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Hacienda incluirá el pienso para alimentación animal en los productos exentos de IGIC  

La medida corregirá la omisión producida en la enmienda incorporada a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias incluirá el pienso en los productos de alimentación animal gravados con el tipo 0 del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), mediante un próximo decreto ley en el que se incluirán otras materias y que aprobará en breve el Ejecutivo, según adelantó hoy el vicepresidente canario y responsable del área, Román Rodríguez.

Esta medida corregirá la omisión producida en la enmienda presentada al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma por el que se aplicó ese tipo a los productos de alimentación ganadera destinados a las explotaciones ganaderas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA)

Tras detectar la omisión, el departamento de Hacienda ha activado el procedimiento para añadir el pienso al listado de productos -como los cereales o el forraje- que cuentan desde el 1 de enero de este año con el tipo 0 del IGIC.

A este respecto, el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado, ha explicado que, efectivamente, el pienso animal es uno de los productos más utilizados por los ganaderos y que, dado que la intención del Ejecutivo ha sido siempre la de apoyar al sector que ahora mismo se encuentra en mayores dificultades, “vamos a reparar esa omisión a la mayor brevedad posible”.

Delgado aseguró, de igual modo, que también se aprovechará el decreto ley para aclarar determinados aspectos técnicos que están dificultando la aplicación de la medida en vigor; entre ellos, las entregas de estas mercancías a los importadores, dado que en ese preciso instante éstos no están en disposición de acreditar que los portes serán entregados a explotaciones ganaderas, como está establecido.

El viceconsejero precisó que se ha optado por la interpretación más flexible y se han cursado instrucciones a los funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria para que autoricen el despacho de la mercancía con tipo cero y que, con posterioridad, el propio importador pueda acreditar mediante las liquidaciones periódicas del IGIC su venta al ganadero.

Rodríguez, por su parte, ha reiterado el apoyo inequívoco del Gobierno al sector ganadero, “que se encuentra en una situación de extrema urgencia, en la que se están reduciendo las producciones y desapareciendo numerosas explotaciones y se corre el peligro, incluso, de que se extinga la producción local de determinados alimentos de origen animal”.

Ayudas directas

El vicepresidente recordó que el Ejecutivo concedió el año 22 ayudas directas al ganadero por importe de 23,7 millones de euros y que durante el primer trimestre de este año la Consejería de Agricultura tramitará otros 8,5 millones de euros.

Del mismo modo, destacó la autorización de la Comisión Europea para modificar en el año 2023 las ayudas a la producción local del denominado POSEI adicional (ayudas que autoriza la Unión Europea pero que conceden los gobiernos estatal y autonómico), que se ha incrementado en 8,7 millones de euros.

De este modo, crecen en un 50% las ayudas a la producción de leche de vaca, que pasan de los 82 euros por tonelada a los 123 euros en el caso de las islas capitalinas y a 133 euros en el caso de las no capitalinas. Igual ocurre con la leche de cabra y oveja, cuyas ayudas aumentan un 33% y pasan de los 213 euros por tonelada a los 283 euros en las islas capitalinas y a los 293 euros en las no capitalinas.

Además, aumentan las ayudas a las quesería e industria lácteas por adquirir leche de producción local. Así mismo se acrecienta un 20% las ayudas para favorecer el consumo de las carnes locales (de vacuno; de cochino; de cabra y oveja; y de pollo y gallina) y un 16,6% la ayuda la producción de huevos.

 

Informes técnicos certifican el escaso impacto del AIEM en el precio de los alimentos

El Gobierno recuerda que el impuesto es el resultado de un acuerdo unánime del Parlamento para proteger a los productos del país

El Arbitrio afecta solo a 80 artículos frente a las 10.000 referencias que puede tener un supermercado grande

El impacto del AIEM en el precio de los alimentos y bebidas en Canarias es escaso, tal y como han demostrado diferentes estudios técnicos, entre ellos los dos informes de evaluación -intermedio y final- que se debatieron durante la tramitación de la revisión del impuesto durante el año 2020.

Precisamente el último de ellos confirma la escasa incidencia del arbitrio en el precio final de la cesta de la compra, hasta tal punto que casi el 70% de productos gravados ha tenido un precio promedio superior en el conjunto de España que en Canarias desde el año 2014.

El Gobierno de Canarias recordó hoy, a este respecto, que el AIEM es el resultado de una acuerdo social y político en el Archipiélago para proteger los productos del país frente a los foráneos y que la última revisión fue convalidada por el Parlamento de Canarias de manera unánime en enero de 2021, tras varios años de debate, análisis y, finalmente, consenso.

El Arbitrio forma parte del corpus jurídico y del núcleo fundamental de la especial incorporación de Canarias a la Unión Europea, junto a figuras impositivas como el IGIC, y su finalidad no es en ningún caso recaudatorio, lo que explica que los tipos del Arbitrio no se hayan subido durante la última revisión.

El Ejecutivo considera que lo que está provocando un incremento es el precio de importación con el que los artículos llegan a las Islas, porque los tipos son exactamente los mismos de antes, y, especialmente, el precio final que establecen las grandes empresas distribuidoras y comercializadoras, ya sea en los productos locales o de importación.

A este respecto, el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se refirió en este punto a las quejas del sector primario de las Islas, especialmente el ganadero, a quienes se les está comprando a precios irrisorios su producción y no pueden cubrir costes -salvo con las ayudas públicas- y “luego en los estantes de los grandes supermercados esos productos están por las nubes”.

En cualquier caso, durante la última revisión del impuesto se realizó una criba y se excluyeron 20 productos que ya no se producían en Canarias.

En concreto, el AIEM protege ahora mismo a 80 productos relacionados con la cesta de la compra: 13 productos agrícolas, ganaderos y pesqueros y 67 del sector de la alimentación y la bebida.

El hecho de que estos 80 artículos estén protegidos por el AIEM no tiene un impacto relevante en el coste final de la cesta de la compra, sobre todo si se tiene en cuenta que un supermercado de tamaño grande puede tener en sus estantes 10.000 referencias o más.

Rodríguez aseguró que “no se entiende que el AIEM sea realmente el problema, cuando la mayoría de los productos de importación no está afectada por este arbitrio y, sin embargo, sus precios siguen siendo altos, al igual que ocurre con los productos locales”.

Del mismo modo, dijo no comprender cómo hay quienes, por ejemplo, quieran beneficiar a la papa de fuera frente a la del país.

 

 

 

Román Rodríguez garantiza la sensibilidad y el compromiso del Gobierno con Cruz Roja

Destaca, durante su visita al Centro de Operaciones Autonómico, que es “una de las grandes instituciones que nos hacen mejores como sociedad”

El vicepresidente remarca la dimensión de la organización en las islas, donde cuentan con 1.200 trabajadores, 20.000 voluntarios y 60.000 socios

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, garantizó este lunes en Gran Canaria la sensibilidad y el compromiso del Gobierno con Cruz Roja, a la que definió como “una de las grandes instituciones que hacen que nuestra sociedad se mejor, más justa y equilibrada. Es una gran organización al servicio de la ciudadanía, dirigida por gente entusiasta y comprometida, así que el deber de las administraciones públicas es el de estar a su lado para buscar el encuentro, la cooperación y el entendimiento”.

Rodríguez visitó las instalaciones del Centro de Operaciones Autonómico y el Centro de Cooperación con África junto al presidente autonómico de Cruz Roja, Antonio Rico; el coordinador de la organización en el archipiélago, José María Zarraluqui; el secretario autonómico, Domingo Pérez, y la directora del Centro de Cooperación Internacional, María del Mar Rodríguez. Así, conoció, de primera mano, todos los proyectos que se desarrollan en Canarias, donde un tercio de sus recursos proceden de subvenciones de las organizaciones públicas

“Cruz Roja hace un desempeño extraordinariamente importante cuando las cosas van bien, pero, de manera especial, también se nota su presencia cuando las cosas van mal. Aquí lo hemos vivido con el tema migratorio, durante la pandemia y con el volcán. Cuando estas cosas extraordinarias no pasan, que lo deseable sería que no ocurriesen con tanta frecuencia, Cruz Roja sigue haciendo sus funciones gracias a los recursos con los que prestan sus servicios, para los que cuentan con 1.200 trabajadores, 20.000 voluntarios y 60.000 socios en Canarias”, precisó el vicepresidente.

Cuestionado sobre la labor que realiza Cruz Roja en Canarias, Rodríguez remarcó “un elemento, como la teleasistencia, que es fundamental. Hablamos de un recurso que hace mejor la vida de las personas mayores y con problemas de cronicidad, así como de sus familias. También está el factor estratégico, que pasa por la formación de nuestra gente a través de la realización de cursos de certificación profesional. Instruir bien a nuestros chicos y chicas es la clave del éxito personal y como sociedad”.

Antonio Rico, por su parte, agradeció la sintonía mantenida con el área de Vicepresidencia durante este mandato y dijo que estas visitas “también sirven para que, aunque la gente aún nos siga viendo como la ambulancia que llega a una emergencia o los que se encargan de hacer el rescate en una playa,  nuestra actividad fundamental es la del trabajar con las personas mayores, con las personas con discapacidad y con todos aquellos sectores más vulnerables como pueden ser las mujeres o la infancia. Cruz Roja está para cubrir las necesidades de las personas que necesitan una mano amiga o un acompañamiento”.

En ese sentido, agregó que la atención a las personas vulnerables “se disparó prácticamente al doble de lo que era en 2019 durante los años 2020 y 2021 por culpa de la pandemia, aunque esa situación ha vuelto a decrecer a los números que teníamos en 2019 conforme la gente ha regresado a sus puestos de trabajo. Durante 2022 trabajamos, aproximadamente, con 65.000 personas que estaban en situación de pobreza crónica en Canarias. El objetivo, precisamente, es conseguir que cada una de ellas se integre en el mercado laboral para no tener que depender del ingreso mínimo vital o de las ayudas que puedan brindarles las organizaciones no gubernamentales”.

Por último, Rico también explicó que Canarias cuenta con “uno de los cuatro centros internacionales de cooperación que tiene Cruz Roja en el mundo, dada nuestra cercanía con el continente africano. Tratamos de que tengan respuesta ante situaciones de catástrofe y, cuando eso no es así, colaboramos con ellos para que puedan tenerla”, concluyó.

Rodríguez destaca el compromiso “excepcional” del Gobierno con el sector primario durante la actual legislatura

El vicepresidente precisa que las partidas presupuestarias para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca han pasado de 100,6 millones en 2019 a los 168,8 millones de este año, lo que supone un crecimiento del 68%

El nuevo AIEM, el incremento de las ayudas directas por pérdida de renta o el Posei adicional revelan la dimensión de la apuesta del Ejecutivo

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó hoy el “compromiso excepcional” del Gobierno canario con el sector primario de las Islas durante la actual legislatura, “en unos momentos especialmente duros, en los que ha habido que articular medidas de carácter extraordinario para su propia supervivencia”.

Tras una visita a la explotación ganadera Reyes y Asociados, en Gran Canaria, el vicepresidente valoró el crecimiento de las partidas presupuestarias para el sector durante la actual legislatura, que han pasado de los 100,6 millones de euros consignados en 2019 por el Gobierno anterior a los 168,8 millones de este año, lo que supone un aumento del 68%.

“Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como desde el propio departamento de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, hemos actuado con determinación para ayudar al sector primario, probablemente en el momento en el que se está enfrentando a sus mayores dificultades, especialmente en la ganadería”, dijo.

“Si no protegemos a este sector con la concesión de ayudas, desaparecerá”, añadió el vicepresidente.

En esta línea, recordó tres grandes medidas que revelan la intensidad de ese apoyo, al margen del incremento presupuestario. Por un lado, la aprobación del nuevo AIEM el año 2021, por el que se protegen 13 productos agrarios locales frente a los foráneos: tres de ellos se incorporaron por primera vez y en otros siete se subió la protección.

Por otro, el incremento de las ayudas al sector ganadero, que sumaron en 2022 un total de 23,5 millones de euros. Precisamente, de esta cantidad 7,7 millones de euros fueron aportados por la Consejería de Hacienda de sus recursos propios. Además, para este año hay consignados otros 8,5 millones de euros en ayudas para compensar la pérdida de renta que se formalizarán a partir de marzo.

En tercer lugar, Rodríguez se refirió a la mayor modificación producida en el denominado Posei adicional (ayudas que autoriza la Unión Europea pero que conceden los gobiernos estatal y autonómico), que se ha incrementado en 8,7 millones de euros.

De este modo, crecen en un 50% las ayudas a la producción de leche de vaca, que pasan de los 82 euros por tonelada a los 123 euros en el caso de las islas capitalinas y a 133 euros en el caso de las no capitalinas. Igual ocurre con la leche de cabra y oveja, cuyas ayudas aumentan un 33% y pasan de los 213 euros por tonelada a los 283 euros en las islas capitalinas y a los 293 euros en las no capitalinas.

El vicepresidente valoró la continuidad de las políticas europeas de apoyo al sector primario, entre ellas las destinadas al plátano, al tomate o a los esquejes.

“En estos cuatro últimos presupuestos, hemos incrementado el 68% las partidas destinadas a la agricultura, ganadería y pesca aun cuando no hemos recuperado todavía el PIB del año 2019, lo que da idea del apoyo del Gobierno”, indicó.

Un respaldo que se manifiesta también en medidas fiscales, como la aplicación del tipo 0 del IGIC a los productos para la alimentación animal.

Por su parte, Nicolás Pérez Moreno, gerente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, aseguró que la situación del sector es muy delicada y que, sin las ayudas públicas, tanto del Gobierno como del Cabildos, “hubiésemos desaparecido, porque los costes de producción están por encima de lo que se está pagando por la carne y la leche”.

Moreno defendió la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que garantizaría que el productor tuviese como mínimo la solvencia para pagar los costes mensuales de la alimentación de los animales.

Santiago Reyes, propietario de las instalaciones que visitó hoy el vicepresidente, agradeció el esfuerzo del Gobierno de Canarias para ayudar al sector “porque todos los precios han subido, pero lo nuestro no se valoriza”, e insistió en que el objetivo final debe ser que el sector sea autosuficiente desde el punto de vista financiero y no sean precisas las ayudas públicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacienda extiende a 2023 las ayudas fiscales selectivas para atenuar el impacto de las crisis entre los vulnerables

El año ha empezado con la prórroga de cinco medidas ya vigentes y la entrada en vigor de otras cinco, nueve de ellas en la imposición indirecta y la restante en el impuesto del combustible profesional

Los Presupuestos autonómicos también prevén reducciones de hasta 700 euros en la próxima declaración de la renta

El vicepresidente y consejero del área, Román Rodríguez, destaca que el conjunto de beneficios fiscales para 2023 asciende a 2.321 millones de euros

La política de ajustes fiscales selectivos y temporales para ayudar a los sectores más perjudicados por las últimas crisis tendrá continuidad este año, al menos hasta junio de 2023, gracias a la prórroga de las medidas ya vigentes y otras nuevas contenidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que entraron hoy en vigor.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó hoy que el Gobierno de Canarias es plenamente consciente de las dificultades que están atravesando las familias y empresas de las Islas, especialmente aquellas con menos recursos, y aseguró que la incertidumbre a medio plazo aconseja prorrogar todas las medidas que ya se han dispuesto en los últimos años, desde la irrupción de la pandemia.

“Seguiremos realizando este tipo de ajustes fiscales el tiempo que sea preciso para atenuar el impacto de la inflación en las rentas medias y bajas, como antes lo hemos hecho con ocasión del Covid-19 o con la erupción del volcán en La Palma”, subrayó el vicepresidente.

De este modo, ayer entraron en vigor las prórrogas de hasta cinco medidas impulsadas en diferentes momentos de la actual legislatura y otras cinco nuevas, todas ellas relacionadas con el impuesto general indirecto canario (IGIC).

A estos retoques de la fiscalidad indirecta, se suma un ajuste en el tramo autonómico del IRPF para rentas medias y  bajas que, aunque tiene efecto a 1 de enero de 2022, se instrumentará en la declaración de la renta a presentar este año.

En concreto, se habilita una deducción extraordinaria por el alza de precios; se incrementan quince deducciones actuales entre un 20 y un 40 por ciento y se amplía la base liquidable de los primeros cuatro tramos autonómicos.  Estas medidas supondrán un ahorro fiscal de 100 millones de euros para los contribuyentes canarios.

La deducción extraordinaria por incremento de precios será de 225 euros para bases imponibles de hasta 20.000 euros (23.300 euros de salario bruto); 175 euros para bases de entre 20.000 y 25.00 euros (28.700 euros de salario bruto) y 125 euros para bases de entre 25.000 y 30.000 euros (34.000 euros de salario bruto).

Del mismo modo, se mejoran hasta quince deducciones actuales, de las cuales trece se incrementan un 20% y dos lo hacen un 40%; estas últimas son para el pago de cuotas hipotecarias y las obras en vivienda por discapacidad.

La deducción extraordinaria beneficiará al 85% de los contribuyentes; el ajuste de los tramos de la tarifa autonómica, al 95%; y el incremento de las deducciones, al 35%.

Así, según alguna de las simulaciones técnicas efectuadas por Hacienda, un matrimonio con salarios conjuntos de 36.600 euros; dos hijos de 10 y 12 años, que tiene gastos de estudios de 400 euros, gastos de enfermedad de 600 y pago de hipoteca por la vivienda habitual de 7.200 euros al año podría ahorrarse 700 euros en su próxima declaración del IRPF referida al ejercicio fiscal de este año.

Por lo que respecta al IGIC, el Gobierno ha decidido mantener inalterados este año los módulos del régimen simplificado del IGIC para todos los contribuyentes canarios, al tiempo que ha prorrogado  las medidas de alivio fiscal a los palmeros, sobre todo a aquellos con domicilio fiscal en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Fuencaliente, con una reducción de las cuotas de hasta un 30% en este régimen.

También se extiende la aplicación del tipo 0 del IGIC a determinadas operaciones o entregas de bienes a los afectados por la erupción y a las entregas de material sanitario contra el Covid. A estas cuatro medidas se suma la ampliación hasta el 30 de junio de 2023 de la devolución del 9,9% del impuesto del combustible a los transportistas, agricultores y ganaderos.

Como principales novedades en la imposición indirecta, el departamento de Hacienda ha impulsado la tributación 0 en el IGIC de los libros electrónicos -que se equiparan a los libros de papel- y el aumento de productos de higiene femenina acogidos también a este tipo.

Del mismo modo, se reduce del 3% al 0% el tipo del IGIC a la entrega o importación de productos para la alimentación animal y se baja del tipo general del 7% al 3% determinados servicios de transporte de bienes, como el reparto a domicilio, mensajería y mudanza.

A todo ello, se añade la bonificación al 100% durante todo 2023 de la tasa de dirección e inspección de obras.

El vicepresidente canario recordó que “este paquete de medidas, junto a las bonificaciones fiscales ya consolidadas de años anteriores, suponen un coste fiscal total de 2.321 millones de euros, tal y como se recoge en la preceptiva memoria de beneficios fiscales incluida en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma”.

Rodríguez aseguró que las medidas anti-inflación puestas en marcha por el Gobierno de Canarias son más intensas que las de otras comunidades autónomas, especialmente en su impacto per cápita, y señaló que se han aprobado “aun cuando las Islas tienen la fiscalidad más baja de Europa” y que el Ejecutivo no ha tenido necesidad de recurrir al endeudamiento para financiarlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canarias es una de las tres CCAA que cumple la recomendación de la AIReF de fijar una estrategia fiscal

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, destaca el rigor y responsabilidad del Gobierno en la gestión de las cuentas públicas

Canarias es una de las tres únicas comunidades autónomas que ha cumplido con literalidad las recomendaciones efectuadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) durante el último trimestre del año, según la información publicada a finales de la semana pasada por este órgano.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó hoy que la publicación de la AIReF señala que Canarias ha cumplido con la recomendación de elaborar los Presupuestos autonómicos en el marco de una estrategia fiscal a medio plazo y que, además, le ha dado una “visibilidad” separada de los propios Presupuestos.

Precisamente, el órgano que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas mantiene viva esta recomendación al resto de comunidades autónoma y al propio Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

Además, otra de las recomendaciones efectuadas a las CCAA para evitar que los ingresos extraordinarios se destinen a gasto estructural ha sido igualmente cumplimentada porque, tal y como recoge la propia AIReF, “ Canarias indica que el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 3 de agosto por el que se fijó el límite de gasto no financiero de sus presupuestos para 2023 recoge la intención de que los ingresos extraordinarios no se destinen a gastos estructurales. Además, no prevé la introducción de reducciones estructurales de ingresos en los referidos presupuestos para 2023”.

A este respecto, Rodríguez destacó el rigor económico-financiero y la responsabilidad que caracteriza la gestión de los recursos públicos en la Comunidad Autónoma y la prudencia a la hora de manejar los recursos extraordinarios recibidos en los últimos años, “puesto que las reglas fiscales volverán el año 24 y aquellos que no hayan hecho sus deberes, tendrán que asumir mayores sacrificios para retornar a la senda de la estabilidad”.

El vicepresidente recordó también que Canarias es la comunidad autónoma con menor deuda del Estado en relación a la población, con 2.800 euros per cápita, mientras la media del Estado se sitúa en 6.900. Se da la circunstancia de que los datos recién publicados por el Banco de España sobre el tercer trimestre de este año señalan que la deuda de Canarias también es la menor en relación al PIB, con un 13,5% y que en relación a la población ahora está en 2.694 euros por habitante.

En este sentido, Rodríguez valoró el trabajo desempeñado desde el departamento de Hacienda, tanto por el viceconsejero, Fermín Delgado, como por el director general de Presupuestos, Luis Márquez.

 

 

Román Rodríguez subraya el avance de la sociedad canaria pese a las dificultades

Esgrime previsiones independientes para 2023 de un crecimiento económico del doble que la media estatal y del cuádruple en creación de empleo

El vicepresidente conoce de primera mano la proyección de Mapfre en las islas y recuerda “la especial y diferencial situación fiscal” de la que disfruta el archipiélago

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, subrayó este martes en Gran Canaria “el avance de la sociedad canaria pese a las dificultades que nos tocan vivir en estos tiempos”. Se basó en las recientes previsiones de entidades independientes, como BBVA Research, que pronostica para 2023 un crecimiento económico el doble que el estatal (2,1% frente al 1,2%) y una creación de empleo el cuádruple superior (un 4% frente al promedio del 1,1%), liderando las expectativas de todas las comunidades autónomas.

Rodríguez visitó las instalaciones del edificio Mapfre en la capital grancanaria junto a su directora general territorial en Canarias, Eva Tamayo, y remarcó que se trata de una entidad “que nos ha acompañado durante mucho tiempo en las islas, ya que se trata de una empresa de alta presencia en nuestras vidas al ocuparse de proteger de los riesgos o compensarlos cuando se producen daños”. Mapfre es la primera aseguradora de las Islas, con 450 empleados, 122 oficinas, 460 proveedores de servicios, 376.000 clientes y 111.000 hogares asegurados.

“Esta jornada –prosiguió el vicepresidente– se enmarca en conocer las necesidades de las organizaciones empresariales, sociales y de todo orden que tenemos en Canarias. Ver de cerca estas instalaciones solo pone en evidencia que estamos ante una empresa importante que contribuye al bienestar, el crecimiento y la seguridad de una sociedad que, en nuestra tierra, está sabiendo avanzar pese a las dificultades”.

Tamayo, por su parte, agradeció la presencia de Román Rodríguez y remarcó que Mapfre “cuenta con una larga trayectoria en el archipiélago y forma parte de la economía canaria. Por esa razón, es un placer abrir nuestras puertas para explicar lo que hacemos y cómo nos involucramos en la sociedad. Somos un motor económico y social, a través de nuestra Fundación, y nuestra intención es compartir la labor que hacemos como compañía con el vicepresidente porque muchas veces no se visibiliza ese trabajo que realizamos”, concluyó.

Cuestionado sobre algunos asuntos relacionados con la crisis inflacionista, Rodríguez indicó que el Gobierno de España “ha tomado cartas en el asunto y el elemento que mejor lo simboliza es el tope al gas, que incluso fue muy cuestionado por algunos que ahora pretenden apuntarse al éxito de esta medida. Los mercados son importantes, pero necesitan reglas de juego y límites en momentos claves como los que vivimos”, destacó.

Consejo de Ministros

Rodríguez también aprovechó que el Consejo de Ministros abordase hoy la reducción del IVA a los alimentos para recordar que en Canarias “todos los productos que forman parte de la cesta de la compra tienen IGIC cero. Es algo que conviene repetir porque algún responsable público aún no se ha enterado de este dato. Igual que el combustible, el gas o la electricidad para el 96 por ciento de los consumidores. Ya les gustaría a los contribuyentes del resto del territorio nacional tener esta situación fiscal diferencial que tenemos en Canarias”.

El vicepresidente canario también hizo especial énfasis en que el Gobierno de Canarias “anunciara ayer el mantenimiento de la devolución del 99,9% del impuesto especial al combustible a los transportistas, ganaderos y agricultores, una medida de la que tampoco disfruta nadie en España, ni en el resto de la Unión Europea, y que beneficia a 7.000 pequeñas empresas con ahorro fiscal total de 75 millones de euros. Tomamos decisiones para contener este problema y ayudamos a paliar los efectos de la inflación a los sectores más vulnerables”.

Román Rodríguez recalcó también que si en Canarias “los impuestos son cero para todos los alimentos y tenemos precios que han subido en un 14 o el 15 por ciento, quiere decir que alguien se está aprovechando. En los momentos de crisis siempre hay alguien muy poderoso que se aprovecha a costa de perjudicar a la mayoría de la población. Ahí el Consejo de Ministros tendría que evaluar si existe algún mecanismo, pero dudo que se metan en ese jardín. No porque no sea necesario, sino porque es complejo de regular. Es difícil contener la evolución de los precios, pero ni los productores ni los consumidores somos responsables de esta situación”.

Por último, afirmó que la inflación actual es “un fenómeno global” y agregó que “ya venimos con esos índices desde la crisis económica provocada por la pandemia, aunque esto se ha intensificado por las tensiones en los mercados que ha generado la guerra en Ucrania. Nosotros, dentro de nuestras competencias, estamos tomando medidas respecto a los alimentos y los combustibles para profesionales, que están al cero por ciento. También rebajaremos el IRPF a las rentas más bajas en 2022. Seguiremos actuando de forma selectiva, quirúrgica y temporal con la fiscalidad para responder a paliar este fenómeno que, desde luego, se tendrá que encauzar a niveles globales”, concluyó.

 

 

Hacienda amplía seis meses el tipo 0 del IGIC para el material sanitario contra el Covid

El departamento dirigido por el vicepresidente canario, Román Rodríguez, también aplicará el tipo 0 a la importación de viviendas prefabricadas en La Palma por la erupción

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha impulsado un decreto-ley -que se aprobará próximamente por el Consejo de Gobierno- con diferentes medidas tributarias, entre ellas la prórroga hasta el 30 de junio de 2023 la aplicación del tipo 0 al material sanitario contra el Covid-19, vigente desde abril de 2020.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, ha explicado que la enfermedad no ha desparecido y que sigue concentrando parte de los esfuerzos del sistema sanitario aun cuando las medidas profilácticas se han reducido a la mínima expresión, como la obligatoriedad de mascarillas en el transporte público. La persistencia de la pandemia “aconseja la mayor cautela posible en la celebración de eventos en estos próximos días y meses, como las fiestas de Nochevieja o Carnaval, en los que se acumula gran cantidad de personas en espacios reducidos”.

A este respecto, el decreto señala textualmente que “la evolución del COVID-19 a lo largo del año 2022 no ha seguido una línea clara de estabilización, con la que haya podido presumirse su pronta finalización, al incrementarse los casos en diferentes períodos festivos y vacacionales; ello ha justificado que, por prudencia, se haya mantenido la obligatoriedad del uso de las mascarillas en determinados espacios cerrados”.

Es precisamente esa evolución la que explica la cuarta prórroga de la aplicación del tipo 0 del IGIC a determinados bienes sanitarios para combatir la pandemia, una medida que se tomó inicialmente en abril de 2020.

La Palma

El decreto-ley también modifica otra norma del mismo rango por el que se adoptaron medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, de manera que ahora se incluye la importación de viviendas prefabricadas en el tipo 0 del IGIC.

El beneficiario de la medida deberá ser “una persona física propietaria, usufructuaria o nuda propietaria de una vivienda que se ha perdido, por haber quedado destruida, inhabitable o inaccesible de forma definitiva como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho”.

La norma establece que sólo se podrá aplicar se podrá aplicar el tipo cero a una casa prefabricada por persona física y que ésta deberá sustituir a la vivienda perdida, y ser montada y unida permanentemente al suelo ubicado en la isla de La Palma, antes del 31 de diciembre de 2026.

 

 

Hacienda prorroga seis meses la devolución del 99,9% del impuesto de combustible a transportistas y sector primario

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, firma la orden de ampliación, dado que las circunstancias que motivaron la decisión no han variado

El Gobierno habrá desembolsado al final del período de vigencia de la medida unos 75 millones de euros por la devolución total del impuesto

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha firmado la orden para la prórroga hasta el 30 de junio de 2023 de la devolución del 99,9% del impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo a transportistas, agricultores y ganaderos.

Rodríguez recordó que su departamento aprobó el 22 de marzo de este año -con carácter retroactivo al primer día de ese mes- una ampliación de la devolución del impuesto del 68% al 99,9% y que las circunstancias que motivaron aquella decisión no han cambiado, “por lo que resulta lógica la prórroga de la medida”.

En concreto, la orden firmada establece que “siguen perviviendo las razones que motivaron la ampliación temporal de la aplicación del incremento del porcentaje de devolución del Impuesto que grava la gasolina profesional utilizada en vehículos híbridos eléctricos y vehículos bicombustibles que se hallen afectos al desarrollo de las actividades de agricultura y transporte; y el gasóleo profesional utilizado en maquinaria, artefactos y vehículos que se hallen afectos al desarrollo de las actividades agricultura y transporte”.

Rodríguez precisó, además, que desde que se activó la orden y hasta el pasado mes de octubre -últimos datos exactos disponibles- el Gobierno ha devuelto 37 millones de euros en total por el impuesto, mientras que la previsión desde octubre a junio de 2023 -en función de una estimación basada en los datos reales- se sitúa en cerca de 38 millones de euros.

“Nuestros cálculos sitúan el coste fiscal de la devolución en unos 75 millones de euros”, aseguró el vicepresidente, quien enmarcó la iniciativa en el conjunto de medidas de alivio fiscal selectivas y temporales que ha adoptado la Consejería de Hacienda para ayudar a los sectores más vulnerables, en este caso a aquellos más expuestos a la inflación”.

Esta orden permite, por añadidura, que los transportistas profesionales, agricultores y ganaderos no tributen por la compra de combustible, puesto que, con independencia de esta devolución, el tipo del IGIC a aplicar es 0.

La devolución parcial del impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo viene recogida en su propia ley reguladora, que data de julio de 1986. En ella se especifica que los agricultores y transportistas tendrán derecho a la devolución parcial del impuesto que grava la gasolina y el gasóleo profesional utilizados por vehículos que se hallen afectos al desarrollo de actividades de agricultura, ganadería y transporte (discrecional y regular de viajeros, de mercancías y taxistas) y cuyos datos estén debidamente inscritos en el Censo de Agricultores y Transportistas.

Desde el año 1986, el Gobierno canario devuelve el 68% a los transportistas, agricultores y ganaderos, una devolución que ahora y hasta  el 30 de junio será prácticamente integra.

El impuesto es de 26,5 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 22,2 céntimos en el caso del gasóleo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canarias recibirá 2.786 millones de euros de ayudas con cargo al FEDER y el FSE+ para el período 2021-2027

La Comisión Europea ha aprobado definitivamente los programas operativos y su participación en los mismos, que asciende a 1.544 millones a gestionar por el Gobierno autónomo

La Administración del Estado destinará a Canarias 1.242 millones en  fondos que distribuirá entre las CCAA con cargo al FEDER y FSE+

La financiación directa de Europa para los años 21-27 se incrementa en 266 millones con respecto al anterior período, lo que supone un aumento del 20,8%

La Comisión Europea aprobó los pasados 14 y 19 de diciembre las decisiones de ejecución por las que se aprueban los programas FEDER y FSE+ para Canarias, respectivamente, que contarán con una dotación conjunta de 1.544 millones de euros que el Gobierno autónomo gestionará directamente hasta el año 2027.  A esta cantidad hay que añadir otros 1.242 millones de euros que el Estado invertirá en las Islas, con cargo a los programas plurirregionales de ambos instrumentos (el que distribuye el Gobierno central a las comunidades autónomas).

La aprobación del FEDER y del FSE+ de Canarias por parte de la Comisión Europea supone un incremento de los recursos asignados al Archipiélago de 266 millones de euros con respecto al anterior período (2014-2020) por idéntico concepto y supone un incremento del 20,8%.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se felicitó por la aprobación de estos importantes programas para el empleo y el crecimiento económico del Archipiélago y de los términos “especialmente favorables” para los intereses de Canarias, tanto por el volumen de fondos conseguido y por mantener la cofinanciación del 85% del gasto a cargo de los fondos europeos, así como por ampliar la dotación especifica RUP también al FSE+.

Rodríguez explicó que las decisiones adoptadas por la Comisión Europea ponen el colofón a una larga negociación entre los gobiernos de Canarias y de España y las instituciones europeas, que permitirán una inversión en el Archipiélago de 3.277 millones de euros hasta el año 2027 si se suma la contribución de las administraciones autonómica y estatal (el 15%) a los 2.786 millones.

En concreto, las decisiones de la Comisión estipulan una financiación europea de 1.097 millones para el FEDER y de 446,5 millones de euros para el FSE+. En el anterior período estas cantidades ascendieron a 997,6 millones y 279,6 millones de euros, respectivamente.

La principal diferencia estriba en las aportaciones del FSE+, que incluyen por primera vez una asignación por la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias, que asciende a 165 millones de euros.

Por lo que respecta al FEDER, las prioridades políticas establecidas por la Unión Europea son “Transición digital inteligente y conectividad digital”; “Transición verde y movilidad urbana”; “Movilidad” y “Transformación Social”.

Estos cuatro grandes objetivos políticos se desagregan en objetivos específicos, cada uno de ellos con su propia financiación ya determinada,

De este modo, Europa aportará 400 millones de euros al primer objetivo, que se concretarán en actividades e inversiones de I+D+I que contribuyan a una transformación económica innovadora e inteligente y a una conectividad regional en el ámbito de las TIC, así como a la creación y mejora de la competitividad de las empresas. En el marco del objetivo de la transición verde, la UE invertirá 358 millones de euros en actividades e inversiones que contribuyan a una economía con cero emisiones netas de carbono, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible.

Completan la programación los objetivos políticos sobre la movilidad, al que se asignan 26,7 millones y sobre la transformación social, para el que se invertirán 311 millones de euros.

Por lo que respecta al FSE+, se trata de un fondo que invierte en las personas y aplica el pilar europeo de derechos sociales, contribuyendo a una Europa más Social; a una cohesión económica, social y territorial, haciendo especial hincapié en el empleo y la formación. En este nuevo período, el programa fusiona el anterior Fondo Social Europeo (FSE) con la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y una parte del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).

Importancia de los fondos “ordinarios”

Rodríguez recordó hoy que estos dos fondos constituyen una parte importante de la financiación que percibe Canarias de los presupuestos comunitarios “pero no todo, puesto que, si se suma el resto de las aportaciones, como los fondos agrarios, como el POSEICAN y el FEADER, o el Programa Interreg-MAC, estamos hablando de más de 5.000 millones de euros”.

En cualquier caso, el vicepresidente destacó cómo “desde Canarias hemos defendido acertadamente nuestra posición como Región Ultraperiférica y conservamos nuestro músculo financiero en el Presupuesto comunitario, a pesar de la salida de un contribuyente neto como el Reino Unido y las dificultades enormes en las que se hubo de negociar el presupuesto, con el advenimiento de una pandemia que lo ha trastocado todo”.

La aprobación de los dos fondos por parte de la Comisión Europea culmina un período de confección y elaboración de los programas, que han sido debatidos en Canarias con las organizaciones económicas y sociales más representativa y que fueron validados inicialmente por el Gobierno de Canarias el pasado verano para su remisión al Gobierno de España. Este, a su vez los envió a Bruselas para la aprobación definitiva.