El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, la consejera de Vivienda, Inés Rojas y el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, entregarán el 28 de febrero, la promoción de 11 viviendas de promoción pública que el Gobierno de Canarias construyó en Los Realejos para entregar en régimen de alquiler a familias con escasos ingresos del municipio. La inversión del Gobierno de Canarias en esta promoción de viviendas protegidas en alquiler fue de cerca de un millón de euros (908.206,95€).

Canarias es la segunda comunidad con mayor número de viviendas sociales de todo el Estado de las que 17.000 están en alquiler con mensualidades adaptadas a los ingresos familiares

El Gobierno de Canarias adjudicó 10 viviendas, del total de la promoción, por el procedimiento de sorteo mixto que viene recogido en el Decreto 138/2007 de 24 de mayo. Del sorteo resultaron: una por el cupo  con movilidad reducida con necesidad de silla de ruedas, una familia por el cupo de Mayores, una familia por el cupo de Jóvenes, una por el cupo de víctimas de violencia de género, una por el cupo de Familias de Composición Reducida (formado por dos miembro) y  5 familias por el cupo General.

Previo al sorteo se reservó la vivienda de seis dormitorios restante, un piso tutelado, conforme a la calificación, y en base a lo establecido en el Decreto 138/2007, que también será entregado al Ayuntamiento de Los Realejos para el desarrollo de un programa destinado a Personas con Enfermedad Mental gestionado por la Asociación Canaria de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, AFES.

Las viviendas se han distribuido en dos portales de dos plantas de viviendas y una planta de semisótano con 11 plazas de garajes y un local social. El edificio cuenta con una vivienda de cuatro dormitorios;  7 viviendas de tres dormitorios, de las que una es adaptada para personas con movilidad reducida; una  vivienda de dos dormitorios, una  vivienda de un dormitorio y el piso tutelado de 6 dormitorios.

De acuerdo al perfil de las familias adjudicatarias, la mayoría son mujeres solas con cargas familiares y la mayoría con edades comprendidas entre 46 y 65 años.

De las 10 familias que acceden a las nuevas viviendas,  4 son residentes en el municipio desde hace más de 30 años, 3 llevan entre 20 y 30 años y otras 3 entre 5 y 10 años residiendo en Los Realejos. En cuanto a los ingresos, la mayoría no supera los 7.000 euros.

Esta promoción se incluye en el programa de construcción de viviendas protegidas en régimen de alquiler del Plan de Vivienda de Canarias para entregar a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (11.000 euros).

La segunda comunidad con mayor número de viviendas sociales de todo el Estado. Canarias cuenta en la actualidad con un parque de viviendas sociales  protegidas en alquiler de más de 17.000 viviendas, como las que mañana se entregan en el municipio tinerfeño de Los Realejos, de las que la mayoría, cuando las familias tienen muy escasos ingresos, reciben una subvención que les cubre hasta el 99% de la renta.

Además, según el informe de viviendas desocupadas de la Oficina del Defensor del Pueblo, Canarias es, después del País Vasco, la comunidad con mayor número de viviendas protegidas de promoción pública.

A este número de viviendas se suman también las que en últimos años se han movilizado en alquiler a pesar de construirse para la venta, como las 835 viviendas protegidas que ya ha entregado a familias con dificultades.

La política social en materia de vivienda del Gobierno de Canarias contempla también la dación en pago para las viviendas protegidas y que viene recogida en el decreto 135/2009 que regula el Plan de Vivienda de Canarias.

En esta misma línea, el Gobierno de Canarias, y en el marco de la aprobación de la Ley de Vivienda de Canarias, ha establecido un acuerdo con la Caixa y un convenio con BANKIA para movilizar sus viviendas desocupadas en colaboración con la FECAM. Y un acuerdo

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó en su sesión del 11 de junio de 2014, el proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, cuyo objetivo es posibilitar la intervención de la Administración en el ámbito de la vivienda libre con medidas incentivadoras, y velar por la puesta a disposición de la ciudadanía  más necesitada, de todas las viviendas deshabitadas.