El texto adapta la legislación canaria a la nueva normativa europea y supone una simplificación administrativa de gran calado en materia de comercio
El proyecto de ley reguladora de la Licencia Comercial tiene por objeto regular la implantación, ampliación y traslado de superficies comerciales al por menor adaptando su contenido a los nuevos criterios impuestos por la Unión Europea en la Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior. El espíritu del proyecto de ley propuesto por el Gobierno canario promueve garantizar el equilibrio entre los distintos modelos comerciales en Canarias, sin olvidar la necesidad de atender las variaciones de la demanda de los consumidores. Todo ello, manteniendo medidas de control sobre la afección medioambiental y territorial que puede generar la instalación de grandes establecimientos y centros comerciales, tal y como permite la propia normativa europea para territorios con especiales características geográficas como Canarias.
El texto aprobado por el Gobierno canario y elevado ya al Parlamento de Canarias para su inminente debate, también aborda una ligera modificación de la normativa reguladora de los horarios comerciales y desarrolla la legislación sobre la actividad ferial, completando así la regulación sobre el comercio interior en Canarias.
Los términos del proyecto de ley son fruto de un amplio proceso participativo en el que el Gobierno canario ha escuchado y estudiado las propuestas emitidas al respecto por distintos colectivos, asociaciones, grupos empresariales, administraciones públicas, representantes de los consumidores, agentes sociales, entre otros.
El proyecto de ley mantiene viva la existencia de la licencia comercial por motivos territoriales y medioambientales, causas justificativas aceptadas por la normativa europea para establecer una excepción a la norma general de abolir las licencias comerciales específicas en todo el territorio comunitario.
El Gobierno canario considera que las peculiares características territoriales y ambientales de Canarias son motivo sobradamente justificado para que la UE acepte que este archipiélago mantenga cierto control sobre la implantación de nuevos establecimientos comerciales en un territorio fragmentado, escaso y con numerosos espacios naturales protegidos, planteamiento que cuenta con el respaldo del criterio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España.
El articulado de este proyecto de ley especifica una serie de superficies de venta a partir de las que los grandes establecimientos comerciales y los centros comerciales de actividad minorista deberán solicitar licencia comercial para su apertura, ampliación o traslado. La cantidad de metros cuadrados está detallada por islas, aplicando para su definición criterios territoriales y demográficos.
Concretamente, para los grandes establecimientos comerciales, deberán solicitar licencia si superan los 2.500 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al por menor en Tenerife y Gran Canaria; los 1.800 metros cuadrados en Lanzarote; los 1.500 metros cuadrados en Fuerteventura y La Palma, y los 750 metros cuadrados en La Gomera y El Hierro.
El texto introduce la definición de superficie discontinua como concepto por el que la normativa medirá la implantación de una misma empresa o grupo de empresas en una isla. Requerirá de licencia comercial específica cuando la suma de metros de todas sus tiendas en una misma isla supere los siguientes topes: 7.500 metros cuadrados en Tenerife y Gran Canaria; 5.400 metros cuadrados en Lanzarote; 4.500 metros cuadrados en Fuerteventura y La Palma, y 2.250 metros cuadrados en La Gomera y El Hierro.
La norma define centro comercial como unidad comercial constituida por el conjunto de establecimientos comerciales situados en un mismo recinto, vinculados entre sí por una planificación, gestión, promoción y administración común en los que se ejerzan las actividades de forma empresarial independiente y, en los que puedan existir, en su caso, como de uso complementario, establecimientos dedicados a actividades de ocio, restauración u otras. Se consideran también centros comerciales, los parques comerciales integrados por un conjunto de edificaciones de uso comercial, ubicados en un mismo área común urbanizada.
Los centros comerciales que quedan sujetos a la licencia serán aquellos en los que la superficie útil de venta de los comercios integrados en ellos supere los siguientes topes: 9.000 metros cuadrados en Tenerife y Gran Canaria, 6.000 metros cuadrados en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, y 3.000 metros cuadrados en La Gomera y El Hierro.
Las licencias comerciales se otorgarán valorando 11 criterios descritos en el proyecto de ley. La mayoría de estos criterios están relacionados con cuestiones ambientales, accesibilidad viaria, preservación de espacios, sostenibilidad ambiental y revitalización de entornos. También está incluido un criterio sobre calidad del empleo y compromiso de incorporación al mercado de colectivos de difícil inserción, defensa de los derechos de los consumidores o la promoción de nuevas tecnologías.
El proyecto de ley crea la figura de los planes territoriales especiales de grandes equipamientos comerciales, en los que se detallará la ordenación por cada isla de las zonas habilitadas para la instalación de establecimientos comerciales. La licencia comercial específica deberá respetar lo contenido en dicho plan, siendo sólo apto un proyecto si coincide con lo previsto en la planificación. Estos documentos de planificación medirán el impacto en cada isla sobre el sistema viario, las infraestructuras y servicios públicos, el entorno urbano y natural y la contaminación atmosférica y lumínica.
El proyecto de ley realiza un notable esfuerzo en la simplificación y modernización administrativa en materia de comercio, siendo éste uno de los principales objetivos de la Directiva relativa a los Servios en el Mercado Interior. El texto promueve la creación de una ventanilla única en la que el promotor de una instalación comercial podrá canalizar todos los trámites administrativos necesarios para abrir, trasladar o ampliar un establecimiento comercial.



