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El Hierro contará en 2021 con casi 345.000 euros para servicios sociales, un 17,4% más que en 2020

La distribución de estos fondos se enmarcan en el protocolo para el reparto de fondos sociales correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los recursos para la atención de las familias con mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, entre otros

Los ayuntamientos de la isla de El Hierro contarán este año con un global que asciende a 344.926,95 euros para financiar servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los distintos municipios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, lo que supone un incremento de 17,4% más con respecto al importe global de 2020, un total de 60.120,5 euros más que en el ejercicio anterior.

Por municipios, es la capital, Valverde, la que contará con una mayor cuantía, con 134.241,67 euros, lo que implica un incremento en relación a 2020 del 33,9 por ciento, un total de 45.626,81 euros más.

La distribución de estos fondos se rubricaron en el marco de la firma del protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, que lidera Noemí Santana, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con María Concepción Brito al frente, celebrado el pasado 4 de febrero. La firma de este acuerdo supone contar, para los ayuntamientos del Archipiélago, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020 (un incremento del 55 por ciento).

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Hay que recordar que mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

Distribución de fondos en El Hierro

Por municipios, las aportaciones totales han sido las siguientes: Frontera, contará con 121.228,72 euros; El Pinar, con 89.456,56 euros y Valverde, con 134.241,67 euros.

La Gomera contará en 2021 con casi 650.000 euros para servicios sociales, un 33,2% más que en 2020

Mapa topográfico integrado de La Gomera

La distribución de estos fondos se enmarcan en el protocolo para el reparto de fondos sociales correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los recursos para la atención de las familias con mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, entre otros

Los ayuntamientos de la isla de La Gomera contarán este año con un global que asciende a 648.514,34 euros para financiar servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los distintos municipios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, lo que supone un incremento de 33,2% más con respecto al importe global de 2020, un total de 215.510,53 euros más que en el ejercicio anterior.

Por municipios, es la capital, San Sebastián de La Gomera, la que contará con una mayor cuantía, con 143.516,40 euros, lo que implica un incremento en relación a 2020 del 35 por ciento, un total de 50.241,35 euros más.

La distribución de estos fondos se rubricaron en el marco de la firma del protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, que lidera Noemí Santana, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con María Concepción Brito al frente, celebrado el pasado 4 de febrero. La firma de este acuerdo supone contar, para los ayuntamientos del Archipiélago, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020 (un incremento del 55 por ciento).

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Hay que recordar que mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

Distribución de fondos en La Gomera

Por municipios, las aportaciones totales han sido las siguientes: Agulo contará este año, dentro de estos fondos, con 84.867,25 euros; Alajeró, con 88.246,18 euros; Hermigua, con 89.141,28 euros; San Sebastián de La Gomera con 143.516,40 euros; Valle de Gran Rey, con 115.984,56 euro y Vallehermoso, con 126.758,67 euros.

Lanzarote contará en 2021 con 1,6 millones de euros para servicios sociales, un 36% más que en 2020

La distribución de estos fondos se enmarcan en el protocolo para el reparto de fondos sociales correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los recursos para la atención de las familias con mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, entre otros

Los ayuntamientos de la isla de Lanzarote contarán este año con un global que asciende a 1.692.017,44 euros para financiar servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los distintos municipios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, lo que supone un incremento de 36% más con respecto al importe global de 2020, un total de 609.641,84 euros más que en el ejercicio anterior.

Por municipios, es la capital, Arrecife, la que contará con una mayor cuantía, con 693.829,81 euros, lo que implica un incremento en relación a 2020 del 36,5 por ciento, un total de 253.469,76 euros más.

La distribución de estos fondos se rubricaron en el marco de la firma del protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, que lidera Noemí Santana, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con María Concepción Brito al frente, celebrado el pasado 4 de febrero. La firma de este acuerdo supone contar, para los ayuntamientos del Archipiélago, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020 (un incremento del 55 por ciento).

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Hay que recordar que mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

 

Distribución de fondos en Lanzarote

Por municipios, las aportaciones totales han sido las siguientes: Arrecife recibirá este un total de 693.829,81 euros; Haría, 126.783,4 euros; San Bartolomé, 171.489,09 euros; Teguise, 231.244,26 euros; Tías, 211.198,10 euros; Tinajo, 115.957,86 euros y Yaiza, 141.514,92 euros.

Canarias comienza el traslado de menores extranjeros no acompañados a la Península

Tras los acuerdos adoptados con las Comunidades autónomas, ha sido trasladado hoy el primer grupo de diez menores extranjeros no acompañados a Castilla y León

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, pone en énfasis la solidaridad y el compromiso de las Comunidades Autónomas que se han mostrado dispuestas a acoger en sus recursos a chicos y chicas que han llegado en pateras y cayucos en solitario hasta las costas canarias

El primer grupo de diez menores extranjeros no acompañados han sido trasladados durante la jornada de hoy miércoles, 10 de marzo, hasta la comunidad autónoma de Castilla y León donde pasarán a estar bajo el sistema de protección para menores de esta comunidad, cinco de ellos en la provincia de León y otros cinco en la de Palencia.

Se trata del primer grupo de los 25 menores que pasarán a estar acogidos por esta comunidad autonoma, tras el protocolo de acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, que lidera Noemí Santana, y la Comunidad autónoma de Castilla y León, a través de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco Llamas, en aplicación del cual Castilla y León asume la tutela legal de las personas menores de edad migrantes no acompañadas que serán trasladadas desde la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la guarda y custodia y su atención integral.

Momento del traslado de menores extranjeros no acompañados

Según se especifica en el acuerdo, el Gobierno de Castilla y León es sensible a la situación y comparte con el Gobierno de Canarias la necesidad de buscar fórmulas ágiles y eficaces que permitan cumplir con el principio constitucional de solidaridad interterritorial contenido en el artículo 2 de la Constitución Española, por lo que adquiere un compromiso solidario de cooperación y auxilio al Gobierno de Canarias asumiendo la atención integral de 25 personas menores de edad migrantes no acompañadas que actualmente residen en Canarias, a través de sus propios medios humanos, técnicos y financieros, incluida la asunción de la tutela administrativa.

Hay que recordar que Canarias acoge en estos momentos a 2.634 menores que han llegado a las costas canarias a través de cayucos y pateras, para cuya atención se han abierto un total de 29 recursos alojativos. De hecho, ante la continua llegada de menores que el Gobierno canario ha ido abordando en solitario, desde el Ejecutivo autónomo se ha solicitado con urgencia, tanto al Estado como a la Unión Europea, la necesidad de contar con los recursos necesarios que permitan sufragar los costes económicos para poder abordar esta crisis social, más teniendo en cuenta que el Archipiélago canario constituye la frontera sur de Europa.

Además, la consejera del área, Noemí Santana, ha mantenido diversas reuniones con el Estado y las Comunidades autónomas para concretar la firma de convenios de colaboración entre el Estado y el Gobierno de Canarias, sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados, que permita la derivación solidaria menores entre las comunidades autónomas; y un fondo específico del Estado para ayudar en la gestión de estos niños y niñas, tal como se articuló en el año 2008.

“El objetivo es buscar soluciones entre todos, Europa, el Estado y el resto de las Comunidades autónomas, para que Canarias deje de afrontar esta crisis humanitaria en solitario”, indicó Santana, quien recordó que la cifra de menores extranjeros no acompañados atendidos en las Islas se ha incrementado considerablemente el último año, pasando de 540 en 2019 a los casi 2.700 acogidos en la actualidad.

A este respecto, Canarias, a través de la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, ha ya concretado acuerdos para la derivación de menores con Navarra (10 plazas), Cantabria (20 plazas), Valencia (18 plazas), Cataluña (43 plazas), Castilla y León (25 plazas), Extremadura (25 plazas), Asturias (16 plazas) y Galicia (20 plazas), en total, 177 plazas, faltando todavía por concretar con Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco.

Canarias solicita traspasar en bloque a los beneficiarios de PCI al Ingreso Mínimo Vital

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se adhiere a la propuesta impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para impulsar una pasarela automática para que las personas beneficiarias de la PCI pasen directamente a ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

En Canarias, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos

Canarias muestra su apoyo a la propuesta de mejora en la tramitación del Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (IMV) con el fin de facilitar una transición más ágil entre las rentas autonómicas y el IMV. La adhesión a esta propuesta fue comunicada a la secretaria de Estado de Inclusión Social, Milagros Paniagua, en una reunión celebrada el pasado viernes, 5 de marzo.

La propuesta, impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se centra en la creación de una “pasarela automática” para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas que gestionan las Comunidades Autónomas. En el Archipiélago canario, desde la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

De hecho, hace unas semanas, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, remitió una carta a sus homólogos en el resto de CCAA solicitando el apoyo a esta propuesta, ya que, “siendo como es el IMV un instrumento fundamental que da respuesta a una petición social histórica, sus casi 10 meses de puesta en funcionamiento han evidenciado la necesidad de algunos ajustes y mejoras que permitan una gestión más ágil y eficaz”.

Por este motivo, desde Canarias se solicita al resto de CCAA su apoyo a una enmienda, mediante la cual se pretende añadir al texto legislativo una nueva Disposición Transitoria que facilite el paso al IMV de las personas que tienen reconocida una prestación de alguna de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

De esta forma, se permitirá, con carácter excepcional y en el ámbito de un necesario periodo transitorio, que a todas las personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2020, sean titulares de las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social tendrán reconocida de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos de 1 de enero de 2021, siendo el único requisito exigido el de no superar el umbral de ingresos garantizados que corresponda con la estructura y composición de la unidad de convivencia.

Estos periodos transitorios son habituales, por ejemplo, en el ámbito europeo cuando se cambia de un programa a otro, con la intención de facilitar un tránsito fluido entre un periodo y otro, por lo que no sería descabellado utilizarlo también en el ámbito estatal.

A este respecto, Santana indicó que “desde Canarias consideramos que el reconocimiento por parte de las comunidades autónomas de una prestación de renta de inserción ya es una verificación y constatación suficiente de una situación de vulnerabilidad como las que el Ingreso Mínimo Vital quiere atender. La experiencia del tiempo transcurrido desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital ha mostrado la dificultad de establecer pasarelas automáticas entre estas rentas mínimas autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital, cuya aspiración es precisamente constituirse en un “suelo” de protección homogéneo a nivel nacional que pueda ser complementado además por cada comunidad autónoma, en aplicación de sus competencias”.

“Además, continuó Santana, se ha constatado la dificultad de asumir con la rapidez suficiente la gestión del elevado volumen de solicitudes registradas. Por tanto, esta medida contribuirá a mejorar la protección de las personas beneficiarias de las rentas autonómicas y, a la vez, a agilizar la tramitación del resto de solicitudes”.

“Una enmienda de este tipo, de carácter transitorio y excepcional, facilitaría la pasarela de las y los beneficiarios de nuestras respectivas rentas al IMV de manera ágil. Ganarían la ciudadanía y ganaríamos las diferentes administraciones, tanto la regional como la estatal”, concluyó la consejera del Ejecutivo regional.

Casi 16.000 familias beneficiaras

A fecha 28 de febrero de 2021, en Canarias, un total de 8.944 unidades de convivencia están percibiendo el Ingreso Mínimo Vital, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar esta ayuda.

A estas hay que sumar las 7.357 familias que se encuentran actualmente percibiendo la PCI, de las cuales, unas 700 unidades de convivencia reciben ambas prestaciones de forma complementaria sin superar nunca las cuantías máximas que establece el IMV.

En total, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos.

Juventud impulsa la creación literaria en el Día Internacional de la Poesía

La Dirección general de Juventud, en colaboración con la Fundación de Juventud Ideo, convoca un certamen de creación poética dirigido a jóvenes entre 14 y 18 años con motivo de la celebración del Día Internacional de la Poesía que se celebra el próximo 21 de marzo

Entre los premios, libros de poesía canaria, ebook, tablet y suscripción anual a Netflix

La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Fundación Canaria de Juventud Ideo, convoca un certamen de poesía con motivo del Día Internacional de la Poesía, que se celebra el próximo 21 de marzo de 2021, dirigido a personas de entre 14 y 18 de edad, residentes en Canarias.

El concurso tendrá como temática los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) debiendo presentar las propuestas utilizando el género literario de la poesía, con una extensión de los poemas que no podrá ser inferior a 20 versos ni exceder los 40 versos, escritos en cuerpo de letra Times New Roman 12, redactado con interlineado de 1,5 y por una sola cara.

Se admitirán sólo 1 obra por participante, debiendo ser los trabajos presentados originales, inéditos y no estar premiados en otro concurso. Además, las personas que presentan sus trabajos al certamen han de ser responsables de la originalidad y autoría de los mismos.

Las obras deberán ser enviadas al correo electrónico: juventud@fundacionideo.com en un archivo adjunto en formato PDF. Cada archivo debe contener el título de la obra en letra mayúscula y el texto que se presenta al concurso. En la obra que se remita en formato PDF no podrá aparecer el nombre de la persona participante, ni firma ni cualquier otro dato personal identificativo.

El correo electrónico enviado llevará como asunto ‘CERTAMEN DE POESÍA 2021’, además de adjuntar en el mismo la solicitud debidamente cumplimentada, así como autorización de la persona adulta responsable, para la presentación de obras por menores de edad, si así lo requiere la persona participante. No se aceptarán modificaciones de los datos o de las obras una vez presentadas.

El plazo de admisión de los trabajos originales será desde el 1 al 10 de marzo del 2021 (hasta las 23:59 horas).

Se pueden consultar las Bases en las direcciones web de la Dirección General de Juventud y la Fundación Canaria de Juventud Ideo donde también se podrán acceder a la solicitud para concursar y a la autorización de la persona adulta responsable, para la presentación de obras por parte de personas menores de edad.

Fallo del concurso y premios

El fallo del concurso tendrá lugar el día 17 de marzo del 2021, estando el jurado compuesto por la Directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Fuentes; una persona técnica de la Fundación Canaria de Juventud Ideo y tres especialistas del género poesía en Canarias.

Los premios consistirán en un lote de libros de poesía canaria, una tarjeta suscripción anual a Netflix y una tablet, para el primer premio; un lote de libros de poesía canaria y un libro electrónico, para el segundo premio, y un lote de libros de poesía canaria, para el tercer premio.

Además, tres personas premiadas podrán disfrutar y participar de una Master Class dirigida especialmente para ellas por parte de los miembros del jurado, donde podrán intercambiar consejos, trucos e inspiraciones. Para el personal profesional que le acompaña es una jornada enriquecedora en compañía de personas jóvenes motivadas y para las premiadas y los premiados, una experiencia de orientación necesaria en el género poesía.

Las obras premiadas pasarán a formar parte de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, quien se reserva todos los derechos de propiedad sobre las mismas, sin perjuicio de lo establecido legalmente en cuanto al uso que pueda hacer la persona autora.

La participación en esta convocatoria supondrá la total aceptación de las presentes Bases y la renuncia a cualquier reclamación, rechazándose todas aquellas obras que incumplan lo establecido en las mismas.

Tenerife contará en 2021 con más de 13,3 millones de euros para servicios sociales, un 35,6% más que en 2020

La distribución de estos fondos se enmarcan en el protocolo para el reparto de fondos sociales correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los recursos para la atención de las familias con mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, entre otros

Los ayuntamientos de la isla de Tenerife contarán este año con un global que asciende a 13.349.402,78 euros para financiar servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los distintos municipios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, lo que supone un incremento de 35,62% más con respecto al importe global de 2020, un total de 4.755.866,43 euros más que en el ejercicio anterior.

Por municipios, son sus localidades más pobladas, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna los que cuentan con una mayor cuantía, con 3.189.390,18 euros y 2.053.405,20 euros, respectivamente, lo que implica un incremento en relación a 2020 del 35,6 por ciento para la capital tinerfeña y del 36,27 por ciento para La Laguna.

La distribución de estos fondos se rubricaron en el marco de la firma del protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, que lidera Noemí Santana, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con María Concepción Brito al frente, celebrado el pasado 4 de febrero. La firma de este acuerdo supone contar, para los ayuntamientos del Archipiélago, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020 (un incremento del 55 por ciento).

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Hay que recordar que mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

Distribución de fondos en Tenerife

Según el acuerdo alcanzado, los municipios de Tenerife contarán con un global de 13.349.402,78 euros que se distribuye de la siguiente forma: Adeje, 353.248,68 euros; Arafo, 123.673,9 euros; Arico, 280.380,74 euros; Arona, 567.578,28 euros; Buenavista, 156.421,95 euros; Candelaria, 294.494,64 euros; Fasnia, 100.767,37 euros; Garachico, 191.632,10 euros; Granadilla, 558.772,37 euros; La Guancha, 206.175,91 euros; Guía de Isora, 267.833,48 euros; Güimar, 316.264,34 euros; Icod de los Vinos, 496.431,01 euros; La Laguna, 2.053.405,20 euros; La Matanza, 243.342,74 euros; La Orotava, 743.699,79 euros; Puerto de la Cruz, 475.347,76 euros; Los Realejos, 631.299,85 euros; El Rosario, 237.057,34 euros; San Juan de la Rambla, 128.751,12 euros; San Miguel de Abona, 174.288,52 euros; Santa Cruz de Tenerife, 3.189.390,18 euros; Santa Úrsula, 236.727,44 euros; Santiago del Teide, 143.037,74 euros; El Sauzal, 142.211, 03 euros; Los Silos, 118.685,83 euros; Tacoronte, 345.353,5 euros; El Tanque, con 100.512,41 euros, Tegueste, con 205.754,27 euros; La Victoria con 179.781,55 y Vilaflor, con 87.081,74 euros.

Gran Canaria contará en 2021 con casi 13 millones de euros para servicios sociales, un 36% más que en 2020

La distribución de estos fondos se enmarcan en el protocolo para el reparto de fondos sociales correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los recursos para la atención de las familias con mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, entre otros

Los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria contarán este año con un global que asciende a 12.721.650,43 euros para financiar servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los distintos municipios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, lo que supone un incremento de 35,8% más con respecto al importe global de 2020, un total de 4.560.255,39 euros más que en el ejercicio anterior.

Por municipios, son sus localidades más pobladas, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, los que cuentan con una mayor cuantía, con 5.119.859,85 euros y 1.695.206,98 euros respectivamente, lo que implica un incremento en relación a 2020 del 32,5 por ciento para la capital grancanaria y del 35,5 por ciento para Telde.

La distribución de estos fondos se rubricaron en el marco de la firma del protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, que lidera Noemí Santana, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con María Concepción Brito al frente, celebrado el pasado 4 de febrero. La firma de este acuerdo supone contar, para todos los ayuntamientos del Archipiélago, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020 (un incremento del 55 por ciento).

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, así como los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

Distribución de fondos en Gran Canaria

Según el acuerdo alcanzado, los municipios de Gran Canaria contarán con un global 12.925.898,16 euros para financiar servicios sociales comunitarios, distribuidos de la siguiente forma, por municipios:

Agaete contará este año con 164,867,32 euros; Agüimes, con 425.401,78 euros; Artenara con 85.188,62; Arucas, con523.758; Firgas, con 154.991; Gáldar, 506.081,06; Ingenio, con 506.081,06, Mogán, con 330.725,39; Moya, con 176.811,54 euros; San Bartolomé de Tirajana, con 647.213,43; La Aldea, con 187.062,62 euros; Santa Brígida, con 212.833,78 euros; Santa Lucía, con 893.420,07 euros; Guía, con 233.887,39 euros; Tejeda con 147.289,16 euros; Telde con 1.695.206,98 euros; Teror, con 211.307,23 euros; Valleseco, con 145.871,08 euros y Valsequillo, con 208.212,93 y la Vega de San Mateo, con 143.846,13 euros. Y, por último, Las Palmas de Gran Canaria, con 5.119.859,85 euros.

Derecho Sociales celebra una jornada técnica sobre el proyecto de decreto de concierto social

En torno a 150 técnicos asistieron hoy a la jornada, realizada on line, en la que se abordó el contenido y objetivo del proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico del concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados de Canarias

El director general de Derechos Sociales, del Gobierno de Canarias Javier Bermúdez, presentó hoy el proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico del concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados de Canarias, en una jornada técnica dirigida a profesionales y especialistas del área de trabajo social tanto de las Administraciones públicas como del personal de las entidades de carácter social.

La jornada, que contó con la participación de unos 150 profesionales del ámbito social, abordó en detalle el contenido y objetivo del citado proyecto de Decreto, incidiendo, entre otros aspectos, en su objeto y definición, ámbito reglamentario, qué tipo de servicios se pueden concertar y cuáles son sus aspectos jurídicos.

Este proyecto de Decreto permitirá que las Administraciones públicas puedan concertar prestaciones y servicios con entidades privadas sin ánimo de lucro, cuando dichas Administraciones no puedan prestarlos de manera directa o por medios propios, garantizando de esta forma, el acceso de la ciudadanía a las prestaciones y servicios del catálogo contemplados en la Ley de Servicios Sociales.

Hay que recordar que la Dirección general de Derechos Sociales, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, ha sacado ya a consulta pública el proyecto de decreto cuyo objeto es desarrollar el régimen jurídico de los conciertos sociales en el ámbito de los servicios sociales especializados, con el fin de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones interesadas con el objeto de recoger sugerencias, observaciones y propuestas para esta futura norma.

Para ello, las entidades y personas interesadas pueden consultar el informe de consulta previa.

Consulta el documento sobre el proyecto de Decreto que regula el Concierto Social aquí:

Presentación Concierto Social

El Hierro cuenta por primera vez con una técnica en valoración fija de Dependencia

“La presencia de esta técnica en la isla permitirá agilizar las valoraciones y tramitar los expedientes con mayor rapidez”, explica el director general de Dependencia y Discapacidad del Ejecutivo canario, Miguel Montero

“Por primera vez, la isla de El Hierro contará con una técnica fija cuyo trabajo se centrará principalmente en la realización de labores de valoración de los Planes Individuales de Atención, es decir, de PIAs, para las personas en situación de dependencia. Esto nos permitirá agilizar y ponernos al día con los expedientes pendientes”, ha anunciado hoy el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero.

Según explicó el director general del área de Dependencia, “la presencia fija de esta técnica en la isla de El Hierro se enmarca dentro de la contratación, por tres años prorrogables a cuatro, de un total de 101 funcionarios interinos impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, que permitirá contar con más de un centenar de especialistas en las áreas de medicina, psicología, trabajo social, administración y auxiliar de administración que realizarán sus funciones en las áreas de dependencia y discapacidad, incluyendo una veintena de trabajadores sociales y profesores de educación especial para las Unidades de Atención Temprana de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura”.

En concreto, la incorporación de esta técnica fija en la isla de El Hierro permitirá agilizar la tramitación de un total de 66 expedientes pendientes de valoración del PIA. A este respecto, Montero resaltó que, si desde los tres Ayuntamientos de la isla, se asumiera, tal y como establece la actual normativa en materia de atención a la Dependencia, la realización de los Informes sociales, necesarios para la tramitación de los expedientes, el proceso se vería beneficiado ya que se podría agilizar la valoración de grado de las personas solicitantes de la ayuda de dependencia.

Montero recordó que la contratación de este nuevo grupo de personal técnico supone “la mayor incorporación de especialistas en el departamento de Dependencia realizada hasta la fecha, lo que permitirá darle un gran impulso al servicio y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia y con discapacidad así como reducir la situación actual de las listas de espera”.

En este sentido, el director general indicó la voluntad del Ejecutivo canario es “continuar ampliando la actual plantilla y garantizar la estabilidad laboral y profesional de la misma con el fin de agilizar y asegurar una correcta atención a la población en situación de dependencia de las Islas”.