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La vicepresidenta asegura que los criterios de adjudicación de viviendas sociales serán “justos y transparentes”

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La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, presidió este mediodía la primera mesa de trabajo organizada con el fin de abordar la elaboración del decreto de adjudicación de viviendas de parque público por puntos que sustituirá al actual sistema de adjudicación por sorteo.

Patricia Hernández presidió una mesa de trabajo para modificar el decreto de adjudicación de viviendas de parque público para que se realice por puntos y no por sorteo, tal y como se venía haciendo hasta ahora.

Patricia Hernández aseguró que los criterios para la adjudicación de una vivienda social serán «transparentes, justos y que la sociedad se vea reflejada en ellos». «Además de la situación salarial del hogar familiar también serán tenidos en cuenta otros aspectos como la violencia de género, que actualmente no está contemplada, las personas con discapacidad o las familias numerosas, entre otros», aclaró.

Hernández explicó que «esta es una primera reunión y nuestra intención es trabajar con los factores que entendemos que deben de ser puntuables para el acceso a una vivienda pública». «No puede suceder que una persona con menos necesidad sea agraciada con un número en el sorteo que le permite acceder a la vivienda pública mientras una persona con más necesidad no acceda. Esta es una situación sangrante que tenemos que corregir», recordó.

Según la vicepresidenta, «unas 15.000 personas están inscritas como demandantes de una vivienda pública, por lo cual, podrán beneficiarse de estas medidas».

En la reunión se abordó «el diseño de un decreto que se base en unos criterios de puntuación y de baremación de tal forma que quien acceda a una vivienda sea la familia que más lo necesite, especialmente si de colectivos de riesgo se trata, como son las mujeres víctimas de violencia de género, sin depender para ello de la suerte de un sorteo, sino de las circunstancias personales y familiares de cada adjudicatario», explicó.

Hernández agradeció la colaboración de los colegios de Trabajadores Sociales y de Abogados de ambas provincias, de los municipios y del Instituto Canario de Igualdad, «que están aportando todo su conocimiento y experiencia para poder poner en marcha este decreto lo antes posible».

Esta primera Mesa de Trabajo contó con la participación del consejero de Presidencia de Justicia e Igualdad, Aarón Afonso; de la directora del Instituto Canario de Igualdad, Mariam Franquet; así como representantes de la FECAM, de los colegios profesionales de Abogados de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y de los dos colegios de Trabajadores Sociales de ambas provincias.

Políticas Sociales ha resuelto favorablemente 291 PCI remitidas por Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias ha resuelto favorablemente en lo que va de año los expedientes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de 291 vecinos de Santa Cruz de Tenerife, de un total de 580 expedientes que han sido remitidos por el Ayuntamiento a este departamento, perteneciente a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

La Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias está a la espera de que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña remita a este departamento los expedientes de 259 personas

De esos 580 expedientes, 291 fueron informados favorablemente, otros 183 desfavorablemente y 106 están en fase de verificación del cumplimiento de los criterios de la PCI.

A los expedientes remitidos habría que sumar los de 359 personas que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña todavía no ha tramitado y que están pendientes de ser enviados a la Dirección General. De ellos, 62 fueron tramitados por Santa Cruz y no han sido remitidos y otros 197 fueron devueltos para subsanar diversas cuestiones sin que hayan sido resueltas por el consistorio.

Entre enero y noviembre de este año la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ha abonado 6.153 nóminas de la Prestación Canaria de Inserción en Santa Cruz de Tenerife, lo que supone un total de 3,6 millones de euros.

​El Gobierno canario muestra su apoyo por las personas con discapacidad

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, participó en la ‘IV Marcha por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2015’, que este año se ha celebrado bajo el lema «Seguimos igual, estamos aquí». Hernández ha recordado que el Gobierno canario «está comprometido con las personas con discapacidad y por ello está trabajando por la inclusión social de estas personas y la importancia de que las empresas incorporen cláusulas sociales en la contratación de personal».

La marcha, que transcurrió entre la plaza Weyler y la Candelaria, también contó con la participación de la directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez. Durante el recorrido, cientos de personas mostraron su apoyo a las personas con discapacidad y defendieron la lucha por la asistencia, educación y salud de estas personas.

La vicepresidenta Patricia Hernández participó esta mañana en la ‘IV Marcha por los Derechos de las Personas con Discapacidad’, celebrada en Santa Cruz de Tenerife.

La vicepresidenta presenta un plan especial de empleo para los siete municipios con más paro

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció hoy la puesta en marcha de un plan especial de empleo en el que participarán los siete municipios canarios con más desempleados. Este plan se financiará exclusivamente con fondos de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que invertirá 3,5 millones de euros para formalizar las contrataciones antes de que acabe el año.

Patricia Hernández explica que se invertirán 3,5 millones para financiar íntegramente las contrataciones, que se formalizarán antes de final de año

Patricia Hernández explicó que se ha seleccionado a los siete municipios con mayor número de demandantes de empleo de Canarias. «Todos ellos pasan de los siete mil desempleados y entre los siete, concentran la mitad del paro registrado que hay actualmente en el Archipiélago».

Estos siete municipios son Las Palmas de Gran Canaria, que al cierre de octubre registraba 48.154 desempleados; Santa Cruz de Tenerife, con 25.116; La Laguna, 18.507; Telde, con 14.855; Santa Lucía de Tirajana, con 9.630; Arona, 7.680 y Arrecife, que sumaba 7.249. Entre todos, suman 131.191 demandantes del total de 247.162, cifra que representa un 53%.

La vicepresidenta señaló que entre los requisitos que se exigirá para la contratación de los desempleados, que serán seleccionados por el Servicio Canario de Empleo (SCE), destaca haber recibido previamente un servicio de orientación laboral por parte de los técnicos del SCE.

Patricia Hernández recordó que todavía el Gobierno de Canarias está a la espera de que el Gobierno de España firme la orden de transferencia del dinero de las políticas activas de empleo, que se eleva a 93 millones de euros, cuya distribución fue aprobada en conferencia sectorial de Empleo el pasado mes de abril.

La responsable regional de Empleo añadió que a la gravedad del retraso se suma el hecho de que esta situación se repite año tras año, ocasionando un importante perjuicio a la gestión y a la ejecución de las políticas de empleo, ya que la transferencia de los fondos a final de año puede provocar una devolución al Estado si no se ejecutan antes del cierre de ejercicio.

Para paliar en lo posible esta situación y evitar que tenga consecuencias sobre las personas que buscan empleo, la vicepresidenta explicó que el Gobierno de Canarias ha adelantado con fondos propios la mitad de esos 93 millones para poder sacar adelante una parte de las convocatorias que están pendientes.

La Fecam respalda la necesidad de que la Ley de Servicios Sociales se realice con el máximo consenso

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, y representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han mantenido hoy un encuentro en el que los ayuntamientos se han sumado a la posición de que la nueva Ley de Servicios Sociales se elabore con el máximo consenso posible y con la participación, tanto de los municipios, como de los cabildos y de representantes del tercer sector.

La vicepresidenta ha mantenido hoy una reunión con representantes de los ayuntamientos, a los que ha trasladado la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo en los municipios que cuenten con un mayor número de desempleados.

Hernández ha explicado a los ayuntamientos su intención de mantener para el próximo año los actuales planes de empleo social, que tienen una dotación presupuestaria de 10 millones de euros, que están también reflejados en el proyecto de ley de 2016.

Estos planes se verían reforzados con la incorporación de nuevas líneas que permitan reforzar las políticas activas de empleo en aquellos municipios con más desempleo.

Además, tanto la Fecam como la vicepresidenta han coincidido en la importancia de que los planes de empleo social se vinculen a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), con el objetivo de pasar del asistencialismo a la inclusión, además de fomentar el empleo entre los jóvenes con una mayor preparación e incluir planes formativos.

Casi 9.500 personas consiguieron un contrato gracias al Plan de Empleo Social

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, confirmó en comparecencia parlamentaria que el Gobierno de Canarias mantendrá la financiación para el desarrollo del Plan de Empleo Social «como una vía de actuación para esos 200.000 parados canarios que se han quedado sin ningún tipo de prestación por desempleo». En estos tres últimos años, el Plan de Empleo Social ha facilitado la contratación de 9.478 personas con dificultades para acceder al mercado laboral.

La vicepresidenta defendió su efectividad en el Parlamento y aseguró que se mantendrá la financiación para este año como un plan de inserción laboral asociado a un programa de formación

Cerca de 7.000 se incorporaron a un puesto de trabajo en la edición 2014-2015, que de este modo, como expresó la vicepresidenta, «consiguieron tener unos ingresos derivados de su propio trabajo, experiencia laboral y cotización a la Seguridad Social, al mismo tiempo que supuso un beneficio para los municipios porque los trabajos realizados revierten en mejoras en aquellas áreas en las que se necesitan». «Creemos en su validez -continuó- porque rescata a la gente de la exclusión del mercado laboral, rompiendo la espiral en la que se encuentra en muchas ocasiones, quien pierde su puesto de trabajo, bien por escasa formación, por edad, por origen o por cualquier circunstancia personal o social, ya no puede reengancharse al mundo laboral».

La vicepresidenta explicó que los detalles de esta edición se perfilarán con los ayuntamientos, a través de la Fecam con la que se reunirá próximamente. Además, la selección estará supeditada a un programa formativo. «Estos planes, -aseveró- además de ser una medida de urgencia social, hacen que las familias puedan respirar por un tiempo, y que algunos de sus miembros puedan dedicarse a formarse y no estén obligados a trabajar en lo que sea, en condiciones injustas».

Hernández aludió a las dificultades añadidas que el Estado ha impuesto a Canarias en los últimos años en materia de empleo recortando fondos, dejando sin dotación el PIEC, y retrasando el ingreso de transferencias. «Lo poco que recibimos nos cuesta mucho cobrarlo» manifestó, y recordó que «a estas alturas del año aun se le debe a Canarias 93 millones de euros de la Conferencia Sectorial de Empleo y en cuanto lo abonen podríamos destinar una partida adicional de 3,5 millones de euros a los municipios que mayor desempleo presentan».

La vicepresidenta se refirió también a la dificultad añadida que ha supuesto para las condiciones del mercado laboral canario la reforma laboral y las restricciones en derechos para el cobro de las prestaciones por desempleo, «lo que ha generado un porcentaje mayoritario de población que no perciba ningún ingreso».

«El Gobierno central se desentiende de las personas que menos tienen, lo que ha debido ser compensado con otros instrumentos de apoyo autonómicos a las familias, como la Prestación Canaria de Inserción, cuyo presupuesto se incrementa notablemente».

Hernández aseguró que desde su área se han elaborado unos presupuestos para el 2016 en el que crecen las partidas «destinadas a las personas».

«En concreto -precisó- mejoran los programas destinados a la inclusión que ascienden en más de 25 millones de euros, en lo referido a la inserción y reinserción de personas sin empleo, lo que supone casi un 28% más, y en 6,7 millones de euros, los destinados a las personas con especiales dificultades».

La vicepresidenta reclama al Estado el pago inmediato de 93 millones para empleo que adeuda a Canarias

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, reclama al Gobierno de España que transfiera de manera inmediata los 93 millones de euros que le corresponden a Canarias para financiar políticas activas de empleo y formación de este año 2015.  «A día de hoy, 6 de noviembre, y a punto de cerrar el año, el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido incapaz de hacer efectiva la distribución de fondos que se aprobó el pasado mes de abril, lo que evidencia la absoluta indiferencia que le produce el gravísimo problema del desempleo y sus consecuencias sobre la vida de la gente», asegura la vicepresidenta.

Patricia Hernández considera un escándalo que a punto de cerrar el año todavía no se haya hecho efectiva la distribución de fondos que se aprobó en abril

Patricia Hernández considera que este hecho, «injustificable, es un trato injusto para las desempleadas y los desempleados canarios, una situación que, para mayor gravedad, se repite todos los años y que ocasiona perjuicios a la gestión y a la ejecución de las políticas de empleo. Nos dan el dinero a finales del año para que no lo utilicemos».

Para paliar en lo posible esta situación y evitar que tenga consecuencias sobre las personas que buscan empleo, la vicepresidenta explica que «el Gobierno de Canarias ha adelantado, con fondos propios, la mitad de esos 93 millones porque los parados canarios no tienen la culpa de este tipo de situaciones que están hechas con toda la intención del mundo».

Por tanto, la vicepresidenta insiste: «exigimos que lleguen ya los fondos porque si no, es imposible ejecutar esos fondos en un mes. Quizás lo que busquen es que luego los tengamos que devolver porque no los podamos ejecutar». Patricia Hernández considera que este retraso es «una artimaña más de aquellos que no quieren que llegue el dinero a los desempleados» y recordó que a esto «se le suman los recortes que nos han impuesto y que han acabado con el Plan Integral de Empleo de Canarias que estaba dotado con 42 millones de euros anuales».

«Es un escándalo que estén jugando con el dinero de los desempleados, un dinero que va a  la formación, a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, de los desempleados de larga duración, de los mayores de 45 años. Es un escándalo que estén jugando con el dinero que les corresponde a ellos», finaliza.

La vicepresidenta defiende la necesidad de proteger a los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género

La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, se reunió esta mañana con las asociaciones de familiares de víctimas de violencia de género, «Beatriz» y «Todas somos Guaci». En declaraciones a los medios de comunicación, al término del encuentro,  Hernández defendió la necesidad de proteger a los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género e hizo hincapié en que «cuando una mujer es asesinada el drama no termina ahí, ya que son muchos los casos en los que los familiares tienen que hacerse cargo de los menores y se enfrentan a una situación muy complicada».

Hernández recibe a las asociaciones de familiares de víctimas de violencia de género que solicitan subvenciones para los menores

El objetivo de este primer encuentro, en el que también estuvieron presentes el consejero de Presidencia y Justicia, Aarón Afonso, y la directora del ICI, Marián Franquet, era escuchar aún más de cerca las dificultades por las que atraviesan los familiares y sobre todo los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por la violencia machista.

La vicepresidenta defiende la necesidad de proteger a los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género e hizo hincapié en que «cuando una mujer es asesinada el drama no termina ahí, ya que son muchos los casos en los que los familiares tienen que hacerse cargo de los menores y se enfrentan a una situación muy complicada».

«Los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género no son meros espectadores, y pueden presentar graves dificultades de toda índole a lo largo de su vida». «El Gobierno» -continuó la vicepresidenta- «está trabajando en buscar mecanismos de coordinación y estableciendo protocolos entre todas las administraciones para que los niños y niñas estén más protegidos, en todos los aspectos, desde luego a nivel psicológico pero también a nivel económico».

En España, 41 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, dos de ellas en Canarias: Laura González, de 27 años y madre de un niño e Iris Francés, que tenía tres hijos.

El Instituto Canario de Igualdad, como organismo que representa al Gobierno de Canarias, se persona en todas las causas judiciales «pero además es necesario que se realice un seguimiento exhaustivo de las familias, con especial atención a los menores». «Se trata» continuó Hernández- «de una lacra contra la que estamos luchando y contra la que se puede luchar».

Ana María Fumero, que habló para los medios de comunicación en representación de las dos asociaciones, destacó que esta es la primera vez que es recibida por una administración pública, y que ha sido una oportunidad para poder trasladar la experiencia de los familiares de las víctimas «después de haber perdido a nuestra hermana, hija o amiga».

«Una vez la mujer muere, la familia y los niños quedan en el olvido». «En muchos casos son acogidos por las abuelas, los tíos o tías que no tienen recursos económicos para pagar las tasas universitarias, el transporte o las actividades extraescolares», apuntó Fumero.

La propuesta de las asociaciones es que el Estado debe legislar para que estos niños y niñas queden exentos del pago de matrículas, del impuesto de sucesiones, de las plusvalías de las herencias de sus madres, «en definitiva de cualquier pago que pueda ser perjudicial para el acceso a los servicios», señaló Fumero, que insistió en que «cuando la madre víctima de violencia de género trabajaba, los menores tienen acceso a la pensión de orfandad, pero cuando no, se quedan sin ningún ingreso, ya que como el agresor pierde su trabajo al entrar en prisión, los hijos están en una total desprotección económica».

La propuesta más novedosa de las asociaciones es la creación de registro de niños y niñas víctimas de violencia de género «para que cuando vayan a cualquier administración con la mera presentación del DNI queden exentos de determinados pagos e impuestos» concluyó.

En cuanto al último caso de violencia de género en el que se denegó por parte de los jueces la orden de protección, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Marián Franquet, declaró que «el sistema ha ayudado a muchas mujeres, pero desgraciadamente no a todas, por eso debemos seguir insistiendo en la especialización, para que todos aquellos que tienen que ver con la red de protección a las mujeres víctimas de violencia de género puedan identificarla de inmediato».

Asociaciones de familiares de violencia de género

En esta ocasión, dos representaciones asistieron a la reunión: Asociación Beatriz y Asociación ‘Todos somos Guaci».

Isolina Martín creó la Asociación Beatriz, en memoria de su hija Beatriz Sanfiel, una joven de 21 años, estudiante de la Universidad de La Laguna, que fue asesinada por su exnovio en su piso de la calle Calvo Sotelo, el 26 de diciembre de 2006. El 28 de febrero de 2008, su agresor fue hallado culpable y condenado a 18 años de prisión; la Asociación ‘Todos somos Guaci» está impulsada por Luz Marina Rodríguez, que desde hace dos años y medio lucha por hacer visibles las barreras burocráticas, administrativas y económicas a las que deben hacer frente los familiares de las mujeres asesinadas por sus exparejas e, incluso, aquellas afectadas que salvan la vida tras un intento de homicidio o asesinato.

La vicepresidenta anuncia una mayor colaboración con las cámaras de comercio en empleo y emprendimiento

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, se reunió hoy con representantes de las cuatro cámaras de comercio de Canarias con el objetivo de iniciar nuevas vías de trabajo que permitan intensificar la colaboración entre el Ejecutivo regional y estas entidades empresariales.

Patricia Hernández, tras reunirse con representantes de las cuatro cámaras, destaca el compromiso de todos para generar un marco estable de cooperación que tenga una clara repercusión social

Tras el encuentro, Hernández destacó «la firme voluntad de las dos partes para generar un marco de cooperación estable que tenga una clara repercusión social en el ámbito del empleo y el emprendimiento, áreas en las que siempre son bienvenidas todas las iniciativas que tengan como fin aportar para mejorar la vida de las personas».

Los representantes de las cámaras de comercio insistieron en su disposición a contribuir con el Gobierno en este sentido y a desempeñar un papel relevante en materias como el emprendimiento, el empleo, la internacionalización de empresas e incluso la gestión conjunta de programas integrados en la Garantía Juvenil, ya que una parte de los fondos de este programa europeo se gestionarán a través de las instituciones camerales.

Precisamente, la cofinanciación de programas europeos es una de las líneas estratégicas por las que apuesta el Departamento regional de Empleo, ya que esa cofinanciación permite multiplicar los fondos públicos que el Gobierno regional aporta, consiguiendo así multiplicar también el número de personas a las que llegan las iniciativas que se ponen en marcha, explicó la vicepresidenta.

En la reunión participaron el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, José Luis García, el presidente de la delegación de la Cámara tinerfeña en La Palma, Mario Manuel Fernández, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, María de la Salud Gil, el vicepresidente de la de la Cámara de Fuerteventura, Antonio Hormiga, y el vicepresidente de la Cámara de Lanzarote, Neftalí Acosta. Además, en el encuentro estuvieron presentes el director general de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, Laureano Pérez, y el director general de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia, Antonio Olivera.