La Ley 35/2011 tiene por objeto regular la titularidad compartida de las explotaciones agrarias con el fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en medio rural
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente al artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Al mismo tiempo, el Consejo de Gobierno acordó solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias en relación con dicho recurso.
La Ley 35/2011 tiene por objeto regular la titularidad compartida de las explotaciones agrarias con el fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en medio rural.
En ese sentido, se enmarca en las acciones contenidas en las políticas de igualdad y, por eso su propósito se fundamenta en la competencia del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de los deberes.
No obstante, la materia de fondo sobre la que versa, la agricultura ¿tal y como contempla el Estatuto de Autonomía de Canarias- es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.
Siendo así, la ley contempla la intervención de las comunidades autónomas en uno de los aspectos más relacionados con la administración del régimen de titularidad compartido, el que atribuye (artículo 6 de la Ley 35/2011) la constitución y gestión del registro de titularidad compartida.
El Gobierno de Canarias entiende que no es adecuado que sea el Estado el que dicte la legislación que imponga a la comunidad autónoma la constitución y gestión del registro de titularidad compartida en los términos contemplados en la Ley.



