacéutica de Canarias con el respaldo de los dos Colegios oficiales de Farmacéuticos, no tiene incidencia económica alguna sobre el gasto público, puesto que se limita a cuestiones horarias de las oficinas de farmacia y organizativas de los turnos de guardia. La norma está destinada a ser aplicada por las oficinas de farmacia, manteniendo la Administración el mismo deber de organización y supervisión que ya tenía con la normativa que se modifica.

Así, con la finalidad de adaptar los horarios de verano a los hábitos de la población en esa época del año, se establece la posibilidad de que las oficinas de farmacia se acojan a un horario reducido, de 37,5 horas, entre los meses de julio y septiembre, sin afectar, no obstante, a la franja horaria obligatoria que establece el artículo 4.3 del Decreto.

Además, respecto del establecimiento voluntario de horarios ampliados, se modifica el número de farmacéuticos adicionales en función de las horas de ampliación del horario de apertura de las oficinas de farmacia, que aún disminuyendo con respecto a la previsión anterior, sigue garantizando con creces el cumplimiento de la obligación legal de presencia física de un farmacéutico durante el horario de atención al público de las oficinas de farmacia. También se prevé la posibilidad de eximir a una oficina de farmacia del cumplimiento del horario voluntariamente ampliado, cuando sobrevengan circunstancias graves y siempre que con ello no se altere la planificación de los servicios de urgencia. En la misma línea de flexibilización, se amplían los supuestos de petición de horarios ampliados, fuera del plazo ordinario que el Decreto prevé, a los traslados y los cambios de ubicación que se autoricen durante el año. Todas estas cuestiones mejoran la planificación individual del trabajo eliminando cargas onerosas, sin que la calidad en la atención farmacéutica se perjudique.

Por otra parte, la experiencia ha puesto de manifiesto que la organización del servicio de urgencias en las oficinas de farmacia por zonas farmacéuticas no resulta siempre y en todo caso la más idónea. En la mayor parte de los casos la delimitación de las zonas farmacéuticas coincide con la de los municipios, y aunque con carácter general el término municipal constituye sin duda la demarcación más apropiada para una ordenación farmacéutica racional, las particularidades geográficas de algunos territorios aconsejan flexibilizar la delimitación de las demarcaciones a los solos efectos del establecimiento de los turnos de guardia, de forma que sea el órgano competente en la materia el que decida bajo qué circunstancias conviene agrupar más de una zona farmacéutica, o bien unificar áreas de costa o de medianías, así pertenezcan a zonas distintas, de cara a optimizar los servicios de urgencias, abarcando la totalidad del territorio y mejorando el acceso al ciudadano.

Por lo demás, se introduce alguna precisión técnica en la definición de los supuestos de exclusión de las oficinas de farmacia de los turnos de guardia, con la intención de reducir la conflictividad jurídica que la cuestión genera, que no responde a otra cosa que a la concreción de los principios generales que contempla el artículo 51 de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias.

Finalmente, se define el alcance de la prestación farmacéutica durante el servicio de guardia, respetando su concepción de establecimiento de urgencia, pero garantizando al propio tiempo el derecho del usuario a obtener los productos necesarios cuando concurran circunstancias que requieran una actuación farmacéutica inmediata.

El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del decreto de Asistencia Jurídica Gratuita

La medida adoptada supondrá un ahorro anual de 1,3 millones de euros a las arcas de la Comunidad Autónoma

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, una vez emitido el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, la modificación del decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma. La nueva modificación contempla una rebaja lineal del 7,5% de las retribuciones de los abogados y procuradores del turno de oficio y se encuentra directamente influenciada por la profundidad y persistencia de la crisis económica.

La reforma del Decreto 57/98 afecta a los módulos y bases de compensación económica de la subvención a abonar por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a los colegios de abogados de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y La Palma y a los colegios de procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

El contexto actual está dando lugar a un incremento de las personas beneficiarias del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, así como de los litigios relacionados con cuestiones económicas, lo que está teniendo impacto en el gasto público destinado a su cobertura.

La disminución del crédito presupuestario para el próximo año ha motivado un ajuste de los honorarios a la baja para así poder cumplir con el plan económico-financiero y poder sostener y garantizar este servicio. Esta medida adoptada supondrá un ahorro anual a las arcas de la Comunidad Autónoma de 1.345.379,43 euros.

Tras un proceso de reuniones informativas entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y los colectivos de abogados y procuradores se han fijado los criterios sobre las retribuciones que percibirán de la forma más adecuada y menos perturbadora posible para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

En noviembre se prescribieron 218 mil recetas menos que hace un año y el gasto en medicamentos bajó un 8,60%

El número de recetas prescritas con cargo al Servicio Canario de la Salud se situó en 3.055.813, a razón de 0,74 recetas por usuario activo y 4,93 por pensionista
La factura en medicamentos descendió hasta los 32.375.912 euros, frente a los 35,4 millones noviembre de 2011

El número de recetas prescritas con cargo al Servicio Canario de la Salud (SCS) disminuyó en noviembre pasado un 6,67% y se situó en 3.055.813, del orden de 218.277 menos que en la misma mensualidad de 2011, según recoge el balance de facturación de la Dirección General de Farmacia presentado hoy por la Consejería de Sanidad en Consejo de Gobierno.

Por tipo de usuario, se prescribieron 0,74 recetas por usuario activo y 4,93 recetas por pensionista, con un gasto medio de 6,16 y 58,63 euros, respectivamente.

En cuanto al gasto en medicamentos, experimentó un descenso del 8,60% en relación a noviembre de 2011, al pasar de 35,4 millones a 32.375.912 euros, del orden de 3 millones de euros menos.

Gasto acumulado

Este nuevo descenso del gasto en medicamentos se suma a los obtenidos en meses anteriores, que han permitido rebajar la factura farmacéutica del SCS en el período comprendido de enero a noviembre en 60,7 millones, un 13,50%.

También ha disminuido el número acumulado de recetas un 3,56% y el gasto medio, establecido en 10,53 euros, un euro con veintiún céntimos menos por receta respecto a enero-noviembre de 2011.

Receta electrónica

Del total de recetas prescritas el pasado mes, 2.679.886 se emitieron en formato electrónico, lo que representa el 85,90%.

Los porcentajes por Área de Salud fueron: 86,02% en El Hierro, 89,35 % en La Gomera, 89,19% en La Palma, 88,68% en Fuerteventura, 84,56% en Lanzarote, 88,93% en Tenerife y 82,41 % en Gran Canaria.

En cuanto a las actividades formativas, la Dirección General de Farmacia impartió en noviembre el curso «Mejora de la atención del paciente crónico polimedicado» en los centros de salud de Ingenio-Carrizal, Lomo Blanco-Tafira, Vecindario-Doctoral, Jinámar-Remudas, Canalejas y Agüimes, con 115 profesionales asistentes.

También impartió los cursos sobre «Uso racional del medicamento en hospitales» en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria; «Uso racional de medicamentos para residentes en Medicina Familiar y Comunitaria», en Santa Cruz de Tenerife, y «Terapéutica pediátrica», en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, con 103 profesionales asistentes en total.

El Gobierno aprueba la legalización de 22 explotaciones ganaderas de las Islas

De estas instalaciones, 7 se localizan en La Palma, 5 en Gran Canaria, 5 en Lanzarote, 3 en Tenerife y 2 en Fuerteventura

Con este nuevo bloque de legalizaciones, ya son 264 las regularizaciones efectuadas por el Ejecutivo Autonómico hasta la fecha

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, 20 de diciembre, el Proyecto de Decreto que autoriza la legalización de 22 explotaciones ganaderas, de acuerdo a la Ley 6/2009, de 6 de mayo de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo que prevé el procedimiento para la regularización y registro de instalaciones agropecuarias del Archipiélago.

De estas explotaciones de ganado, 7 se localizan en La Palma, 5 en Gran Canaria, 5 en Lanzarote, 3 en Tenerife y 2 en Fuerteventura. Con este nuevo bloque de legalizaciones, ya son 264 las regularizaciones efectuadas por el Ejecutivo Autonómico hasta la fecha, de las de las 967 solicitudes formuladas hasta el momento.

La Ley 6/2009 de Medidas Urgentes, aprobada por el Parlamento de Canarias en abril de 2009, permite la legalización urbanística de las explotaciones ganaderas de las Islas en situación alegal, que cumplan con los requisitos que establece la ley en materia de seguridad jurídica, sanitaria y ambiental, posibilitando así su acceso a las ayudas destinadas al fomento de dichas instalaciones.

Estas instalaciones, en funcionamiento e inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, han sido ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias y se encuentran en algunos de los supuestos contemplados en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo.

De acuerdo a lo establecido en el apartado 6 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, se ha dado audiencia a los cabildos y a los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentran ubicadas dichas explotaciones, y han sido sometidos al trámite de información pública los estudios previos a su legalización, con la publicación de las correspondientes Resoluciones de la Dirección General de Ganadería.

Numerosas instalaciones que hoy constituyen grandes explotaciones de ganado han surgido de forma más o menos espontánea, muchas veces como procesos de reconversión funcional a partir de actividades tradicionales, que en la actualidad se encuentran en una indeseable situación de irregularidad. Por otra parte, el rápido proceso de crecimiento del sector ha entrado en conflicto, en ocasiones, con las necesarias políticas de ordenación y protección del suelo y del medio ambiente.

El Gobierno de Canarias destina 1.000.000 de euros para la formación en idiomas y búsqueda de empleo de 315 jóvenes en el extranjero

El programa Opportunitas pretende que la experiencia laboral en países extracomunitarios revierta en una mejor cualificación y preparación curricular

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado la concesión por parte del Servicio Canario de Empleo de un millón de euros para la puesta en marcha del programa Opportunitas cuyo objetivo es la formación en idiomas y la búsqueda de empleo en países extracomunitarios.

En total, se beneficiarán de este acuerdo un total de 315 jóvenes con cualificación que recibirán, además de formación en idiomas, apoyo en la búsqueda de empleo en países extracomunitarios. Se trata de un proyecto de movilidad que permitirá ganar experiencia a estos jóvenes.

La propuesta persigue que los conocimientos y la trayectoria laboral en estos países se convierta en una fortaleza curricular para quienes participen en este programa para cuando vuelvan a las Islas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Empleo Juvenil del Gobierno de Canarias en el que se trabaja en la formación, movilidad y la experiencia profesional.

Suscritos los convenios con los siete Cabildos para la atención de mayores, discapacidad y dependencia

A través de estas ayudas se garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, informó al Consejo de Gobierno de la suscripción de los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estima conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos con los cabildos para la atención a personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad.

De este modo, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.

El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien se da cabida en el mismo a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.

A través de estas ayudas, se garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz.

De esta forma, mediante estas ayudas, el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social.

El Gobierno de Canarias aprueba la concesión de 200.000 euros para un programa de formación y empleo verde del ITC

Participarán un total de 22 jóvenes titulados en Ingeniería Técnica, Superior o con un ciclo superior de FP

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves la concesión de 200.000 euros para el proyecto Renueva del Instituto Tecnológico de Canarias. Con estos fondos, un total de 22 jóvenes desempleados iniciarán un itinerario formativo integral dirigido al Empleo Verde.

El programa, aprobado con fondos del Servicio Canario de Empleo, permitirá a titulados en Ingeniería Técnica, Superior o con ciclo superior de Formación Profesional contar con formación en el ámbito de las energías renovales e idiomas (160 horas de francés específico), que les permitirá realizar prácticas profesionales en Marruecos.

El proyecto Renueva se enmarca, además, dentro de las líneas estratégicas del Plan de Empleo Juvenil de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias que fomenta la formación, la movilidad y la experiencia profesional.

Presidencia, Justicia e Igualdad presenta el informe sobre la incidencia de la violencia de género en Canarias durante 2011

En el documento se destaca la importancia de la prevención con menores víctimas de este tipo de violencia

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha expuesto hoy en el Consejo de Gobierno de Canarias el informe sobre la incidencia de la violencia de género en Canarias durante el 2011, que contiene datos cualitativos y cuantitativos con el objetito de profundizar en el conocimiento de este problema social y diseñar las acciones que prevengan y erradiquen este tipo de violencia. El informe será ahora remitido al Parlamento de Canarias.

El Instituto Canario de Igualdad, organismo encargado de realizar el informe, destaca en el mismo la importancia de la prevención con menores víctimas de violencia de género, y para acometer esta labor el Instituto ha trabajado tanto en la formación de equipos humanos como en la elaboración de herramientas específicas de intervención con las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género. Al respecto, el documento hace mención a una macroencuesta de 2011 sobre violencia de género, que cifra en unos 840.00 los menores expuestos a este tipo de violencia y en unos 517.000 los que han sufrido agresiones físicas directas.

El informe recopila datos sobre número de denuncias, órdenes de protección, feminicidios y demandas de los servicios de atención, información y acogimiento, así como los acuerdos y convenios y las actividades desarrolladas en materia de violencia de género en 2011 por el Instituto Canario de Igualdad, organismo de igualdad del Gobierno de Canarias responsable de las políticas de prevención y erradicación de la violencia machista.

El documento recoge que durante 2011 se recibieron en Canarias 8.049 denuncias, lo que representa el 6% del total de denuncias en el estado español (134.002). Con respecto al año 2010, en Canarias, con 8.326 denuncias, se produce un descenso del 3,3%, ligeramente superior al 0,1% estatal (277 denuncias menos). En números absolutos, Canarias es la quinta comunidad con más denuncias, por delante se encuentra Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña.

Aunque el número de denuncias refleja la prevalencia de la violencia de género en Canarias, también es un indicador positivo porque indica la voluntad de las mujeres de romper con la situación de violencia al mismo tiempo que permite poner en marcha los mecanismos para tratar de garantizar su protección.

Respecto a las órdenes de protección, en el año 2011 fueron solicitadas e incoadas en Canarias un total de 2.478 órdenes de protección. La solicitud de este tipo de medida durante el año 2011 en Canarias, en referencia a 2010, registró un descenso, computándose 241 solicitudes menos. En relación al resto de comunidades autónomas, Canarias ocupó, en números absolutos, el quinto lugar en cuanto a solicitudes de órdenes de protección se refiere.

Canarias, con 3 mujeres asesinadas en 2001, ocupó el cuarto lugar, después de Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid, y cuenta con el mismo fallecidas que Galicia. Desde 1999 en Canarias, un total de 77 mujeres han muerto como consecuencia de la violencia de género. En relación comparativa con el año 2010, la disminución de muertes ha sido importante, ya que de 10 mujeres fallecidas por violencia de género en ese año, se pasa a 3 en el 2011.

En cuanto al servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género (1-1-2), en 2011 atendió 13.819 incidentes, un 2,7 por ciento menos que el año anterior, cuando se produjeron 14.205 incidentes. Tenerife es la isla con más llamadas registradas (6.012), seguida de Gran Canaria (5.520). Las llamadas de información fueron las más frecuentes (42,7%), seguidas de las de urgencia (35,2%) y las de emergencia, es decir las que implican un peligro para la vida (21,9%).

El Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) atendió en 2011 a 814 mujeres, de un total de 850 alertas, de las cuales 315 necesitaron acogimiento inmediato, junto con 238 menores. Se produce un aumento de las alertas del 5,5% con respecto a 2010, cuando se produjeron 805.

El Gobierno de Canarias considera que estos datos hacen que preciso seguir condenando con contundencia la violencia machista, redoblar los esfuerzos en la protección de las víctimas en todos los ámbitos, perfeccionando los mecanismos de control de los maltratadores, y hacer especial hincapié en la sensibilización y prevención.

El Gobierno prorroga para 2013 medidas de contención de gasto vigentes desde 2011

Las inversiones en telecomunicaciones requerirán autorización previa de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

El Gobierno de Canarias ha aprobado la prórroga para 2013 de medidas de contención de gastos relativas a las indemnizaciones por razón de servicio, que están vigentes desde el año 2011. La prórroga se ha realizado debido a la continuidad de la escasez de recursos que está ocasionando la coyuntura económica y presupuestaria. El Gobierno canario no pagará por tanto indemnizaciones por asistir a reuniones de organismos, consejos de administración, órganos de selección, entre otros, a ninguno de sus integrantes.

Como principal novedad para 2013, este decreto elimina también el pago de indemnizaciones para gastos de vacaciones del personal de la Comunidad Autónoma que trabaja en el extranjero. Hasta este año, este personal, una vez al año, recibía una indemnización para gastos de vacaciones siempre y cuando el desplazamiento fuera desde el lugar de destino laboral al archipiélago canario.

La normativa aprobada por el Gobierno también establece un sistema de control previo para el gasto en aplicaciones informáticas en la Administración autonómica. La intención de este control es aumentar la eficiencia de los recursos ya contratados, incrementar la aportación de software libre y crear sinergias entre los distintos departamentos en el aprovechamiento de estas herramientas informáticas.

En 2013, para realizar contrataciones vinculadas al desarrollo de aplicaciones informáticas o de servicios en el ámbito de las tecnologías de la información, será imprescindible contar con autorización previa de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

El decreto estipula una excepcionalidad para las aplicaciones informáticas de gestión de pacientes, de estaciones clínicas, gestión de información de los hospitales, historias clínicas, receta electrónica, de archivo electrónico de historias clínicas, así como cualquier otra sujeta a criterios homogéneos dictados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad o acordados en el Consejo Interterritorial para todo el Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno de Canarias lamenta el bloqueo del Partido Popular a la acción conjunta de España, Francia y Portugal en defensa de las RUP

El Gobierno de Canarias lamenta la oposición del Partido Popular a la proposición no de ley que se debatía ayer en la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE) del Senado para pedir al Gobierno central fijar una posición conjunta con Francia y Portugal en defensa de las singularidades de las regiones ultraperiféricas (RUP) en la negociación del nuevo marco presupuestario europeo para el período 2014-2020.

En palabras del portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, «la posición de los senadores populares supone un claro desprecio a los intereses y las expectativas de desarrollo y generación de empleo en el Archipiélago, una de las comunidades más castigadas por la crisis». «Y, en el caso de los senadores canarios del PP, una clara traición al bienestar presente y futuro de su tierra y de su gente», añade.

«Desprecio que queda aún más patente si tenemos en cuenta que el propio Parlamento de Canarias aprobó meses atrás, por unanimidad, una comunicación en el sentido de sostener una posición común con los países que tienen RUP», señala Marrero.

Según el portavoz, «la acción conjunta de los tres países con RUP es vital, especialmente a la hora de abordar asuntos tan estratégicos como las perspectivas financieras y las negociaciones de los fondos, la nueva Comunicación de la Comisión Europea, las ayudas de Estado o la defensa de nuestro sector primario, así como para evitar un retroceso en los fondos que la UE destina a estas regiones y que pueden implicar una pérdida de entre el 10% y el 15%».

Cabe recordar que en la última reunión del Consejo Europeo se habían logrado, hasta su suspensión, importantes avances para los intereses del Archipiélago, especialmente en lo relativo al fondo específico para las RUP, la tasa de cofinanciación del marcado general, un aumento del montante destinado a las regiones en transición ¿entre las que se encuentra Canarias- o el aumento de la prima por desempleado. Aspectos que requieren de la suma de todos los esfuerzos posibles, y especialmente de la coordinación de los tres países implicados, para lograr que se consoliden en el próximo Consejo Europeo que se celebrará a principios de 2013.

«Canarias precisa de todo tipo de apoyos para llevar a buen término esta negociación, en la que nos jugamos nuestro encaje y buena parte de nuestro futuro, y la posición del Gobierno de España resulta trascendental, por lo que este bloqueo coloca las aspiraciones de las Islas en una posición más que delicada», indica Marrero.