El Ejecutivo adopta esta decisión tras la negativa del Estado a entablar negociaciones

El Gobierno de Canarias presentó el pasado día 29 de agosto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo por «invasión de competencias», según aseguró hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano.

El Consejo de Gobierno acordó el día 7 de agosto intentar abrir negociaciones con el Estado y, en el caso de que no fructificasen, tramitar el recurso de inconstitucionalidad, tal como finalmente se ha hecho tras rechazar el Gobierno central la propuesta canaria.

En el recurso presentado por el Gobierno de Canarias se niega la competencia del Estado para imponer la reserva del 30 por ciento de la edificabilidad residencial para viviendas sujetas a un régimen de protección. Esta reserva, que se trata de una determinación propia de las materias de urbanismo y vivienda, «corresponde a la competencia exclusiva autonómica».

La Ley del Suelo dedica una serie de preceptos a regular actuaciones de transformación urbanística (urbanización y dotación). En el recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de Canarias considera que «la transformación urbanística es una actividad materialmente urbanística, cuya regulación compete a la Comunidad Autónoma». De hecho, el Tribunal Constitucional la ha calificado como uno de los núcleos centrales que integran la materia «urbanismo» y no admite la regulación de este asunto por parte del Estado.

Otra de las materias en las que dicha ley incurre en una invasión de competencias es la regulación de los procedimientos especiales para la aprobación de los planes creados por la Comunidad Autónoma.

Finalmente, existen tres disposiciones transitorias que contienen regulaciones sustantivas en materias sobre las que el Estado carece de competencias, y que han sido dictadas con carácter supletorio hasta que las Comunidades Autónomas dicten su propia regulación. Sobre esta cuestión, se niega en el recurso la competencia del Estado para dictar normas de derecho supletorio en materias sobre las que no tiene ningún título competencial que le ampare, según se dicta en el informe jurídico.