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Máñez anuncia un acuerdo con patronal y sindicatos para pedir una prórroga de los ERTE hasta diciembre

Elena Máñez

La consejera adelanta ante el Pleno del Parlamento que el Consejo de Relaciones Laborales pedirá la prórroga hasta diciembre de los expedientes de regulación temporal de empleo en el turismo y los sectores vinculados

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias el acuerdo alcanzado con las patronales y sindicatos más representativos del Archipiélago, en el marco del Consejo Canario de Relaciones Laborales, para elevar a la Comisión de Seguimiento Tripartita una propuesta de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo “desde la unidad de acción”, propuesta que, detalló, incorpora entre otras cuestiones la necesidad de permitir la ampliación de los ERTE hasta final de año para el sector turístico y las empresas con actividad “estrechamente vinculada al principal sector productivo de Canarias”.

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó hoy mismo elevar a la Comisión Tripartita laboral del proceso de desconfinamiento la prolongación automática hasta el 31 de diciembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tanto en el turismo como en las empresas con actividad estrechamente vinculada al principal sector productivo en el Archipiélago.

Conformado por la administración autonómica junto a las patronales y sindicatos con mayor representatividad (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), el Consejo Canario de Relaciones Laborales consensuó la solicitud de prórroga hasta final de año de los ERTE turísticos y sectores vinculados por tratarse de “una cuestión fundamental dadas las singularidades de las Islas de cara a la reactivación económica”.

El acuerdo, alcanzado en el marco de la unidad de acción mantenida por el Gobierno con los agentes económicos y sociales desde la declaración del estado de alarma, contempla “que sea la autoridad laboral competente la que pueda determinar la fuerza mayor total o parcial a otros sectores, que no siendo sector turístico, tengan su producción vinculada de forma notoria con la recuperación del sector turístico”. Además, el Consejo Canario de Relaciones Laborales solicita que la causa por fuerza mayor total o parcial se determine por centros de trabajo y no por empresas, “pudiendo mantener la fuerza mayor total aquellos centros de trabajo que no puedan reabrirse por las diferentes restricciones sanitarias, manteniendo las especialidades contempladas en el Capítulo II del Real Decreto-Ley 8/2020, especialmente la exoneración del 100% o del 75%, según los casos”. En centros con ERTE por fuerza mayor total, no computaran los plazos de contrato, ni de paro, ni de los seis meses de salvaguarda del empleo.

Igualmente, el órgano colegiado adscrito a la consejería dirigida por Elena Máñez acordó trasladar a la comisión tripartita que las empresas turísticas o de otros sectores que “por necesidades de mantenimiento de sus establecimientos, cuestiones de gestión de nóminas o de carácter fiscal necesiten recuperar del ERTE de fuerza mayor total a algún trabajador y sus establecimientos no estén generando ingresos por restricciones sanitarias, no se les compute la exoneración de cuotas por una causa mayor parcial, y por lo tanto, no compute a efectos de tiempo las cláusulas de salvaguarda de empleo ni de prestaciones”.

La Comisión Tripartita fue creada por Real Decreto Ley 18/2020 de medidas sociales en defensa del empleo y está integrada por los ministerios tanto de Trabajo y Economía Social como de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto a las confederaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) más representativas del Estado.

Balance de situación

Durante su comparecencia ante el Parlamento para informar de la situación de la crisis de la COVID-19, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo hizo balance de la actual situación económica, de las previsiones de crecimiento que trabaja este departamento y dio cuenta de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para “no dejar caer a las pymes y personas trabajadoras autónomas de las Islas”.

Tras expresar su satisfacción “por volver a encontrarnos en esta casa” y agradecer “a todo el equipo del Parlamento el gran esfuerzo que han hecho para mantener la actividad fundamental que realiza esta Cámara”, Elena Máñez afirmó que las medidas y políticas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno de España “están haciendo posible que en estos momentos no haya una quiebra social sin precedentes en España”.

La consejera también adelantó que este miércoles la Consejería publicará el primero de los informes de previsiones económicas elaborado por este departamento, un documento del que se extrae un escenario muy variable “que habrá que tomar con cautela”. Así, este estudio trabaja con tres posibles escenarios que se mueven, para 2020, entre unas caídas del PIB del 12% y el 19%, con un escenario intermedio, “el más plausible”, del 15%. Asimismo, el informe apunta a una recuperación económica “en torno a marzo o abril de 2021”, con un crecimiento del PIB del 16,2%.

Canarias pide al Estado una modificación de los criterios de reparto del IRPF que incluya pobreza e insularidad

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, mantiene un encuentro con el Ministerio de Derechos Sociales y el resto de comunidades autónomas

La resolución provisional de ayudas del IRPF, publicada hoy en el BOC, contempla la financiación de un total de 135 proyectos sociales presentadas por 46 entidades

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, celebró hoy una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales y el resto de comunidades en la que abordó la necesidad de modificar los criterios actuales del reparto de ayudas a las Comunidades Autónomas para la financiación de programas de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de garantizar “un reparto más objetivo y justo de estas ayudas que dé respuesta a la realidad social de las Islas”.

Según explica Santana, para un reparto más justo de las cantidades deben tener mayor peso los índices de pobreza o, en el caso de Canarias, la insularidad. De hecho, de los 214,5 millones de euros que correspondieron a las CCAA en 2019, solo 6,5 millones de euros se distribuyeron en torno a variables distributivas y una redistributiva (población total, índice de dispersión , índice de grandes urbes…); el resto se distribuyó de acuerdo a la misma cantidad que las CCAA habían recibido el año anterior.

Desde la consejería de Derechos Sociales se ha solicitado en los distintos encuentros que se han mantenido con el Gobierno central que redefina el reparto y que se tengan en cuenta la situación de pobreza y exclusión social del Archipiélago, así como incrementar otros indicadores como la insularidad. De hecho, fue una de las cuestiones que trasladó a la ex ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, en el encuentro que mantuvieron ambas el pasado 23 de octubre de 2019. En concreto, sobre la cuestión de la insularidad, se insiste desde el Gobierno regional que no tiene sentido que la superficie pondere al 5% y la insularidad al 0,5%.

Según los cálculos de la consejería de Derechos Sociales, si comparamos los criterios de distribución del IRPF con otras, como por ejemplo la del programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, en los que el 20% se distribuye en aplicación del Indicador de pobreza y Exclusión social (AROPE), a Canarias le hubiera correspondido una partida de 10.946.578 euros, en vez de los 7.693.283,73 euros con los que finalmente contó la Comunidad autónoma en 2019 en el reparto del 0,7 IRPF.

 

Publicación de la resolución provisional de ayudas con cargo al IRPF

Precisamente, hoy miércoles, 6 de mayo, se publica en el Boletín Oficial de Canarias la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al año 2019.

La resolución provisional de esta convocatoria contempla la aprobación de la financiación de un total de 135 proyectos presentados por 46 entidades. A la convocatoria se presentaron un total de 184 entidades y 572 proyectos.

Hay que recordar que el actual equipo de la Consejería realizó una serie de cambios en la convocatoria que fueron presentados a las entidades sociales y que recogía gran parte de las propuestas solicitadas por las mismas. Entre estos cambios se incluyeron la mejora de los criterios a la hora de valorar los proyectos, haciendo más objetivos los mismos y primando la calidad del proyecto; la limitación de proyectos a presentar por entidad (máximo 15) y del porcentaje a conceder a una entidad por línea (hasta un 40%), así como estableciendo un tope máximo por proyecto en cada línea, con el objetivo de lograr una mayor distribución entre las entidades.

Además, se crearon dos nuevas líneas, Igualdad y Diversidad LGTBI, y se aumentó al 100% la posibilidad de subvención del proyecto que anteriormente estaba en el 80%.

Las entidades cuentan con un plazo de cinco a través de la web del Gobierno de Canarias o, en su caso, presentar las alegaciones.

El Icasel convoca a la hostelería y la construcción para actualizar la prevención de riesgos ante la COVID-19

Elena Máñez en videoconferencia

La Comisión Permanente del Instituto Canario de Seguridad Laboral cita a las mesas técnicas de ambos sectores para establecer las nuevas directrices de buenas prácticas durante la desescalada y reactivación económica

La Comisión Permanente del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), órgano adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este martes convocar a las mesas técnicas de hostelería y construcción para actualizar las medidas de prevención de riesgos en el trabajo ante la situación generada por la COVID-19.

Durante la reunión, la consejera de Economía, Elena Máñez, destacó el protagonismo que tendrá el Icasel durante el proceso de desescalada y reactivación económica a la hora de reforzar la prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras en las empresas canarias, contribución fundamental para “su reincorporación progresiva, con garantías de seguridad, a los espacios de trabajo”. Además de Máñez, participaron en el encuentro el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director del Icasel, Elirerto Galván; el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; y la directora general de Industria, Yolanda Luaces; además de dirigentes de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad.

Convocada para la próxima semana, la mesa técnica de hostelería, con representación de las patronales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), activará al grupo de trabajo para fijar las orientaciones generales en los establecimientos canarios de acuerdo con las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19 en el entorno laboral. También citada para la próxima semana e integrada por patronales (AEC y Fepeco) y sindicatos (UGT y CCOO), la mesa técnica de construcción revisará las nuevas Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2, unas guías sectoriales ya elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para diversas actividades económicas.

El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, recordó que el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), dependiente de esta Consejería, “ha aumentado hasta más del doble” la partida de este año para subvenciones a la contratación de personal técnico por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones para formar en materia de prevención de riesgos laborales a las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago, unas ayudas que pasan de los 400.000 euros presupuestados inicialmente a 920.000. “Estas subvenciones nos permitirán mejorar el asesoramiento que se presta a pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena en el Archipiélago ante la nueva situación generada por la COVID-19, apoyándolas en la adaptación durante el proceso de desescalada y recuperación económica”, señaló.

Por su parte, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, destacó la importancia de la colaboración con los agentes económicos y sociales a la hora de plantar cara a la emergencia sanitaria de la COVID-19. “Trabajamos en la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la emergencia sanitaria, con el objetivo de prevenir y controlar el coronavirus en estos espacios desde la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas y con el Servicio Canario de la Salud”, apuntó.

Abierto el plazo para que los autónomos y autónomas sin actividad por la COVID-19 pidan la ayuda adicional del 30%

Elena Máñez

Las solicitudes se podrán presentar durante dos meses a partir de este miércoles y para ello es necesario tener ya concedida la prestación estatal del 70%, haber cesado la actividad a causa del estado de alarma y estar de alta como autónomo o autónoma a fecha de 14 de marzo

Elena Máñez afirma que la medida, impulsada desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, tiene como objetivo “proteger a los autónomos y autónomas de Canarias para que puedan afrontar la desescalada y recuperación económica con mayores garantías”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), abre este miércoles, 6 de mayo, el plazo para la solicitud de la ayuda adicional del 30% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar para las personas trabajadoras autónomas residentes en Canarias que hubieran cesado en su actividad debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19. La convocatoria, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/004.html), está dotada con 11 millones de euros y pretende completar la prestación extraordinaria que concede el Estado hasta alcanzar el 100% de la base de cotización. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante dos meses, a través de la Sede Electrónica del SCE (https://sede.gobcan.es/empleo).

Para optar a recibir la ayuda se deberá tener ya concedida la prestación extraordinaria del 70% que otorga el Gobierno de España, un trámite que se tiene que hacer en la mutua colaboradora de la Seguridad Social correspondiente. Este extremo se debe acreditar en el momento de presentar la solicitud, como también se comprobará, a través de la vida laboral, que el o la solicitante de la ayuda estaba en situación de alta en la Seguridad Social como persona trabajadora autónoma en el momento de la declaración del estado de alarma, así como la suspensión de su actividad por esta causa. Además, la actividad empresarial o profesional, así como el domicilio fiscal, deben estar fijados en Canarias.

Certificado digital

Para facilitar los trámites a aquellas personas que aún no tengan certificado digital, necesario para operar por la vía telemática, el Servicio Canario de Empleo ha activado un servicio de asistencia para la obtención del certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), mediante cita previa en el número de teléfono 922 924 070, donde se fijará una hora y un día para acudir presencialmente al organismo que corresponda, que será asignado por el SCE en función del municipio e isla de residencia. Antes de acudir a esta cita, los usuarios y usuarias deben obtener el código de solicitud del certificado en el sitio web de la FNMT, que les será requerido para acreditar su identidad junto con el documento de identidad o, en su defecto, el carné de conducir.

Esta convocatoria de subvenciones forma parte de las medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19 recogidas por el Gobierno de Canarias en el Decreto ley 4/2020, de 2 de abril. Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, esta emergencia sanitaria “ha impactado con especial fuerza en el colectivo de personas trabajadoras autónomas, que junto a las pymes representan la base de nuestro tejido empresarial”. La consejera señala que la ayuda adicional del 30%, impulsada desde la consejería que dirige, tiene como objetivo “proteger a los autónomos y autónomas de Canarias que han cesado su actividad debido a la pandemia para que, a medida que vaya pasando la emergencia sanitaria, puedan afrontar la desescalada y recuperación económica con garantías”.

La consejera recuerda que la estrategia de apoyo a pymes y personas trabajadoras autónomas en la crisis de la COVID-19 diseñada por la Consejería, que ya avanzó en su reciente intervención ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, contempla otras medidas para “acompañar en la vuelta a la normalidad a las personas trabajadoras por cuenta propia”, como las orientadas a la digitalización o la dotación de líneas de avales para impulsar su liquidez.

 

La Consejería de Economía refuerza la prevención de riesgos laborales para hacer frente a la COVID-19

Seguridad laboral

El Icasel amplía hasta los 920.000 euros las ayudas a sectoriales empresariales, sindicatos y asociaciones de personas autónomas para contratar personal técnico con el objetivo de asesorar en la adaptación de los empleos a la pandemia

Máñez subraya la importancia de las acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables en tiempos de la COVID-19 para “una desescalada y reactivación económica seguras para las personas trabajadoras y empresas”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), ha aumentado hasta los 920.000 euros las subvenciones de este año para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En coincidencia con la conmemoración, este 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la consejería dirigida por Elena Máñez anuncia este refuerzo, orientado a mejorar el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena ante la nueva situación generada por la emergencia sanitaria.

El Plan de Actuación del Icasel contaba inicialmente con un presupuesto de 400.000 euros para 2020 destinado a subvenciones a organizaciones sectoriales para la contratación de técnicos en prevención de riesgos laborales. Dada la situación generada por la emergencia sanitaria, se ha aumentado esta cuantía hasta los 920.000 euros para llegar a más organizaciones y, por lo tanto, a un mayor número de pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena, impulsando la formación en políticas preventivas para combatir la COVID-19. Por otro lado, el Plan incluye también líneas de apoyo al mantenimiento financiero de las acciones a realizar por las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales de las confederaciones empresariales y sindicatos más representativos, con subvenciones por importe de 1.000.000 de euros.

Como explica Elena Máñez, aumentar los esfuerzos para la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la COVID-19 “es fundamental de cara a una desescalada y reactivación progresiva de la actividad económica segura para nuestros trabajadores y trabajadoras”. Para ello, apunta, este refuerzo del Plan de Acción en Prevención de Riesgos Laborales del Icasel permitirá acometer “medidas encaminadas a prevenir y controlar el coronavirus en los lugares de trabajo a través de la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas”. “Estas acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables durante la crisis de la COVID-19 nos permitirán garantizar que la reincorporación progresiva a los puestos de trabajo se produce con garantías de seguridad para las personas trabajadoras y las empresas”, afirma.

De acuerdo con el lema Detengamos la pandemia: La seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas, elegido este año para la jornada mundial por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Icasel centra su esfuerzo en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el mercado laboral, no solo con la sensibilización general de la ciudadanía sino mediante la adopción de prácticas concretas para la recuperación y adaptación de la actividad económica a lo largo de las próximas semanas.

Precisamente, la entidad dependiente de la Dirección General de Trabajo también difunde en su web (www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel) las nuevas directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores, elaboradas por el Gobierno de España con la colaboración de las comunidades autónomas. Ya publicó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSTT) los documentos correspondientes a la construcción, el comercio, el transporte o la industria, entre otros sectores, con las orientaciones para aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19.

La Consejería de Economía anuncia a la Fecam un plan extraordinario de empleo por el impacto de la COVID-19

Elena Máñez y Dunnia Rodríguez

El Servicio Canario de Empleo y los ayuntamientos canarios reanudan las contrataciones paralizadas a causa del estado de alarma por la pandemia

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias anunció esta semana a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) la próxima convocatoria por el Servicio Canario de Empleo (SCE) de un plan extraordinario para los ayuntamientos isleños con el objetivo de afrontar el impacto causado en el mercado laboral por la pandemia COVID-19.

La consejera de Economía, Elena Máñez, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, se reunieron este viernes por medios telemáticos con la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, y el responsable de su comisión de formación y empleo, Antonio Ramón Chinea, para coordinar las acciones entre el organismo autónomo y las corporaciones municipales.

No en vano, Máñez destacó que “los ayuntamientos representan una pieza clave en la estructura administrativa como entidad más cercana a la ciudadanía y los impactos de la actual crisis serán diferentes en cada municipio, por lo que debemos adaptar nuestras políticas activas de empleo a las 88 realidades del Archipiélago”.

“También comunicamos a la Fecam que ya estamos preparando con el Ministerio de Trabajo y Economía Social el Plan Integral de Empleo de Canarias 2020, un PIEC COVID-19, por lo que también aguardamos las propuestas municipales de proyectos capaces de mitigar el impacto social y económico de la pandemia para consensuar las futuras acciones, porque ahora más que nunca debemos acertar en las medidas”, añadió la consejera de Economía.

Por su parte, María Concepción Brito valoró “muy positivamente” el encuentro y manifestó la disposición de la Fecam a “trabajar de manera conjunta con la Consejería y el SCE en propuestas para llevar a cabo acciones en materia de impulso del empleo”.

Selección de personal

De cara al desconfinamiento de la población, el SCE analizó con la Fecam la reciente reanudación de los trámites necesarios para continuar con las contrataciones y los programas adjudicados a los municipios canarios, después de la paralización de las actividades a mediados de marzo como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España por la crisis sanitaria.

Por tanto, los 88 ayuntamientos inician ahora la selección de las personas desempleadas para su próxima contratación en otros tantos proyectos a cargo del Plan de Empleo Social (PES), adjudicados desde el SCE por un importe total de 30 millones de euros para 2020, además de la implantación de las nuevas medidas de seguridad para el colectivo beneficiado correspondientes a cada actividad laboral para la prevención y contención de la enfermedad por coronavirus.

También trabajan el SCE y los ayuntamientos para reanudar a lo largo de las próximas semanas los programas de formación en alternancia con el empleo (Pfae) conforme permitan las medidas de desconfinamiento por la pandemia COVID-19.

Máñez avanza la hoja de ruta para la reactivación de las pymes y el trabajo autónomo durante la crisis del COVID-19

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo anuncia ante la Diputación Permanente el compromiso del Gobierno de España para transferir los fondos del Plan Integral de Empleo y afirma que Canarias contará con “un PIEC COVID-19”

Informa de que en unos días entrará en vigor la ayuda del 30% adicional para autónomos y autónomas y de que se lanzará un paquete de medidas por 20 millones que incluye acciones de apoyo a la digitalización de las pymes e incentivos a la contratación

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, avanzó este martes la puesta en marcha de una estrategia canaria de apoyo a las pymes y el trabajo autónomo para su reactivación económica durante la crisis de la COVID-19, que incluye medidas como la ayuda autonómica extraordinaria del 30% adicional de la base de cotización para personas trabajadoras autónomas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo motivado por la emergencia de la COVID-19 -que adelantó que entrará en vigor “en los próximos días”- y un primer paquete de medidas por 20 millones de euros que incluye acciones de apoyo a la digitalización de las pymes e incentivos a la contratación, entre otras líneas de actuación. Asimismo, la consejera dio a conocer el compromiso del Gobierno de España para transferir a Canarias los fondos del Plan Integral de Empleo, dotado con 42 millones, que permitirá a la comunidad autónoma contar “con un PIEC COVID-19”, adaptado a la situación generada por esta emergencia sanitaria.

Máñez presentó la estrategia de su departamento durante la comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias para informar de la evolución de esta emergencia sanitaria, “una situación inédita en nuestra historia” y que ha supuesto “un reto global, de Canarias y del mundo, ante el que era necesaria una respuesta compartida”. Tras trasladar su pesar por las víctimas de la pandemia, así como reconocer la “inmensa labor, esfuerzo y dedicación” que llevan a cabo las personas que trabajan en el ámbito sanitario, la administración pública y en todos los sectores que garantizan el mantenimiento de los servicios básicos, la consejera explicó que el Gobierno de Canarias ha trabajado a partir “de la unidad de acción y del diálogo con todos los agentes implicados”.

En este sentido, agradeció “la colaboración permanente de las organizaciones sindicales y patronales, así como todas las propuestas que han hecho llegar los diferentes partidos políticos”. “Hemos mantenido más de cuarenta reuniones con patronales, sindicatos, colegios profesionales y con todos aquellos colectivos afectados por esta emergencia sanitaria”, relató Máñez.

La consejera señaló que, una vez avanzada la respuesta a la emergencia sanitaria, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo se sitúa “en la segunda trinchera” de esta crisis para hacer frente a sus repercusiones en lo social, lo económico y en el empleo. Así, subrayó el “impacto diferencial” que la COVID-19 tendrá en un Archipiélago en el que el turismo, uno de los sectores económicos más afectados, representa el 35% del PIB y el 40% del empleo. Esta variable, junto al descenso del 66% registrado en marzo en la recaudación por IGIC respecto al mismo mes del año pasado, marca “un hecho diferencial que requiere medidas específicas para Canarias”.

En cuanto a la respuesta del Estado al parón económico motivado por la declaración del estado de alarma, flexibilizando los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para salvaguardar el empleo y a las empresas, además de garantizar las prestaciones a las personas afectadas, destacó que el Gobierno de Canarias ha liderado desde el principio esta propuesta, cuantificada solo en las Islas en “340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de prorrogar esta medida de flexibilización para el sector turístico después del estado de alarma, lo que supondría una inyección de otros 140 millones de euros.

Hoja de ruta en dos fases

Elena Máñez concretó la hoja de ruta puesta en marcha por su Consejería en dos líneas de actuación fundamentales: una primera centrada en gestionar el elevado número de ERTE presentados en Canarias, algo que ha supuesto “un enorme esfuerzo”, al pasarse de tramitar 80 de estos expedientes al año a más de 27.000 en apenas mes y medio; y una segunda fase consistente en una estrategia de apoyo a las pymes y personas trabajadoras autónomas de Canarias.

Sobre la primera, explicó que el volumen de expedientes presentados ha obligado a reforzar la Dirección General de Trabajo con 46 trabajadores y trabajadoras más para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados, aunque operara el silencio positivo tras un plazo de cinco días. Respecto a la segunda etapa, marcada por el apoyo a pymes y autónomos para su reactivación económica, la consejera explicó que se ha diseñado una estrategia que incluye un conjunto de actuaciones, entre ellas la ayuda autonómica del 30% a las personas autónomas y un primer paquete de medidas por 20 millones de euros que incluye incentivos a la contratación y la digitalización de las pymes, entre otras medidas. Así, afirmó que la Consejería trabaja en la reestructuración de su presupuesto “para ponerlo al servicio de la lucha contra el COVID-19”.

Además, anticipó que la Consejería está trabajando en líneas de avales por un importe de más de 100 millones de euros para facilitar la liquidez de pymes y personas autónomas, entre ellas una línea a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias para mejorar la financiación de las personas emprendedoras, autónomas y pymes y un convenio con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la concesión de préstamos a las pymes.

La consejera también destacó el trabajo llevado a cabo por el Servicio Canario de Empleo (SCE), que se evidencia en el aumento del 40% en el número de inscripciones realizadas. Asimismo, informó de que el SCE ha puesto a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) treinta trabajadores y trabajadoras para apoyar en los trámites que la entidad estatal determine.

El ITC produce 10.200 pantallas de protección

La consejera aprovechó también su intervención para “poner el valor el trabajo del Instituto Tecnológico de Canarias, que ha recurrido a su base de conocimiento en tecnologías aplicadas a la salud para fabricar materiales de protección sanitaria”, actuando además como canal de recepción, entrega y distribución del material recibido de otras entidades colaboradoras externas. Hasta la fecha, el ITC ha producido más de 10.200 unidades de pantallas de protección facial.

“Ahora toca trabajar conjuntamente”, apuntó Máñez. Como dijo la consejera, esta crisis y su impacto singular en Canarias “requieren de un gran acuerdo social y económico en el que el Gobierno de Canarias se ha implicado desde el primer momento”. En este sentido, recordó que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, “ya está en ello” y ha tendido la mano a todos los agentes implicados en la emergencia del COVID-19 para cerrar “el gran acuerdo de reconstrucción que Canarias necesita en estos momentos”, un pacto, subrayó, para el que “necesitamos el concurso de todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales”. “Nadie en la historia de Canarias se había enfrentado a una situación como esta; trabajemos juntos y juntas para superarla”, concluyó.

Canarias registra hasta el 10 de abril 26.267 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 195.183 personas afectadas

Gráficas ERTE

Las pymes de hasta 50 personas empleadas siguen concentrando la mayor parte de las solicitudes, con un 98,1% del total: solo las de entre 1 y 5 trabajadores y trabajadoras han registrado 19.448 expedientes, el 74,98% de todos los presentados

Máñez destaca la efectividad de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas, pero destaca la importancia de que se mantengan para el sector turístico cuando deje de estar vigente el estado de alarma

“El sector turístico no se va a reactivar de un día para otro, por lo que es necesario poner en marcha medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”, afirma

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 10 de abril 26.267 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 195.183 trabajadores y trabajadoras afectadas. El 98,1% de las solicitudes, que son presentadas por centro de trabajo, corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 25.458 expedientes. Solo las empresas de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 19.448 solicitudes, el 74,98% del total. Este volumen de solicitudes en menos de un mes demuestra, según explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, “la efectividad de la flexibilización y agilización de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas”, pues de no haberse aplicado “ahora podríamos estar hablando de más de 190.000 puestos de trabajo destruidos, no suspendidos temporalmente”. Sin embargo, considera que ahora “hay que dar un paso más y prolongar en el tiempo los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al sector turístico”. “Canarias seguirá trabajando para que el Estado mantenga esta medida más allá del estado de alarma”, afirma.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,15% y el 25,94% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,81%); transporte y almacenamiento (6,76%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (4,02%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,97%); construcción (3,58%); industria manufacturera (3,25%) y educación (3,13%). Por sectores económicos, los de hostelería (32,1%), comercio (25,9%) y resto de servicios (34,6%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 44,92% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 38,08% personas físicas; un 6,22% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,57% personas físicas extranjeras residentes y un 2,44% sociedades anónimas.

Medidas específicas para el sector turístico

Como detalla Máñez, las actividades directa e indirectamente relacionadas con el sector turístico “concentran en Canarias la mayor parte de los ERTE por causa de fuerza mayor”, un sector que supone el 35% del PIB y un 40,4% del empleo del Archipiélago, lo que da cuenta “del especial impacto que tendrá la crisis de la COVID-19 en las Islas”. Además, recuerda que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”.

La consejera recordó que el Gobierno de Canarias ha liderado en el ámbito de la Conferencia de Presidentes la propuesta, «respaldada por un informe detallado, para extender la flexibilización y agilización de los ERTE por fuerza mayor en el sector turístico más allá de la finalización del estado de alarma”. “Es una cuestión clave y una reivindicación estratégica del Archipiélago para mitigar el impacto económico y social de esta emergencia en nuestro territorio”, concluye.

La Consejería de Sanidad registra 1.834 casos acumulados de coronavirus COVID-19

Consejería de Sanidad

Desde el 31 de enero de 2020 han requerido hospitalización 730 personas, de las que 140 han necesitado atención en UCI

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra un acumulado de 1.834 casos confirmados de coronavirus COVID-19 desde el 31 de enero de 2020*. En este periodo un total de 730 personas han requerido hospitalización, de las que 140 han necesitado atención en UCI. Además, el informe refleja un número de 379 altas acumuladas y 92 fallecidos en ese periodo.

Asimismo, hay que destacar que desde el lunes 30 de marzo, la cifra de pacientes que han recibido alta es superior a la de fallecidos. El número total de personal sanitario con COVID-19 es de 379 casos confirmados.

Casos acumulados por islas Los casos registrados por islas son 1196 casos acumulados en Tenerife; 457 en Gran Canaria; 70 en La Palma; 64 en Lanzarote; 37 en Fuerteventura; 7 en La Gomera y 3 en El Hierro.

Fallecidos acumulados por islas: Casos de fallecimientos: 59 fallecidos en Tenerife; 4 en La Palma; 0 en La Gomera; 0 en El Hierro; 26 en Gran Canaria; 3 en Lanzarote; 0 en Fuerteventura y 0 en La Graciosa**.

Con respecto a los fallecimientos el mayor grupo afectado sigue siendo el de mayores entre 80 y 89 años.

*Estos datos son a cierre de estadística a las 20:00 horas del miércoles.

**Estos datos reflejan un cribado sobre los datos estadísticos de la plataforma web que se basan en las tarjetas sanitarias y en las áreas de declaración. Por lo que no siempre coinciden exactamente con los vinculados en cada isla.

Cualquier ciudadano puede seguir la situación de COVID-19  en este enlace si se hace desde un ordenador o desde este otro enlace si se accede desde un dispositivo móvil.

La Dirección General de Trabajo registra hasta el 26 de marzo 15.119 expedientes de regulación temporal de empleo

El 93,4% de las solicitudes de ERTE presentadas están motivadas por causa de fuerza mayor y ya se ha dado trámite al 38,3% de ellas

Las autorizaciones de los expedientes, que se presentan por centro de trabajo y no por empresa, se llevan a cabo dentro de plazo y las notificaciones llegan a las entidades solicitantes por vía telemática en unos días

Elena Máñez afirma que el Gobierno “seguirá defendiendo las singularidades canarias en esta crisis sanitaria” y destaca como “una cuestión clave” la unidad de acción mantenida con organizaciones patronales y sindicales

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado entre el 13 de marzo, fecha de la suspensión de la actividad docente y académica con motivo de la emergencia del COVID-19, y el 26 de marzo un total de 15.119 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de los cuales 14.120 están motivados por causa de fuerza mayor. Así se extrae de los datos analizados este lunes en la reunión del Consejo Asesor del Presidente, en la que se informó al respecto a las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

Las solicitudes de ERTE, que se presentan por centro de trabajo y no por empresa, son en su mayor parte (un 93,4%) suspensiones de las relaciones de trabajo y suspensión de jornada por causas de fuerza mayor, mientras que hay 998 solicitudes (el 6,6%) de expedientes de regulación de empleo por causas productivas y solo un caso de expediente de regulación de empleo extintivo. Las autorizaciones se están llevando a cabo dentro de los plazos establecidos y las notificaciones llegan a las empresas en unos días por vía telemática. Así, hasta el 26 de marzo se ha dado trámite a 5.413 expedientes, un 38,3% del total de las solicitudes de los ERTE de causa mayor.

Como afirmó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, los expedientes de regulación temporal representan ahora mismo “la mejor medida para proteger el empleo, garantizar las prestaciones y evitar el cierre de empresas”, ya que “una vez pase esta situación extraordinaria, las personas afectadas podrán reincorporarse nuevamente a sus puestos de trabajo”. La consejera subrayó la importancia de articular medidas que, como esta, “permitan mitigar el impacto social y económico de la emergencia”.

Unidad de acción

En este sentido, la consejera incidió en que el Gobierno de Canarias “va a seguir defendiendo las singularidades del Archipiélago en esta crisis sanitaria por el gran impacto que está teniendo y va a tener en nuestra economía” e insistió en la importancia “de la unidad de acción mantenida con sindicatos y patronales”, algo que consideró “una cuestión clave”. Así, agradeció a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas “el compromiso demostrado con este esfuerzo compartido para mantener el empleo”, al tiempo que reconoció el trabajo de los empleados y empleadas de la administración pública, “que hacen posible que los ERTE se estén tramitando dentro de plazo, dando garantías jurídicas tanto a las personas afectadas como a las empresas”.

“Aunque la prioridad en esta primera fase es luchar contra el coronavirus, proteger el empleo y evitar cierres es clave para superar este proceso con garantías y afrontar la recuperación económica una vez pase todo”, añadió Máñez.

Desde la suspensión de la actividad docente y académica en Canarias el 13 de marzo, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha puesto en marcha una serie de acciones para agilizar la tramitación de los ERTE, siempre en coordinación con los agentes sociales y económicos, así como con los colegios profesionales, entre ellas la actualización del sitio web de la Dirección General de Trabajo para adaptarla a la realidad derivada del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; la elaboración de guías prácticas y preguntas frecuentes sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo; el refuerzo de las plantillas de la Dirección General para la tramitación de estos expedientes o la implantación de una herramienta digital para el tratamiento masivo de datos.