Logo del Gobierno de Canarias

Rodríguez defiende la tramitación en plazo de los Presupuestos para mantener las “constantes vitales” de Canarias

El vicepresidente anuncia que el Gobierno incluirá como ingreso en las cuentas públicas los 500 millones de la sentencia sobre el convenio de carreteras

El también consejero de Hacienda subraya que el Ejecutivo canario será muy exigente con los presupuestos del Estado y de la UE, y con el Fondo de Reconstrucción

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, defendió hoy en el Parlamento la tramitación en plazo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, a pesar de las incógnitas abiertas sobre los ingresos de los que podrán nutrirse, especialmente aquellos procedentes de las Administraciones española y europea. Entre los interrogantes se encuentran la evolución de los indicadores macroeconómicos, el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que habrá de definir el Estado o las cantidades a ingresar por la financiación autonómica.

Rodríguez destacó durante la Comisión de Hacienda la utilidad de los Presupuestos públicos “que siempre son importantes, pero que en las actuales circunstancias son imprescindibles para atender a las familias, a los sectores productivos y garantizar los servicios públicos esenciales”.

A su juicio, los recursos públicos son los que están manteniendo en la actualidad las “constantes vitales” canarias, de modo que la elaboración de los presupuestos se considera como clave para garantizar la prestación de servicios básicos para la ciudadanía y la economía, así como para tirar de la demanda gracias al mantenimiento de la inversión.

El vicepresidente señaló que, a pesar de las incertidumbres sobre la previsión final de ingresos y sobre el escenario macroeconómico, conviene que Canarias cuente con unos Presupuestos elaborados en tiempo y forma.

En esa dirección, Rodríguez anunció que su departamento incluirá como ingreso de la Comunidad Autónoma en los próximos Presupuestos autonómicos los 500 millones de euros de la sentencia sobre el convenio de carreteras que ahora mismo se encuentran bloqueados en el capítulo del superávit del año 2018. Esta partida permitirá dar oxígeno a las cuentas públicas canarias y compensará la mitad de la pérdida total de ingresos, que se estima ahora mismo en unos 1.000 millones de euros.

El vicepresidente precisó que otros 600 millones de euros deberán llegar a la Comunidad Autónoma como consecuencia de la actualización de la financiación autonómica por parte del Estado sin vinculación al ciclo económico, tal y como ha hecho este mismo año.

Rodríguez aseguró a este respecto que el Gobierno de España no tendrá más remedio que proceder de idéntica manera para el conjunto de territorios “porque, de lo contrario, algunas comunidades autónomas tendrán que cerrar hospitales”.

El vicepresidente calculó que con estos ingresos, sumados a las partidas presupuestarias estatales para 2021 que corresponderán a Canarias por los diferentes programas y convenios previstos en el REF y a los recursos procedentes de Europa -donde las Islas han preservado una buena posición como RUP en el marco presupuestario 2021-2027- se podrán confeccionar unas cuentas públicas , como mínimo, de igual cuantía a las aprobadas para este mismo año.

En caso de que alguna de estas previsiones de ingresos no se produjeran Canarias reclamaría al Estado autorización para acudir a la vía del endeudamiento, tal y como ha hecho con el País Vasco y Navarra. “Nosotros no somos ni mejores ni peores que ellos, pero tampoco somos una comunidad autónoma de régimen común, puesto que tenemos nuestras especificidades fiscales y tenemos el derecho de poder endeudarnos”, dijo el vicepresidente, quien recordó además que el bajo nivel de endeudamiento de Canarias en la actualidad permitiría el éxito de esa operación.

Rodriguez dijo que el Gobierno descarta tocar la fiscalidad en estos momentos y aseguró que la previsión para el próximo año apunta a la recuperación de un 50 por ciento de la caída del PIB que se va a registrar en 2020  y que éste volvería a los niveles previos a la crisis el año 2023.

En cuanto al capítulo de Gastos de los futuros Presupuestos autonómicos, Rodríguez indicó que seguirán las directrices del pacto de progreso firmados por los cuatro partidos que integran la mayoría parlamentaria y de gobierno en Canarias y las medidas incluidas en el Pacto por la Reactivación Social y Económica.

El vicepresidente insistió, en cualquier caso, en la defensa de los servicios públicos esenciales, en la protección de las personas vulnerables y la promoción de los sectores productivos, amén del mantenimiento de la inversión

Inyección multimillonaria en 2020

En el turno de preguntas de la Comisión, el vicepresidente informó de que el Estado habrá insuflado a Canarias durante este “delicado año” una inversión multimillonaria de recursos adicionales, como los 530 millones del Fondo no Reembolsable de 16.000 millones de euros; o 1.500 millones por los ERTE y ayudas para los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital.

El vicepresidente aseguró, en cualquier caso, que el Gobierno de Canarias no renunciará a un euro de los que le correspondan en los presupuestos estatales y comunitarios, ni del Fondo de  Reconstrucción, y que luchará por la concreción de unos Presupuestos que permitan hacer frente a unos desafíos inéditos, desde el consenso y el acuerdo, buscando siempre el entendimiento con todos los grupos políticos y los agentes económicos y sociales.

Rodríguez retoma la agenda institucional de la Vicepresidencia con una reunión con el alcalde de Arafo

El también consejero de Hacienda subraya el alto nivel de cooperación actual entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez se reunió hoy con el alcalde de Arafo, Juan Ramón Martín, con quien realizó un repaso de las necesidades de este municipio tinerfeño y a quien ofreció la colaboración del Ejecutivo autónomo para combatir los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19. Con este encuentro, el vicepresidente retoma su agenda institucional, trastocada por la irrupción del coronavirus a principios de año, lo que le ha exigido durante estos últimos meses toda su atención.

Durante la reunión se abordaron distintos problemas que afectan al municipio de Arafo, fundamentalmente relacionados con la financiación, si bien también se trataron otros relacionados con equipamientos e infraestructuras.

El vicepresidente recordó que este año el Gobierno de Canarias ha adelantado 103 millones de euros correspondientes al Fondo Canario de Financiación Municipal para facilitar liquidez a las corporaciones locales, lo que constituye una buena muestra de la cooperación que mantiene el Ejecutivo con los ayuntamientos.

“Una cooperación -insistió el vicepresidente- que también se extiende a otros campos, como la dotación de infraestructuras, las gestiones para el inicio de curos escolar o la financiación ordinaria, todo ello canalizado a través de la Fecam”.

La continuidad de esa cooperación está en la agenda del vicepresidente, desde el entendido de que los ayuntamientos son vitales para dar respuesta en primera línea a las necesidades de los ciudadanos de Canarias.

En la reunión también estuvieron presentes el director general del Gabinete de la Vicepresidencia, Martín Marrero, y la directora general de Relaciones Institucionales, Carmen Nieves Gaspar.

Hacienda impulsa medidas para mejorar la gestión de las empresas públicas

Román Rodríguez informó hace unas semanas al Consejo de la iniciativa, que se acometerá junto al departamento de Administraciones Públicas

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias impulsa, junto al departamento de Administraciones Públicas, la elaboración de un decreto con un conjunto de medidas de mejora de la gestión del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma.

La iniciativa, de la que informó hace unas semanas al Consejo de Gobierno el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, pretende homogeneizar la gestión y gobernanza de las empresas públicas, de modo que se incremente su eficacia.

Rodríguez ha precisado al respecto que, si bien el sector público empresarial disfruta de una buena situación económica financiera -porque la propia Comunidad Autónoma afronta sus eventuales pérdidas-, es necesario que las empresas públicas tiendan al equilibrio financiero con una gestión “eficaz y eficiente”.

Una exigencia que viene determinada, además, en la medida de que los resultados de estas sociedades afectan a los de la Administración General en el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, así como en el de cumplimiento del período medio de pago. A tal fin, en el seno de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, la coordinación del sector público empresarial está a cargo de la interventora general de la Comunidad Autónoma, Natalia de Luis, y del director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz.

Se trata, por tanto, de establecer una estrategia en la que se aborden las siguientes líneas: buen gobierno y transparencia en la gestión; medidas en materia de gestión económica-financiera; tutela efectiva y regulación de los denominados encargos a medios propios.

Las actuaciones deberán concretarse en la homogeneidad de comportamiento de las sociedades en términos de gestión, a través de un sistema de control y coordinación del seguimiento marco del buen gobierno corporativo en el que se controle, entre otras medidas, la implicación de la Consejería que ejerce la tutela efectiva, el compromiso de los representantes del Gobierno en el devenir de la sociedad, la celebración periódica de los Consejos de Administración o la tramitación de los acuerdos societarios que tengan implicación jurídica frente a terceros.

Además, se potenciará la profesionalización del máximo órgano de gestión y equipo directivo en materias generales aplicables al Servicio Público de Empleo (SPE), entre otras, la normativa laboral del Estatuto Básico del Empleado Público, contratación pública o prevención de delitos. Del mismo modo, se habrá de valorar la elaboración de un manual de instrucciones para los representantes en los consejos de administración.

Una atención particular merecerían los encargos y encomiendas a estas sociedades por parte de las propias administraciones públicas. En este caso, Hacienda propone el desarrollo normativo regulador de esta fórmula, que contemplaría también los efectos o responsabilidades en aquellos casos en que sea una administración local la encomendante de tareas.

Del mismo modo, habría que regular la metodología para el cálculo de las tarifas que deben aprobarse por las empresas públicas que asuman encargos propios o de otras administraciones pública y revisar la política de personal para aquellas que realizan encargos de la misma naturaleza de forma continuada en el tiempo, a los efectos de hacer más eficiente estas contrataciones y mantener el conocimiento del personal que se asocia a la ejecución de dichos encargos.

Estas medidas deberían acompañarse también de un análisis de los encargos que reciben las empresas públicas para determinar cuáles de esos encargos se refieren a competencias administrativas que deberían estarse ejerciendo por los propios departamentos, estableciéndose políticas para la reversión de estas; establecer criterios que impidan que se restrinja la competencia con el sector privado por los efectos que ello puede tener no solo en la competencia, sino de cara a la elegibilidad de gastos financiados con fondos europeos que afecten a estos encargos, o analizar la posible reordenación de las empresas públicas como medios propios, en el sentido de determinar la posible reestructuración de éstas. Asimismo, se aprobaría mediante propuesta en el Consejo de Gobierno la determinación y modificación de retribuciones, y contratación de personal en las entidades del sector público con presupuesto estimativo.

Hacienda promueve una modificación de aspectos fiscales del REF debido a la crisis del Covid-19

El Gobierno de Canarias remite una propuesta al Ministerio de Hacienda que aclara los requisitos temporales de los beneficios fiscales incluidos en la Ley

Román Rodríguez subraya que el objetivo último de la iniciativa es promover la recuperación económica del Archipiélago

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha remitido recientemente al Gobierno de España, en concreto a la Dirección General de Tributos, una propuesta de modificación de determinados aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) para clarificar los plazos temporales de los beneficios fiscales existentes en la normativa, afectados en su momento por la declaración del Estado de Alarma.

La iniciativa trata de dar respuesta a la inquietud de los operadores económicos y contribuir a la recuperación económica con todas las garantías jurídicas posibles, según explicó el vicepresidente del Gobierno canario y responsable del departamento de Hacienda, Román Rodríguez.

Rodríguez recordó que el grueso de estas medidas está recogido en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias suscrito el pasado 30 de mayo por el presidente del Gobierno de Canarias con casi todas las fuerzas parlamentarias; organizaciones empresariales; sindicatos; federación de cabildos y de ayuntamientos, universidades y otras entidades de la sociedad canaria.

La propuesta, remitida por el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Presupuestos, Fermín Delgado, contiene dos bloques diferenciados. En uno de ellos se establece la suspensión o ampliación de los plazos, tanto para la ejecución de inversiones y la creación de empleo como para la permanencia de las mismas. Estos contenidos están recogidos en los artículos reguladores de los incentivos a la inversión; de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC); del ámbito de la Zona Especial Canaria (ZEC) y del Impuesto de Sociedades.

Para la RIC, se propone una ampliación de un año en los plazos máximos para materializar las cantidades, siempre y cuando la reserva se haya dotado con los beneficios correspondientes a los ejercicios de 2016 y 2017. También se plantea una ampliación de seis meses cuando la entrada en funcionamiento de la inversión se haya producido entre el 15 de septiembre de 2019 y el día de finalización del estado de alarma. Por otro lado, se aconseja ampliar en un año el periodo de tres años para las inversiones anticipadas materializadas en 2017 y 2018.

Igualmente, y en relación al requisito de mantenimiento del empleo se proponen varias modificaciones. Así, en el caso de la materialización de la dotación de la reserva en la creación de empleo, se prevé la opción de no computar el empleo durante el período impositivo de vigencia del estado de alarma a cambio de que se incremente en un año el plazo de mantenimiento del incremento de la plantilla media total; y respecto a las entidades de la Zona Especial Canaria, se establece que en el mantenimiento del promedio de la plantilla media anual no se computaría el número de días de vigencia del estado de alarma más los tres meses inmediatamente posteriores para las entidades inscritas desde el 14 de marzo de 2018 al 31 de diciembre del mismo año, seis meses para las inscritas durante 2019 y un año para las inscritas en 2020.

El segundo de los bloques se refiere a la modificación de la Ley 19/1994, que tiene como objetivo, en primer lugar, reflejar la adecuación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias a la extensión temporal de las Directrices de Ayuda con finalidad regional y del Reglamento General de Exenciones.

La propuesta también incluye varias disposiciones transitorias. La primera de ellas para que, excepcionalmente y teniendo en cuenta el contenido del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se pueda reducir en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades las cantidades que se prevean destinar a la reserva para inversiones en Canarias, aunque no hayan sido aprobadas las cuentas del citado ejercicio. La segunda está destinada a aclarar la fecha de efectos de diversas modificaciones operadas en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, por la Ley 8/2018, de 5 de noviembre.

El Parlamento convalida el apoyo financiero del Gobierno a los ayuntamientos y el tipo 0 para el IGIC sanitario

La Cámara respalda los dos decretos leyes que el Ejecutivo canario había aprobado el pasado día 30 de julio para hacer frente a efectos del Covid-19

Los municipios reciben por anticipado 103 millones del Fondo Canario de Financiación Municipal y quedan liberados de las condiciones para el 50%

La prórroga del tipo 0 de la imposición indirecta a la importación de productos sanitarios se extiende hasta el 31 de octubre

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy por unanimidad, en sesión extraordinaria, los decretos leyes sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) para 2020 y de Fomento de la Participación Ciudadana, y sobre la prórroga hasta el 31 de octubre del tipo 0 en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) aplicable a la importación o entrega de material sanitario para combatir los efectos del Covid-19. Estos decretos leyes habían sido aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de julio a propuesta de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirigen Román Rodríguez y Julio Pérez, respectivamente. Asimismo, la Cámara autonómica acordó unánimemente tramitar el primer decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, mientras que rechazó ese trámite para el segundo.

La finalidad del primer decreto ley estriba en la transferencia a los ayuntamientos de 103 millones de euros que se preveía efectuar en diciembre y, al mismo tiempo, flexibilizar el uso del fondo para el presente ejercicio 2020 con el objetivo de aportar liquidez a los municipios, por un lado, y otorgarles libertad para utilizarlo, sin la condición de destinar el 50% a inversiones. En esta misma línea, se autoriza la disponibilidad del FCFM incluso si no se cumple con los indicadores de saneamiento económico financiero.

El Gobierno consensuó con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) concretamente autorizar a que en 2020 se anticipe el 70% del importe previsto del FCFM. Si no se hubiese modificado las condiciones de este fondo, los ayuntamientos solo hubiesen percibido un anticipo del 35% y el resto se transferiría a final de año. Al anticipar los 103 millones adicionales, los municipios ya disponen del 70%.

Al mismo tiempo, la nueva norma, defendida ante la Cámara por Julio Pérez, establece un régimen excepcional del FCFM en el presente ejercicio, para que pueda destinarse a gastos relacionados con los servicios públicos esenciales, así como a gastos derivados de la respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio de los ayuntamientos.

Los ayuntamientos que se encuentren en un estado financiero más complicado tendrán la opción de mantener el destino de saneamiento financiero de esta parte del Fondo.

Además, como medidas de apoyo a la tesorería de los ayuntamientos que por la declaración del estado de alarma han adoptado medidas coyunturales de aplazamiento de los períodos de cobranza de sus tributos periódicos, se establece la no aplicación de las reducciones por incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición.

Por último, la obligación de presentar las auditorías de liquidación del ejercicio presupuestario de 2019 queda circunscrita a los solos efectos del diagnóstico económico-financiero.

IGIC 0 para material sanitario

El Parlamento de Canarias convalidó hoy igualmente el decreto ley para prorrogar hasta el 31 de octubre el tipo 0 en el IGIC aplicable a la importación o entrega de material sanitario para combatir los efectos del Covic-19. La propuesta, tramitada en su momento por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, se fundamenta en “la imperiosa necesidad de promover el equipamiento de bienes imprescindibles para atender una crisis sanitaria que sigue latente en la medida en que el virus no se ha extinguido y siguen apareciendo casos”.

El titular del departamento, Román Rodríguez, expuso a la Cámara que en este segundo decreto ley sobre el mismo asunto “se modifica el anexo del anterior -el 8/2020, de 23 de abril- con la incorporación de nuevos productos tras la experiencia acumulada y el proceso de diálogo con los agentes del sector”.

Rodríguez, que puntualizó que la nueva prórroga del tipo 0 del IGIC sanitario está en consonancia con la Decisión adoptada por la Comisión Europea el pasado 23 de julio, aprovechó su intervención plenaria para enfatizar que “la mascarilla es un elemento útil, eficaz e imprescindible, de manera que hay que cumplir a rajatabla con su uso, tanto para proteger la salud como para detener el deterioro económico por las limitaciones de movilidad”. Comoquiera que la lucha contra la pandemia persiste, “hay que continuar en alerta cumpliendo con las mismas medidas de prevención y control instauradas desde hace meses, lo que justifica liberar de carga fiscal indirecta al material sanitario”.

Román Rodríguez urge al Gobierno español a modificar la ley del REF para incorporar la prórroga de la ZEC

El vicepresidente del Gobierno recuerda que la extensión del plazo dictaminada por la UE precisa de un cambio legal para evitar la inseguridad jurídica

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha recordado al Ejecutivo español la necesidad de tramitar en las Cortes la modificación de la Ley del REF para incluir en su articulado la prórroga de la Zona Especial Canaria (ZEC) acordada por la Comisión Europea.

Rodríguez ha dado traslado, de esta manera, de la inquietud de los operadores económicos canarios, que han alertado sobre la inseguridad jurídica que podría acarrear una prórroga sin su mención explícita en la ley del REF, que señala la fecha del 31 de diciembre de 2020 como límite de la ZEC.

Tanto la ZEC como el resto de incentivos fiscales del REF han sido prorrogados por la Comisión Europea al modificar la fecha de vigencia de las Directrices de Ayuda con Finalidad Regional y del Reglamento General de Exención por Categorías en los que se enmarcan hasta los años 2021 y 2023, respectivamente.

El vicepresidente remitió el pasado 10 de junio una carta a la ministra de Hacienda sobre este particular, mientras que desde la Dirección General de Asuntos Europeos del propio Ejecutivo autónomo se comunicó idéntica inquietud el día 31 de julio al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación interesándose por el procedimiento para formalizar la prórroga ante la Comisión Europea.

Rodríguez señala en su misiva que, entre los incentivos del REF, “preocupa especialmente el referido a la Zona Especial Canaria (ZEC), ya que la prórroga de la actual regulación sobre ayudas públicas implicará necesariamente la tramitación a nivel estatal de una modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, cuyo artículo 29 recoge explícitamente la fecha de 31 de diciembre de 2020 como límite de vigencia de la ZEC”.

“Por ello, para poder tramitar y adoptar antes del 31 de diciembre de 2020 la modificación legislativa mencionada que permita extender los límites temporales de la ZEC señalados, te ruego prestes una especial atención a esta cuestión y actives los cauces que consideres más adecuados al efecto”, solicita a la ministra.

Del mismo modo, en las comunicaciones enviadas al Ministerio de Asuntos Exteriores se hace referencia a la preocupación de los operadores económicos y se conmina al departamento a plantear cualquier aclaración al respecto.

Canarias ahorrará 14,6 millones de euros con una primera renegociación de su deuda

El Consejo de Ministros autorizó la operación de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, consistente en la refinanciación de dos préstamos por importe de 748,4 millones de euros

Canarias ahorrará en los próximos cuatro años 14,6 millones de euros en concepto de pago de intereses al refinanciar dos préstamos por importe conjunto de 748,4 millones de euros, una operación ya ejecutada que ha contado con la preceptiva autorización del Consejo de Ministros a instancias de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, cuyo titular, Román Rodríguez, rubricó esta semana el contrato definitivo con la entidad bancaria adjudicataria del procedimiento, al que concurrieron otras ocho.

La iniciativa se enmarca en una política de reestructuración de la deuda del Gobierno de Canarias, al objeto de incrementar el ahorro financiero de la Administración, que gestiona el equipo de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, encabezado por Dunia González y dirigido por el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado.

El vicepresidente del Gobierno y consejero del departamento, Román Rodríguez, explicó que la operación consiste básicamente en “reorganizar la deuda adquirida en años anteriores a un precio caro para refinanciarla en las mejores condiciones que ofrece actualmente el mercado”.

“En ningún caso -precisó- se trata de primar el pago de la deuda sobre otras necesidades, sino de ahorrarnos dinero en los préstamos formalizados hace algunos años”. De hecho, tras recibir el jueves pasado los 784,4 millones de la nueva entidad prestamista, ayer se amortizó la deuda anterior por ese importe sustentada en un tipo de interés superior.

La operación se ha formalizado finalmente con la entidad que mejores condiciones ofreció de las nueve que concurrieron al proceso tramitado la Dirección General del Tesoro.

Solvencia

Rodríguez señaló que la renegociación de la deuda es posible y contó con tantas ofertas, en gran medida, por la solvencia económico-financiera del Gobierno de Canarias y la elevada confianza que genera esta Administración entre las entidades bancarias.

El vicepresidente recordó la buena posición de Canarias en los principales indicadores relativos a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, no en vano ha presentado en los últimos tres ejercicios cerrados un superávit significativo tanto en términos de contabilidad nacional como tras ajustar este último a los efectos del ciclo, lo que se ha traducido en que sea la Comunidad Autónoma con menor deuda por habitante y la segunda con menor deuda sobre el PIB al cierre de 2019.

En concreto, la deuda viva de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de 2019 se situaba en los 6.605 millones de euros, comprometida con varias entidades financieras, pero especialmente con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) mediante préstamos acogidos al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El Estado, por su parte, permite a las comunidades autónomas reestructurar su deuda siempre y cuando se cumpla con varios requisitos, y previa autorización del Consejo de Ministros, como así ha ocurrido en el caso de Canarias.

Se da la circunstancia de que la situación del mercado es tal que el Banco Central Europeo está generando mucha seguridad en las entidades financieras, por la liquidez que se está inyectando; además, el interés del Tesoro Nacional está en negativo en estos momentos.

Más deuda, solo si fuera necesario

La situación financiera del Gobierno canario permitiría, según ha insistido el vicepresidente en reiteradas ocasiones, acudir a nuevo endeudamiento, previa autorización del Ministerio de Hacienda, “solo si fuera estrictamente necesario y no nos alcanzara con el uso de todo nuestro superávit -incluidos los 500 millones por la sentencia del Supremo sobre carreteras- ni con el dinero con los fondos ordinarios y extraordinarios del Estado y de la Unión Europea que habrá de percibir Canarias, tanto de los presupuestos de estas instituciones como de los programas específicos de reconstrucción económica y social por la crisis del Covid-19, ”.

La Comisión Europea hace suya la renovación del AIEM propuesta por Canarias

El expediente se abre camino en las instituciones comunitarias y avanza sin obstáculos hacia su aprobación por el Consejo y finalmente por el Parlamento canario
 

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos subraya que “el trabajo más complicado ya está hecho”

La Comisión Europea ya ha asumido la propuesta de renovación del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) remitida por las autoridades españolas, con lo que queda expedito el camino para su aprobación por el Consejo Europeo, que se podría producir el próximo mes de noviembre, y el definitivo cambio antes de fin de año en el Parlamento autonómico de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modificaba el propio AIEM. El nuevo plazo del arbitrio abarcará el septenio 2021-2027.

La propuesta fue aprobada en un primer momento por el Gobierno de Canarias, después de un largo proceso de negociación –más de año y medio- con todos los operadores económicos, no solo los concernidos, que dio como resultado un texto con un nivel alto de consenso.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó hoy precisamente el amplio respaldo alcanzado para la renovación del AIEM, un tributo que refleja perfectamente las singularidades canarias en las actividades agraria, ganadera e industrial como elemento esencial del Régimen Económico y Fiscal (REF), de manera que “el trabajo más complicado ya está hecho”.

Rodríguez insistió en que el objetivo de esta figura impositiva es la razonable protección de la producción local frente a la foránea y en ningún caso el afán recaudatorio. “Los tipos del AIEM suponen una recaudación anual de unos 120 millones de euros, muy lejos de los 1.300 millones que, por ejemplo, representa el octroi de mer, impuesto equivalente al AIEM en las RUP francesas, con las mismas cifras de población”, recordó el vicepresidente.

El AIEM es, además, un tributo del bloque de financiación del REF, cuya recaudación se destina en un 58% a los cabildos insulares y ayuntamientos, y en un 42% al Gobierno de Canarias, lo que representa, por lo tanto, apenas el 0,5% de su presupuesto de ingresos.

Supone, asimismo, un porcentaje reducido de la imposición indirecta en Canarias, con un peso inferior al 5% del total. Del conjunto de la imposición directa e indirecta en Canarias significa el 2,2% del total.

La propuesta de renovación del AIEM incluye 156 productos, 21 más que en la actualidad. De ese listado, 42 productos son nuevos, mientras que decaen 20 de la nómina vigente.

De manera desagregada, el nuevo AIEM gravará la importación 67 productos de alimentación y bebidas; 13 relacionados con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 4, de minas y canteras; 13, de materiales de construcción; 34, de química; 12, de industrias metálicas; 1 de tabaco; 3, de textil, cuero y calzado; 6, de transformados de papel, y 3 de artes gráficas.

La propuesta mantiene inalterados los tres tramos impositivos actuales (5,10 y 15 por ciento), que en última instancia son los instrumentos que permiten la protección del sector primario y la industria locales frente a las importaciones de terceros.

La producción local de tipo industrial y agroganadera y de alimentación necesita protección a través del AIEM para poder competir en mejores condiciones con los productos competidores importados a muy bajo coste, una imposición que no influye en el precio de la cesta de la compra en las Islas.

Precisamente, el estudio de impacto económico elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo e incluido en la propuesta aprobada concluye que el IPC canario ha sido siempre inferior a la media estatal desde que se notificó por primera vez a la UE el AIEM, en el año 2002.

Y si bien el objeto del arbitrio es encarecer el precio del producto importado que compite con el local, los factores que determinan el incremento de los precios son varios, y siempre el más importante es la competencia en el mercado.

En este sentido, los precios están mucho más condicionados por factores como la escasez en la oferta de un producto; el incremento temporal de la demanda (como sucede en determinadas épocas del año, como Navidad); el monopolio de un producto de determinado distribuidor, o la influencia en cuota de mercado de algunas grandes superficies que determinan no ya el precio, sino incluso la marca del producto que se debe consumir.

 

La Agencia Tributaria Canaria fomentará el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos adapta el contrato de gestión de la ATC al contexto socioeconómico tras la Covid-19 con un modelo más eficaz y eficiente

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha modificado objetivos de actividad incluidos en el contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), aprobado por el Gobierno canario hace un año para el periodo 2019-2021, con el doble objetivo de adecuarse al nuevo contexto socioeconómico originado por la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y avanzar en el sistema de dirección por objetivos. En particular, la ATC fomentará el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Con el cambio del contrato de gestión -formalizado mediante una Orden del titular del departamento, Román Rodríguez, al tratarse de objetivos de actividad, no estratégicos-, se persigue dotar al sistema de mayor flexibilidad, dado que las consecuencias de la crisis no pueden evaluarse en su totalidad, y establecer nuevos indicadores con los que medir la actividad desarrollada por la Agencia para avanzar hacia una administración más eficaz y eficiente y, de forma paralela, incentivar que los contribuyentes cumplan sus compromisos correctamente sin dar lugar a actuaciones ejecutivas.

El sistema de dirección por objetivos implantado en la Agencia Tributaria Canaria desde su creación por Ley 7/2014, de 30 de julio, como ente de Derecho público con autonomía de gestión, tiene encomendada la aplicación del sistema tributario canario. No obstante, la actividad de la ATC no se limita a la realización de actuaciones de control y recaudación, sino que además está centrada en prestar un servicio público esencial y en la satisfacción de las expectativas de la ciudadanía, objetivos que se plantean de modo más ambicioso con la Orden suscrita por el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Por ello, entre los indicadores contemplados con esta modificación del modelo de gestión, se pretende la mejora de la calidad de los servicios de asistencia a los contribuyentes, potenciando la asistencia no presencial; la agilización de la tramitación tributaria reduciendo los tiempos de tramitación de los procedimientos; la prevención y control del fraude con actuaciones encaminadas a la detección del fraude tributario y a la regularización de obligaciones tributarias potenciando su carácter voluntario; y con respecto a las actuaciones recaudatorias, mejorar la gestión y el control de deudas realizada por la ATC.

Estos nuevos indicadores se contemplan en detalle en el Plan de Acción de la ATC para el 2020.

 

 

El Gobierno de Canarias consolida su reputación de buen pagador, a pesar de la crisis y gracias a su liquidez

El vicepresidente y consejero de Hacienda subraya la necesidad de uso del superávit y las transferencias para mantener el compromiso con empresas y autónomos

El Plazo Medio de Pago se situó en junio en 14,3 días, de modo que el actual Ejecutivo ha estado siempre por debajo del período legal de 30 días

El Gobierno de Canarias consolidó en junio su posición como una de las administraciones autonómicas que antes paga a sus proveedores, con un plazo medio de 14,32 días, de acuerdo con los datos enviados por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos al Ministerio del ramo. El dato de junio es, además, el mejor desde enero de 2019.

El actual Gobierno de Canarias ha cumplido todos los meses desde su toma de posesión con el plazo legal de pago a proveedores establecido en 30 días, de manera que ha evitado por el momento las sacudidas económicas provocadas por la pandemia del coronavirus.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, ha destacado el “escrupuloso” cumplimiento de las obligaciones económicas de la Administración autonómica en un entorno sanitario, económico y social desfavorable, “en el que los proveedores necesitan la certeza de pagos en tiempo y forma”.

Rodríguez aseguró que esta eficaz respuesta de la Administración es más importante si cabe en un momento en el que las pymes y autónomos de las Islas, así como el resto de proveedores de mayor dimensión, precisan de liquidez para poder mantener su capacidad operativa y los puestos de trabajo. “Ese parámetro es fundamental para la evolución de la economía”, puntualiza.

Para que todo ello sea posible, el vicepresidente señala como clave el estado de la tesorería autonómica canaria, que, “con un gran esfuerzo y eficiencia en la gestión, está en una situación de saneamiento y liquidez para cuya continuidad es determinante el uso de nuestro superávit, incluidos los 500 millones de carreteras que el Estado nos debe tras la sentencia del Supremo, y las transferencias por la mayor incidencia de la crisis en Canarias, así como la autorización de endeudamiento si fuese necesario”.

Los datos, publicados en la web de la Consejería de Hacienda, certifican no solo el cumplimiento de la Administración canaria a la hora del abono de las facturas, sino también de los procedimientos intermedios.

De esta forma, se cumple también el denominado Plazo medio de las Operaciones a las que se ha dado conformidad, período que contempla las Operaciones Pagadas y Pendientes de Pago medidas desde la fecha de entrada a su conformidad, que se situó en los 6,73 días. Igualmente se cumple el plazo medio de operaciones pendientes de conformidad para el conjunto de la Administración Autonómica Canaria, con 27,4 días.

En todos los casos anteriores, el plazo máximo para resolver es de 30 días. El Plazo Medio de Pago constituye un concepto especialmente importante en la contabilidad de las administraciones públicas, no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección.

Precisamente, el apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece que las Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a proveedores.

Nota: los datos del Plazo Medio de Pago de Canarias están disponibles en http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/servicios/informes_plazos_pago/