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Rodríguez analiza con la Comisión Europea el papel de Canarias en el desarrollo del nuevo Interreg-MAC

Las Islas vuelven a asumir la autoridad de gestión y de auditoría de este programa europeo, financiado con 200 millones de euros hasta 2027, en el que participarán siete países africanos

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, analizó esta tarde con representantes de la Dirección General de Asociaciones Internacionales el papel que desarrollará el Archipiélago en el nuevo programa Interrreg-MAC (Madeira, Azores, Canarias), que cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros hasta 2027.

Rodríguez se reunió por separado con la directora de Africa y con el director de Desarrollo Sostenible, Sandra Kramer y Félix Fernández-Shaw, con quienes concretó los procesos de cooperación entre las regiones macaronésicas participantes del proyecto y los países africanos asociados.

Precisamente, la creciente importancia del programa Interreg-MAC queda acreditada con la ampliación para este período de los países africanos, de modo que se suman cuatro a los tres que ya lo venían haciendo. Concretamente, a Cabo Verde, Mauritania y Senegal se añadirán Gambia, Ghana, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe.

Las prioridades transversales del programa son la economía verde y azul y el turismo que se concretará a través de los siguientes ámbitos de actuación: investigación aplicada y apoyo a las pymes en sus procesos de innovación; gestión de riesgos, lucha contra el cambio climático, promoción de las energías renovables y valorización y protección del patrimonio natural; mejora de la gobernanza del programa y capacitación institucional y apoyo a la gestión de la migración.

Rodríguez destacó la responsabilidad que vuelve a asumir el Archipiélago como autoridad de gestión de un plan que pretende no solo incrementar la cooperación de la Unión Europea con los países africanos, sino contribuir decisivamente a su desarrollo económico, social y cultural.

“Hemos hablado del África Occidental como un enclave de oportunidades, tanto en el desarrollo del Interrreg como en el del proyecto Global Gateway que ha aprobado la Comisión para contribuir al establecimiento de vínculos inteligentes a lo largo de todo el mundo, de los que Canarias debe estar llamada a ocupar un lugar importante en su relación con el continente africano en los aspectos que la Comisión ha considerado estratégicos”.

Rodríguez sitúa la revisión de la Estrategia RUP como clave para adaptar las nuevas políticas de la UE en las Islas

El vicepresidente canario saluda la aprobación del documento y confía en su apuesta por la sostenibilidad y la digitalización

El también consejero de Hacienda se reunió en Bruselas con el embajador permanente de España en la UE  y con el director general de Política Regional  para abordar la descarbonización, frontera con África y fiscalidad

La nueva Estrategia RUP aprobada hoy por la Comisión Europea habrá de canalizar la modulación de las políticas europeas en estos territorios de la Unión y reforzar la apuesta por la sostenibilidad y digitalización, según dijo en Bruselas el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

Todas estas cuestiones fueron analizadas esta mañana durante las reuniones que mantuvo el vicepresidente con el embajador permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, por un lado, y con el director general de Política Regional de la Comisión, Marc Lemaitre, por otro, con quienes abordó asuntos como la fiscalidad, la descarbonización o las regulaciones fronterizas.

Rodríguez saludó la aprobación de la nueva Estrategia y, aunque señaló que habrá que estudiar todos sus detalles a partir de este momento, consideró que habrá de constituir el marco donde las regiones más alejadas de Europa puedan seguir encontrando acomodo para la aplicación de políticas europeas adaptadas.

Entre estas políticas, el vicepresidente situó el paquete de medidas denominado Objetivo 55 para la lucha contra el cambio climático y la descarbonización, del que dijo que Canarias debe quedar fuera de la imputación de precios a la importación por CO2, “puesto que en nuestro caso no tenemos otra opción que importar todo a través de vía marítima y aérea”.

Rodríguez recordó que Canarias está fuera del comercio en el caso del transporte aéreo y que es razonable que también lo esté en el caso del transporte por vía marítima, puesto que las condiciones de partida son exactamente las mismas.

El vicepresidente apeló a la alta receptividad que siempre ha mostrado la Comisión Europea con Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas, expresada normativamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión y ratificada por decisiones judiciales, para avanzar en el citado Objetivo 55 y también en la exceptuación del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a aquellas empresas que facturen más de 750 millones anuales.

Rodríguez abordará este último asunto con mayor profundidad en la reunión que mantendrá mañana, miércoles, con el director general de Fiscalidad y Unión Aduanera, Benjamin Angel.

Esta  misma tarde, Rodríguez continuará su agenda con una reunión con la directora responsable de los asuntos de África de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión, Sandra Kramer, con quien analizará el desarrollo del programa MAC de la Unión Europea, en el que Canarias desempeñará de nuevo un papel relevante.

También dentro de esta misma Dirección General, el vicepresidente mantendrá un encuentro con el director de Política de Desarrollo Sostenible, Félix Fernández-Shaw, para explorar el papel que podría desarrollar Canarias en el despliegue en África del proyecto europeo Global Gateway.

 

Rodríguez: “Todos los programas del REF tienen asignación presupuestaria del Estado”

El vicepresidente y consejero de Hacienda asegura que, en todo caso, el Gobierno de Canarias ha de estar vigilante y “seguirá luchando para conseguir más”

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy en el Parlamento que todos los programas del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias tienen dotación financiera en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y rechazó que hasta el momento se haya producido algún tipo de agresión o incumplimiento contra el fuero del Archipiélago.

Rodríguez detalló la práctica totalidad de partidas consignadas en las cuentas estatales con cargo al REF, que demuestran el alto nivel de cumplimiento del Estado en los dos últimos años, y subrayó que la “sensibilidad” del Gobierno central hacia las particularidades canarias cambió radicalmente en las leyes presupuestarias de 2017 y 2018.

“Esos años -recordó el vicepresidente- los votos de Nueva Canarias fueron necesarios en el Congreso para la gobernabilidad del Estado, con lo que nos aceptaron nuestras demandas, tal y como ha ocurrido ahora”.

En todo caso, el hecho de que se esté cumpliendo adecuadamente el REF “no significa que nos resignemos a seguir luchando para conseguir nuevas mejoras ni que no estemos vigilantes”, dijo Rodríguez, quien reprochó a la oposición que incluyera como conceptos del REF acuerdos que no están incluidos en el mismo”.

El vicepresidente, que compareció en la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda, también se refirió a la necesidad de seguir incrementando los recursos materiales y humanos de la Agencia Tributaria Canaria para que responda eficazmente a las tareas que tiene encomendadas, facilitando las obligaciones tributarias de los contribuyentes y fortaleciendo la lucha conta el fraude fiscal.

Precisamente, el Gobierno de Canarias aprobó en su última reunión un decreto-ley para la gestión de los fondos europeos del Next Generation EU en el ámbito de la Agencia, que recibirá 31 millones de euros para un plan de digitalización.

Rodríguez señaló que el correcto tratamiento y procesamiento de la información es vital hoy en día para ofrecer un buen servicio al ciudadano, un aspecto al que se hará frente con ese plan, mientras que al mismo tiempo se están desbloqueando los expedientes para la cobertura de plazas en la Agencia, que cuenta con un importante déficit de personal.

 

 

Canarias paga a sus proveedores en la mitad del plazo legal previsto

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, destaca el alto nivel de cumplimiento del Gobierno de sus obligaciones ante terceros

La Comunidad Autónoma pagó en marzo en un período de 14,5 días y cierra el primer trimestre del año con un promedio idéntico

El Gobierno de Canarias cerró el pasado marzo con un periodo medio de pago de 14,58 días, por debajo de la mitad del plazo previsto legalmente para ello, situado en los 30 días. Estos datos dan continuidad a la eficiente gestión del actual Ejecutivo autónomo a la hora de responder a sus obligaciones ante proveedores desde que asumiera sus funciones, en el verano de 2019.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, valoró la diligencia de los diferentes departamentos autonómicos en esta materia, que se ha puesto de manifiesto tanto en períodos de normalidad como en situaciones de crisis. De hecho, en los 33 meses contabilizados, el Ejecutivo ha cumplido con creces el período medio de pago en 30 de ellos y ha ocupado las primeras posiciones de entre las comunidades autónomas.

Rodríguez destacó la importancia de este indicador, especialmente en un territorio como el canario, en el que la Administración autonómica se ha erigido -debido a la crisis económica derivada del Covid- como el mayor aportador de riqueza del sistema económico, en términos de Producto Interior Bruto (PIB). “Es muy importante que el Gobierno responda ante nuestras empresas y autónomos proveedores con agilidad, ofreciendo, certezas, seguridad y liquidez a los mismos”, precisó el vicepresidente, quien añadió que esta circunstancia se torna más acuciante si cabe en períodos de incertidumbres como los actuales.

De acuerdo con los datos de la Intervención General, la Comunidad Autónoma ha cerrado el primer trimestre del año con un período medio de pago de 14,54 días, replicando casi con exactitud el dato de marzo. Por meses, enero se cerró con 14,04; febrero, con 15,02 y marzo, con los citados 14,58 días.

El Periodo Medio de Pago constituye un concepto especialmente importante en la contabilidad de las administraciones públicas, no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección.

Se da la circunstancia de que ésta es la única regla fiscal que no se ha suspendido en los años 20, 21 y 22.

Precisamente, el apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece que las Administraciones Públicas deben publicar su período medio de pago a proveedores.

 

 

Rodríguez ensalza la función de los tribunales de recursos contractuales

El vicepresidente canario participa en la duodécima reunión de representantes de estos órganos administrativos, que se citan por primera vez en Canarias

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha ensalzado la función de los tribunales de recursos contractuales en el transcurso de la duodécima reunión de representantes de estos órganos de todo el Estado que se desarrolla por primera en Canarias, concretamente en el Edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria.

La XXII Reunión de Tribunales de Recursos Contractuales es el marco en el que Rodríguez ha destacado la “notable tarea de velar por la corrección de los procedimientos intentando resolver las discrepancias en instancia administrativa sin llegar al ámbito judicial”, conforme a la exigencia del Derecho Europeo para las administraciones del Estado y las comunidades autónomas como mecanismo de control de legalidad, transparencia y buen gobierno en la contratación pública.

La figura del recurso especial, cuya resolución tienen encomendada estos tribunales, “es un instrumento rápido y eficaz para garantizar en la contratación administrativa los principios y libertades del mercado interior europeo”, expuso.

Pero, además, “debe posibilitar que la contratación pública, que representa más del 20% en nuestra economía, sea utilizada en las políticas de fomento de una economía social y medioambiental para ponerse al servicio del bien común, y ser aprovechada para potenciar e implantar acciones para la equidad de género, el desarrollo sostenible y el bienestar laboral; promoviendo una transición económica basada en empresas mucho más respetuosas con los derechos de las personas y con el medio ambiente”.

Rodríguez se mostró convencido de que, en la actual coyuntura, “estos tribunales han de servir como colaboradores de la recuperación económica, especialmente por lo que respecta a los fondos europeos (Next Generation) que hayan de canalizarse a través de expedientes de contratación”. De hecho, en la regulación del recurso especial se reducen determinados plazos cuando se trata de contratos financiados por esos fondos.

Los objetivos de la reunión, que comenzó ayer, jueves, y continúa hoy, se concretan en la coordinación, unificación de doctrina y elaboración de sugerencias de ajustes normativos (propuesta de nuevo reglamento) a partir de la experiencia práctica.

 

Miguel Angel Pulido apuesta por un modelo de gobernanza ágil para la reconstrucción de La Palma

El coordinador económico de la Oficina de Afectados, Miguel Angel Pulido, apuesta por “mantener la unidad de acción a través de una estructura que cuente con autonomía funcional y facultades ejecutivas”

El coordinador económico de la oficina de afectados por la erupción volcánica en La Palma, Miguel Ángel Pulido, compareció este jueves en la Comisión Parlamentaria sobre los efectos de la crisis vulcanológica y la reconstrucción de La Palma.

Durante su intervención, Pulido propuso un modelo de gobernanza ágil para la reconstrucción de La Palma y apostó por “mantener la unidad de acción a través de una estructura de coordinación interadministrativa, que cuente además con autonomía funcional y facultades ejecutivas”. A su juicio, estas acciones “garantizarían la condición de creación de un ente administrativo con capacidad para los cometidos y funciones que se tengan que desarrollar”.

De igual manera, recomendó continuar con el impulso y el desarrollo “de mecanismos de participación comunitaria para que en esta nueva entidad de derecho público estén representados los afectados, dándoles la posibilidad de participar directamente en la planificación y, sobre todo, en la toma de decisiones”.

Tras mostrar su solidaridad con las personas y familias afectadas, Pulido abogó por “poner a punto las medidas legales necesarias para la reactivación económica. Son necesarias medidas que permitan redactar un planteamiento adaptado a esa nueva realidad para afrontar, con la mayor celeridad posible, el proceso de realojo de los vecinos”.

Para ello, el director general incidió en la pronta “localización espacial de las actividades económicas del sector primario, especialmente en la franja que va desde la carretera de La Laguna hasta el litoral costero de Tazacorte para recuperar gran parte de las 370 hectáreas de explotaciones agrícolas y ganaderas, sepultadas por la lava, mediante un modelo ecológico integrado”.

“Pero también es necesario –continuó Pulido durante su alocución– determinar otras áreas de actividad económica, reservando suelos de oportunidad para la actividad industrial y turística, así como para los equipamientos y dotaciones necesarias, protegiendo únicamente aquellas partes de la colada que tengan un alto interés científico o ambiental”.

Con el fin de conseguir todos estos objetivos, el coordinador económico de la Oficina de Afectados abogó por la inmediata puesta en marcha de un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica que contenga una decidida reconversión de la agroindustria palmera “más acorde con la realidad actual para hacerla más competitiva”, así como impulsar “la reconstrucción racional de determinadas infraestructuras básicas fundamentales para determinadas zonas estratégicas de La Palma”.

Ese documento debería promover, “de manera definitiva, el desarrollo de la actividad turística a través de un modelo propio, impulsando aquellos proyectos de inversión que tienen un mayor grado de madurez y desarrollo (Balneario de la Fuente Santa, ampliación de la marina deportiva del Puerto de Tazacorte y la construcción de un Centro de Interpretación e Investigación Volcánica) para diversificar el tejido productivo, generar nuevos empleos estables y fijar población residente al territorio”.

También contendría la reconducción de “determinadas dinámicas de ocupación territorial y desarrollo residencial a través de un modelo más compacto y sostenible, de forma que los nuevos suelos de desarrollo residencial sean contiguos a los suelos urbanos ya consolidados”.

Por último, impulsaría “tanto la economía circular y la economía azul creando un nuevo modelo energético basado en las energías renovables para lo que se precisaría acometer un programa de formación específico”.

“Defiendo el 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes transnacionales, pero también la excepción canaria»

El vicepresidente del Gobierno recuerda que existen “precedentes legales, políticos y jurídicos” que permiten a las Islas mantener su diferencial fiscal

Rodríguez se reunirá la próxima semana en Bruselas con el director general de Fiscalidad y Unión Aduanera, a quien trasladará la posición del Archipiélago

El Parlamento de Canarias ya rechazó hace unas semanas la eventual aplicación de esta Directiva europea

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy la exceptuación de Canarias del establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales, que se debate actualmente en el seno de las instituciones europeas.

Rodríguez aseguró que existen “antecedentes legales, políticos y jurídicos” que respaldan la diferenciación fiscal de Canarias y que, en todo caso, el Gobierno peleará a todos los niveles para que si se adopta finalmente la decisión ésta no se tenga que aplicar en el Archipiélago.

Aun estando de acuerdo con la propuesta, que persigue que las grandes corporaciones transnacionales hagan frente a sus obligaciones tributarias y paguen los impuestos que les corresponden, el vicepresidente recordó que la Unión Europea ya excluyó a las Islas de las directivas sobre el IVA, por una parte, y sobre los impuestos especiales, por otra.

Rodríguez subrayó que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, las sentencias judiciales europeas y los citados antecedentes favorecen la exceptuación de Canarias, que históricamente ha gozado de un importante diferencial fiscal con el territorio continental.

“Realmente hay pocas empresas en las Islas que pudieran verse afectadas en Canarias por ese tipo del 15%, pero no se trata del número de contribuyentes potenciales, sino del mantenimiento de nuestro fuero fiscal, que debemos conservar incondicionalmente”, dijo el vicepresidente.

Precisamente, las Islas han quedado excluidas de una medida idéntica ya vigente en España y aprobada a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este mismo año.

En relación con la propuesta Europa, explicó que el Gobierno de Canarias analizó ya a principios de febrero la propuesta sobre el Impuesto de Sociedades, que fue la base, además, de un acuerdo adoptado por el Parlamento de Canarias en contra de la aplicación del tipo mínimo del 15% en las Islas.

Además, el Ejecutivo canario ha remitido escritos a diferentes organismos europeos, como la unidad RUP o la Representación Permanente de España en la UE, recordando las especificidades fiscales de Canarias. También se ha enviado comunicaciones a los ministerios de Economía y de Hacienda en similares términos “aunque no me consta que haya mucho entusiasmo en el Gobierno de España para defender nuestra posición”.

En cualquier caso, el vicepresidente señaló que ya Francia, que ostenta la Presidencia de turno de la Unión, ya ha comunicado que la propuesta de Directiva no será aplicada, al menos, hasta 2024, unas dudas que se extienden también a otros socios europeos.

Este hecho cobra especial relevancia, puesto que las decisiones sobre fiscalidad han de ser refrendadas por los estados miembros de la Unión.

Con todo, Rodríguez se reunirá el próximo miércoles en Bruselas con el director de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE, Benjamín Ángel, a quien trasladará la posición de Canarias.

Repunte global de la inflación

Por otro lado, el vicepresidente, que respondió a una pregunta en relación con la inflación, explicó que el Ejecutivo ha aplicado diferentes medidas para atenuar su impacto entre los sectores más expuestos y que el alza de precios “castiga a las familias, empresas, trabajadores, pero también a las administraciones”.

En esta línea, se mostró partidario de adoptar iniciativas “selectivas, temporales y quirúrgicas” de ayudas, al tiempo que recordó la actualización de los precios de los contratos del sector público decidida por el Gobierno de Canarias.

 

La buena marcha de la economía impulsa la recaudación tributaria y el empleo en el primer trimestre

Los ingresos ascendieron a 809,9 millones de euros, un 11,16% más que el mismo período de 2019, el último ejercicio sin pandemia

Román Rodríguez destaca el récord histórico en afiliados a la Seguridad Social como indicador más relevante de la recuperación económica

El vicepresidente recuerda que, aunque la inflación también afecta a los pagos de la Administración, sigue apostando por rebajas fiscales selectivas y temporales para los sectores vulnerables, y ayudas directas

La buena marcha de la economía canaria ha impulsado la recaudación tributaria en la Comunidad Autónoma durante el primer trimestre del año, con un 11,16% más respecto al mismo período de 2019, el último ejercicio sin afectación de la pandemia del Covid-19. En los tres primeros meses de este año se han recaudado 809,9 millones de euros, tanto en tributos propios y cedidos como en los correspondientes al REF, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó hoy que la recuperación económica del Archipiélago está siendo decisiva para el incremento de la recaudación, al margen del efecto inflacionario.

A este respecto, Rodríguez destacó la evolución del mercado laboral canario en los últimos trimestres, especialmente la afiliación récord a la Seguridad Social, como el indicador más relevante de la reactivación de la economía en el Archipiélago.

Se da la circunstancia de que durante el mes pasado -el último con datos definitivos- la afiliación a la Seguridad Social se situó en 833.823 personas, la mayor anotación de la historia de Canarias.

La cifra supone 24.584 trabajadores más que el mismo mes del año 2019.

En esta misma línea, las personas en ERTE se han reducido durante el primer trimestre en 77.569 con respecto al año anterior, rebaja que se acentuará notablemente al cierre de abril, según las previsiones del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Además, el paro interanual ha bajado en 34.415 personas, situándose en marzo en 201.753, el dato más bajo desde noviembre de 2008, siendo también previsible un mayor descenso en el mes en curso que supondría bajar de la barrera de los 200.000, pese al incremento poblacional.

Además, los datos adelantados de afiliación a la Seguridad Social de abril dados a conocer ayer por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social apuntan a 840.231 altas en Canarias, con lo que nuevamente se batirá el récord histórico.

A estos números se añaden el buen balance turístico de la Semana Santa y las perspectivas igualmente positivas para el resto de año.

“Todos los indicadores que tenemos encima de la mesa revelan un escenario de fuerte crecimiento económico, cuya continuidad dependerá de la evolución de la inflación y de los efectos de la guerra en Ucrania”, subrayó el vicepresidente.

En todo caso y, en relación con el alza de precios, Rodríguez insistió en que la inflación afecta a familias, trabajadores y empresas, “pero también a las administraciones públicas, que habrán de pagar más por los bienes y servicios que prestan, lo que estamos notando ya en las facturas que nos llegan”.

Precisamente, el Gobierno acordó la semana pasada la aplicación en Canarias de todas las medidas aprobadas por el Ejecutivo central para revisar los precios de los contratos de obras en el sector público, lo que impactará también en las cuentas públicas.

Estas medidas de ajustes y la necesidad de mantener la intensidad en la prestación de los servicios públicos, así como la habilitación de ayudas para los sectores más vulnerables a la subida de precios, impide cualquier bajada generalizada de impuestos.

“Esto no quiere decir -aseguró el vicepresidente- que no apliquemos rebajas fiscales específicas y temporales, como ya hemos hecho durante la pandemia, en el caso de La Palma o en la devolución íntegra del impuesto de carburantes a los transportistas, ganaderos y agricultores”.

A este respecto, aludió a la recomendación efectuada esta misma semana por el Fondo Monetario Internacional para que las administraciones públicas sigan ayudando puntualmente a las empresas afectadas por la pandemia y descarten rebajas generalizadas de impuestos, en línea con lo esgrimido por otros organismos y expertos”.

81,3 millones más que en 2019

La recaudación líquida total durante el primer trimestre del año se situó en 809.981.434,26 euros, lo que supone 81,3 millones más de los obtenidos en idéntico período del año 2019, el último de normalidad; 149 millones más que en 2020 y 275,1 millones más que el año 2021, años en los que se registraron unas drásticas caídas recaudatorias debido a la Covid 19.

De la cantidad total, 243,4 millones correspondieron a la recaudación de tributos propios y cedidos, mientras que los otros 566,5 se englobaron en el denominado Bloque de Financiación Canario (IGIC, AIEM e Impuesto de Matriculación). De esa cantidad, el 58% se transfiere a cabildos y ayuntamientos, mientras que el 42% restante corresponde a la Administración autonómica.

Los daños por la erupción en La Palma alcanzan los 982 millones de euros

El vicepresidente del Gobierno precisa en el Parlamento que se podrían recibir 24 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE

El también consejero de Hacienda analizó hoy con organizaciones palmeras las peticiones de los empresarios para la reconstrucción

Los daños provocados por la erupción volcánica en La Palma alcanzaron los 982 millones de euros, de acuerdo con la última evaluación elaborada por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el pasado mes de marzo y remitida al Gobierno de España al objeto de actualizar la solicitud para la activación del Fondo de Solidaridad de la UE.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, explicó hoy en el Parlamento que la Consejería de Hacienda recopila los datos ofrecidos por el Cabildo, los ayuntamientos palmeros, las entidades aseguradoras y una consultora especializada, y que, en función de la evaluación realizada, se podrán recibir unos 24 millones de euros.

Esta cantidad se corresponde con el 2,5% del total de los daños causados, que es el porcentaje que sufraga el Fondo de Solidaridad.

“Se trata de un a cantidad modesta, en relación con los perjuicios provocados por la erupción, pero todo euro cuenta”, indicó el vicepresidente, quien precisó que la primera remisión del informe se hizo en tiempo y forma, según los plazos establecidos en el propio mecanismo, y que ahora se incorporarán las actualizaciones pertinentes.

La cantidad que finalmente perciba La Palma solo se podrá destinar a la reparación de los daños de carácter público, puesto que los privados no están previstos en el Fondo, y a gastos de intervención operativa.

En todo caso, el vicepresidente adelantó que tanto el Gobierno de España como el Ejecutivo autónomo, el Cabido de La Palma y los ayuntamientos habrán de habilitar las partidas presupuestarias precisas para reparar las infraestructuras y equipamientos públicos, mientras que las compañías aseguradoras deberán hacer los propio con las propiedades privadas.

Rodríguez añadió que estas aportaciones presupuestarias se complementarán también con los fondos ordinarios que la Unión Europea destina a Canarias, algo en lo que ya está trabajando el Ejecutivo autonómico.

Ampliar el foco de acción

Precisamente, Rodríguez se reunió hoy con una representación de organizaciones empresariales de La Palma al objeto de analizar un informe elaborado por los empresarios con sus peticiones a corto, medio y plazo para la reparación y reactivación económica de la Isla.

El vicepresidente explicó que la demanda troncal del empresariado consiste en la ampliación de  las medidas que se puedan adoptar por parte de las administraciones públicas a los afectados radicados en municipios distintos a los tres dañados directamente por la erupción, así como estudiar alivio fiscal y ayudas para estos.

“Algunas de las propuestas planteadas están en el ámbito competencial del Estado, pero las que nos corresponden a nosotros las estudiaremos para dar la mejor respuesta posible”, dijo Rodríguez, quien recordó que la Consejería de Hacienda aprobó una rebaja fiscal muy importante a tan solo nueve días de haberse producido la erupción.

“Lo importante es que tenemos sobre la mesa un conjunto de propuestas para estudiar, algunas de las cuales ya forman parte de las medidas adoptadas, pero otras las analizaremos para perfeccionarlas”, dijo el vicepresidente.

A la reunión asistieron representantes de la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP), de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y del Colegio de Titulados Mercantiles.

 

 

 

 

 

Rodríguez defiende una fiscalidad “justa” que permita mantener el Estado del Bienestar

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda apuesta por ajustes selectivos y temporales de impuestos, además de ayudas a los sectores vulnerables

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento canario la orientación progresista del Gobierno en materia fiscal con un sistema tributario justo que contribuya a la prestación de servicios públicos fundamentales y la ejecución de equipamientos e infraestructuras, al tiempo que apostó por ajustes selectivos y temporales de impuestos, además de ayudas a sectores vulnerables.

Rodríguez se mostró partidario de la existencia de un Estado robusto con capacidad para prestar servicios, por un lado, y para ayudar a los sectores más desfavorecidos en casos de crisis, por otro. “Eso solo se puede hacer -subrayó- a través de los ingresos fiscales, que deben ser los justos y necesarios para mantener el Estado del Bienestar”.

El vicepresidente valoró las respuestas del Gobierno de Canarias y del resto de administraciones estos dos últimos años ante la pandemia del Covid y, ahora, ante la escalada de los precios, que se están articulando gracias, precisamente, al despliegue de recursos públicos.

Rodríguez desmontó el discurso que utilizan los partidos de derechas en referencia a que una disminución de impuestos hace crecer la recaudación fiscal porque se estimula la economía. “Eso nunca ha sido así y la prueba la tuvimos en Canarias el año 2019, cuando el anterior Gobierno bajó el IGIC y la recaudación disminuyó en 117 millones de euros con respecto al año anterior”.

El vicepresidente sí se mostró partidario de rebajas impositivas selectivas y temporales en determinados casos y en ayudas públicas a sectores vulnerables, como se ha hecho con el incremento de la devolución del impuesto especial de carburantes a los transportistas, agricultores y ganaderos o la disminución de tipos para los afectados por la erupción en La Palma.

Rodríguez preguntó también a los grupos de la oposición si han consultado a los Cabildos y ayuntamientos sobre sus propuestas de rebajas del IGIC, que les afectaría en gran medida, dado que reciben el 58% de los recursos del REF.