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El Gobierno destina 5 millones de euros a los cabildos de Lanzarote y La Gomera para la atención de mayores, discapacidad y dependencia

* El Cabildo de La Gomera recibirá 877.000 euros, y el de Lanzarote, 4 millones

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno la suscripción de varios convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares de Lanzarote y La Gomera para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, con un montante global que asciende a 4.877.000 euros. En concreto el Cabildo de La Gomera recibirá 877.000 euros, y el de Lanzarote, 4 millones.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estima conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en 2011 con los Cabildos Insulares de Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera para la atención a personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad.

Así, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.

El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien se da cabida en el mismo a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.

A través de estas ayudas, se garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz.

De esta forma, mediante estas ayudas, el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social.

El Gobierno de Canarias abona a las navieras 6,7 millones de euros por bonificaciones para residentes en Canarias

La Comunidad Autónoma bonifica el 25 por ciento del precio de estos viajes

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, abonar a las navieras Armas y Fred Olsen un total de 6.779.109 euros por las bonificaciones correspondientes al tercer trimestre de 2011 en el transporte marítimo interinsular e intrainsular de viajeros residentes en Canarias. En concreto, a la naviera Armas le serán abonados en total 3.370.163 euros, y a Freed Olsen 3.408.946 euros.

La Comunidad Autónoma de Canarias bonifica, con carácter general, el 25 por ciento del precio de los billetes del transporte marítimo regular de viajeros, con el consiguiente reembolso trimestral a las navieras de las cantidades descontadas en los mismos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular e intrainsular de viajeros residentes en Canarias.

Desde el año 1987, la Comunidad Autónoma ha venido aplicando una política de bonificaciones dirigida a los residentes canarios que utilizan el transporte marítimo en sus desplazamientos interinsulares, con la finalidad de reducir el precio de los billetes del transporte marítimo interinsular de viajeros. Actualmente, la bonificación se sitúa en el veinticinco por ciento del precio del billete. Dicho régimen de bonificaciones se contempla en el Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias (B.O.C. nº 171, de 30 de diciembre) modificado por el Decreto 191/2006, de 26 de diciembre (B.O.C. nº 250, de 28 de diciembre), en el que se dio cobertura, con cargo al presupuesto autonómico, al total de la bonificación relativa al transporte marítimo regular entre Lanzarote y La Graciosa y la regulación del régimen de bonificaciones en el precio de los billetes del transporte marítimo regular intrainsular de viajeros residentes en Canarias y por el Decreto 155/2008, de 7 de julio ( BOC nº 145 de 21 de julio).

En los últimos veinte años, el panorama del transporte marítimo autonómico se ha desarrollado de forma espectacular caracterizándose por la incesante mejora tanto cuantitativa como cualitativa de las conexiones y servicios con una progresiva implantación de las llamadas «autopistas marítimas», lo que ha desembocado en el espectacular aumento del movimiento de pasajeros superando, incluso, al modo aéreo.

El gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud disminuyó en mayo un 9,07% y se situó en 38.227.237 euros

Se facturaron 3.600.703 recetas con un gasto medio de 10,62 euros
El gasto medio en medicamentos fue de 6,00 euros por usuario activo y 68,85 euros por pensionista

El gasto en medicamentos del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente a la quinta mensualidad del año se situó en 38.227.237,62 euros, un 9,07% menos que en mayo de 2011, período en el que alcanzó los 42 millones de euros, según recoge el último balance de facturación de la Dirección General de Farmacia presentado hoy por la Consejería de Sanidad en Consejo de Gobierno.

Según recoge el citado balance, el número de recetas prescritas con cargo al Servicio Canario de la Salud en el mes de mayo fue de 3.600.703, un 1,52% más que en 2011, con un gasto medio por receta de 10,62 euros.

Este gasto medio disminuyó respecto al período de referencia en un 10,44%, al pasar de 11,85 a 10,62 euros, así como el gasto medio por usuario, que bajó un 9,05% hasta situarse en 19,44 euros.

Por tipo de usuario (activos y pensionistas), el descenso fue mayor entre los pensionistas, cuyo gasto medio mensual fue de 69,85 euros, un 10,37% menos que en mayo de 2011. En cuanto al gasto medio por usuario activo se situó en 6,00 euros, inferior en un 12,17%.

Respecto a los datos interanuales, los períodos comprendidos entre junio 2011-mayo 2012 y junio 2010-mayo 2011 arrojan a una disminución del 8,13% del gasto en medicamentos; del 7,57% del gasto medio por receta y del 0,60% del número de recetas, lo que pone de manifiesto la tendencia al descenso de estos tres indicadores clave de la prestación farmacéutica.

Receta electrónica

En el mes de mayo se emitieron en el Servicio Canario de la Salud un total de 3.097.481 recetas electrónicas, lo que supuso el 84,54 % del total de recetas emitidas.

Los porcentajes por Área de Salud fueron: 83,40% en El Hierro, 87,04% en La Gomera, 86,95% en La Palma, 87,19% en Fuerteventura, 85,59% en Lanzarote, 88,09 % en Tenerife y 80,44 % en Gran Canaria

Respecto a las actividades comprendidas en el plan formativo de la Dirección General de Farmacia, en el mes de mayo se impartieron ocho ediciones del curso «Mejora de la atención del paciente crónico polimedicado», que tuvieron como lugares de celebración los centros de salud de Santa Brígida, Tamaraceite, Barrio Atlántico y Triana, en Gran Canaria, y los de Los Gladiolos, Dr. Guigou, La Laguna-Mercedes y Parque Marítimo, en Tenerife, con un total de 125 profesionales asistentes.

Otros 35 alumnos asistieron a un curso sobre «Terapéutica pediátrica», impartido en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria.

Por otro lado, y con el fin de dar a conocer los medicamentos incluidos en el índice sintético de calidad y, por tanto, los más eficientes, se participó en las sesiones clínicas de los servicios hospitalarios de Psiquiatría y Neurología, del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria; Medicina Interna, Pediatría, Reumatología, Neumología, Neurología, Digestivo y Traumatología, del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria; y de Cirugía General, Reumatología, Endocrinología y Neurología, del Hospital Universitario de Canarias.

El plan formativo de la Dirección General de Farmacia del SCS está dirigido a médicos de Atención Primaria y Especializada, farmacéuticos y personal de enfermería de las instituciones sanitarias, con la finalidad de aumentar la calidad de la prescripción y avanzar en el uso racional de la prestación farmacéutica.

El Consejo de Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Renovación y Cualificación Turística

La normativa tiene como finalidad mejorar la calidad de las infraestructuras turísticas canarias, e introduce medidas de estímulo, nuevos procedimientos y una tramitación más ágil para los existentes

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el anteproyecto de Ley de Renovación y Cualificación Turística de Canarias. Esta normativa tiene como finalidad la cualificación de la oferta turística de Canarias, introduciendo medidas de estímulo, nuevos procedimientos y agilizando los existentes.

Esta ley profundiza en el impulso a la rehabilitación y continúa incentivando las acciones que no consuman suelo, como continuidad de la conocida como moratoria turística, prorrogada hasta el 13 de diciembre del presente año.

La Ley 6/2009 de 6 de mayo de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo supuso ya un fuerte impulso para la renovación turística. Esta norma planteó un conjunto de medidas e incentivos para la renovación y mejora de la calidad de la oferta turística, así como del espacio público de los núcleos turísticos consolidados, que se han ido incorporando mediante diferentes convenios urbanísticos a los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del sector turístico.

Fruto de la experiencia acumulada en la aplicación de esa norma y a pesa de la buena respuesta obtenida por parte de los diferentes sectores interesados en la renovación, era obvio que todavía quedaba margen para mejorar aún más la legislación en materia de renovación y cualificación turística. Por tanto, se presenta ahora un anteproyecto que agiliza y simplifica la cualificación turística, no sólo de los alojamientos sino también de la oferta complementaria. El texto impulsa además la renovación urbana e introduce medidas para reducir usos residenciales en suelos turísticos.

En cuanto al crecimiento de la planta alojativa, este texto varía los requisitos que habrán de cumplir las instalaciones nuevas o aquellas que pretendan aumentar su capacidad. Así, la futura Ley contemplara como excepciones a los límites del crecimiento de plazas turísticas de alojamiento, en las Islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, aquellos proyectos que dispongan de licencias urbanísticas y que tengan por objeto alguno de estos cuatro aspectos: la renovación edificatoria de establecimientos turísticos; la materialización de plazas turísticas procedentes de proyectos de renovación; los hoteles de categoría cinco estrellas gran lujo; o los establecimientos de alojamiento en cualquier modalidad y tipología que provengan de las operaciones de especialización de usos programados por el planeamiento para separar los usos turísticos y residenciales.

Por otra parte, los nuevos establecimientos alojativos deberán acreditar la previa suscripción de un convenio con el Servicio Canario de Empleo para que, al menos durante seis años desde la apertura, el 70% de los trabajadores sea seleccionado y formado por el Servicio Canario de Empleo.

A efectos de incrementar el proceso de cualificación, la presente ley ajusta la gama de incentivos que preveía la Ley de Medidas Urgentes. Así, a los incentivos en materia de plazas adicionales se añaden los de incremento en la edificabilidad y los de cumplimiento de los estándares de densidad de parcela, para los establecimientos que ahora procedan a la renovación, además de la posibilidad de aplicar incentivos de carácter económico.

Además, el Ejecutivo autónomo considera que es preciso dotar a la administración actuante de medios eficaces para remover los obstáculos que puedan interponerse en la marcha de las iniciativas para la cualificación, reforzando los mecanismos de intervención y posibilitando la sustitución de establecimientos deteriorados o donde el uso turístico se haya alterado, por otros de mayor calidad y categoría.

En este sentido, la Ley parte del deber que tienen los titulares de establecimientos y actividades turísticas de mantener, conservar, mejorar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las condiciones requeridas para el uso efectivo establecido por la normativa turística y el planeamiento; y proporciona técnicas administrativas efectivas para que, cuando concurran las condiciones establecidas, puedan imponerse por la Administración las actuaciones de conservación, mejora y rehabilitación.

La nueva ley pone en marcha, además, un mecanismo de control indirecto y a cargo de los titulares consistente en la obligación de presentar periódicamente ante la administración un informe a emitir por entidades acreditadas, relativo al estado de conservación y uso efectivo de los establecimientos. Las inspecciones técnicas se convierten así en un mecanismo eficaz de colaboración con la Inspección Turística, actuando ésta en los casos de incumplimiento.

Otro de los desafíos que aborda la nueva regulación es la reconducción de la residencialización de los establecimientos turísticos, que afecta a varias zonas de nuestros núcleos turísticos. Para ello, la ley, tras declarar el deber de atenerse al uso efectivo que ostenten las parcelas turísticas según el planeamiento y las autorizaciones obtenidas, ofrece diversos criterios para la especialización de las distintas áreas en el uso más adecuado, residencial o turístico, y los supuestos excepcionales de compatibilidad. Por ejemplo, se posibilita, en ciertos casos, la reconversión de determinadas promociones residenciales en la modalidad turística de villas.

La ley incorpora una figura demandada por el sector empresarial como es la del condominio, entendiéndose por esto aquellos establecimientos turísticos de alojamiento cuya titularidad se encuentra dividida en diferentes unidades registrales, indivisas, sobre una finca cuya gestión se encomienda a una empresa.

En materia de planeamiento, la nueva ley potencia los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad reforzando sus aspectos más relevantes y ratifica su carácter ejecutivo y su alcance, manteniendo una tramitación ágil y su carácter sustitutorio respecto al planeamiento vigente.

El Cuerpo General de la Policía Autonómica ha realizado, 75 actuaciones con menores en mayo, en Gran Canaria

A instancias del Juzgado número 1 y 2 de Las Palmas de Gran Canaria, de la Fiscalía y de la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha realizado, durante el mes de mayo en Gran Canaria, un total de 75 actuaciones en materia de menores a instancias del Juzgado número 1 y 2 de Las Palmas de Gran Canaria, de la Fiscalía Provincial y de la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias.

En total, el CGPC ha recibido 25 oficios en el ámbito de menores en toda la Isla que han supuesto 4 detenciones, 32 citaciones, 19 localizaciones, 10 informes, 3 reingresos, 6 traslados y un acompañamiento

De las citaciones, 24 se han producido en Las Palmas de Gran Canaria, una en San Bartolomé de Tirajana, una en Gáldar, 4 en Telde, una en Arucas y una en Agüimes. De las detenciones 3 han tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria y una en Valsequillo. Por otra parte, 18 localizaciones han tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria y una en San Bartolomé de Tirajana. Finalmente, en Las Palmas de Gran Canaria cabe detallar un acompañamiento, a instancias de la Dirección General del Menor, y seis traslados.

Como se recordará, el Cuerpo General de la Policía Canaria tiene entre sus funciones colaborar con las instituciones públicas de protección y tutela de menores en la consecución de sus objetivos, de conformidad con la legislación civil, penal y penitenciaria del Estado. Esta labor ha sido reconocida por la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma por » el rigor y la aptitud[¿] en un área que precisa firmeza y sensibilidad por las especiales circunstancias que concurren en el tratamiento y actuación que el mundo juvenil precisa».

El Gobierno de Canarias presentará una queja formal ante la Comisión Europea por las prospecciones petrolíferas

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– Considera que vulneran el derecho comunitario, en concreto la Directiva Hábitat

– «Después de mi encuentro con el comisario pienso que es posible paralizar la autorización a Repsol», señala Rivero

El Gobierno de Canarias presentará la próxima semana una queja formal ante la Comisión Europea por la autorización del Ejecutivo central a Repsol para llevar a cabo prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, según confirmó hoy en Bruselas el presidente canario, Paulino Rivero, tras reunirse con el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik.

Rivero explicó al término del encuentro que el Gobierno autónomo considera que las autorizaciones del Estado vulneran el derecho comunitario, en concreto el artículo 6.3 de la Directiva Hábitat, que obliga a la elaboración de informes de impacto en los casos de actuaciones con posibles afecciones medioambientales.

El jefe del Ejecutivo se mostró convencido tras la reunión de que «es posible paralizar las autorizaciones» dado el compromiso expresado por el comisario en la defensa del interés general y del cumplimiento de la normativa comunitaria.

En este sentido, Rivero subrayó que «el comisario nos ha trasladado que analizará el expediente desde la máxima honestidad y con el máximo interés» para que prevalezca el sentido comùn y la coherencia.

«Si la Comisión Europea ha actuado con firmeza para defender el medio ambiente en otros casos relacionados con las infraestructuras, ahora debería también actuar en el mismo sentido, dado que las prospecciones vulneran directivas europeas», dijo el presidente.

Rivero insistió en que el proceso ahora mismo se encuentra en una fase informativa y que el Ejecutivo autónomo aportará toda la documentación precisa a la Comisión para que esta pueda valorar con perfecto conocimiento de causa el expediente.

«En todo caso -continuó- esta reunión con el comisario se ha de entender sólo como una de las vertientes de la ofensiva de las instituciones canarias contra la autorización a Repsol» que se sustancian también en iniciativas en el ámbito judicial, social y político.

En opinión del presidente canario, «la batalla acaba de comenzar y será muy larga y apasionante, porque estamos hablando de un asunto que afecta al futuro de las islas y éste no se puede poner en juego por el apoyo del Estado a una empresa privada para que desarrolle una actividad coyuntural que no creará riqueza en las Islas».

A este respecto, explicó que la actividad petrolera es incompatible con el turismo y alertó de los riesgos que esta supondría para el empleo y la economía de Canarias, especialmente de Lanzarote y Fuerteventura. «No debemos olvidar -señaló- que el 51 por ciento del PIB de estas dos islas y el 54 por ciento del empleo dependen del sector turístico».

Consecuentemente, el Gobierno de Canarias seguirá impulsando iniciativas a nivel jurídico, social y político para hacer prevalecer el interés general de los canarios por encima del interés de una multinacional.

El Ejecutivo autónomo también trasladará al comisario europeo un dossier con una veintena de informes científicos y cartas de colectivos ciudadanos y ecologistas en contra de las prospecciones. Entre ellos se encuentran los elaborados por WWAdena, Océana o la Secac, sociedad especializada en el estudio de los cetáceos.

El Gobierno autoriza un gasto plurianual de 35.081.051 euros destinados a la contratación durante 60 meses del servicio de hemodiálisis de los hospitales Dr. Negrín y José Molina Orosa

Se prevé un ahorro de 229.704,38 euros anuales con la adjudicación del nuevo contrato, cuyo expediente administrativo continúa en tramitación

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy, jueves 7 de junio, un gasto plurianual de 35.081.051 euros destinados a la contratación, en la modalidad de concesión, de la gestión del servicio público de hemodiálisis en las unidades asistenciales del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y del Hospital Dr. José Molina Orosa, de Lanzarote, ambos dependientes del Servicio Canario de la Salud.

El expediente en tramitación contempla la licitación de este servicio por un período de 60 meses, comprendidos entre 2012 y 2017, a razón de un gasto medio anual de 7.016.201,20 euros, por lo que se prevé que genere un ahorro de 229.704,38 euros al año respecto a la contratación anterior.

En este sentido, el importe de licitación contemplado en el expediente (35.081.051,00 euros) se distribuirá de la forma siguiente: 1.754.052,58 euros en 2012; 7.016.210,00 euros para cada una de las anualidades comprendidas entre 2013 y 2016 y 5.262.157,62 euros, para la anualidad de 2017.

La autorización del gasto plurianual por el Gobierno de Canarias es un trámite preceptivo, establecido en el artículo 24.1 de la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012, por el que corresponde al Ejecutivo autorizar todos los gastos de cuantía superior a 2.000.000 de euros.

Se trata, asimismo, de un acto previo a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Canarias, que supondrá la apertura oficial del período de presentación de ofertas.

El Gobierno de Canarias destina más de 787.000 euros al Cabildo de El Hierro para la atención de mayores, discapacidad y dependencia

A través de estas ayudas, se garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno la suscripción de un convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de El Hierro para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, con un montante global que asciende a 787.631 euros.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estima conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos el 4 de agosto 2011 con el Cabildo Insular de El Hierro para la atención a personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad.

Así, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.

El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien se da cabida en el mismo a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.

A través de estas ayudas, se garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz.

De esta forma, mediante estas ayudas, el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social.

El Gobierno aprueba el Decreto que establece la relación de actividades clasificadas

El Ejecutivo regula los requisitos y el procedimiento aplicable al régimen de comunicación previa

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy dos decretos que desarrollan la Ley 7/2011 de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y por los que se establece la relación de actividades clasificadas, se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa y se regulan los requisitos y el procedimiento aplicable al régimen de comunicación previa.

Uno de los decretos establece la relación de todas aquellas actividades que se considera que son susceptibles de ocasionar molestias como consecuencia del ruido o de las vibraciones que producen, o por los humos gases, nieblas olores, polvos en suspensión o sustancias que eliminen; las que como consecuencia de la evacuación de productos puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana o puedan alterar las condiciones de salubridad; las susceptibles de causar daños al medio ambiente, y finalmente todas las que pueden producir riesgos para las personas o para las cosas.

El Decreto fija también las actividades a las que, con carácter excepcional, resulta de aplicación el régimen de autorización previa para la instalación de los establecimientos que sirvan de soporte a la realización de actividades clasificadas. Así, establece la autorización administrativa previa para las actividades musicales, siempre que su aforo sea superior a 150 personas.

Están afectadas también las actividades de restauración cuando dispongan de terrazas o cualquier otro espacio complementario al aire libre, con una capacidad superior a 20 personas y, en el resto de los casos, siempre que su aforo sea superior a 300 personas.

Asimismo, necesitarán autorización administrativa previa las actividades de juegos y apuestas, siempre que su aforo sea superior a 300 personas, y aquellas clasificadas como de espectáculos públicos siempre que su aforo sea superior a 300 personas, salvo los establecimientos abiertos al público destinados a espectáculos cinematográficos.

El otro decreto aprobado por el Gobierno relacionado con las actividades clasificadas regula los requisitos y el procedimiento de comunicación previa aplicable a la instalación y apertura, puesta en marcha o inicio de actividades, así como su traslado, modificación de clase de actividad y modificación sustancial de estas actividades.

El Gobierno apoya formalmente la candidatura de La Laguna para Capital Europea de la Juventud 2015

* El Ejecutivo canario considera muy positiva la iniciativa del Ayuntamiento de La Laguna que cuenta con el respaldo de la Dirección General de Juventud

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy formalmente apoyar la iniciativa del Ayuntamiento de La Laguna de presentar a la ciudad como candidata a «Capital Europea de la Juventud en 2015». El Ejecutivo canario da así respuesta a la petición cursada por el Ayuntamiento al Gobierno con el fin de recopilar el máximo respaldo social e institucional para esta candidatura.

El apoyo del Gobierno a la candidatura de La Laguna como Capital Europea de la Juventud 2015 se ha aprobado a propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que desde la Dirección General de Juventud, está manteniendo una estrecha colaboración con el Ayuntamiento lagunero en el proceso de formalización de la candidatura ante las instancias europeas.

El Gobierno considera que el hecho de que la Capitalidad Europea de la Juventud llegara a recaer en una ciudad canaria supone una gran oportunidad para todo el Archipiélago ya que, durante un año, se convierte en un canal para mostrar a toda Europa las cualidades de los jóvenes de las islas, su implicación en la actividad social, cultural, política y económica.