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El Gobierno propone la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias

El consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, explicó hoy al Consejo de Gobierno la oportunidad, de modificar la Ley Territorial de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para recoger los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo regional y el Gobierno del Estado.

Esta Ley, aprobada por el Parlamento de Canarias el 29 de marzo de 2007, tiene por objeto la ordenación del transporte por carretera y de las actividades complementarias relacionadas con el mismo que se desarrollen en el ámbito territorial de las islas. Regula, la actividad del transporte por carretera en todas sus modalidades, públicas y privadas y diseña un conjunto de instrumentos que sirven para lograr otro objetivo: el engarce, sin solución de continuidad, de este modo de transporte con otras modalidades, aún cuando éstas cuenten con su propia regulación, como es el caso del transporte marítimo. Este es el sentido de los preceptos dedicados a los Planes Territoriales y Estratégicos de Transportes.

Juan Ramón Hernández señaló que esta Ley y la de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias, fueron objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio de Fomento. Ante esta circunstancia y con la intención de alcanzar un acuerdo extraprocesal, se constituyó una Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias para conseguir un consenso sobre las mismas

Dicha Comisión Bilateral, llegó el pasado 21 de febrero, a un acuerdo para resolver las discrepancias que se presentaron sobre algunos artículos de la ley de Transporte por carretera. Por lo que es necesario modificar la normativa de forma que se recoja el acercamiento de las posiciones de ambas Administraciones.

En este sentido, y como resultado de este acuerdo, esta ley regirá también las actividades que desarrollan las empresas que se encarguen de la mediación, la información y contratación, la distribución de cargas, la agrupación, almacenaje y logística de cargas.

En cuanto al transporte interurbano, en el texto se entiende por éste al transporte regular de viajeros que se desarrolle y comunique núcleos poblacionales diferentes situados dentro de una misma isla.

También se establece en esta modificación, que los vehículos utilizados por las empresas deberán ser propiedad de las mismas, debiendo estar matriculados a su nombre, o disponer de los mismos en régimen de arrendamiento, leasing o renting.

El Gobierno de Canarias será responsable de que los vehículos no domiciliados en Canarias cumplan las exigencias establecidas por la normativa comunitaria y estatal para la realización de esos servicios de transporte.

Queda derogado todo lo referente a la definición y regulación de transitarios establecida anteriormente, donde se establecía que las agencias de transportes deberían contratar en nombre propio tanto con el transportista como con los usuarios y cargadores.

Finalmente hay que añadir que el único punto respecto al cual ambas Adminstraciones dejan patente sus discrepancias es el referente a la aplicación progresiva del uso del Tacógrafo, contenido en Disposición Transitoria Tercera de la Ley.

En este sentido, el consejero señaló que a pesar de que el Real Decreto del Estado establecía la obligatoriedad del uso del tacógrafo sólo en las islas mayores de 1.500 kilómetros cuadrados, es decir, en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, de acuerdo con los grupos políticos y con el sector, decidió que era necesaria la implantación del tacógrafo en las siete islas porque el trafico interinsular de mercancías y de pasajeros se ha multiplicado en los últimos años. Canarias, dado el avance de sus infraestructuras y del transporte marítimo, ha visto como, de forma cotidiana, los transportistas se desplazan de una isla a otra en el mismo día.

Por este motivo, el Gobierno de Canarias apostó por la implantación del tacógrafo dado que será un elemento que permitirá armonizar las condiciones de trabajo y de la competencia entre los medios de transporte terrestre, especialmente por lo que respecta al sector del transporte por carretera.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha intentado trasladar al Ministerio el problema que se plantea en islas como Fuerteventura donde no hay centros de ensayo autorizados para la activación y certificación del tacógrafo, por lo que tendrán muy complicado cumplir con todos los requisitos exigidos en la norma.

En definitiva, el sector y las administraciones coinciden en la necesidad de la implantación del tacógrafo, pero la Ley canaria establecía unos plazos más amplios que los propuestos en el Real Decreto ministerial atendiendo a las especiales condiciones de fragmentación de las Islas Canarias y a que en Canarias nunca se ha aplicado el tacógrafo, mientras en el resto del territorio nacional está en vigor desde 1985, por lo que el resto de España tiene acumulada una experiencia en la aplicación de este elemento. Esta circunstancia es el objeto de la discrepancia entre el Estado y Canarias que provocó que el Ministerio interpusiera el anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo ambas administraciones han coincidido en la necesidad de mantener las negociaciones que podrían llevar a una retirada de este recurso.