El documento prevé la creación de varias comisiones y grupos de trabajo, con la finalidad de lograr la participación de todos los agentes especializados e implicados en la consecución de este objetivo
El Consejo de Gobierno ha acordado, en su reunión de hoy, aprobar el proyecto de Decreto por el que se crea la estructura necesaria para el diseño, creación, organización e implantación de la nueva Oficina Judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para lo cual que se crean varias comisiones y grupos de trabajo.
A propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, y con objeto de lograr la participación de todos los agentes especializados e implicados en la consecución de este proceso, el citado Decreto prevé, en su artículo 1, la creación de la Comisión de Participación y Asesoramiento, un órgano de información que tendrá, como principal finalidad, el asesoramiento en el impulso, la programación, la coordinación y el seguimiento de los trabajos técnicos necesarios para el diseño, creación, organización e implantación de la nueva Oficina Judicial.
Esta Comisión estará integrada por un Presidente, que recaerá en el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, o la persona en quien delegue, y por varios vocales, que serán el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Secretario de Gobierno del TSJC, los presidentes de las Juntas de Personal al servicio de la Administración de Justicia, el presidente del Consejo Canario de Abogados, el presidente del Consejo Canario de Procuradores, y un representante de los Colegios de Graduados Sociales y Relaciones Laborales designado de entre los decanos de los Colegios.
Además, contará con un Secretario, que recaerá en un funcionario de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad que se designe por la presidencia de la Comisión o, en su defecto, el que ocupe la Jefatura del Servicio de Justicia y Asuntos Generales de la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia. Asimismo, podrán formar parte, a propuesta de la Comisión de Participación y Asesoramiento o de su presidente, y en calidad de asesores, aquellas personas que se estimen conveniente, atendiendo a criterios de especialidad, territorialidad y racionalidad.
La Comisión de Participación y Asesoramiento se constituirá formalmente en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto, que se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
La Comisión de Participación y Asesoramiento se reunirá, como mínimo, una vez al mes, y será informada de los trabajos, informes y propuestas realizadas por la Comisión Técnica de Coordinación, otro de los órganos de nueva creación previsto en el artículo 5 del citado Decreto. Esta nueva Comisión se constituye como un órgano de coordinación para el diseño, creación, organización e implantación de la nueva Oficina Judicial.
La Comisión Técnica de Coordinación tendrá competencia para elevar propuestas e informes sobre una serie de materias relacionadas, entre otras, con el diseño del modelo organizativo de las oficinas judiciales de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma; la definición de los criterios para la determinación de los servicios comunes procesales, dimensionamiento de su personal y determinación del número y tipo de servicios comunes en el ámbito territorial correspondiente; la definición y descripción de los procedimientos a aplicar en cada jurisdicción; la verificación y el seguimiento de los procesos de acoplamiento del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los procesos de instalación de las distintas aplicaciones informáticas y telemáticas de la nueva Oficina Judicial -velando por su correcta puesta en funcionamiento-, y de las actividades formativas y de desarrollo profesional que se programen para el despliegue de la Oficina Judicial.
Esta Comisión cuenta también con un Presidente (el viceconsejero de Justicia y Seguridad o persona en quien delegue), un Vicepresidente (el director general de Relaciones con la Administración de Justicia), Vocales (los jefes de Servicio de Recursos Humanos, de Contratación y Equipamiento, y de Justicia y Asuntos Generales de la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia, el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los Secretarios Coordinadores, dos miembros designados de entre las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Justicia, a propuesta de las Juntas de Personal, y un funcionario de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, que a su vez ejercerá las funciones de Secretario).
A las sesiones de la Comisión Técnica de Coordinación podrán asistir, como asesores, el director general de la Función Pública, el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y cualquier otro alto cargo del Gobierno de Canarias cuando se vayan a tratar materias que sean de su competencia.
Asimismo, podrán formar parte, a propuesta de la Comisión Técnica de Coordinación o de su Presidente, en calidad de asesores, aquellas personas que se estime conveniente, atendiendo a criterios de especialidad, territorialidad y racionalidad.
La Comisión Técnica de Coordinación se reunirá, como mínimo, una vez al mes y siempre que por razones de urgencia o necesidad así lo considera conveniente el Presidente o lo soliciten al menos 2/3 partes de sus miembros. Esta Comisión podrá aprobar las normas de régimen interno que estime procedente para el mejor desarrollo de sus trabajos.
Sin perjuicio de la facultad de la Comisión Técnica de Coordinación para designar los grupos de trabajo que estime necesarios, se constituirá un Grupo de Trabajo para el Diseño de la Oficina Judicial, que estará formado por representantes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y los demás miembros de la Administración de Justicia que se estimen necesarios en atención a las materias a tratar, y que serán designados por la Comisión Técnica de Coordinación.
Finalmente, el Decreto prevé la creación de la Comisión Técnica de Estudio de los criterios para la elaboración de las Relaciones de Puestos de Trabajo, que estará integrada por un Presidente (viceconsejero de Justicia y Seguridad o persona en quien delegue), Vocales (el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, los jefes de servicio de Recursos Humanos y de Justicia y Asuntos Generales de la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia, un funcionario adscrito al Servicio de Recursos Humanos y dos miembros en representación de cada una de las Juntas de Personal, designados por éstas), y Secretario (un funcionario designado por la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia).
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003 del Poder Judicial supone un cambio trascendental en el modelo organizativo de la Administración de Justicia. Uno de los pilares sobre los que se asienta dicho cambio viene constituido por la nueva concepción de la Oficina Judicial, definida en la propia Ley como la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales.
Frente a su anterior diseño, atomizado en torno al Juzgado o Tribunal correspondiente, la nueva estructura básica de la Oficina Judicial nace presidida por la idea de concentración, racionalización de los recursos existentes y proximidad a los ciudadanos, garantizando, no obstante, su flexibilidad organizativa, necesaria para adaptarse a la realidad diversa de la Administración a la que sirve, aunque la propia Ley recuerda que tendrá carácter homogéneo en todo el territorio nacional, evitando la diversidad de criterios y métodos.