La Dirección General de Infancia y Familia publica hoy, en el BOC, la apertura del plazo para la presentación, por parte de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, de propuestas para la implementación de programas de ejecución de medidas no privativas de libertad impuestas por los Juzgados de Menores.
La convocatoria, publicada en el BOC 2016/48 de 10 de marzo va dirigida a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro
El plazo de presentación será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el BOC (10 de marzo). Si el último día de plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Podrán participar las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro debidamente inscritas en el registro oficial y que tengan por objeto la integración integral de menores y jóvenes en situación de conflicto social o que se les haya impuesto medidas judiciales penales.
La resolución incorpora entre los requisitos de formulación de propuestas, el contexto en el que han de formularse, las actuaciones materiales esenciales, el modelo de solicitud, así como las obligaciones que asumirán las entidades, en las que cabe destacar la ejecución del programa de intervención integral, mantener abierto y en óptimas condiciones el Centro de Medio abierto, ejecutar las medidas judiciales de forma coordinada con el entorno familiar, favorecer pautas educativas y acompañamiento y derivación a gabinetes terapuéuticos o desintoxicación si fuera necesario, así como velar porque el menor o joven se encuentre dado de alta o inscrito en los sistemas públicos de servicios tales como la educación, la formación profesional, la inserción laboral, la seguridad social o la sanidad.
Las propuestas se dirigirán a la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia y también podrán ser presentadas en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.



