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Rodríguez emplaza al Gobierno central a una reunión bilateral donde negociar mayores compensaciones para Canarias

El vicepresidente considera que las medidas que ha adoptado el Estado no reflejan las singularidades del Archipiélago

La caída de ingresos tributarios y la paralización de la actividad económica por el cierre turístico provocará mayores perjuicios

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, emplazó hoy al Gobierno central a una reunión de carácter bilateral donde negociar una respuesta más contundente del Estado a la crisis económica y social derivada del Covid-19 en el Archipiélago. Asimismo, insistió en reclamar la convocatoria del Consejero de Política Fiscal y Financiera (CPFF), solicitud que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a atender.

Rodríguez, que participó en una videoconferencia con Montero y los consejeros autonómicos en esta materia, consideró que las medidas que ha adoptado el Estado en las últimas semanas no reflejan adecuadamente las singularidades canarias ni tampoco el impacto de la pandemia en la economía y la población de las Islas, dada su elevada dependencia del sector turístico.

El vicepresidente -que en todo caso valoró el esfuerzo del Gobierno central para la regulación de los ERTE o la concesión de ayudas a los autónomos, pymes o a la vivienda- recordó que la crisis golpeará de manera desigual a los diferentes territorios de España y que autonomías como Canarias o Baleares sufrirán mucho más que otras con menor peso turístico.

A este respecto, Rodríguez estimó que la caída del PIB en Canarias podría acercarse al 30 por ciento este año, una cifra que triplica la previsión del Gobierno central para el conjunto del Estado, un 9,2 por ciento. “El impacto será terrible”, dijo el vicepresidente, quien añadió que “las respuestas que se den desde el Estado habrán de contemplar esa diferente realidad”.

El vicepresidente abogó por reforzar el papel de las comunidades autónomas en la respuesta a la crisis económica y social y aseguró que “el estado de alarma no ha suspendido al estado de las autonomías”. En esta dirección, argumentó que el 40 por ciento del gasto público del Estado recae en las comunidades autónomas y que, por tanto, debe tenerse en cuenta esta circunstancia a la hora de adoptar decisiones.

Del mismo modo, Rodríguez insistió en que la suspensión de facto de las reglas fiscales debería implicar un reparto de los objetivos de estabilidad -en términos de déficit y de endeudamiento- entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

“Parece poco razonable que ahora que España va a incrementar su déficit del 1,8 por ciento hasta el 10,3 por ciento, las comunidades autónomas solo lo sigan particpando en dos décimas”, expuso Rodríguez, quien recordó que Canarias ha cumplido escrupulosamente sus reglas fiscales y ahora mismo es la comunidad autónoma con la deuda pública per cápita más baja de España, lo que le permitiría asumir un mayor endeudamiento para hacer frente a los servicios públicos esenciales y dinamizar la economía.

Un fondo con criterios “discutibles”

En relación con el anuncio del Gobierno de España para la distribución de un fondo no reembolsable por importe de 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas, el vicepresidente señaló que la distribución en tres cajas (10.000 millones para gasto sanitario, con insuficiente peso poblacional; 1.000 para necesidades sociosanitarias, y 5.000 para caída ingresos tributarios) que maneja el Ministerio de Hacienda y los criterios de reparto de cada una son “discutibles”, puesto que, según la información adelantada por la ministra, tendrán un peso muy importante aquellos de carácter clínico, como hospitalizaciones, ingresos en UCI o test PCR realizados.

A este respecto, el vicepresidente recordó que independientemente del impacto sanitario de la enfermedad en los distintos territorios del Estado, todos se han debido preparar para afrontar sus consecuencias y realizar el gasto público pertinente.

Además, la caja de 5.000 millones se distribuirá en función de la caída de los ingresos tributarios por figuras como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Sobre este particular, el vicepresidente recordó la singularidad del régimen fiscal de Canarias, con la existencia de tributos del REF, como el IGIC o el AIEM, o impuestos propios como el de Carburantes y Tabaco, que componen el grueso de la caída de ingresos tributarios en el caso del Archipiélago, prevista en 700 millones de euros, lo que representa un 70% de las pérdidas.

Mientras que en el conjunto de CCAA el peso de los tributos cedidos (Donaciones y Actos Jurídicos) es del 8%, en el caso de Canarias alcanza el 19% del total de los ingresos, entre cedidos, propios y REF.

Román Rodríguez exige a la Comisión de la Competencia que vigile los precios de los billetes aéreos

Considera irrenunciable la conquista del 75%, un derecho de la ciudadanía de las Islas incluido en nuestro REF

“La CNMC tiene el deber de evitar que el mercado se pervierta, de controlar y, en su caso, sancionar, y no culpar a los usuarios y usuarias”

Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, ha reiterado su pleno apoyo al 75% de reducción del precio de los billetes para los residentes canarios, tanto en la movilidad de personas entre las islas como entre estas y el resto de las comunidades autónomas. “Se trata de una conquista histórica, un derecho de la ciudadanía de las Islas para la que el avión y el barco constituyen medios imprescindibles de transporte, no un capricho”. Y recuerda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que su tarea, más que emitir informes alarmistas y sutiles amenazas mesetarias, es la de vigilar injustificadas subidas de precios.

El vicepresidente señala que la CNMC está para evitar que el mercado se pervierta, para supervisar, controlar, asesorar y, en su caso, sancionar malas prácticas, y no para culpar a los usuarios y usuarias. Y recuerda que esa conquista fue incluida, gracias a la propuesta y presión de Nueva Canarias, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que forma parte del nuevo REF.

Cuando se planteó y logró la bonificación del 75% para las personas residentes en Canarias, se acordó incluir en el apartado dos de la disposición adicional 147 de Ley PGE para 2018, que, dentro del respeto a la normativa comunitaria, “las autoridades competentes en materia de competencia velarán para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público”. Es la CNMC quien tiene que cumplir esa disposición en todos sus términos.

Especificidades

Román Rodríguez lamenta que, una vez más, desde instancias estatales se siga sin comprender la realidad y las especificidades de Canarias, por nuestra condición insular y lejanía, distintas a las de las nacionalidades y regiones del territorio continental. Como sucede de manera muy clara en la movilidad de personas y de mercancías entre las Islas y entre nuestra Comunidad y otros territorios.

Rodríguez llama a la unidad para reclamar al Estado y Europa una respuesta diferenciada frente al Covid-19

El vicepresidente del Gobierno defiende la elaboración de una propuesta común con ficha financiera para trasladar a los gobiernos español y comunitario

Reitera que el endeudamiento masivo y compartido entre todas las administraciones es el único camino para la reconstrucción económica y social

El también consejero de Hacienda reclama por carta al Gobierno español la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar los nuevos objetivos de Estabilidad

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, apeló hoy a la unidad de acción de la sociedad canaria para reclamar al Gobierno español y a la Unión Europea una respuesta diferenciada a la crisis económica provocada por el Covid-19. Una respuesta que pasa obligatoriamente por el uso del superávit y la autorización de mayor endeudamiento.

Rodríguez, en una comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, explicó que “solo juntos” y mediante un acuerdo unánime de las instituciones políticas, sociales y económicas de las Islas “podremos dar una respuesta organizada y eficaz para proteger a los más vulnerables, defender el Estado del Bienestar y avanzar en la reconstrucción del Archipiélago”.

La unidad de acción deberá servir para la elaboración de una propuesta -con ficha financiera- a presentar por el Gobierno de Canarias ante Madrid y Bruselas, amparada en el paraguas normativo que otorga a las Islas su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, su Régimen Económico y Fiscal y su Estatuto de Autonomía.

“Quiero ser justo con el Gobierno de España, y también exigente; justo por decisiones positivas como los ERTE y las ayudas a autónomos, aunque exigente en el  uso del superávity la mayor capacidad de endeudamiento”, dijo.

Rodríguez recordó que cada administración tiene un ámbito de actuación diferente y que “no todos podemos estar en todo, porque eso sería ineficiente”. Por ello, demandó la solidaridad y compromiso de la Unión Europea, con un fondo de recuperación potente que vaya mucho más allá del medio billón de euros que ha aprobado hasta el momento, y la autorización de un endeudamiento masivo y compartido entre todas las administraciones por parte del Gobierno de España.

En relación con este último asunto, el vicepresidente remitió hoy una carta a la ministra de Hacienda, en la que solicita la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera -órgano de encuentro de la Administración del Estado y las comunidades autónomas- para fijar los nuevos objetivos de estabilidad y de deuda de cada autonomía.

En la misiva, Rodríguez enumera los criterios a los que, en opinión del Gobierno de Canarias, deberán ajustarse esos nuevos objetivos: que las comunidades autónomas con superávit en ejercicios anteriores puedan utilizarlo ya este mismo año para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia; el incremento de los objetivos de deuda pública para hacer frente a la reducción de ingresos y financiar los programas de reconstrucción estatal que correspondan a la Comunidad Autónoma de Canarias, y la exclusión de la regla de gasto de los aumentos de gasto derivados directamente de la crisis sanitaria sin afectación presupuestaria.

ERTE, hasta diciembre

Tanto en su comparecencia parlamentaria como en la carta enviada a la ministra, Rodríguez ha recordado el impacto especialmente duro que tendrá la pandemia en la economía canaria, debido a su dependencia del sector turístico y de servicios, precisamente aquellos sectores que más tarde se recuperarán.

De momento, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) afectan en Canarias a 200.000 personas, lo que supone un gasto mensual de 340 millones de euros, según explicó el vicepresidente.

En este sentido y ante la delicada situación de estas personas, Rodríguez explicó que se ha solicitado la ampliación de los ERTE hasta el mes de diciembre.

Precisamente, la atención de estos trabajadores, de los autónomos, de las pymes y de los colectivos más vulnerables hace necesaria un endeudamiento masivo de las administraciones públicas, especialmente de las comunidades autónomas, que son las que soportan el 40 por ciento del total del gasto público del Estado y las que gestionan los servicios vinculados al Estado del Bienestar.

“En estos momentos de paralización de la actividad todo depende del sector público y ante la caída de ingresos necesitamos acudir a la vía del endeudamiento -insistió el vicepresidente- para ayudar a los más débiles y robustecer el Estado del Bienestar”.

Rodríguez expresó también su pésame a las familias y amigos de las víctimas del Covid-19, al tiempo que agradeció el trabajo de los sanitarios y personal de emergencias y seguridad,  y felicitó a la ciudadanía por seguir de manera ejemplar el confinamiento.

En este mismo orden de cosas, el vicepresidente también destacó la colaboración constante de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales; de instituciones académicas, científicas, y el trabajo constante de ayuntamientos y cabildos. “Juntos ganaremos esta batalla”, dijo.

La ATC resuelve dudas tributarias durante el estado de alarma por el COVID-19

La Agencia Tributaria Canaria recopila en un único espacio online las novedades y dudas más habituales sobre procedimientos tributario

También se pone a disposición de los ciudadanos  un correo para consultas frecuentes

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), pone a disposición de los contribuyentes de las Islas un apartado en su portal web para explicar cómo afecta a los diferentes procedimientos tributarios la declaración del estado de alarma decretado como consecuencia de la alerta sanitaria ante el COVID-19.

El contenido se encuentra disponible en la sección de ‘Novedades’ del portal web de la Agencia, bajo el título ‘Medidas tributarias en relación con el COVID-19 y preguntas frecuentes’ (https://cutt.ly/xt2wTfA)

La ATC actualizará permanentemente la información disponible mientras dure la situación de alarma. El objetivo es ser un punto de referencia para todos aquellos contribuyentes que quieran consultar aspectos como la suspensión de plazos de prescripción y caducidad y la ampliación de muchos otros periodos.

Con esta iniciativa, además de aclarar muchas situaciones de incertidumbre, se evitará saturar otros canales de comunicación e información como la atención telefónica.

Entre las preguntas se encuentran aquellas vinculadas a las modificaciones de plazos en procedimientos como la presentación de autoliquidaciones y declaraciones de IGIC, los ajustes en la cuota trimestral de régimen especial simplificado y también preguntas relacionadas con cambios en procedimientos en los ámbitos de la inspección y recaudación tributarias, así como en el ámbito de grandes contribuyentes y tributos a  la importación y especiales.

En esta línea, los contribuyentes disponen, en el portal web de la ATC; de un buzón para solicitar información tributaria (https://cutt.ly/6t2wH4y).

Vicepresidencia destina 500.000 euros a Cruz Roja para la atención a colectivos vulnerables

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, subraya la  tradicional colaboración de la entidad con las administraciones para la asistencia social

El presidente de Cruz Roja destaca la sensibilidad del Gobierno canario, que se suma al Gobierno de España y a Cataluña en otorgar una ayuda similar

El  vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó ayer la orden de concesión de una subvención al comité autonómico de Cruz Roja Española para el desarrollo de proyectos relacionados con el voluntariado y la atención a colectivos vulnerables por un importe de 500.000 euros.

La ayuda permitirá a esta ONG afrontar determinadas inversiones y gastos corrientes para la mejor prestación de sus servicios de atención de emergencias y de auxilio social.

Rodríguez ha destacado la importante labor que desarrolla Cruz Roja en Canarias, una entidad que goza de enorme prestigio y que siempre se ha caracterizado por su estrecha colaboración con las administraciones para atender a la población en caso de situaciones de emergencia sobrevenidas o a a través de servicios ordinarios de asistencia social.

Por su parte, el presidente autonómico de Cruz Roja, Antonio Rico, ha explicado que la subvención permitirá mejorar los medios materiales de la organización y, por lo tanto, ganar en eficacia a la hora de prestar los servicios a la población.

Rico agradeció la sensibilidad del Gobierno de Canarias y, particularmente, del vicepresidente para la concesión de una subvención, “que pocas administraciones han librado, porque ahora mismo en España solo la han concedido el Gobierno central y la comunidad autónoma de Cataluña”.

De acuerdo con la memoria presentada por la ONG, el proyecto de atención social a colectivos vulnerables pretende apoyar a personas y unidades de convivencia, que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y emergencia social.  Este programa prevé contribuir a las coberturas básicas de alimentación, higiene persona o del hogar, para lo que es preciso contar con infraestructura adecuada para el almacenaje y distribución de las mercancías, que garanticen no solo su correcta conservación sino el desarrollo normalizado de estas entregas a las unidades familiares en situación de extrema vulnerabilidad.

Del total de la subvención, 300.000 euros se destinarán a inversiones y 200.000 a sufragar gasto corriente.

Nota: fotografía de archivo de una reunión entre el vicepresidente del Gobierno y el presidente de Cruz Roja en Canarias

Rodríguez pide un mayor compromiso de Europa y Madrid con Canarias por las singularidades de su modelo productivo

Comité de Gestión Económica

La recaudación del IGIC ha caído en marzo un 66 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, reiteró hoy, viernes 3 de abril, el llamamiento al Gobierno de España y a la Unión Europea para un mayor compromiso con Canarias, dado el impacto particular de la epidemia del coronavirus COVID-19 en la economía, producto del peso del sector turístico. Rodríguez participó en la reunión del Comité de Gestión Económica convocada esta mañana, a la que se sumaron representantes de los agentes sociales y económicos del Archipiélago.

Rodríguez, que detalló las medidas adoptadas por su departamento en las últimas semanas, señaló que las dificultades a las que habrá que hacer frente no solo afectan a las empresas, sino también a las administraciones públicas, cuyos ingresos se derrumbarán mientras aumentan los gastos para combatir la enfermedad.

El vicepresidente advirtió, en este sentido, de la caída de los ingresos tributarios propios en los próximos meses, lo que ya se ha producido en el IGIC. La recaudación de este impuesto ha caído en marzo un 66 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

Hacienda aprueba nuevas medidas para aliviar las obligaciones fiscales de las empresas canarias

El BOC publica hoy una orden del vicepresidente y consejero del área, Román Rodríguez, que aplaza o reduce determinadas deudas tributarias

Los contribuyentes por módulos en el régimen simplificado del IGIC verán deducida de su cuota trimestral los días que no han tenido actividad

Rodríguez estima una nueva inyección de liquidez a la economía canaria de 150 millones, que se suman a los 600 millones derivados de una orden anterior

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha aprobado un nuevo paquete de medidas para aliviar las obligaciones fiscales de las empresas canarias y autónomos, y puedan hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus.

Las medidas incluyen el aplazamiento o reducción de determinadas deudas tributarias, de modo que se inyectarán otros 150 millones de euros en liquidez para la economía, de acuerdo con los cálculos del vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez. Esta cantidad se añade a los 600 millones resultantes de la aplicación de la batería de medidas aprobada el pasado 20 de marzo.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy la orden firmada por el vicepresidente, que complementa las adoptadas el  20 de marzo, entre las que se encontraba el aplazamiento hasta el 1 de junio del plazo de presentación de autoliquidaciones del IGIC del primer trimestre del año para pymes y autónomos.

Ahora y para el sistema de módulos del régimen simplificado del IGIC, la orden se establece el procedimiento para reducir la cuota trimestral -correspondiente a los dos primeros trimestres de este mismo año- como consecuencia de la suspensión de determinadas actividades económicas. En este caso, se deducirá de dicha cuota el importe de los días que la empresa ha cesado su actividad.

Del mismo modo, se amplía en 30 días hábiles el plazo de abono, en la modalidad de pago diferido, de las deudas derivadas de importaciones en Canarias, una medida que afecta al IGIC, al AIEM y al Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

La orden también amplía hasta el 1 de junio de 2020 el plazo el plazo de presentación de la autoliquidación del primer trimestre de la Tasa sobre el Juego, correspondientes a máquinas o aparatos automáticos.

Con respecto al IGIC, se amplía hasta el 27 de mayo de 2020 el plazo de presentación de la autoliquidación trimestral del IGIC para el caso de pagos a través de domiciliación bancaria, con lo que se pone en igualdad de condiciones a este tipo contribuyentes en relación a los que utilizan la vía presencial o telemática.

Hacienda acelera la compra de la clínica palmera Brismédical para sumar recursos contra el coronavirus

El vicepresidente y consejero de Hacienda firma la orden de adquisición del inmueble por un importe de 2,1 millones de euros

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha agilizado el procedimiento de adquisición de la clínica Brismédical, ubicada en Los Llanos de Aridane, para sumar recursos sanitarios en la lucha contra el coronavirus.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha firmado la preceptiva orden de  compra, que se formaliza bajo la fórmula de “adjudicación de contrato patrimonial de adquisición onerosa” a Brimédical S.L., sociedad propietaria del inmueble y actualmente bajo administración concursal del juzgado de Lo Mercantil Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Rodriguez ha explicado que la decisión se adopta a pesar de la suspensión de los plazos administrativos prevista en el Real Decreto por el que se declaró el Estado de Alarma en España y ante la probable utilización de la clínica para hacer frente “a la situación sanitaria crítica que atraviesa la sociedad”. La continuidad del procedimiento cuenta también con la conformidad del interesado, a través del administrador concursal.

El precio de compra asciende a 2.100.000 euros, lo que supone 200.000 euros por debajo de la tasación independiente efectuada al edificio.

La orden firmada por el consejero mandata también a la formalización del contrato en escritura pública en un plazo no superior a un mes desde la fecha de notificación de la misma.

El inmueble dispone de siete plantas (dos de ellas bajo rasante) y cuenta con una superficie útil construida de 2.200 metros cuadrados.

Rodríguez reclama formalmente al Estado autorización para usar el superávit contra el coronavirus

El vicepresidente y consejero de Hacienda remite una carta al Gobierno central para acogerse a una medida habilitada ya para las administraciones locales

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda en la que reclama la autorización del Ejecutivo central para destinar el superávit de la Comunidad Autónoma del año 2019 -unos 250 millones de euros- a paliar los efectos del coronavirus.

El vicepresidente solicita así formalmente lo que ya en reiteradas ocasiones ha demandado el Gobierno de Canarias, tanto en boca del jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, como del propio Rodríguez.

La oportunidad de la carta radica en que el Estado va a fijar en breve las cuantías que cada ayuntamiento puede destinar a este fin, de acuerdo con la autorización recogida en el Real Decreto de Medidas Urgentes para el caso de las administraciones locales.

El objetivo del Gobierno de Canarias es que se incluya al Archipiélago y al resto de comunidades autónomas con superávit en ese supuesto, y que el gasto no financiero resultante de su aplicación no compute a los efectos de la regla de gasto ni en los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Rodríguez advierte de que “la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 está creando graves necesidades adicionales que requieren ser atendidas urgentemente” y que en el caso de Canarias “se dan además circunstancias que agudizan la urgencia de estas medidas, como son sus elevadas tasas de paro y de pobreza, parámetros para los que Canarias se sitúa desgraciadamente por encima del promedio” y que aconsejan medidas excepcionales no sólo sanitarias, sino sociales y económicas.

Asimismo, la paralización de la actividad turística, que compromete tanto las previsiones de ingresos como de gastos, evidencia que “la vulnerabilidad de Canarias -continúa la misiva- resulta agravada también por sus particularidades económicas, entre las que destaca la alta dependencia del turismo, sector especialmente afectado por la crisis sanitaria actual y que para la CAC tiene un peso en su PIB (35,0%) y en el empleo (40,4%) significativamente superior al del promedio español (11,7% del PIB y 12,8% del empleo)”.

El vicepresidente explica que Canarias ha visto limitado el crecimiento del gasto público en los últimos ejercicios presupuestarios debido a la aplicación de la regla de gasto, lo que ha redundado en la generación de superávit en los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, que obligatoriamente se han destinado a amortizar deuda. Lo que se pretende es que el del año pasado pueda dedicarse a los gastos provocados por la pandemia.

Además, Canarias es la comunidad autónoma de España con un menor nivel de deuda (14,1% del PIB al cierre del tercer trimestre de 2019) y presenta un PIB per cápita inferior al promedio (-18,8% en 2018), “lo que pone de manifiesto el compromiso de Canarias con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las finanzas públicas”. Una vez que se ha cumplido con esos parámetros, Román Rodríguez entiende que hay superar las limitaciones existentes hasta la fecha para derivar los recursos a combatir los efectos de la pandemia en los ámbitos sanitario, social -asistencia a las personas más vulnerables- y económico -apoyo a empresas y autónomos afectados.

Rodríguez reclama al Estado un reparto equitativo del material sanitario contra el coronavirus entre las CCAA

El vicepresidente pide al Gobierno central que aclare cuanto antes el mecanismo para hacer efectiva la suspensión de las reglas fiscales

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, reclamó ayer al Estado un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas de los test, EPI y resto de equipamiento para combatir el coronavirus, a la vista del actual problema de abastecimiento básico.

Rodríguez, que participó en una videoconferencia con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, trasladó la preocupación del Gobierno de Canarias por la falta de material sanitario en las Islas.

El vicepresidente explicó que muchas comunidades autónomas no acudieron en su momento al mercado en busca de este material puesto que el Estado había determinado la centralización de las compras y que “ahora, cuando lo hemos hecho, hay una saturación enorme, que hace muy complicada las adquisiciones”.

Rodríguez subrayó que si bien los nuevos equipos asistenciales, como los respiradores mecánicos, deben distribuirse en función de las necesidades de los territorios y allá donde hagan más falta, los test de detección, los EPI y el resto de material de protección tienen que ser distribuidos de “manera justa y equitativa entre todas las comunidades autónomas”.

En este sentido, el vicepresidente detalló que Canarias ha realizado un número escaso de pruebas para una población de 2,2 millones de habitantes, “cuando éstas son vitales para medir el impacto de la propagación de la enfermedad, para predecir su evolución, determinar los aislamientos y evitar contagios”.

Rodríguez explicó a la ministra y al resto de consejeros autonómicos de Hacienda que, de los infectados en Canarias, el 20 por ciento son sanitarios, “lo que supone seis puntos por encima de la media española, una situación a tener muy en cuenta”.

Liquidez e inacción europea

El vicepresidente también reclamó al Ministerio de Hacienda que comunique cuanto antes a las comunidades autónomas el mecanismo para hacer efectiva la suspensión de las reglas fiscales que anunció la ministra en la reunión de ayer a los consejeros de Hacienda, al tiempo que criticó la falta de determinación de la propia Unión para permitir el endeudamiento de las administraciones públicas.

A este respecto, señaló que “la Unión Europea tiene que dar la cara con soluciones efectivas y con la habilitación de fondos adicionales para combatir los efectos económicos de la pandemia y no limitarse a la reorientación de los programas actuales”.

El vicepresidente canario, por otro lado, aludió a la necesidad de liquidez de las administraciones públicas debido a la reducción súbita de los ingresos y aumento de los gastos por la pandemia. Demandó al Gobierno central la adopción inmediata de medidas.

A este respecto, Rodríguez solicitó aclaraciones a la ministra sobre los plazos y las cuantías de la liquidación de la financiación autonómica del año 2018, a la que se ha comprometido el Gobierno español, toda vez que la propia María Jesús Montero hablaba de un anticipo del 50 por ciento, mientras que el presidente del Gobierno de España ha asegurado que sería el 100 por ciento.

Asimismo, el vicepresidente preguntó por los criterios que establecerá el Ejecutivo central para la inyección de liquidez en el sector privado, unos 20.000 millones de euros en avales, en el sentido de si la distribución se hará según el orden de presentación de las solicitudes o por sectores de actividad; pero Montero no pudo concretar este aspecto.