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El Gobierno de Canarias inicia el trámite de modificación de la Ley de Cámaras de Comercio

Con la modificación de esta ley, el Gobierno autonómico pretende acelerar la constitución del Consejo General de Cámaras y aportar mayor transparencia al proceso electoral de las diferentes Cámaras

El Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado la memoria justificativa del anteproyecto de ley para modificar la actual Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias, con el fin de adaptarla a las necesidades del sector empresarial del archipiélago. Entre los artículos a modificar figuran el que regula la participación del empresariado en las elecciones a las diferentes Cámaras y el que fija la aportación de cada una de ellas al Consejo General de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias, todavía por constituir.

Hasta el momento, la aportación de cada una de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación al Consejo General estaba regulada por la Ley del Parlamento de Canarias 18/2003, que fijaba la aportación mínima de cada Cámara al Consejo General en el 5% del rendimiento líquido del recurso que recauden anualmente. En la práctica, este parámetro ha resultado ser demasiado elevado, lo que genera serias dificultades para la puesta en marcha del Consejo. El Gobierno de Canarias, a petición de las propias Cámaras Oficiales de Industria, Comercio y Navegación, ha estimado oportuno incluir en el anteproyecto de ley una rebaja en esa aportación mínima hasta el 1% de los ingresos de las diferentes Cámaras, mientras que la máxima se mantiene en el 25% de los ingresos que fija la ley actual.

El objetivo de este cambio es lograr que se pueda constituir el Consejo General de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias, como órgano fundamental para la regionalización de los servicios que ofrecen estas instituciones a todo el empresariado canario y, sobre todo, para articular una mejor proyección internacional de las empresas del archipiélago, a través de iniciativas consensuadas y aprobadas en una institución de carácter autonómico.

La otra modificación importante de la Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias recogida en el anteproyecto estudiado en el Consejo de hoy se refiere al proceso electoral para elegir a los miembros de los órganos de gobierno camerales, en particular del Pleno y el Comité Ejecutivo.

La falta de claridad normativa y las referencias en el texto vigente a normas de ámbito estatal han llevado en el pasado a diferencias relevantes en la interpretación de la ley, no exentas de controversia. El Gobierno de Canarias pretende aportar más claridad a los procesos electorales, con una mejor definición tanto de los censos, como del sistema de representación y votación por el que se rigen los empresarios.

El anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley del Parlamento de Canarias 18/2003, de 11 de abril, de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias establece la distinción entre tres censos: el censo electoral general, que incluye a todos los electores de una Cámara; el censo electoral insular, sólo para las islas que carezcan de Cámara; y el censo de representantes de los electores, para personas jurídicas.

De estos tres censos, el que tendrá mayores efectos en la agilización de todo el proceso electoral será el de representantes de los electores, puesto que, hasta ahora, sus credenciales se comprobaban in situ, en el momento de la votación. Al contar con un censo previo de esta representatividad, el momento de la votación no llevará más tiempo que a los electores individuales. Además, el nuevo texto regula otro aspecto de relevancia, como es el voto por correo.

En primer lugar, el anteproyecto de ley elimina la posibilidad de que las personas jurídicas puedan emitir el voto por correo, puesto que su propia naturaleza hace que puedan nombrar a sus representantes ante la mesa de votación sin mayores dificultades. Ésta posibilidad sí se justificaría en determinados territorios peninsulares, donde la distancia entre la sede de la empresa y el colegio electoral es considerable.

En segundo lugar, el anteproyecto de ley pretende garantizar que no existan intromisiones de terceros en el proceso de recepción, manipulación y emisión del voto por correo de las personas físicas. Esto se lograría con la obligación de que las Cámaras envíen la documentación al domicilio propio del elector y con un desarrollo reglamentario posterior, para evitar la interposición de terceros en la preparación y emisión del voto.

Para garantizar la correcta aplicación de estas normas y de cualquiera posterior, así como aumentar la transparencia de las elecciones camerales, se aumentará la presencia del Gobierno de Canarias en las diferentes juntas electorales. En lugar de uno, como hasta ahora, habrá dos representantes de la Comunidad Autónoma en cada junta y uno de ellos ejercerá como presidente.

Este esfuerzo normativo del Gobierno de Canarias obedece, por un lado, a la necesidad de agilizar y dar transparencia a los procesos electorales, y, por otro, a la obligación de avanzar en la regionalización y posterior internacionalización conjunta del trabajo que realizan estas instituciones.