El Consejo de Administración del Ente Público Puertos Canarios, del que forman parte el Gobierno autonómico, cabildos insulares, ayuntamientos y organizaciones patronales de ámbito portuario del Archipiélago, aprobó hoy nuevos criterios en la tramitación de las concesiones o prórrogas administrativas, que permitirán movilizar un volumen de inversión privada estimada en unos 22 millones de euros durante los próximos 4 años, según los cálculos realizados por el Ente.
Además, lograría un incremento por cánones de unos 2 millones de euros, gracias al aumento de los plazos de concesión, según analizó el Consejo de Administración del Ente, que también estudió los avances en la obtención del código PBIP en cuatro puertos de la red canaria
La nueva fórmula de tramitación obligará a los concesionarios a realizar un mínimo de inversión en la mejora y mantenimiento de las infraestructuras, durante los años que dure la concesión administrativa, con el fin de contar con una mejor red de puertos y de generar puestos de trabajo. La estimación de 22 millones de euros es de máximos teniendo en cuenta los 17 puertos deportivos que gestiona Puertos Canarios, pero, si el concesionario obtiene y conserva la bandera azul durante los cuatro próximos años, se considera que reúne la calidad suficiente, por lo que la concesión se modularía hasta rebajar la exigencia de inversión en un cincuenta por ciento. De este modo, la inversión posible, se movería en una amplia franja de entre 11 y 22 millones de euros.
En un asunto también relacionado con la actualización de precios en los puertos deportivos, el Consejo autorizó a la dirección continuar en la línea de negociación iniciada con los representantes de los puertos deportivos de las islas, que han permitido aumentar los cánones cobrados por las concesiones, desde 80.000 a 800.000 euros en los últimos tres años.
La mejora en la gestión, LAl ampliación de los servicios prestados y la coordinación con los explotadores directos de cada concesión han sido partes importantes en la planificación y cálculos de los importes a pagar, pero la principal baza para hacer posible un incremento tan relevante ha sido la posibilidad de incrementar el plazo de concesión otorgado a las instalaciones, que permiten una actualización del canon a abonar. Es decir, a mayor plazo de concesión, mayores posibilidades tiene el concesionario de recuperar inversiones cuantiosas que, por otro lado, pueden reforzar el atractivo y mejorar la gestión del puerto, de forma que también puede afrontar un canon más adecuado a la mejora de ingresos anuales que obtendrá.
No obstante, recientemente se han producido cambios de calado en la normativa de aplicación a estas concesiones, fundamentalmente a través de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas y de la Ley 9/2014, de 06 de noviembre, del Parlamento de Canarias, de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias, que básicamente, hacen una nueva regulación de estos espacios y permiten ampliar su plazo de concesión, así como las posibles actividades a desarrollar en ellos.
Por esta razón, el Consejo de hoy abordó y aprobó los criterios que han de emplearse para la tramitación de la ampliación o prórroga de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de las normas citadas, elevando al Gobierno de Canarias la petición para la regulación normativa de dicha materia de acuerdo con los criterios aprobados por el ente Puertos Canarios.
De este modo, el Ente podría seguir buscando mejoras en la gestión que, según los estudios iniciales, repercutirían en un aumento de los ingresos por concesiones procedente de los puertos deportivos, cercano a los dos millones de euros, para obtener un total de 2,8 millones de euros de ingresos anuales, con los que poder acometer nuevas mejoras en la red canaria de infraestructuras portuarias.
PBIP
En su sesión de hoy, el Consejo de Administración de Puertos también informó de los importantes avances obtenidos en la tramitación de los Planes de Protección de Buques e Infraestructuras Portuarias (PBIP) de los Puertos de Agaete, en Gran Canaria; Gran Tarajal y Morro Jable, en Fuerteventura; y Vueltas en la Gomera, por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Los planes de Protección de Puertos tienen por objeto definir todas las zonas pertinentes para la protección portuaria, coordinar las medidas aplicadas a zonas con distintas características desde el punto de vista de protección, establecer medidas variables en función de las distintas partes del puerto y determinar una estructura organizativa que contribuya a la mejora de la protección portuaria.
En concreto, se aprobó el Plan de Protección de Agaete en el que se modificó la redacción de los apartados que hacen referencia a la estructura organizativa de protección y al plan de protección portuaria, mencionando al Cuerpo Nacional de Policía, CNP, como una de las autoridades participantes en el puerto en función de los cometidos que la Ley le otorga. En cuanto al control de identidad de pasajeros y tripulaciones con origen o destino a terceros países, se señala que coordinación y colaboración con el CNP y según el anexo IV del Reglamento CE nº 562/2006, estos controles también podrían realizarse a extranjeros y españoles con destino o procedencia de otro puerto Schengen. Finalmente, en cuanto a los procedimientos de colaboración y coordinación de las diferentes entidades afectadas en materia de protección de los buques, instalaciones portuarias y puertos, éstos deben incluir la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía referente a la detección de polizones en buques en instrucción conjunta con la Guardia Civil.
También se informó hoy sobre las Evaluaciones de la Protección Portuaria del Puerto de Morro Jable, de Gran Tarajal y de Valle Gran Rey. Estas evaluaciones constituyen el documento fundamental de la elaboración del Plan de Protección. Tiene formato de proyecto, es decir, Memoria Técnica, Planos y Presupuesto y en él se incluye, como mínimo, la identificación y evaluación de los bienes e infraestructuras que se deben proteger, la determinación de las posibles amenazas a esos bienes para establecer las medidas oportunas y la determinación de las contra medidas y de los puntos débiles incluidos los relacionados con el factor humano. El Ente prevé remitir los planes definitivos al Ministerio antes de finales de mes, por lo que se iniciaría el último paso para su aprobación definitiva por parte del Estado.