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El SCE facilita con 2,6 millones la formación de 301 personas de difícil inserción laboral

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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Patricia Hernández, facilita la formación de 301 personas de difícil inserción laboral con 2,6 millones de euros. Se trata de un programa dirigido a personas en riesgo de exclusión social que participarán en itinerarios de inserción a lo largo de un año impulsados por las entidades sociales.

El director del SCE, Alejandro Martín, explica que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda destina 2,6 millones en 21 proyectos de itinerarios de inserción, de los cuales las entidades se comprometen a conseguir un contrato para 103 personas y el resto obtendrá un título oficial

El director general del SCE, Alejandro Martín, explica que la Consejería destinará un total de 2.680.104 euros a 21 proyectos de entidades sociales en los que participarán, y obtendrán un título oficial, 301 personas en situación de desempleo. Del total de participantes, personas en riesgo de exclusión social, discapacitados e inmigrantes, las entidades se comprometen a insertar en el mercado laboral a 103 de ellos tras culminar el proyecto. Según concretó, Martín, las entidades sin ánimo de lucro que presenten sus proyectos deberán comprometerse a insertar al menos el 25% de las plazas, tal y como consta en la convocatoria publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Del total de 21 proyectos que en esta convocatoria subvenciona el Servicio Canario de Empleo, SCE, 11 van dirigidos a personas en exclusión social o riesgo de padecerla, 9 a personas con discapacidad y 1 a inmigrantes. En cuanto al número de plazas, se financiarán la realización de itinerarios de inserción de 156 personas en exclusión de las que 60 obtendrán un contrato al finalizar; 130 plazas para personas con discapacidad, de las que 39 conseguirán un empleo y 15 para inmigrantes, de las que 4 como mínimo serán empleados.

Los proyectos que desarrollen las entidades, y que deberán tener como mínimo un total de mil horas, comenzarán con la acogida y diagnóstico de cada caso una acción formativa adaptada a sus particularidades y necesidades, y posteriormente se le apoyará para favorecer su inserción laboral con técnicas de búsqueda de empleo y se le gestionará prácticas no laborales en empresas.

Los destinatarios de estos itinerarios de inserción laboral, son personas en desventaja social, que estén desempleadas e inscritas en la oficina de empleo, y, que se encuentren dentro de los colectivos de personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial. Más del 55% de las personas destinatarias del proyecto deberán ser mujeres, priorizándose dentro de este colectivo a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.

Del total del presupuesto de 2.680.104 euros que el SCE destina a esta convocatoria dirigida a entidades sin ánimo de lucro, 1.389.024 euros se destinará a personas en exclusión social o en riesgo de padecerla; 133.560 euros irán dirigidos a personas inmigrantes y por último 1.157.520 euros serán para itinerarios destinados a personas con discapacidad.

La finalidad de estos proyectos es mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de los colectivos a los que van dirigidos, aumentando su competitividad y proporcionando a las personas desempleadas con especiales dificultades el apoyo que necesitan, que por su naturaleza, no se pueden incluir en otros programas de subvenciones y ayudas en materia de formación profesional para el empleo, con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas adecuadas que mejoren su capacitación profesional.

Las personas cuidadoras de dependientes sin titulación y mayores de 55 podrán acreditar su experiencia

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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ha abierto el plazo para que, por primera vez, las personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio de personas dependientes que tengan más de 55 años y 2.000 horas de experiencia en el sector sin tener titulación, puedan obtener una titulación oficial, que será expedida por la Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda abre el plazo hasta el 31 de agosto de 2017 para que las personas que cumplan con los requisitos puedan solicitar la acreditación de la experiencia laboral a través de un título

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, destacó la importancia de este procedimiento «ya que se trata de un reconocimiento al trabajo y dedicación de muchos años desempeñado en su mayoría por las mujeres que, en la gran parte de los casos, han dejado de ser población activa para ocuparse del cuidado de sus familiares».  Para Hernández este título «permitirá mejorar de forma evidente las condiciones laborales y sociales de muchas personas».

Asimismo, Hernández recordó que las nuevas altas en el sistema de la dependencia generaron durante este año la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo. Aclaró que el buen ritmo de altas es debido al plan de choque que se puso en marcha al inicio de la legislatura y que se mantendrá el año que viene con una partida presupuestaria de 1,3 millones de euros, que se suma a un incremento de 15 millones para la dependencia, alcanzando los 115 millones de euros.

Hernández detalló que las personas cuidadoras podrán acreditar sus competencias profesionales siempre que tengan más de 55 años a 31 de diciembre de 2015 y que carezcan de titulación. Además, deben tener una experiencia laboral de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 10 años, tal y como consta en una orden publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Asimismo, las personas extranjeras que cumplan los requisitos de edad y experiencia podrán igualmente solicitar la habilitación si disponen de certificado de registro de ciudadanía comunitaria, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o si fueran titulares de una autorización de residencia, o de residencia y trabajo.

Por último, recordó que el plazo para presentar las solicitudes estará abierto a partir de mañana y hasta el 31 de agosto de 2017.

El Comisionado anima a las administraciones lanzaroteñas a implantar las cláusulas sociales

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El Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández, mantuvo un encuentro con los representantes de las áreas de atención social en la isla de Lanzarote, las entidades sociales y los representantes sindicales, con el objeto de conocer la situación real de las personas en exclusión social en la isla e impulsar la implantación de las cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones con las empresas externas. La idea, como explica el comisionado, es que «las contrataciones que realiza cualquier administración pública con una empresa estén guiadas por criterios que primen la calidad del empleo, las condiciones laborales y salariales, la integración de personas con discapacidad o la perspectiva de género».

Néstor Hernández mantuvo un encuentro con los responsables del área social del Ayuntamiento de Arrecife, del Cabildo de Lanzarote y conoció la actividad que realiza Grevislan en la Isla para atender a las personas con discapacidad

Néstor Hernández asegura que si las administraciones públicas cumplen con las cláusulas sociales «toda la sociedad obtiene beneficios y se favorece la inclusión de todos los colectivos». «Las cláusulas sociales ya son de obligado cumplimiento para las contrataciones que realiza el Gobierno de Canarias -añade- pero queremos que todas las administraciones sean conscientes de su importancia para que las empresas cumplan con su responsabilidad social».

En el encuentro estuvieron junto a la consejera del cabildo de Bienestar Social, Lucía Olga Tejeda, y la concejala del ayuntamiento capitalino, Victoria Eugenia Sande, los representantes de la Fundación Flora Acoge, Cáritas parroquiales, la Asociación de Familiares y Amigos contra la Droga, Cruz Roja Lanzarote, UGT y CCOO.

Tras la reunión con las autoridades lanzaroteñas y representantes de las entidades sociales, Hernández visitó las instalaciones del Centro Especial de Empleo de la asociación que atiende la discapacidad en la isla, Grevislan, y que recientemente recibió el premio Integra BBVA en la categoría de impulso a la consolidación y desarrollo futuro de iniciativas de emprendimiento social.

El SCE activa un plan para ejecutar los fondos de Empleo que llegan más tarde que nunca

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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Patricia Hernández, ha activado un plan de urgencia a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) para ejecutar los 111 millones de euros que el Ministerio de Empleo asignó a Canarias el pasado mes de abril y cuya distribución se ha publicado hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con más de 8 meses de retraso.

Alejandro Martín recuerda que solo se dispone de 16 días para ejecutar los 111 millones que el Ministerio debía a Canarias y reclama que la transferencia de fondos vuelva a ser cada tres meses

El director del SCE, Alejandro Martín, asegura que los fondos estatales para políticas de empleo y formación llegan más tarde que nunca y ponen en riesgo la ejecución del presupuesto de este año, a lo que añade que los principales perjudicados de este retraso son las personas desempleadas.

Martín explica que «aunque nos hemos anticipado y hemos ido publicando las diferentes convocatorias en ejecución de las políticas de empleo, hasta hoy mismo que se ha publicado la orden en el BOE no podemos empezar a resolver los expedientes, paso previo a la selección de los participantes en cada proyecto, por lo que el inicio de muchos de ellos se va a tener que retrasar, ya que el proceso de selección requiere de un tiempo del que ahora mismo no disponemos porque se nos ha dejado todo para el final».

El director del SCE reunió hoy a los técnicos para analizar programa por programa, con el fin de determinar cuáles deben ejecutarse necesariamente antes del 30 de diciembre para darles la máxima prioridad y en cuáles puede demorarse la selección de participantes unos días, con el fin de sacar todo aquello que corre el riesgo de quedar sin ejecutar por falta de tiempo».

Se debe tener en cuenta que la orden de distribución de fondos que se publica hoy en el BOE determina no solo la cuantía que recibe cada comunidad autónoma y autoriza a iniciar su ejecución, sino que también regula cómo y en qué debe invertirse el dinero. En este caso se da el agravante de que se han realizado sin previo aviso modificaciones en relación con el año pasado, lo que dificultará aún más el trabajo.

Alejandro Martín considera «muy grave este retraso, que cada año se dilata un poco más. En 2012 la distribución de los fondos se hizo efectiva un 24 de septiembre, en 2013, un 26 de noviembre; en 2014, se publicó la orden un 29 de octubre y el año pasado, el 3 de diciembre. Este año, en el colmo del retraso, se publica hoy, 7 de diciembre».

Por ello, reclama que «la transferencia de los fondos se haga cada tres meses como se hacía antes de que gobernara el PP», y como ejemplo cita los años 2010 y 2011, cuando las órdenes se publicaron entre los meses de marzo y abril.

Dependencia apoya con 51.600 euros la atención a personas con autismo en Tenerife

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha concedido una subvención de 51.600 euros con la que financia íntegramente en este año la gestión integral del centro de Día y las actividades que se realicen en el centro de la asociación de padres de personas con autismo, APANATE.

El departamento que dirige la vicepresidenta, Patricia Hernández, mantiene así los gastos del centro de día y las actividades que desarrollan la asociación de padres de personas con autismo de Tenerife, APANATE

El Centro de Recursos para el autismo de Tenerife es un espacio específico de modalidad de «necesidad de tercera persona», que requiere de apoyos especiales en actividades de vida diaria, especialmente en aquellas salidas a la comunidad. El Centro no es asistencial, ya que se realizan actividades en la Comunidad y se producen al menos cuatro salidas diarias a la semana, lo que supone que más de un 50% de las horas se realizan fuera de las instalaciones del centro.

Entre otros objetivos, este proyecto se propone generar líneas de trabajo basadas en la adaptación y la inclusión de actividades sociales, a través del desarrollo y aplicación de sistemas alternativos de comunicación, entre otras tareas.

La asociación APANATE tiene como uno de sus principales objetivos desarrollar programas altamente especializados para personas con trastorno de espectro autista con necesidades de apoyos especializados, generando así mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familiares.

Hernández analiza con el alcalde de Pájara las necesidades municipales e insulares

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, realizó ayer una visita oficial al municipio de Pájara(Fuerteventura) junto con el alcalde, Rafael Perdomo, en la que ha analizado junto con el primer edil las necesidades municipales e insulares. Hernández, a preguntas de los periodistas, insistió en la necesidad de que «todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan los mismo servicios» y por ello ha comentado que invertir en recursos sociosanitarios en la isla, que parte de una situación de desventaja con respecto a otras, es una prioridad para compensar esas desigualdades en la atención sociosanitaria.

La vicepresidenta del Gobierno ha realizado una visita institucional al municipio turístico de Fuerteventura donde ha explicado que el Plan contra la Explotación Laboral puesto en marcha por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha permitido duplicar el número de contratos indefinidos en la isla

La vicepresidenta del Gobierno, que también visitó la Agencia de Desarrollo Local, se ha referido también a los datos del Plan contra la Explotación Laboral puesto en marcha por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que, ha dicho, «ha sido todo un éxito».

En concreto, Hernández ha explicado que el efecto inducido de esta iniciativa ha permitido que el número de contratos indefinidos en Fuerteventura se haya multiplicado por dos entre octubre de 2015 y octubre de este año, a falta de analizar los datos de diciembre.

Por su parte, el alcalde de Pájara agradeció a la vicepresidenta la visita que ha realizado para conocer los principales retos del municipio.

Perdomo ha asegurado que, en el marco del encuentro que ambos han mantenido, «hemos aprovechado para hablar de cuestiones fundamentales, como la Dependencia, la vivienda o las necesidades sanitarias del municipio»​

Políticas Sociales reconoce a las empresas que se implican en la integración de personas con discapacidad

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La Consejería Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Dirección General de Dependencia, que dirige Marta Arocha, reconoció ayer en el acto de entrega de los premios SINPROMI INTEGRA 2016, la importancia de la labor de las empresas que se implican en la contratación de personas con diversidad funcional o discapacidad. «Es justicia para ellos y beneficios para todos. Porque una persona con cualquier  discapacidad  tiene un talento que aportar y unas ganas de desarrollarse que no pueden ser desaprovechados», resaltó Arocha, encargada de entregar un galardón, que insistió en el deber de las administraciones públicas en incidir en un mensaje integrador ante las empresas y la ciudadanía.

La Esponja del Teide, KFC Tenerife, Hoteles H10 Las Palmeras, y Transportes Pérez y Cairos han sido galardonados durante la entrega de premios SINPROMI INTEGRA 2016, acto al que ha acudido la directora general de Dependencia

Explicó que en el panorama laboral actual, quienes padecen discapacidad tienen ante sí barreras más altas que el resto. Su esfuerzo no puede compararse al de otros porque no sólo tienen que demostrar competencia y aptitud para el puesto al que aspiran, sino que además han de derribar un muro de prejuicios.

En este sentido, el Gobierno de Canarias destaca la importante labor de las empresas premiadas a la hora de poner en valor a las personas con discapacidad en un puesto de trabajo, así como facilitar una integración social en la que van implícitos el reconocimiento a su dignidad  y la apuesta por la igualdad como base de las relaciones laborales.

Cabe destacar que uno de los grandes avances en la inserción laboral de las personas con discapacidad  que ha incorporado la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que dirige Patricia Hernández «es la inclusión de los Centros Especiales de Empleo en  las Cláusulas Sociales de los contratos de la Administración pública, entre las que se encuentra la modalidad de inserción social, primando con un 15 % en el baremo de  los contratos públicos, a las empresas en las que la mitad de la plantilla esté formada por personas con dificultades en el acceso al mercado laboral».

Las empresas galardonadas por el jurado de los premios SINPROMI INTEGRA del que la directora general de Dependencia y Discapacidad formaba parte han sido La Esponja del Teide, KFC Tenerife, Hoteles H10 Las Palmeras, y Transportes Pérez y Cairos.

El jurado ha valorado especialmente la inclusión sin distinciones, en el que el  trabajador o la trabajadora con discapacidad es uno más de la plantilla, adaptando en lo necesario el puesto a sus necesidades pero integrado de la misma manera en cuanto a la forma de contratación o los cursos de formación. Singularmente se ha considerado el interés de las empresas por las mujeres con discapacidad, ya que «ellas todavía tienen una piedra más en el camino que sus colegas masculinos».

Por último Arocha agradeció la labor del CERMI, cuyo presidente, Javier Bencomo estuvo presente en el acto, a las empresas participantes y al Cabildo de Tenerife, institución organizadora de los premios.

Gabinete de Comunicación Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda Gobierno de Canarias 922 92 38 45

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, presidió hoy, jueves 1 de diciembre, el patronato de la Fundación de Radio ECCA, en la que, entre otros asuntos, se nombró a los nuevos miembros del Patronato. La reunión también contó con la asistencia del director general de Radio Ecca, Lucas López, además del resto de miembros que forman parte del Patronato. Por parte del Gobierno de Canarias, además de la vicepresidenta, Patricia Hernández, asistió la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, y el viceconsejero de la Presidencia, José Miguel Barragán.

Hernández destacó la importancia de la educación «para tener una oportunidad de vida, poder construir un futuro y poder tener herramientas en las manos para llegar a donde uno quiera». Al respecto, recordó la labor que desempeña Radio Ecca como instrumento de inclusión social y fomento del empleo desde hace casi 52 años en Canarias merece el reconocimiento de toda la sociedad canaria. «Radio Ecca se ha convertido en ese canal que da oportunidades a las personas, especialmente a los más vulnerables», comentó. Hernández añadió que no solo se trata de formar durante más de medio siglo «sino que son muchos años de experiencia innovando en la accesibilidad de esa formación».

Para Hernández «la educación y la igualdad de oportunidades debe situarse por encima de los partidos políticos, y que se rompan las barreras de los partidos». En este sentido aludió a la necesidad de que «se llegue a un gran pacto por la educación en toda España y que las leyes no tengan que modificarse cada vez que cambia una mayoría parlamentaria».

Durante el transcurso de la reunión del Patronato también se dio cuenta de la memoria estadística 2015-2016, así como la memoria financiera 2015-2016 y presupuestos 2016-2017. Igualmente, se abordó la primera Memoria de progreso 2015-2016 del Plan Estratégico Institucional ECCA 2020, así como los Premios ECCA para el año 2017.

El Patronato de Radio ECCA, su principal órgano de gobierno, cuenta con la representación de todas las instituciones y personas del ámbito educativo. Se reúne una vez al año y cuenta con una comisión ejecutiva para su gestión y funcionamiento.

El Gobierno primará el empleo de personas en exclusión a través de las contrataciones públicas

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El Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández, visitó hoy las instalaciones de la empresa de inserción de la Asociación Domitila Hernández, que presta servicios de atención a las personas dependientes en la isla de Tenerife. Hernández desatacó la gran labor que realizan las empresas de inserción para facilitar la contratación de las personas en exclusión social y aseguró que «las cláusulas sociales aprobadas por el Gobierno de Canarias en septiembre obligan a todos los departamentos a primar la empleabilidad de personas con más dificultades en los contrataciones públicas con empresas externas».

Posteriormente se reunió con los centros especiales de empleo de las islas occidentales para informarles sobre las nuevas cláusulas sociales para los contratos que realice el Gobierno de Canarias con empresas externas

Durante esta visita también recordó que cada año el Gobierno de Canarias fijará una reserva en sus presupuestos generales para las contrataciones con los centros especiales de empleo, empresas de inserción y programas de empleo protegido.

En Canarias existen un total de once empresas de inserción dedicadas, fundamentalmente, a actividades vinculadas al sector servicios que cuentan con financiación del departamento de empleo del Gobierno de Canarias. Este año las empresa de inserción dispondrán de casi dos millones de euros (1.979.000 euros) que se destinarán a la contratación o el mantenimiento del puesto de trabajo de 149 personas en situación de exclusión social, a la inserción de otras 20 personas en el mercado ordinario de trabajo y a la contratación de 39 personas más como parte de los equipos de apoyo a estas personas durante el proceso.

El objetivo de este programa del Gobierno es facilitar la contratación de personas en exclusión, primero en una empresa de inserción para, posteriormente, propiciar su inserción laboral en el mercado de trabajo ordinario.

El comisionado se reunió hoy martes también con los representantes de los centros especiales de empleo de Santa Cruz de Tenerife, tal y como hizo la pasada semana con los centros de Las Palmas, con el objeto de analizar las nuevas directrices, aprobadas por el Gobierno de Canarias en el mes de septiembre, para favorecer la inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones que realice la administración con empresas externas.

Con la inclusión de estas cláusulas, el Gobierno pretende que el concepto de contratación pública no solo incluya la ejecución de obras, la prestación de servicios o adquirir suministros, sino que redunde en el beneficio común y el interés público como son la inserción laboral de personas desfavorecidas, la igualdad entre mujeres y hombres, la generación de empleo, la sostenibilidad ambiental, la calidad en el empleo o el cumplimiento de los derechos éticos y humanos, en sintonía con la normativa europea.

En la actualidad existen en Canarias 64 centros especiales de empleo acreditados, que solo durante el año pasado facilitaron la contratación de 2.566 personas con discapacidad. A través del Servicio Canario de Empleo, el Gobierno subvenciona a los centros especiales de empleo con ayudas que permiten tanto el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad como la contratación de personal técnico de apoyo y la contratación indefinida de personas con discapacidad por empresas ordinarias. Para este año 2016 está previsto invertir más de 6 millones de euros en los centros acreditados en las Islas.

En líneas generales, las cláusulas sociales y medioambientales permiten que el Gobierno de Canarias anteponga en sus contrataciones públicas a aquellas empresas que ofrecen mejores condiciones laborales. En concreto, se premia con hasta un 15% sobre el total del baremo en los criterios objetivos a aquellas empresas que paguen mejor salario, que contraten a un mayor número de personas, también obtendrán hasta un 15% las que completen la mitad de su plantilla con personas con dificultades de acceso al mercado laboral, todo ello sin menoscabo alguno de los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato que rige cualquier procedimiento de contratación pública.

Enlace al contenido íntegro de las directrices en la contratación pública:

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/presidencia/temas/Comisionado_Inclusion_Social_Lucha_contra_Pobreza/ficheros/clausulas_sociales.pdf

Hernández destaca que las 4.000 altas en Dependencia han creado 1.000 nuevos empleos

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ha hecho hoy hincapié en que la Ley de Dependencia no es solo un gasto social «muy justo» es, además, una herramienta que permite la creación de empleo de calidad, una inversión que genera empleo. De esta forma, ha asegurado que las 4.000 nuevas altas en el sistema de Dependencia que se su departamento ha registrado en el archipiélago entre enero y octubre de este año, frente a las 2.548 del mismo período del año anterior, han permitido la creación de un millar de nuevos puestos de trabajo.

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda anuncia el mantenimiento del plan de choque para sostener el ritmo de gestión de altas en el sistema

«Hay que salir a convencer a todos de que esto genera empleo, que no es solo un gasto muy justo, sino que es una inversión que crea empleo de calidad», ha añadido en unas declaraciones en el marco de la Jornada de Dependencia celebrada en Santa Cruz de Tenerife, organizada por Canaria de Avisos S.A., a la que han asistido el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

La vicepresidenta del Gobierno ha recordado que el ritmo récord de altas en el sistema que se ha alcanzado en Canarias es, en buena parte, fruto del plan de choque puesto en marcha al inicio de la legislatura y que, ha anunciado, se mantendrá el año que viene con una partida presupuestaria de 1,3 millones de euros que se suman a un incremento de 15 millones para la dependencia, que duplica el crecimiento del año anterior y supera la partida total en una cifra de 115 millones de euros.

«Pusimos en marcha un plan de choque inicial de seis meses para dar nuevas altas en el sistema y hemos visto que no es suficiente, por lo que hemos incorporado los créditos necesarios para mantener a los trabajadores que realizan esa tarea en la actualidad y seguir dando altas en el sistema», ha agregado la también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

De esta manera, el objetivo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda es sostener el ritmo mensual de gestión de nuevas altas en el sistema, un ritmo que, según ha explicado el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, permitiría acabar con la lista de espera en las islas a final de legislatura si fiera de unas 400 altas al mes.

Hernández ha asegurado que su departamento centra la línea de trabajo en los grados moderados y en diversificar la asistencia a domicilio y teleasistencia, al tiempo que ha dicho que «si bien es verdad que ahora tenemos más dependientes atendidos que esperando y antes era justo al revés, no nos conformamos y nos parece que las listas de espera siguen siendo muy altas, debido a que nuestra posición de partida era muy mala».

Señaló que la ley de dependencia era un instrumento para beneficiar a las mujeres, porque son, mayoritariamente, las cuidadoras de los dependientes, y «cuando el Gobierno del Partido Popular ha recortado en materia de Dependencia, lo ha hecho de forma intencionada porque sabe que no les genera un problema, ya que son las mujeres las que lo cubren». Por ello Hernández ha dicho que «si las mujeres nos pusiéramos en huelga de cuidados, el Estado tendría un problema que tendría que resolver. Cuando el Estado del Bienestar retrocede, cuando la Ley de Dependencia retrocede, los derechos de las mujeres retroceden porque son ellas las que dejan de ser población activa para ocuparse del cuidado de sus familiares», ha agregado.