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Rodríguez destaca el potencial de la vía indirecta de la RIC para diversificar la economía y crear empleo

La Consejería de Hacienda ha impulsado en este mandato la aprobación de 13 expedientes, por un importe global de 225 millones de euros

La modalidad indirecta para materializar los fondos de la RIC permite conectar a los pequeños inversores con promotores de proyectos

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó hoy el “alto potencial” de la vía indirecta de materialización de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) para la diversificación económica de las islas y la generación de empleo.

Rodríguez, que participó en un coloquio sobre esta modalidad organizado por la entidad Ric Private Equity, explicó que su departamento ha impulsado durante este mandato trece expedientes de la también denominada RIC colectiva, por un importe global de 225 millones de euros.

Desde 2015, cuando se puso en marcha, se han aprobado 15 proyectos, lo cual da idea de la intensidad de la apuesta del actual Ejecutivo por esta modalidad para ejecutar las inversiones de la RIC, que han ido a parar a los sectores turísticos (ocho), energía eólica-solar (cinco) y astrofísica (dos).

Rodríguez subrayó que el Gobierno realizará todos los esfuerzos posibles por impulsar la inversión colectiva y promoverla entre el empresariado y los emprendedores canarios. “Es una buena fórmula para establecer sinergias entre los tenedores de fondos, que disponen del dinero, y de los emprendedores, que tienen los proyectos, pero no financiación”.

Prueba de ese compromiso es la rapidez con la que el departamento de Hacienda está tramitando los expedientes para elevarlos al Consejo de Gobierno, que es finalmente quien declara la idoneidad de los instrumentos financieros que se utilizarán para la dotación, según dijo el vicepresidente, quien agradeció también la diligencia de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) al emitir su informe preceptivo y vinculante. Tanto el acuerdo de Gobierno como este informe aportan seguridad jurídica a los inversores.

El vicepresidente adelantó que esta misma semana el Gobierno aprobará la idoneidad de otros tres instrumentos financieros, que fueron presentados por los promotores hace apenas tres meses.

Cómo funciona

La vía indirecta de la RIC, habilitada tras la modificación de la Ley del REF en diciembre de 2014, permite a los tenedores de fondos ampliar las posibilidades para la reinversión a la que están obligados, gracias a la suscripción de instrumentos emitidos por parte de entidades financieras.

Si en la vía directa son las propias personas o entidades que han depositado fondos en la RIC las que deben materializar la inversión, en la vía indirecta esas mismas personas o entidades pueden destinar tales cantidades a financiar inversiones que realizan otros (sociedades operativas) a través de la suscripción de acciones y participaciones emitidos por esos terceros, siendo éstos quienes deben destinar los fondos obtenidos en inversión que supongan la creación o ampliación de un establecimiento, la diversificación productiva o la transformación sustancial del proceso productivo; o bien la creación de empleo ligada a las inversiones citadas.

La RIC es un potente incentivo que permite un ahorro fiscal en el Impuesto de Sociedades -de hasta el 90%- para aquellas entidades que destinen sus beneficios a dotar la Reserva, con la condición de que reinviertan las cantidades en un plazo de tres años. En los últimos cuatro años, casi  4.000 millones de euros  se han acumulado en la RIC, según las estimaciones del Gobierno de Canarias.

 

Hoy martes se abre la matrícula para el Curso Superior Universitario en Administración Financiera y Tributaria

Se impartirá de manera ‘online’ y presencial, desde el 26 de septiembre, a través de las fundaciones de las dos universidades canarias

La Consejería de Hacienda financia el 95% de la matrícula de esta iniciativa, que consta de ocho módulos formativos basados en el temario requerido para acceder a la escala de administradores financieros y tributarios de Canarias

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, dirigida por Román Rodríguez, financia, en un 95%, la matrícula para el Curso Superior Universitario en Administración Financiera y Tributaria del Sector Público, que comenzará a impartirse desde el próximo 26 de septiembre a través de la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna.

El plazo para inscribirse en esta iniciativa, que se desarrollará de manera ‘online’ y presencial, quedará abierto desde hoy martes 13 de septiembre en la web de ambas fundaciones, donde se establecerá el canal para acceder a la formalización de la matrícula y el pago de esta.

El temario de este curso consta de ocho módulos formativos y está basado en los requerimientos para el acceso a la escala de administradores financieros y tributarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las personas interesadas en realizarlo tendrán que abonar 25 euros para cada módulo por separado o un único pago de 40 euros en el caso de que deseen realizarlos todos.

La especialización necesaria para el acceso a esta función pública está generando notables dificultades entre las personas que quieren formar parte de ella a través de los correspondientes procesos selectivos, por lo que se ha decidido incrementar la formación específica dirigida a aquellos aspirantes que pretenden profesionalizarse en estas áreas.

De hecho, el nivel universitario superior de este curso es solo un primer paso para que esta iniciativa pueda incorporarse a otros proyectos de expertos universitarios o másteres que permitan que esta especialización, en el ámbito de la formación universitaria, tenga continuidad en el futuro.

Temario

El primer módulo del curso está relacionado con la Hacienda Pública, los escenarios presupuestarios y los presupuestos y, en el mismo, se abordará el estudio de la Ley de Hacienda Pública, la Ley General Presupuestaria y la gestión presupuestaria en general.

El segundo versará sobre los instrumentos jurídicos para la gestión del gasto (contratación pública, convenios, subvenciones, encargos a medios propios y encomiendas). En él se ofrecerá un análisis, teórico y práctico, de los principales instrumentos jurídicos en los que se articula la gestión del gasto público. Así, se abordarán asuntos tales como los contratos del sector público, convenios, encomiendas de gestión, encargos y subvenciones, así como el análisis y tramitación de cada una de estas figuras.

La contabilidad pública y su aplicación práctica será el epígrafe del tercer módulo del curso. Se explicará cómo realizar la elaboración y el contenido de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y se abordará el Plan General de Contabilidad desde una perspectiva teórico-práctica.

El cuarto módulo estudiará la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Se analizará el funcionamiento del Sistema Europeo de Cuentas como marco de armonización de la contabilidad nacional en el marco europeo y su relación con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Del mismo modo, se hará una inmersión práctica en figuras como el déficit público, la regla de gasto, el límite de gasto no financiero o la sostenibilidad de la deuda pública, entre otras materias.

El Derecho Europeo protagonizará el quinto módulo del curso. Durante el mismo, se profundizará en el conocimiento de las instituciones de la Unión Europea, el ordenamiento jurídico y la política de cohesión, con especial referencia a los fondos estructurales de la propia UE. También se analizará el presupuesto europeo y sus connotaciones. Por último, se abordará un apartado específico sobre la integración diferenciada de Canarias en el marco de la Unión Europea, desde la perspectiva de región RUP, POSEICAN o REF, entre otras figuras.

El sexto módulo integrará todas las funciones de control interno. Se analizarán los mecanismos de control interno de la actividad económico-financiera del sector público autonómico, llevada a cabo por la Intervención General en sus diferentes vertientes. También se profundizará en el conocimiento de áreas como la auditoría pública o el control financiero de ayudas y subvenciones, con especial referencia al control de los fondos europeos (fondos estructurales y fondos agrícolas).

El séptimo módulo del curso versará sobre la economía de empresa, la economía financiera y el sistema financiero español. Se estudiará el funcionamiento de una empresa, con especial referencia a las empresas públicas y al sector público empresarial. También incluirá un análisis sobre el sistema financiero español y las operaciones financieras.

El Derecho Tributario será el último de los módulos que se impartirán en esta iniciativa. Este bloque contiene un estudio general del sistema tributario español y el procedimiento de gestión tributaria, con especial referencia al IGIC, al bloque de financiación canario y al REF desde una perspectiva teórica y práctica.

Las clases presenciales se llevarán a cabo en Tenerife (13 de octubre) y Gran Canaria (14 de octubre)

La desviación del gasto en los Presupuestos autonómicos de este año por la inflación será de 500 millones  

Román Rodríguez desmonta la supuesta “voracidad recaudatoria” del Ejecutivo, dado que el incremento de los ingresos tributarios sobre lo previsto, 100 millones, será insuficiente para afrontar las necesidades sobrevenidas

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de este año tendrán una desviación aproximada de 500 millones de euros en el capítulo de gastos a causa de la inflación, según avanzó hoy el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, durante el Pleno del Parlamento de Canarias.

El incremento obedece a las necesidades sobrevenidas durante el ejercicio, en el que el Gobierno ha debido activar ayudas puntuales a diferentes sectores afectados por la escalada de precios y en el que el propio Ejecutivo se ha visto perjudicado por el incremento de los costes de los servicios y las obras que ha contratado o adjudicado.

Rodríguez desmontó, en este sentido, el discurso de la oposición sobre una supuesta voracidad recaudatoria del Gobierno, puesto que el incremento de los ingresos tributarios se situará, previsiblemente, en torno a los cien millones sobre lo presupuestados inicialmente; es decir, cuatrocientos millones menos de los necesarios para ajustar por esta vía las cuentas. Además, relativizó el peso del IGIC en el conjunto del sistema de ingresos de la Comunidad Autónoma, al situarse solo en el 6,7% del total.

“No hay ni un solo euro en las arcas de la Comunidad Autónoma que esté ocioso”, dijo el vicepresidente, quien insistió en que “todos los recursos disponibles están siendo utilizados para reforzar los servicios públicos; para ayudar a los sectores sociales vulnerables, para la adquisición de viviendas o para impulsar el desarrollo económico”.

A este respecto, el vicepresidente recordó cómo el Ejecutivo ha aprobado medidas de apoyo al sector ganadero; a la devolución íntegra del impuesto especial del combustible a transportistas, ganaderos y agricultores o a las ayudas relacionadas con la erupción de La Palma, entre otras.

Rodríguez también se refirió a los Presupuestos autonómicos del año 2023 y señaló que cada euro de esas cuentas autonómicas se destinará a la mejora del bienestar de los canarios y a estimular el crecimiento económico.

El vicepresidente precisó que los Presupuestos crecerán un 10,9 por ciento hasta situarse en los 10.098 millones de euros, si bien insistió en la necesidad de actuar con prudencia a la hora de diseñar las cuentas públicas, “de modo que el gasto público sea sostenible en el tiempo, puesto que después del año 23 vendrán otros en los que ya se habrán restablecido las reglas fiscales”.

En todo caso, este incremento será posible “sin subir impuestos ni aumentar la deuda pública de la Comunidad Autónoma”, subrayó.

Incremento de la financiación autonómica

En otra comparecencia, el vicepresidente valoró la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y destacó el incremento del 23% de los recursos que recibirá Canarias del sistema de financiación autonómica en 2023, un porcentaje que se traduce en 1.245 millones de euros (542 millones más en los anticipos a cuenta y 703 millones más en la previsión de liquidación).

Estas cantidades, junto a los recursos ficales propios y los fondos europeos, constituyen un buen punto de partida para la elaboración de unos Presupuestos expansivos que permitan mantener la intensidad de las ayudas a los sectores más afectados por la inflación o por la erupción volcánica, además de potenciar los servicios públicos esenciales e impulsar el crecimiento económico, dijo Rodríguez.

El vicepresidente también se refirió a los datos de ejecución de los Presupuestos del año 2021, ejercicio en el que el Gobierno canario desplegó un gasto público de 10.466 millones de euros (123,4% de lo presupuestado inicialmente),  tres mil millones de euros más que en 2018, por ejemplo. Esta cantidad, recordó el vicepresidente, supuso la cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias en el citado ejercicio.

 

 

 

 

 

Román Rodríguez confía en que la economía canaria mantenga la remontada en 2023

El vicepresidente canario destaca la unidad política y social que ha permitido a las Islas recuperarse de un “trienio trágico”, pero advierte de los riesgos de una estanflación a nivel global

“Debemos seguir tomando decisiones prudentes, sin precipitación y sin la presión electoral encima”, asegura el también consejero de Hacienda

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, confió hoy en que la economía canaria mantendrá un buen ritmo de crecimiento el año 2023, incluso por encima de la media del Estado, si bien alertó de los riesgos de estanflación -inflación junto a un estancamiento económico o incluso recesión- a nivel internacional.

Rodríguez, que clausuró el II Foro Económico El Español-Diario de Avisos, explicó que las previsiones turísticas del Archipiélago son buenas y que la pujanza del sector privado, junto con un eficiente y prudente despliegue de recursos públicos por parte de las administraciones, podría apuntalar el crecimiento de la economía canaria, que actualmente experimenta mejor comportamiento que la española.

El vicepresidente señaló, en todo caso, “que las previsiones son muy difíciles de realizar en las actuales circunstancias” y que el futuro de las economías occidentales vendrá determinado por la eficacia de la lucha contra la inflación. “Para ello, hay que evitar que el incremento de los tipos, como el aprobado ayer mismo por el Banco Central Europeo (BCE), provoque un parón en la creación de empleo y en el crecimiento”.

“Si la subida de tipos impacta negativamente en la deuda soberana de los países del Sur de Europa, vamos a tener muchos problemas”, dijo Rodríguez, quien reconoció que no esperaba un incremento tan grande como el decretado por la autoridad monetaria europea, que, si bien era “inevitable”, lo asume “con reservas, debido a los riesgos que entraña”. En esa línea, añadió que, de hecho, el BCE ha establecido un mecanismo antifraccionamiento de la deuda de los estados para evitar el contagio de la prima de riesgo.

Rodríguez enfatizó que “las medidas contra la inflación a nivel global son las que funcionarán, con cautela en el caso de las monetarias. Hay que intervenir los mercados eléctrico, energético y de materias primas”. Asimismo, apostó decididamente por “recargos fiscales a los tremendos beneficios caídos del cielo en esos sectores y en el bancario”.

A escala de Canarias, abogó por las ayudas directas a los sectores económicos y sociales más afectados y bajadas de impuestos selectivas, “como hemos venido haciendo estos años. Seguiremos evaluando medidas quirúrgicas”, avanzó.

El vicepresidente elogió la unidad de los agentes económicos y sociales y el consenso político alcanzado en Canarias durante la pandemia y el volcán de La Palma, y lo situó como “el ejemplo de lo que podemos seguir haciendo para hacer frente a los desafíos que se nos avecinan”.

En este sentido, y con respecto a la acción del Ejecutivo autónomo, Rodríguez valoró la estabilidad del mismo y la ausencia de “broncas”, con independencia de determinadas “discrepancias puntuales y normales al tratarse de un gobierno formado por cuatro formaciones políticas”.

Ese comportamiento ejemplar, a su juicio, ha sido determinante para superar la pandemia y la subsiguiente crisis económica, que en su peor momento -en abril de 2020- provocó que 493.031 personas en el Archipiélago estuvieran sin empleo (254.981 parados y 238.050 beneficiarios de ERTE). Una evolución que “no es casual”, sino “consecuencia de decisiones correctas, tanto con los presupuestos europeos como con las ayudas españolas”.

“La sociedad canaria y sus instituciones estuvieron a la altura de lo que la situación requería y ahora debemos seguir tomando decisiones prudentes para el futuro, con un gasto público que sea sostenible en los próximos años”, aseguró el vicepresidente.

Rodríguez abundó sobre esta idea y señaló que “no podemos permitirnos el lujo de tomar decisiones precipitadas y bajo la presión de las elecciones”.

A este respecto, adelantó que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma crecerán en un 11 por ciento, aproximadamente, “sin incrementar la presión fiscal ni la deuda pública”, pero teniendo en cuenta que después de inéditos despliegues de fondos vendrán años en los que habrá que garantizar la sostenibilidad del gasto público.

Diferencial fiscal

Antes, en el mismo foro también intervino el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Fermín Delgado, quien hizo referencia al Régimen Económico y Fiscal (REF) del Archipiélago- que incluye una fiscalidad diferenciada con respecto al resto del Estado- y que es “una herramienta básica que trata de compensar los problemas estructurales que tiene Canarias”.

Delgado reiteró la exigencia de que los recursos del REF “estén fuera del sistema de capacidad fiscal” y agregó que “hay que mantener la variable de la insularidad en la distribución de la financiación autonómica e introducir el elemento de la pobreza a la hora de repartir los recursos del Estado entre todas las autonomías”.

 

 

El Ayuntamiento de Santa Úrsula recibe las llaves de la Casa del Capitán

El vicepresidente Román Rodríguez formaliza la cesión de este histórico inmueble de dos plantas, adquirido por 200.000 euros y en el que se realizará una inversión de 1,5 millones para albergar un Museo de Sitio

El vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, acudió este miércoles al municipio tinerfeño de Santa Úrsula para formalizar la cesión de la Casa del Capitán al alcalde de la localidad, Juan Manuel Acosta, y entregar las llaves del inmueble.

Rodríguez recordó es la segunda vez que acude a Santa Úrsula “invitado por el alcalde y la corporación para hacer un balance de lo que nos comprometimos hace dos años. Entonces iniciamos las negociaciones para adquirir la Casa del Capitán, un inmueble con mucha historia y, luego, hemos buscado la financiación necesaria para su rehabilitación y puesta en marcha como Museo de Sitio”, precisó.

“Queda culminado el compromiso que adquirimos para la adquisición de este inmueble y, además, garantizamos 1,5 millones de euros, en una enmienda que presentamos a la Ley de Presupuestos del Estado. Por lo tanto, este proyecto, que era una reclamación de este municipio, queda totalmente encauzado”, dijo el vicepresidente tras explicar que la inversión total será de 1,7 millones tras añadir los 200.000 euros que costó su adquisición a través de la Dirección General de Patrimonio y Contratación que dirige José Julián Isturitz, presente en el acto de la firma de la cesión.

Insistió Román Rodríguez en que, tras la última visita a Santa Úrsula, “también nos comprometimos a estudiar la viabilidad de la reforma del pabellón deportivo del instituto, que estaba inconcluso desde el año 2007. Pese a contar con 800 alumnos, no dispone de instalaciones deportivas. El centro educativo ha estado funcionando sin ese equipamiento complementario y ya hemos conseguido la financiación total necesaria. Ahora mismo estamos ultimando los trámites para que la obra pueda ser licitada y ejecutada por el propio Consistorio”.

Del mismo modo, el vicepresidente agregó que, en su momento, “hablamos de mejorar el Centro de Salud y algunos espacios abiertos del municipio, que ya están encauzados, y hemos analizado con el alcalde y su equipo las nuevas necesidades de Santa Úrsula a las que intentaremos dar respuesta próximamente. Desde vicepresidencia del Gobierno de Canarias queremos contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de este municipio”.

El alcalde Juan Manuel Acosta, por su parte, expresó el agradecimiento de la corporación del municipio a la figura del vicepresidente Román Rodríguez, “que en este acto nos hace entrega de las llaves de la Casa del Capitán, que ha sido transferida al pueblo de Santa Úrsula durante los próximos 30 años”.

Acosta, por último, corroboró que “en breve tendremos los 300.000 euros que restan para completar los 1,6 millones para el pabellón del instituto y, de esta forma, se pondrá en marcha una instalación deportiva para que los alumnos que cursan allí sus estudios puedan desarrollar unas actividades que, actualmente, no pueden llevarse a cabo. Del mismo modo, también quiero agradecer la predisposición de Román Rodríguez a la hora de recoger otra serie de cuestiones sociales comunitarias con vistas a su inclusión en los Presupuestos del Gobierno de Canarias para 2023”.

La ejecución del React-EU alcanzará los 506 millones de euros a final de año  

El vicepresidente canario, Román Rodríguez, precisa que esta cifra supone algo más del 80% del total del fondo, cuyo plazo de ejecución termina en diciembre de 2023

El también consejero de Hacienda asegura que el Gobierno gastará en tiempo y forma los 1.750 millones de euros del MRR que le corresponde gestionar hasta diciembre de 2026

El Gobierno de Canarias habrá ejecutado a final de este año 506 millones de euros del programa React-EU, lo que supone algo más del 80% del total, según adelantó hoy el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, durante la celebración de un foro sobre el instrumento Next Generation EU, organizado por el grupo Prensa Ibérica en Tenerife.

El vicepresidente recordó que el plazo de ejecución de los fondos del React-EU acaba el 31 de diciembre de 2023 y precisó que 312 millones se ejecutaron el año 21 y que otros 194 millones se formalizarán durante este mismo ejercicio, con lo cual solo quedarían pendientes 124 millones de euros para el último año.

El Gobierno de Canarias cumplirá así, en tiempo y forma, con las previsiones de ejecución del React-EU, uno de los fondos que, junto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), integran el instrumento financiero extraordinario europeo Next Generation y que se ha destinado, en concreto, a la protección de los sectores económicos y de los servicios públicos esenciales.

Rodríguez se mostró igualmente confiado en ejecutar en los plazos previstos los aproximadamente 1.750 millones de euros que corresponderá gestionar directamente al Gobierno de Canarias con cargo al MRR, para lo que dispondrá de plazo hasta finales del año 2026.

En cualquier caso, el vicepresidente relativizó el peso de estos fondos europeos extraordinarios que recibirá Canarias para impulsar la transformación de su economía -unos 2.380 millones- y los comparó con los 5.075 millones que se transferirán al Archipiélago con cargo a los fondos ordinarios europeos del Marco Financiero Plurianual 21-27.

“Los recursos del Next Generation son importantes -dijo Rodríguez- pero lo son más por su orientación finalista que por su cuantía, puesto que los fondos ordinarios que tenemos asignados hasta el año 2027 serán más del doble”.

El vicepresidente destacó, en este sentido, las orientaciones aprobadas por las autoridades europeos para la ejecución de los fondos extraordinarios, que persiguen un impulso a la transformación económica mediante el apoyo firme a la digitalización o a la lucha contra el cambio climático, entre otros objetivos.

El vicepresidente matizó que los 1.750 millones de euros del MRR no incluyen los denominados PERTE ni las convocatorias ministeriales del Gobierno de España, que sumarán también inversión para las Islas, aunque el Ejecutivo autónomo desconoce los importes exactos.

Precisamente, entre los proyectos estratégicos tractores público-privados en los que está trabajando el Gobierno de Canarias con el sector privado se encuentran la tecnologías digitales para el sector turístico; la transformación delos puertos canarios; la evolución del sector primario hacia la economía azul o las infraestructuras aceleradoras del sector audiovisual.

Una respuesta eficaz

Rodríguez valoró la respuesta que ha dado la Unión Europea (UE) a la crisis económica derivada de la pandemia, “diametralmente diferente a la que dio en la anterior, en la que todas sus políticas públicas se basaron en la austeridad, los recortes y los hombres de negro”.

“En esta ocasión -añadió- la política presupuestaria y monetaria ha sido expansiva, lo que ha permitido afrontar los costes sociales de una crisis muy profunda”.

Este proceder ha permitido a los Gobiernos, por ejemplo, financiar los ERTES -como ha hecho el Ejecutivo español- o distribuir ayudas directas a las empresas y autónomos más afectados, como hizo el Ejecutivo autónomo hasta un total de 1.309 millones de euros, de los que 87 millones se ejecutaron con cargo, precisamente, al React-EU.

Rodríguez anima a repensar el REF para que los incentivos a la inversión sean útiles socialmente durante las crisis

El vicepresidente y consejero de Hacienda apuesta por que estas ayudas se orienten en mayor medida al mantenimiento y la generación de empleo

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, animó hoy a un debate en las Islas para repensar determinados aspectos del Régimen Económico y Fiscal (REF), de modo que los incentivos a la inversión puedan resultar útiles socialmente en los ciclos económicos negativos, de manera que no estén necesariamente vinculados a la existencia de beneficios.

Los incentivos fiscales a la inversión, que constituyen uno de los tres ejes del REF junto a los programas económicos presupuestarios y el diferencial fiscal con el resto del Estado, han funcionado razonablemente bien en tiempos de bonanza, pero han resultado insuficientes o inaplicables para mantener la pujanza económica y el nivel de empleo en tiempos de crisis.

Rodríguez consideró que ese eje del REF -que concierne básicamente al empresariado- necesita de algunos ajustes para que las ayudas permitan, en última instancia, la generación de empleo aun cuando las empresas no tienen beneficios, “no en vano el paro, aunque su evolución esté siendo históricamente positiva, es nuestro principal problema”.

El vicepresidente insistió en la necesidad de abrir, de cara a una futura reforma, una reflexión de la sociedad insular en su conjunto, con el objetivo de aprovechar al máximo las potencialidades de un instrumento que ha sido determinante para el bienestar de los canarios.

“Se trata de perfeccionar los mecanismos del REF, de modo que esos incentivos fiscales a las empresas se orienten en mayor medida al mantenimiento y la generación de empleo y se conviertan, de alguna forma, en escudos sociales en tiempos de crisis económica”, explicó.

En todo caso, Rodríguez subrayó la importancia “vital” del REF para los canarios e instó, una vez más, a una defensa activa y permanente de sus preceptos en todos los niveles, especialmente ante un contexto nacional e internacional tremendamente incierto.

Desde esta perspectiva, el vicepresidente, tal y como ya ha manifestado en reiteradas ocasiones, apeló a la unidad política y social en el Archipiélago para mantener la máxima eficacia del REF y evitar que desde Madrid se produzcan modificaciones sin consenso o se pierdan las oportunidades que hoy ofrece y las que se puedan presentar tras eventuales modificaciones.

Los tres ejes

El objetivo último del REF es que la sociedad canaria esté en condiciones parecidas a las de otras nacionalidades y regiones del Estado, a través de una serie de compensaciones económicas, una fiscalidad diferenciada y las bonificaciones a la inversión.

Respecto a los programas económicos del REF, sus partidas están consignadas en los presupuestos estatales. Posibilitan, por ejemplo, que la factura eléctrica en las islas sea similar al resto del Estado, pese a que en Canarias sus costes son bastante más elevados, o que los canarios se puedan desplazar entre las islas en barco o en avión, así como con el resto del Estado, con una bonificación del 75% en nuestros billetes. También financia parcialmente las guaguas y el cien por cien del transporte de mercancías. O fomenta la formación y el empleo, a través del PIEC, y financia la lucha contra la pobreza, y la defensa y protección sector primario (agua de riego, seguros, Posei adicional).

Estos programas económicos en su conjunto suponen para Canarias anualmente más de 1.800 millones iniciales en las cuentas públicas estatales, siendo ampliables los energéticos o los del transporte.

Además, Canarias dispone de un fiscalidad diferenciada y propia, más reducida que la del Estado y que, tras la separación de los recursos del REF de los del Sistema de Financiación Autonómica, se destina íntegramente a ayuntamientos y cabildos (58%), así como a la administración autonómica (42%). En esa fiscalidad singular, destaca el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que tiene en estos momentos un tipo general del 7%, frente al 21% del IVA estatal, tres veces menos. Y que aplica tipo cero para la mayoría de los productos alimenticios, así como los de higiene femenina, el combustible y el gas.

Asimismo, se viene aplicando el tipo cero para las mascarillas en la pandemia de la Covid 19; y hasta el año 2026 se aplicará ese tipo cero también tanto a los bienes como los servicios que vayan destinados a reparar y reactivar cualquier actividad económica cuyas instalaciones se hayan visto afectadas, total o parcialmente, por la erupción del volcán de La Palma. Junto al IGIC, operan también en las Islas, el AIEM (que protege la producción local frente a la foránea) y el impuesto especial de matriculaciones. Del total de lo recaudado, el 58% va para las corporaciones locales y el 42% para la Comunidad Canaria.

Luego, está un tercer bloque del REF que integran las bonificaciones y deducciones a la inversión, como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Deducción para Inversiones en Canarias (DIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) o el Registro Especial de Buques y Empresa Navieras. Así como la Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias, que abrió un conflicto con el Estado el pasado año. “La idea esencial debe ser que pueda haber incentivos a la inversión, aunque no haya beneficios empresariales”, remarcó el vicepresidente.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos incrementa su actividad y mantiene un elevado nivel de respaldo

Los recursos vistos en 2021 se incrementaron un 7% con respecto al año anterior, según la memoria de este órgano de la Comunidad Autónoma

El presidente del tribunal destaca que el 52% de los recursos judiciales a sus propias decisiones son confirmatorios y solo el 16% anulatorios

El vicepresidente canario elogia la diligencia del órgano administrativo y la confianza que genera entre las instituciones insulares y municipales

El valor de los contratos objeto de recurso o reclamación ascendió el año pasado a 2.680 millones de euros

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACP) analizó 289 recursos en 2021, lo que supone un incremento del 7% con respecto al año anterior, de acuerdo con la memoria anual de este órgano, especializado en la revisión de los procedimientos de contratación de los órganos de la Administración autonómica, de los cabildos y de los 84 ayuntamientos con los que tiene convenio.

El mayor número de expedientes analizados se corresponden con actuaciones del sector púbico autonómico (122), seguidas de aquellas promovidas por los ayuntamientos (119) y los cabildos insulares (48). No obstante, en términos porcentuales el incremento más relevante se ha dado en los ayuntamientos y los cabildos, con un aumento del 25% y del 24%, respectivamente.

El mayor volumen de actividad, en cualquier caso, no ha menoscabado la solidez de las resoluciones de este órgano administrativo que, desde su creación, se han visto confirmadas en los tribunales de justicia en 41 ocasiones y anuladas en solo 13.

En concreto, del total de sentencias y autos notificados tras la interposición de recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra resoluciones de dicho Tribunal hasta el 31 de diciembre de 2021, un 16% son anulatorias, mientras que las confirmatorias alcanzan el 52%. En cuanto al resto, se ha producido el archivo del recurso contencioso por causas diversas, siendo la más relevante el desistimiento del recurrente, que representa un 14%.

Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, departamento al que se adscribe el TACP por tener encomendada la competencia en materia de contratación, destacó “la diligencia mostrada por el tribunal administrativo en los siete años y medio que lleva funcionado, en los que se ha ganado la confianza del resto de administraciones, que se adaptan a su parecer”.

“La propia existencia de este órgano, pero sobre todo su desempeño, asegura un correcto y coherente funcionamiento de los complejos procedimientos de contratación, garantizando los derechos de todas las partes que intervienen en los procesos”, añadió Rodríguez.

Precisamente, el año 2021 ha sido en el que mayor número de recursos se han tramitado por parte del Tribunal Administrativo, con esos 289 expedientes; seguido del ejercicio de 2020, con 270, y 2019, con 228.

A este respecto, el presidente del órgano, Pedro Gómez, señala que, de hecho, cada año se incrementa el número de recursos interpuestos y que este incremento “no sólo es consecuencia de una mayor actividad contractual de las administraciones públicas y demás poderes adjudicadores de Canarias, sino, además, un indicador de la confianza que los operadores económicos en la materia depositan en el mecanismo revisor que este órgano tiene atribuido”.

Número de impugnaciones

El número de impugnaciones respecto de los actos dictados por el sector público autonómico se incrementaron en un 6% en relación con las efectuadas el año anterior. Destaca la disminución de los actos dictados en el ámbito sanitario respecto al ejercicio precedente en ocho puntos porcentuales (del 50% al 42%) y también en el educativo (del 6% al5%).

Por su parte, las corporaciones locales municipales incrementan el número de impugnaciones con respecto al ejercicio anterior en un 5%.

La naturaleza de los recursos varía en función del tipo de administración analizada. En el sector pblico autonómico, los actos de adjudicación son los de mayor número, al igual que en los ayuntamientos; mientras, en los cabildos son los anuncios de licitación y pliegos.

Los contratos que en mayor medida son objeto de recurso especial en materia de contratación continúan siendo los de servicios, que representan el 72% de las impugnaciones; mientras que los contratos de suministro representan el 100% en las reclamaciones de los sectores especiales.

Precisamente, el valor de los contratos objeto de recursos durante el año 2021 ascienden en conjunto a algo más de 2.000 millones de euros. El valor de los contratos objeto de reclamaciones, por su parte, ascienden a cerca de 680 millones.

La memoria completa puede consultarse en: http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/hacienda/tacp/TACP/Memoria-TACP-2021.pdf

 

El fin de los tipos negativos a los depósitos bancarios permite a Canarias un ahorro de un millón de euros al año

El Gobierno ha pagado en dos años y medio algo más de 2,5 millones de euros por tener sus fondos depositados en las entidades financieras

La situación, en todo caso, fue menos traumática para el Ejecutivo que para las corporaciones locales, pues renegoció y consiguió mejorar las condiciones

El fin de los tipos negativos a los depósitos bancarios permitirá a Canarias un ahorro aproximado de un millón de euros al año en intereses, teniendo en cuenta que ha abonado 2.570.947,76 euros por este concepto desde el año 2020, de acuerdo con los datos que maneja la Dirección General del Tesoro de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

El pago de estos intereses arrancó con la decisión del Banco Central Europeo de cobrar a las entidades financieras un -0,5% por los depósitos que estás tenían depositados en la institución, con el objetivo de desincentivar la acumulación de fondos y promover el crédito.

Pero, como señala el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, “lo que hicieron los bancos fue repercutir a sus propios clientes esa medida, de modo que empezaron a cobrar el 0,5% a sus clientes por los fondos acumulados”.

Esta situación provocó no pocos quebraderos de cabeza al conjunto de administraciones públicas, porque, debido a los efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se había acumulado un relevante excedente de tesorería; hasta tal punto que las corporaciones locales de Canarias, por ejemplo, tenían en los bancos 4.000 millones de euros, entre remanentes y superávit, que no podían invertir, pero del que sí debían pagar intereses.

A pesar de los intentos de diferentes federaciones de municipios para que el Ministerio de Hacienda obligara a cancelar esta cuota o que, al menos, el BCE abriera cuentas a coste cero a las administraciones públicas, no se pudo dar respuesta a esta demanda.

La directora general del Tesoro, Dunia González, recuerda a este respecto que el Gobierno de Canarias comenzó entonces un proceso de negociación con las diferentes entidades bancarias, antes de lo que hicieran otras administraciones, para firmar convenios que establecían las comisiones a aplicar sobre los saldos medios en cuenta corriente inferior al 0,40 %.

Con estas condiciones, se llegó a acuerdos con Banco Santander, Caixa, Cajamar, BBVA, Abanca, Bankinter, Banca March, Cajasiete y Sabadell. Junto a las nuevas comisiones, se acordó también una franquicia a coste cero.

González subraya a este respecto que, “a pesar de obtener muy buenas condiciones económicas, mejor que otras comunidades autónomas por ser de las primeras en establecer estos convenios, llegando a tener unos depósitos de hasta 900 millones a coste cero repartidos entre todas las entidades bancarias, es cierto que en estos dos años y medio hemos desembolsado obligatoriamente una importante cantidad de dinero en intereses”.

“Desde el punto de vista de las cuentas autonómicas, puede parecer una cifra pequeña, pero no lo es en el pago de intereses”, dijo la directora general, quien aseguró que, desde este 1 de agosto, la mayoría de las entidades ha comunicado que se anula el presente contrato y pasan a dejar de cobrar por los fondos que la Comunidad tiene en ellos, que suelen estar en torno a una media mensual de 850 millones de euros”, con los que se va haciendo frente a las previsiones presupuestarias.

La condición RUP reporta a Canarias 380 millones de euros anuales

El Archipiélago habrá recibido al final del actual marco presupuestario plurianual de la UE (2021-2027) unos 2.655 millones por este concepto

El vicepresidente, Román Rodríguez, destaca la importancia cuantitativa, pero también cualitativa de la adaptación de las políticas de la UE a estos territorios

La condición jurídica de región ultraperiférica (RUP) de Canarias dentro de la Unión Europea reporta al Archipiélago unos ingresos anuales que rondan los 379 millones de euros, cantidad resultante de dividir entre siete los 2.655 millones de euros que recibirán las islas de fondos ordinarios en el actual marco presupuestario plurianual de la UE (2021-2027) por ese concepto.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha destacado la importancia de un estatus que es compartido con otros ocho territorios alejados de la Unión Europea, “pero de entre los que nosotros ostentamos el liderazgo en términos económicos y demográficos”.

Rodríguez recordó que Canarias ha obtenido una muy buena posición en la distribución de los fondos europeos ordinarios previstos para el período 2021-2027, de tal modo que las Islas habrán percibido al final del ciclo unos 5.075 millones de euros.

El vicepresidente subrayó que algo más de la mitad de esta cuantía corresponde a Canarias por ser región ultraperiférica, lo que da idea de la relevancia de esta condición “para todos los territorios, pero especialmente para nosotros”.

En concreto, la mayor aportación RUP se compadece con la asignación de los fondos agrícolas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (PSOEI), que suman 1.878,9 millones de euros. Le siguen los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuya asignación por RUP suman 507 millones, y la del Fondo Social Europeo (FSE+), que alcanza los 185 millones.

A continuación, se encuentran los fondos del programa de cooperación transfronteriza Madeira-Azores-Canarias, que cuenta con una asignación global de 169 millones de euros, pero que a los solos efectos orientativos del cálculo que se realiza sobre el impacto RUP se ha dividido entre los tres territorios, con el resultante de 56 millones de euros para cada una.

Finalmente, la Unión Europea librará unos 28 millones de euros a Canarias por su condición RUP dentro del Fondo Marítimo, Pesquero y de Acuicultura.

El vicepresidente indicó que los fondos ordinarios de la Unión Europea son más determinantes que los recursos librados con carácter extraordinario e insistió en que, más allá de las cifras, la relevancia de la condición RUP estriba también en la adaptación de las políticas europeas a las singularidades de unos territorios con dificultades estructurales permanentes y evidentes.

Estas adaptaciones, que no solo tienen respaldo normativo en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sino también el respaldo jurídico del Tribunal de la UE, son relevantes para contribuir a la evolución económica y social del Archipiélago.

Aun con todo, debe tenerse en cuenta tanto los fondos ordinarios provenientes de la UE por la condición RUP como también los extraordinarios Next Generation EU, cuya estimación asciende a unos 2.400 millones de euros, 630 del React EU a ejecutar hasta diciembre de 2023 y otros aproximadamente 1.750 del MRR ejecutables hasta final del año 2026.