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Martín Marrero pide que el Estado "dé un paso al frente" en la ayuda a La Gomera

El portavoz del Ejecutivo espera que el Consejo de Ministros complemente los esfuerzos que ya está haciendo el Gobierno de Canarias para paliar los daños provocados por el incendio

El portavoz y viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, señaló hoy que es necesario que el Consejo de Ministros, en su reunión del próximo viernes, «dé un paso al frente en la articulación de medidas de ayuda a La Gomera» que ayuden a mitigar los daños ocasionados por el grave incendio que ha azotado la Isla este verano.

Marrero señaló que «es el momento de demostrar que el principio constitucional de solidaridad es algo más que una declaración de buenas intenciones» e indicó que los gomeros «demandan medidas y ayudas para reparar y paliar, en la medida de lo posible, las pérdidas sufridas».

«Así lo ha entendido el Gobierno de Canarias», indicó su portavoz, quien señaló también que «cuando aún no se han apagado todas las cenizas, ya está en vigor el decreto de ayudas que el Ejecutivo canario aprobó en una reunión extraordinaria el pasado viernes».

Como se recordará, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado día 17 de agosto un decreto de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para mitigar los daños producidos por los incendios acaecidos en las Islas de La Gomera, La Palma y Tenerife durante los meses de julio y agosto de 2012.

Entre las medidas aprobadas por el Ejecutivo canario, se estableció, entre otras, una ayuda de emergencia para paliar necesidades básicas de hasta 4.000 euros por familia, así como ayudas de entre 30.000 y 7.500 euros a los propietarios y usufructuarios de viviendas que se hayan visto afectadas por el incendio.

Además, se aprobó también una ayuda extraordinaria que se materializará en forma de plan de empleo para el desarrollo de obras y servicios (en materia de mejora de viviendas, protección y mantenimiento del medio ambiente y zonas naturales, desarrollo cultural y promoción del turismo, etcétera) en los municipios afectados por el fuego.

Martín Marrero advierte de que el Supremo no se ha pronunciado sobre la legalidad de las prospecciones

El portavoz recuerda que el Tribunal se ha limitado a resolver un recurso sobre una posible contradicción con la sentencia del año 2004

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, señaló hoy, sobre las informaciones en las que se asegura que el Tribunal Supremo ha autorizado las prospecciones que «hay que insistir en que el Tribunal Supremo lo que afirma es que el Real Decreto 547/2012 no contradice la sentencia del año 2004, pero no se ha pronunciado sobre su legalidad».

Martín Marrero ha concretado que «el Tribunal Supremo no ha dicho sí a la legalidad de las prospecciones: se ha limitado a resolver un recurso sobre una posible contradicción con su fallo en el año 2004». En ese sentido, el portavoz del Ejecutivo explicó que «el pleito principal, en el que se dirime la legalidad de las prospecciones, no tiene aún pronunciamiento, puesto que aún estamos en plazo para formalizar la demanda correspondiente».

Paulino Rivero viene exigiendo la presencia permanente de hidroaviones en Canarias desde 2007

* El portavoz del Gobierno de Canarias le recuerda a Bravo de Laguna que el presidente ya lo solicitó a Zapatero cuando el incendio de Gran Canaria

* Marrero lamenta que «hechos tan graves como el de La Gomera sean utilizados por algunos para desenterrar al anacronismo del pleito insular»

* «Arias Cañete no está facultado para criticar, cuando es público y notorio que mientras media España ardía él estaba en los toros»

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha salido al paso de las declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, en las que asegura no haber escuchado «a Rivero pedir hidroaviones cuando ardió Gran Canaria», señalando que esta afirmación «no puede ser más desafortunada» cuando «basta echar un vistazo a las hemerotecas» para comprobar que no se atiene a la realidad.

Así, «por ejemplo», señala, «en un despacho de la agencia ACN Press del 1 de agosto de 2007, tras el incendio en la isla de Gran Canaria y titulado ‘Canarias pide a Zapatero la permanencia todo el año de helicópteros y aviones contraincendios’, se puede leer:

«El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, pidió hoy al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, que los dos helicópteros Kamov y el avión contraincendios de carga en tierra que el Gobierno central envía a Canarias cada verano para la lucha contra el fuego tengan sede permanente en el Archipiélago.

Rivero le recordó al presidente español que Canarias está muy distante de la península, y que con un clima como éste, que permite que se produzcan incendios en el mes de noviembre, los medios aéreos deberían tener base permanente en el Archipiélago».

Según el portavoz, «igualmente lo hizo en 2008 y en 2009, como también queda acreditado en un artículo de ‘El País’ del 1 de agosto de este último año, en el que se puede leer:

«Paulino Rivero insistió ante el presidente Zapatero en la necesidad y urgencia de instalar en la comunidad canaria una base permanente con todos los elementos mecánicos que se consideren necesarios, como hidroaviones de gran capacidad y helicópteros».

Por tanto, continúa Marrero, las declaraciones de Bravo de Laguna «no pueden deberse más que a una amnesia sobrevenida o un auténtico ejercicio de mala fe y demagogia que sólo busca esconder la pésima gestión del Partido Popular y su escaso apoyo a Canarias en estos difíciles momentos, recurriendo a la politización de la desgracia desde la práctica de la confrontación». «Mala fe que se ve incrementada cuando «hechos tan graves como el de La Gomera son utilizados por algunos para desenterrar al anacronismo del pleito insular «.

Por último, el portavoz se ha referido a las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en las que critica que Canarias no haya contratado más medios, para recordarle que «la gestión y coordinación de los incendios de este verano en las Islas ha sido ejemplar, y que el Ejecutivo autónomo ha estado presente de forma permanente y con todos los medios de que dispone a pie de fuego». «Arias Cañete no está facultado para criticar, cuando es público y notorio que mientras media España ardía él estaba en los toros», sentencia Marrero.

El Comité de Expertos esperará a conocer las modificaciones de la Ley de Bases de Régimen Local para presentar su informe

– Asimismo, el Comité de Expertos ha iniciado los trabajos preparativos conducentes al estudio completo de las competencias de las administraciones de Canarias, sujetas igualmente a las modificaciones de la Ley de Bases de Régimen Local

El Comité de Expertos designado para la Reforma de las Administraciones Públicas de Canarias ha pospuesto la entrega definitiva de los informes realizados el último trimestre, hasta conocer las modificaciones de la Ley de Bases de Régimen Local que están pendientes de producirse. Esta decisión viene determinada por las repercusiones que esas modificaciones podrían tener en el informe definitivo, por lo que el Comité ha optado «por un principio de prudencia» esperar al texto legal definitivo.

Como es sabido, el pasado mes de noviembre se creó un Comité de Expertos -integrado por profesionales de reconocido prestigio en distintas disciplinas- con dos objetivos fundamentales: por un lado, evaluar el funcionamiento y el marco competencial de las Administraciones Públicas canarias con el fin de identificar duplicidades, ineficiencias y posibles mejoras en el mismo desde la perspectiva de su financiación y del servicio que se presta a los ciudadanos. Y, por otro, elevar al presidente del Gobierno propuestas y recomendaciones concretas de actuación que redunden en la mejora del servicio que las Administraciones Públicas canarias prestan a la ciudadanía o que contribuyan a optimizar y hacer más eficiente la asignación de recursos públicos a la gestión de sus competencias.

Este Comité de Expertos ha venido trabajando desde entonces en ese objetivo, elaborando informes de carácter trimestral, en el que se identifican problemas concretos y se proponen soluciones con el fin de que las distintas Administraciones puedan valorarlas y dar los pasos necesarios para su implementación.

En ese sentido, desde abril del presente año se ha estado elaborando el informe correspondiente al segundo trimestre de 2012, en el que se estudian medidas conducentes a impulsar la inversión en las actividades económicas de alojamiento de turistas, por un lado; y la reorganización de los servicios sociales, por otro.

Siendo así, el Comité considera que, en el primer caso, las posibilidades de actuación desde las administraciones públicas para incentivar actividades económicas implica tomar decisiones sobre la regulación general, los niveles de competencia de las administraciones y sobre los procedimientos administrativos.

En cuanto a la reorganización de los servicios sociales, el Comité considera igualmente que -si bien el informe sobre el mismo está finalizado- quedan algunas cuestiones pendientes derivadas de las competencias de las administraciones en relación con las prestaciones del sistema.

En ambos casos, señalan los Expertos, es de crucial importancia conocer las modificaciones que han de producirse en la Ley de Bases de Régimen Local, puesto que esas modificaciones podrían repercutir notablemente en las conclusiones del informe final del Comité.

Asimismo, el Comité de Expertos ha iniciado los trabajos preparativos conducentes al estudio completo de las competencias de las administraciones de Canarias, sujetas igualmente a las modificaciones de la Ley de Bases de Régimen Local.

Todo ello ha hecho aconsejable, explican, que «a pesar de la urgencia de estos procesos y de la necesidad de contar con los trabajos efectuados por el Comité» se haya preferido posponer la presentación del informe trimestral hasta conocer dichas modificaciones.

Aprobado el Reglamento del Servicio del Taxi

La normativa prohibe el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de la licencia, y establece las condiciones de vigencia, transmisión, rescate y extinción de las mismas

Los servicios deberán iniciarse en el término municipal al que corresponde la licencia, que tendrá carácter indefinido

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, el Reglamento del Servicio del Taxi que, entre otros aspectos, establece las condiciones de vigencia, transmisión, rescate y extinción de las licencias.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de transporte por carretera. En ejercicio de dicha competencia, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que establece la regulación de rango legal del servicio del taxi en el ámbito territorial de Canarias.

Para el Gobierno de Canarias la relevancia de este servicio es clave en el Archipiélago, y justifica la necesidad y oportunidad del desarrollo reglamentario de mismo. Esta reglamentación, que responde a la realidad del sector en Canarias, regula la actividad y ofrece solución a los problemas particulares que existen en las áreas metropolitanas y en las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, así como en los intercambiadores.

El Reglamento profundiza en la regulación de la expedición de los títulos administrativos habilitantes para la realización del transporte discrecional en taxi, estableciendo los requisitos que deben cumplirse para su obtención, al tiempo que garantiza la coordinación en su otorgamiento y la adecuación de su número a las necesidades de cada ámbito territorial para asegurar su sostenibilidad.

Vigencia, suspensión, transmisión, rescate y extinción de las licencias

Asimismo, el texto establece las condiciones de vigencia, suspensión, transmisión, rescate y extinción de las licencias municipales de los servicios de taxi. Como medida de agilización administrativa contempla la posibilidad de tramitar conjuntamente la expedición de la licencia municipal y de la autorización insular.

Por lo que se refiere a las condiciones de prestación del servicio, junto a las condiciones tradicionales se han incorporando en el reglamento previsiones acerca de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, así como los derechos y deberes de los usuarios.

La regulación del servicio se completa con la inclusión de disposiciones relativas al régimen sancionador en el marco de la legislación de Procedimiento Administrativo Común.

El texto, para cuya elaboración se ha contado tanto con los Cabildos como con la Federación Canaria de Municipios y las asociaciones representativas del sector, procura un tránsito gradual y ordenado del régimen anterior al nuevo.

Se crea la Mesa del Taxi

El reglamento prevé la creación de la Mesa del Taxi, en la que participarán los responsables de la política de transportes y los sectores empresariales, sindicales y sociales más representativos del ámbito del taxi.

De acuerdo con la nueva normativa, para realizar el transporte público discrecional en taxi será preciso estar en disposición de la licencia municipal que habilite a su titular para la prestación de servicio urbano en el municipio concedente. La prestación de servicios interurbanos requerirá autorización administrativa de transporte discrecional expedida por el cabildo correspondiente.

Con objeto de asegurar la adecuación del número de licencias a las necesidades de servicios de taxi de cada ámbito territorial, los ayuntamientos, y en su caso las entidades públicas competentes, otorgarán, modificarán o reducirán las licencias atendiendo a las necesidades de los usuarios potenciales. Se entiende por usuarios potenciales la suma de los residentes en el municipio, los turistas, y en su caso, los pasajeros embarcados o desembarcados en los puertos y aeropuertos ubicados en el municipio, y los visitantes de las dotaciones e infraestructuras administrativas y de servicio público supramunicipales.

El incremento o reducción de licencias debe ser justificado

Para la determinación, modificación o reducción del número de licencias se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de oferta y demanda de servicios; el nivel de cobertura mediante los diferentes servicios de transporte público de las necesidades de movilidad de la población; las actividades administrativas, comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo que se realizan en cada municipio y que pueden generar demanda de taxis; y la existencia de infraestructuras administrativas y de servicio público de ámbito supramunicipal con impacto en la demanda de taxis.

El incremento o reducción del número de licencias en un municipio determinado debe ser justificado por el ayuntamiento o entidad pública correspondiente mediante un estudio socio-económico.

Excepcionalmente, y por una sola vez, la transmisión mortis causa de una licencia municipal otorgada con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento podrá realizarse a favor de la persona física en quien concurra la situación de viudedad, heredero forzoso, minoría de edad, discapacidad, jubilación o pareja de hecho, pudiendo continuar la actividad, sin que sea exigible el requisito de capacitación profesional, siempre que se haga mediante conductores asalariados.

La licencia municipal y, en su caso, la autorización insular para la prestación del servicio de taxi tendrá una vigencia indefinida.

Los servicios deberán iniciarse en el término municipal al que corresponde la licencia

De acuerdo con el nuevo reglamento, los servicios deberán iniciarse en el término municipal al que corresponde la licencia de transporte urbano. Se entenderá por inicio del servicio el lugar donde son recogidos, de forma efectiva, los pasajeros, con independencia del punto en el que comience el cobro de la tarifa o el lugar y sistema de contratación del servicio.

Por otra parte, el reglamento prohíbe el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de la licencia municipal o autorización insular. Además, en la disposición transitoria primera establece que, en el caso de que se reconozca un desequilibro patente entre el número de licencias municipales vigentes y el que resulta adecuado a las necesidades que deben ser atendidas, las administraciones públicas competentes podrán elaborar programas con medidas organizativas, de ordenación del trabajo y, en su caso, económicas, tendentes a acomodar la prestación del servicio a la demanda y, de ser necesario, reducir el número de licencias y autorizaciones existentes a los límites que resulten de aplicación.

Las entidades públicas competentes regularán, mediante norma reglamentaria, las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las paradas y de la circulación de los vehículos en las vías públicas; así como la normativa relativa a la explotación de las licencias en cuanto a turnos, días de descanso y vacaciones.

También regularán estas entidades las condiciones exigibles a los vehículos en lo relativo a seguridad, capacidad, confort y prestaciones, al igual que las normas básicas sobre indumentaria y equipamiento de los conductores, las condiciones específicas sobre publicidad exterior e interior del vehículo, y la información mínima de los transportes y tarifas en los puntos de llegada de turistas (puertos y aeropuertos), y en los puntos de información turísticos.

Tarifas

Las tarifas urbanas serán fijadas por el ayuntamiento correspondiente. El Gobierno de Canarias fijará las tarifas interurbanas, así como las correspondientes a zonas de prestación conjunta y áreas sensibles. En ambos supuestos se dará audiencia a las asociaciones representativas del sector. Su aprobación queda sujeta a la legislación sobre precios autorizados.

Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio industrial, debiendo ser revisadas cuando se produzca una variación en los costes que altere significativamente el equilibrio económico. En todo caso, las tarifas serán actualizadas anualmente conforme el Índice de Precios al Consumo, IPC, de la Comunidad Autónoma.

El reglamento clasifica las tarifas en: Urbana (T1), que es la que se aplica a los servicios que discurran íntegramente por zonas urbanas dentro de los límites territoriales establecidos por los respectivos ayuntamientos; Interurbana (T2), la que se aplica a servicios interurbanos con origen y destino en el punto de partida, con o sin tiempo de espera; e Interurbana (T3), la que se aplica a servicios que tienen su origen en el municipio al que corresponda la licencia y destino fuera de las zonas urbanas o en otro municipio.

El Gobierno aprueba la delimitación de la zona arqueológica del 'Roque de la Abejera'

Este Bien de Interés Cultural se encuentra el municipio de Arona, en la isla de Tenerife

El Gobierno ha aprobado el Decreto por el que se delimita la zona arqueológica del ‘Roque de la Abejera’, situado en el término municipal de Arona, en Tenerife. Este yacimiento, que ya cuenta con la declaración BIC, verá garantizado su ámbito de protección y conservación, necesarios en esta tipología de conjuntos rupestres, del que destaca atesorar los primeros casos documentados de grabados rupestres en la isla.

Su carácter de elemento geomorfológico singular, que destaca en el paisaje del sur de la isla, tuvo que tener ¿con toda probabilidad- una significación especial dentro del sistema ideológico de la población prehistórica, que explicaría la presencia de las estaciones de grabados, cazoletas y canalillos.

Entre los justificantes concretos para la delimitación cabe destacar que se trata de un conjunto rupestre con una adscripción cronológica que se sitúa en el periodo prehistórico, extendiéndose hasta fechas posteriores a la conquista de la isla, resultando esencial mantener intacto el entorno natural inmediato en el que se localizan los conjuntos rupestres y yacimientos, no sólo para lograr una percepción visual más idónea, sino para conservar el ambiente físico-natural en cuyo contexto fueron ejecutadas estas manifestaciones culturales, al existir una íntima relación entre ambos.

Por otra parte, su elevada fragilidad y vulnerabilidad, indica establecer una zona de seguridad en torno a los afloramientos rocosos donde se ubican, que, además de asegurar la percepción plena de los conjuntos permita su protección frente a los procesos de expansión urbanística y los usos y aprovechamientos que se vienen desarrollando en el área circundante.

Dado el carácter arqueológico del bien que se pretende conservar y proteger, y a tenor de la propia naturaleza de los restos arqueológicos, que suelen encontrarse sepultados y no ser perceptibles en superficie, se hace indispensable fijar un sector de terreno circundante a los conjuntos rupestres y demás vestigios arqueológicos documentados, que pudiera albergar restos materiales esenciales para su correcto conocimiento e interpretación.

El Gobierno de Canarias prorroga tres convenios de transporte escolar hasta 2015

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad ha llegado a un acuerdo con las empresas de transporte para que, los tres contratos que vencían, se prorroguen y garanticen el servicio de doscientas veinte rutas hasta el año 2015

El Gobierno de Canarias aprobó hoy en Consejo las prórrogas de los tres convenios del transporte escolar que vencían, con lo que garantiza hasta 2015 su servicio en el archipiélago.

El presupuesto total de los tres convenios asciende a más de 16 millones de euros, un 16% menos que los anteriores, en cumplimiento al Plan Económico y Financiero contra el Déficit de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno de Canarias asegura de esta manera un total de doscientas veinte rutas de transporte, noventa y ocho en la provincia de Las Palmas y ciento veintidós en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Las tres propuestas de acuerdo son las siguientes:

* Propuesta de los cursos escolares 2012-2015, de los contratos administrativos adjudicados mediante procedimiento abierto para los cursos 2006-2009 para la gestión del servicio público de transporte escolar del alumnado de centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 8.016.948, 94 euros (ocho millones dieciséis mil novecientos cuarenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos).

* Propuesta de los cursos escolares 2012-2015, de los contratos administrativos adjudicados mediante procedimiento abierto para los cursos 2003-2006 para la gestión del servicio público de transporte escolar del alumnado de centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 5.179.901,87 euros (cinco millones ciento setenta y nueve mil novecientos un euros).

* Propuesta de los cursos escolares 2012-2015, de los contratos administrativos adjudicados mediante procedimiento negociado para los cursos 2008-2011 para la gestión del servicio público de transporte escolar del alumnado de centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 2.964.379, 96 euros (dos millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y nueve euros).

Aprobado el decreto que desarrolla la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera

La normativa aprobada hoy por el Gobierno de Canarias contribuirá a satisfacer la demanda de movilidad de la población mediante un transporte público regular de calidad y sostenible

El decreto regulará también el arrendamiento de vehículos, acomodando el alquiler sin conductor al marco comunitario europeo

El Gobierno de Canarias aprobó hoy el decreto por el que se desarrolla la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por carretera de Canarias.

El Estatuto de Autonomía de Canarias otorga a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de transporte por carretera, en virtud de lo cual el Parlamento de Canarias aprobó en 2007 la referida Ley.

El nuevo decreto desarrolla las diversas remisiones reglamentarias contenidas en la Ley de Ordenación desde una perspectiva global e integradora, a excepción del servicio del taxi, que será regulado por una normativa específica, que también ha sido aprobada hoy por el Consejo de Gobierno.

Las disposiciones de la normativa aprobada se aplicarán tanto al transporte por carretera como a las actividades complementarias relacionadas con el mismo que se desarrollen en el ámbito territorial de Canarias, así como a cualquier otra actividad cuyo objeto tenga como causa o finalidad el transporte de viajeros o de mercancías y sea calificada como actividad de transporte por el Gobierno de Canarias.

También regula el decreto el arrendamiento de vehículos y sus diferentes modalidades, con la particularidad de que el arrendamiento sin conductor se acomoda al marco comunitario europeo regulador de la libre prestación de servicios que le es de aplicación.

Con el nuevo decreto se pretende crear un equilibrio entre las soluciones normativas que ya han demostrado su eficacia y están arraigadas en el sector, con otras que afrontan nuevas realidades. Entre las primeras se incluye la regulación del transporte público regular de viajeros, y entre las segundas, las previsiones relativas a un determinado tipo de transporte como el transporte a la demanda, el turístico público y privado complementario, o el de auxilio-rescate.

La normativa aprobada, en cuya elaboración han participado los cabildos, la Federación Canaria de Municipios, y las asociaciones representativas tanto del sector del transporte por carretera como de los usuarios del mismo, establece las medidas necesarias para garantizar un tránsito gradual desde el marco normativo existente hasta el nuevo.

Transporte público regular, de calidad, sostenible y adaptado

De acuerdo con el decreto, la intervención pública sobre los transportes por carretera debe orientarse a la consecución de los siguientes objetivos:

– La satisfacción de la demanda de movilidad de la población en general, garantizando el derecho a un transporte público regular, de calidad y sostenible, con especial atención a los estratos sociales menos favorecidos económicamente y a aquellos colectivos que presenten movilidad reducida o demanden un transporte adaptado.

– La integración y vertebración del sistema intermodal de transportes de Canarias en el marco del Eje Transinsular de Infraestructuras de Transportes y de las Directrices de Ordenación de Infraestructuras.

– La creación, mediante el impulso de la Red Transcanaria de Transportes, de un espacio autonómico de los transportes y la movilidad que permita superar la fragmentación territorial mediante la combinación de los distintos modos de transporte, y la ausencia de restricciones a la movilidad de pasajeros y mercancías, así como la existencia en cada isla de un servicio de transporte público regular de viajeros sostenible y de calidad, en coordinación con los transportes urbanos que existan o puedan existir.

Régimen tarifario y tributario equitativo, justo y eficaz

El decreto pretende promocionar, y en su caso priorizar, el transporte público regular de viajeros frente a los modos privados, así como equiparar los costes de la movilidad a la media que soportan los usuarios de esta clase de transporte en territorios continuos como condición para garantizar la igualdad con aquéllos, teniendo en cuenta la condición insular y ultraperiférica del Archipiélago.

El establecimiento de un régimen tarifario y tributario de los transportes equitativo, justo y eficaz es otro de los objetivos del decreto, que también persigue la consecución de la máxima calidad y seguridad en la prestación del transporte por carretera, y el fomento de la competencia para evitar situaciones de monopolio o cualquier otra forma de posición dominante.

Capacitación profesional

En cuanto a la capacitación profesional, será el Gobierno de Canarias el que establecerá los conocimientos mínimos exigibles, así como el procedimiento de comprobación de los mismos y la expedición de los documentos acreditativos de la capacitación. Las pruebas se convocarán al menos una vez al año.

Las personas habilitadas para la prestación de servicios discrecionales de transporte de mercancías o viajeros podrán establecer cooperativas de transportistas. La Comunidad Autónoma determinará los requisitos que deben cumplir las sociedades de comercialización, las agrupaciones de interés económico y otras modalidades de agrupación.

El Consejo de Gobierno solicita dictamen del Consejo Consultivo respecto al anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/195 de 6 de abril

La modificación pretendida toca tres artículos de la Ley 7/1995: el 35 (estándares relativos a la urbanización turística), el 75 (infracciones turísticas muy graves) y el 83 (cometidos de la inspección turística)

El Consejo de Gobierno acordó tomar en consideración y solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias respecto al anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias.

La modificación pretendida toca tres artículos de la Ley 7/1995: el 35 (estándares relativos a la urbanización turística), el 75 (infracciones turísticas muy graves) y el 83 (cometidos de la inspección turística). La redacción actual de los dos primeros (el 35 y el 75) es la dada por la Ley 14/1999, de 30 de diciembre, que modificó la Ley de Ordenación del Turismo de 1995.

La modificación que se pretende en el artículo 35, consiste en añadir un apartado tercero (actualmente tiene dos), que fue omitido por error cuando se tramitó su modificación por la Ley 14/2009. En este apartado 3 se recogían, y ahora se recogen en idénticos términos, las excepciones a los estándares de densidad máxima admisibles en las parcelas destinadas a alojamiento turístico, que se establecen en los apartados 1 y 2 del mismo artículo. Estas excepciones son aplicables a establecimientos alojativos que se ubiquen en edificios históricos-artísticos, de interés arquitectónicos así catalogados por el planeamiento y los que se proyecten en cascos urbanos residenciales de carácter no turístico.

La modificación que se pretende del artículo 75, consiste en añadir un nuevo apartado (el 1. bis) a continuación de su apartado 1. Con esto se pretende describir de forma más clara y precisa, una de las conductas susceptibles de ser calificada como «infracción muy grave» y es la consistente en construir, ampliar, reformar, rehabilitar o abrir un establecimiento turístico de alojamiento careciendo de la «preceptiva» autorización administrativa. El precepto determina cuándo es preceptiva esta autorización por remisión a la Ley que desarrolle la Directriz 27, contenida en la Ley 19/2003, de 14 de abril, que aprobó las Directrices de Ordenación General y las de Ordenación del Turismo en Canarias (actualmente se está tramitando la que entrará en vigor el próximo año).

La modificación en el artículo 83, consiste en añadir un apartado 3 (actualmente tiene dos) a fin de que los empresarios turísticos puedan ceder legalmente a los inspectores turísticos los datos de carácter personal, que sean precisos para el ejercicio de sus competencias. De esta forma nos acogemos a la posibilidad prevista en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, en su artículo 11.2, que establece que siempre que lo autorice una ley, es posible la cesión datos personales sin el consentimiento de los interesados para el ejercicio de funciones legítimas.

Rivero impulsa en Francia una acción conjunta para mejorar las políticas de empleo que reciben la RUP

El presidente de Canarias se reunió hoy en París con el ministro galo de Ultramar y con el embajador de España
La necesidad de mejorar las dotaciones y las ayudas de Estado en los próximos presupuestos europeos, así como la defensa del sector primario, entre los principales temas abordados
El jefe del Ejecutivo y el embajador de España promoverán la comercialización del plátano canario en el mercado francés

La necesidad de una acción conjunta entre España, Francia y Portugal para la defensa de las singularidades e intereses de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (UE), especialmente en lo relativo a las políticas de empleo, ha centrado la reunión que ha mantenido esta mañana en París el presidente de Canarias, Paulino Rivero, con el ministro francés de Ultramar, Victorin Lurel.

Rivero ha trasladado al ministro responsable de los territorios franceses alejados del continente la importancia del impulso que desde Francia puede darse en todo este proceso a la hora de abordar asuntos tan estratégicos como las perspectivas financieras y las negociaciones de los fondos RUP, la nueva Comunicación de la Comisión Europea, las ayudas de Estado o la defensa de nuestro sector primario. En este orden de cosas, el presidente canario incidió en la necesidad de que la UE impulse en el menor plazo de tiempo posible diferentes líneas de actuación que ayuden a generar empleo en los territorios más alejados.

Según indicó el presidente al finalizar el encuentro con el ministro galo, «es imprescindible generar la complicidad del Gobierno francés para impulsar las políticas que afectan a las Regiones Ultraperiféricas». En ese sentido, Rivero señaló la necesidad de «trabajar codo a codo en el desarrollo del artículo 349 del Tratado de Lisboa y la potenciación de esas políticas específicas para las RUP».

El presidente del Gobierno de Canarias explicó que a lo largo de este mes de agosto, tanto el Gobierno canario como el francés «seguiremos trabajando para, de forma inmediata, llegar a un acuerdo que mejore la Comunicación de la Comisión», por cuanto, dijo, «la crisis que estamos viviendo tiene especiales repercusiones en los territorios alejados de las RUP y eso obliga a promover medidas diferenciadas que la atenúen, especialmente en materia de empleo». Así, Rivero insistió en que «para garantizar la cohesión social hay que trabajar en planes de actuación conjunto que generen las condiciones para crear empleo».

Lurel y Rivero han tratado de objetivos prioritarios a corto plazo como el apoyo al incremento de la dotación financiera de los fondos para la ultraperiferia y a la flexibilización en la utilización de los mismos por parte de las RUP, así como en la normativa europea de ayudas de Estado, marco de referencia para el REF.

Así, en concreto, se debatieron cuestiones como el mantenimiento del concepto de ‘regiones en transición’ del que goza Canarias en la actualidad frente a las regiones más desarrolladas de la Unión, la mejora de la asignación financiera de los fondos RUP o el aumento de la tasa de cofinanciación europea hasta el 85% general.

Asimismo, sobre la mesa ha estado la eliminación de la concentración temática, que obliga a utilizar los fondos estructurales en determinadas prioridades ajenas a la realidad de estas regiones y, en asegurar la asignación financiera para la Cooperación Territorial Europea (CTE) en línea con la apuesta del Gobierno de Canarias por mejorar la cooperación económica con los países africanos cercanos, mejorando así la internacionalización de nuestras empresas.

Estos objetivos se enmarcan dentro de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias para trasladar a los responsables de la UE la urgencia de un plan de choque de apoyo a las economías de las RUP. Una estrategia de reactivación en la que la creación de empleo se sitúa como máxima prioridad, dados los elevados índices de paro que soportan estas regiones con una tasa de desempleo entre un 8% y un 12% superior a la media europea. Iniciativa que, impulsada por el Ejecutivo autónomo, al igual que con Francia pretende recabar el apoyo firme y decidido del Gobierno de Portugal.

Como se recordará, a principios de este mes, y en el marco del II Foro de las RUP celebrado en Bruselas, el propio Rivero calificó de «decepcionante» y «preocupante» la nueva Comunicación de la Comisión para estas regiones de cara al período 2014-2020, al incluir aspectos tan preocupantes como la rebaja de la asignación de euros por habitante en los fondos RUP (de 35 del período actual a 20) o el mantenimiento de una tasa de cofinanciación del 50% (frente al 85% general).

La UE se encuentra en estos momentos en el proceso de negociación de las perspectivas financieras 2014-2020, que debería cerrarse en el segundo trimestre de este año, bajo la presidencia de Chipre en la UE, para a partir de ahí avanzar en la adopción de los reglamentos de fondos y las directrices comunitarias de ayudas de Estado. En la semana del 10 de septiembre tendrá lugar la Conferencia de Presidentes RUP en Azores.

Reunión con el embajador en Francia

Paulino Rivero mantuvo también una reunión con el embajador de España en Francia y exembajador representante permanente de España ante la UE, Carlos Bastarreche, quien trasladó al presidente de Canarias el «enorme interés» del grupo francés Fructifrui ¿integrado por diez empresas especializadas en la maduración y comercialización del plátano en Francia- para la introducción del plátano canario en el país galo. En paralelo, el grupo económico Fructifrui se ha mostrado dispuesto a impulsar una campaña para la comercialización y distribución del plátano canario en Francia.

Rivero y Bastarreche coincidieron igualmente en la necesidad de impulsar la fijación de una posición conjunta para la defensa de las singularidades de las regiones ultraperiféricas en la negociación del nuevo marco presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Una posición que, señaló el presidente canario, se ha de traducir en un plan de choque para la reactivación económica y la creación de empleo de las RUP.

Por otro lado, durante la reunión mantenida con el embajador de España en Francia, se analizó el importante crecimiento de Canarias como destino dentro del mercado turístico francés, que ha supuesto un incremento del 93% en las cifras de visitantes de este país a Canarias durante 2011 respecto a 2010.

En concreto, 255.000 franceses escogieron el Archipiélago como destino para sus vacaciones durante el pasado año, y en lo que va de 2012, ya son 116.000 los turistas franceses que han visitado Canarias. Unas cifras éstas alcanzadas como consecuencia del aumento de las conexiones con el país galo y la apertura de nuevas rutas desde Canarias desde finales del año 2010.

En esa línea, embajador español en Francia y el presidente canario acordaron promover la propia Embajada como instrumento para impulsar la promoción turística de Canarias y su utilización como sede de encuentros que tengan ese objetivo.

Paulino Rivero destacó la importancia que para el Archipiélago tiene este incremento de la presencia francesa que «junto a las cifras alcanzadas en la llegada de turistas procedentes de Polonia o Italia, está contribuyendo a la diversificación del mercado turístico en Canarias y a atenuar la dependencia que históricamente ha tenido el sector turístico canario de los mercados de Alemania y Reino Unido».