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Derechos Sociales aumenta en un 18,2% la convocatoria de subvenciones para dependencia y discapacidad

La Dirección general de Dependencia y Discapacidad destina este año una partida global de 5,9 millones de euros, 900.000 más que en 2021

Podrán acceder a esta convocatoria las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el ámbito de la atención a la dependencia y discapacidad

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado el martes, 26 de julio, las bases de la convocatoria impulsada por la Dirección general de Dependencia y Discapacidad para la financiación de los proyectos dirigidos a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias y entorno, por un montante global que asciende a 5.910.037,16 euros, lo supone un incremento de 18,2%, casi 1 millón de euros más con respecto a la convocatoria de 2021.

A la convocatoria de subvenciones pueden acogerse las entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y que estén inscritas en el registro regional de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de Canarias al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria y recoger en sus estatutos, como fin de la asociación o de la fundación, intervenciones en el ámbito de la discapacidad o la dependencia.

Además, podrán acceder a estas subvenciones los Ayuntamientos Canarios pero únicamente por la actividad relativa a la Adecuación de edificios públicos no administrativos.

La presente convocatoria entra en vigor a partir del día siguiente de la publicación en el BOC y tendrá vigencia hasta la finalización de la convocatoria. Para ello, las entidades interesadas deberán cumplimentar el formulario, presentando una solicitud para cada proyecto en la sede electrónica del Gobierno de Canarias (ENLACE)

Cuatro líneas de financiación

En cuanto a las líneas de ayudas contempladas en la convocatoria, se incluyen un total de cuatro líneas de actuación:

1. Prevención e integración social de las personas en situación de discapacidad o dependencia, que contempla los proyectos de Atención temprana; proyectos para el desarrollo de modelos experimentales para personas en situación de discapacidad o dependencia e Integración social de personas con discapacidad o dependencia.
2. Apoyo a la familia y a la persona cuidadora no profesional, que incluye proyectos de respiro familiar, acciones de acompañamiento a la familia y a la persona cuidadora no profesional y formación y apoyo para familiares y personas cuidadoras no profesionales.
3. Promoción de la vida autónoma e independiente y fomento de la accesibilidad, con servicios de Intérprete de Lengua de Signos Española para acciones formativas o en servicios de atención públicos y privados. Servicio de Guía Intérprete de personas sordo-ciegas, Servicios de agentes de desarrollo comunitario y otros servicios para la accesibilidad; Asistencia personal en el domicilio y en el entorno; Transporte adaptado y Comida a domicilio.
y 4. Mejora de los servicios Actividad, que incluye Adecuación de servicios, Adecuación de edificios públicos no administrativos y Apoyos tecnológicos.

 

Acuerdo pionero en las islas en el avance hacia la igualdad y la diversidad en los centros penitenciarios

El Ejecutivo canario e Instituciones Penitenciarias firman en La Palma un acuerdo para desarrollar modelos relacionales igualitarios y democráticos dentro de la población penitenciaria y el personal de prisiones

Noemí Santana anunció una nueva partida de 6 millones de euros para la adquisición de enseres para las familias damnificadas por el volcán que asoló la isla, en una reunión posterior con Cabildo y ayuntamientos

“Por primera vez se firma un convenio de este tipo en Canarias, un hito que nos permite avanzar y sumar en igualdad sumando la voluntad del actual Ministerio del Interior con el trabajo que llevamos a cabo desde el Gobierno de Canarias en el camino hacia a la igualdad y la diversidad en las prisiones de nuestro Archipiélago”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, durante el acto de firma del convenio de colaboración establecido con la Secretaría de Instituciones Penitenciarias para el desarrollo del programa Tándem, Programa para la Transición Igualitaria de los Penitenciarios de Canarias.

“Hay una voluntad clara e inequívoca en avanzar en toda la sociedad y las seis prisiones canarias forman parte de nuestra sociedad”, indicó Santana quien matizó su departamento lleva trabajando de forma conjunta desde inicios de año con Instituciones Penitenciarias en este programa, cuyo objetivo es alcanzar la igualdad y el respeto a la diversidad en el ámbito de los centros penitenciarios, dotando a los profesionales de las herramientas necesarias para potenciar el derecho a la igualdad y la diversidad y la no discriminación en los recursos de reclusión de las islas.

Por su parte, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, Ángel Luis Ortiz, afirmó que “las mujeres solo representan un 7,2 por ciento de la población reclusa y para nosotros es fundamental esta formación, que nos dará recursos para atenderlas de la mejor manera posible por ejemplo en la organización de actividades. Por eso agradecemos al Gobierno de Canarias, y en especial a la consejera de Derechos Sociales, que se hayan acordado de Instituciones Penitenciarias para sumarnos a la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria”.

El acuerdo firmado permitirá trabajar de forma conjunta en el desarrollo de modelos de convivencia y relacionales igualitarios y democráticos dentro de la población penitenciaria y el personal de prisiones, conjugando la transversalidad de la perspectiva de género con la diversidad de realidades como migraciones, diversidad sexual y de género, edad, diversidad funcional, religión u otras.

El acuerdo establecido con Instituciones Penitenciarias contempla el desarrollo del programa Tándem, Programa para la Transición Igualitaria de los Penitenciarios de Canarias, que comienza su trabajo con la formación y el asesoramiento a los cargos de mayor responsabilidad dentro de las prisiones canarias, así como sus comités de igualdad, con el fin de impulsar cambios estructurales que vayan desde el plano institucional hasta el familiar.

La iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones puestas en marcha en el marco de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria (2022-2026), impulsada por la Viceconsejería de Igualdad del Ejecutivo canario, que dirige Sylvia Jaén, que tiene como fin, entre otras líneas de trabajo, incidir en los sectores sociales marginalizados, separados por muros de hormigón o por barreras económicas y/o culturales.

Tras la firma del convenio, se desarrollaron un conjunto de mesas de trabajo con la participación de representantes de cada uno de los seis centros penitenciarios de las islas con el fin de poner las bases del necesario trabajo en red.

 

Nueva partida de 6 millones de euros para ayudas en enseres

Tras la firma del convenio, la consejera de Derechos Sociales mantuvo una reunión de trabajo con los responsable del área de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma y con las concejalas del área de los municipios afectados por el volcán, para valorar las ayudas recibidas y la situación social generada por el volcán que afectó a la isla.

Momento de la reunión con representantes del área de Derechos Sociales de Cabildo y ayuntamientos de La Palma

En este encuentro, la consejera de Derechos Sociales anunció que el Estado, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, destinará una nueva partida complementaria de 6,2 millones de euros para la adquisición de enseres para las personas y familias damnificadas por la erupción del volcán.

Esta partida se suma a la partida financieras ya ejecutada para estas ayudas para enseres de 5 millones de euros que ha llegado a cubrir a 420 personas.

“Con estas nuevas partida en ayudas para enseres se podrán llegar en global a unas 1000 personas”, aseguró Santana.

Derechos Sociales culmina el ciclo de reuniones de coordinación con los 88 ayuntamientos

La consejería de Derechos Sociales del Ejecutivo canario celebró una reunión de trabajo en Gran Canaria con los responsables del área de los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana Telde y Teror

“Crear espacios de análisis, debate y puesta en común y, sobre todo, de acercamiento y de coordinación entre administraciones en el ámbito de materia social en nuestras islas, ha sido el objetivo de las reuniones de trabajo que hemos venido celebrando durante los últimos meses con el fin de llegar a espacios de entendimiento común”. De esta forma se ha manifestado la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, durante la celebración de la encuentro celebrado que supone la culminación de reuniones de trabajo con los 88 ayuntamientos canarios.

“Estos encuentros nos han servido no solo para explicar el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales en materias tan importantes como el Catálogo de Servicios Sociales, el Concierto social de los Servicios Sociales y el papel de los ayuntamientos en la Renta de Ciudadanía sino también subrayar las dificultades para la contratación de personal por parte de las entidades locales”, aclaró Martínez, quien avanzó, con respecto al último punto, que ya desde Derechos Sociales se ha propuesto la creación de una mesa de diálogo entre la Fecam y el Colegio de interventores y Secretarios de abordar las mejores prácticas para facilitar la contratación de personal en el ámbito municipal.

“A través de estas reuniones “hemos querido recuperar la presencialidad y el debate en un momento crucial marcado por el cambio de modelo de prestación y los servicios que se prestan a la ciudadanía”, matizó Martínez.

La reunión, celebrada con la participación del director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, y los representantes de las áreas de servicios sociales de los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana Telde y Teror, culmina la ronda de encuentros de trabajo con los 88 ayuntamientos del Archipiélago.

La Prestación Canaria de Inserción alcanza una cobertura récord y elimina la lista de espera

La nómina del mes de julio protege a 11.239 familias, la mayor cantidad de familias beneficiarias en la historia de la prestación

Los tramitación de expedientes se están resolviendo en un plazo inferior a los dos meses que marca la ley

La Prestación Canaria de Inserción alcanza la mayor cobertura de su historia, tras alcanzar en la nómina del mes de julio las 11.239 familias beneficiarias. Este dato duplica al recogido en el mes de julio de 2019 y además permite que, en la actualidad, Canarias no cuente con lista de espera de solicitudes de la Prestación, ya que los expedientes se están resolviendo en un plazo inferior a los dos meses establecidos por ley para su resolución desde que entra la solicitud en la Dirección general de Derechos Sociales.

Noemí Santana, consejera del área de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, resalta el esfuerzo realizado por el personal de la Consejería para obtener estos registros. “Una vez más convertimos los derechos en hechos. La implicación del equipo de Derechos Sociales en mejorar la vida de la ciudadanía canaria están dando sus frutos”, explicó.

La mejora de la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se ha llevado a cabo gracias a las cuatro modificaciones de la ley que regula esta ayuda durante la presente legislatura, cambios que han permitido alcanzar a un mayor número de personas y familias en situación de vulnerabilidad social o en riesgo de padecerla, así como gracias a la incorporación de personal técnico que ha agilizado la gestión de los expedientes de la ayuda.

“Son datos positivos que nos invitan a seguir trabajando en ese camino”, subraya Santana. La consejera regional de Derechos Sociales indicó que “nuestra prioridad siempre ha sido que nuestra ciudadanía avance en derechos. Lo hemos hecho con la Prestación Canaria de Inserción y en breve se verá reflejado con la aprobación de la Renta Ciudadana”.

Además de las cuatro modificaciones llevadas a cabo para mejorar las condiciones de la Prestación, esta se ha visto beneficiada de un aumento en la partida presupuestaria correspondiente, que ha pasado de 36 millones de euros en 2019 a los 66,5 millones de euros en 2022.

 

 

 

 

La guaguaseo ofrecerá servicios de aseo y atención médica a las personas sin hogar de Gran Canaria

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, presentó el proyecto puesto en marcha por la Asociación Oportunidades de Vida destinado a las personas sin hogar

“En Canarias, en torno a unas 3.000 personas no tienen un hogar y viven en la calle, por eso, es fundamental contar con proyectos solidarios como el de Guaguaseo donde se les ofrece servicios de aseo, peluquería, acceso a ropa y atención médica”, explicó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, durante el acto de presentación del proyecto Guaguaseo celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, junto a Rafael Hernández en la guaguaseo.

La iniciativa social, impulsada por la Asociación Oportunidades de Vida, cuenta con una financiación de más de 50.000 euros del Ejecutivo canario a través de los fondos de pobreza. El vehículo ha sido financiado por el Cabildo de Gran Canaria.

La puesta en marcha de esta Guaguaseo se suma a la puesta en marcha en 2017 en Fuerteventura y a otra que pondrá en marcha Oportunidades de Vida la próxima semana en Tenerife, con el fin de atender a las personas que sufren sinhogarismo.

Por su parte, el presidente de la entidad social, Rafael Hernández, subrayó que este servicio se trasladará a los núcleos de población donde existan personas sin hogar con el fin de ofrecerles servicios de higiene y aseo así como de atención médica.

 

 

 

 

 

Noemí Santana: “La puesta en marcha de la Renta ciudadana será un hito histórico para Canarias”

La consejera de Derechos Sociales afirma que la ley de Renta Ciudadana supone “un avance agigantado en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”

“Con la puesta en marcha de la ley de Renta ciudadana, Canarias se convertirá en una de las comunidades autónomas que lideran y garantizan tener una renta mínima garantizada para la población que más lo necesita, lo que supone un hito histórico para nuestra tierra”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, al inicio de la jornada informativa ‘Renta ciudadana: hacia una Canarias más justa’ celebrada hoy en la sede del periódico Canarias 7, en Las Palmas de Gran Canaria.

«Cuando llegamos a la consejería, Canarias contaba con unas 5.500 personas eran beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, en la actualidad, son más de 10.800, es decir, hemos doblado esa cifra, además, a esto hay que sumarle las más de 20.000 personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital”, indicó Santana quien recordó que la Renta ciudadana es complementaria a otro tipo de ayudas, con lo cual la cifra de cobertura de esta Renta podría llegar a más de 50.000 familias.

Momento del Foro de debate ‘Renta ciudadana: hacia una Canarias más justa’

“Esto significa que el paraguas de cobertura que ofrece el Gobierno de Canarias y el Estado es mucho mayor al existente que cuando comenzó esta legislatura”, afirmó la responsable del área, quien aseguró que la Renta ciudadana “será pronto una realidad en nuestra tierra lo que supone un avance agigantado en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, manifestó que “cuanto más se apropie la ciudadanía de una ley más éxito tendrá. Estamos en el trámite de enmiendas parciales y dispuestos a escuchar a todos para que aporten esas enmiendas que hagan más rico el texto”.

“Canarias no tendrá nunca más una persona sin su cobertura mínima vital garantizada”, enfatizó el director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez, quien explicó que, en relación a su tramitación, “no queríamos cometer los errores del pasado, por tanto, queremos evitar que fuera una carrera burocrática por eso la solicitud ira directamente al Gobierno de Canarias, lo que agilizará los procesos”.

Franquis logra el consenso de agricultores y plataformas de afectados para el trazado de La Palma

El responsable regional de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, anunció que las obras del tramo 1 de la nueva vía, un trazado de 4,8 kilómetros que se construirá sobre las coladas entre las cercanías de Puerto Naos y finalización en la LP-215, comenzarán en tres semanas

Además,el consejero informó que se estudiará con más detalle el trazado propuesto por la Plataforma de Afectados para el segundo tramo, que conectaría la LP-215 con el casco de Tazacorte

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha logrado sumar hoy el consenso de los colectivos de agricultores y plataformas de afectados para el trazado del primer tramo de la nueva carretera de la costa entre Tazacorte y Puerto Naos. Además, el consejero Franquis informó que existe el compromiso de iniciar las obras del citado tramo de esta carretera, el que atraviesa las coladas, en el plazo de tres semanas. Al mismo tiempo, Sebastián Franquis informó a los colectivos que los técnicos de la Consejería y del Estado van a analizar con más detenimiento el trazado alternativo propuesto por la Plataforma de Afectados para el segundo tramo de esta carretera, que irá entre el fin de las coladas y la entrada al casco de Tazacorte -el que más discusión ha generado-, para lograr también el consenso con estos colectivos.

“Vamos a iniciar la obra porque hay un consenso generalizado con el trazado del tramo uno”, indicó el consejero Franquis, “hemos conseguido en la reunión de hoy un amplio consenso con el sector agrícola y las plataformas de afectados para la propuesta de construcción que se ha planteado hoy para el primer tramo de la carretera es acorde a lo que habíamos hablado, y a lo que nos habíamos comprometido en la reunión anterior. De esta forma, esta propuesta de construcción solo afectará a 1,4 hectáreas de terreno agrícola productivo, mucho menos de lo que la previsión que había inicialmente en ese trazado, y tres hectáreas de terreno no productivo sobre las coladas del viejo volcán de San Juan”.

La nueva carretera de la costa es una obra declarada de emergencia por el Gobierno de España cuya financiación y ejecución corre a cargo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con la consejería regional de Obras Públicas. El consejero Sebastián Franquis anunció a los colectivos presentes en la reunión de hoy que la propuesta de construcción del primer tramo de la vía, de una longitud de 4,8 kilómetros, será sometida a exposición pública en tres semanas a efectos expropiatorios, y que justo después empezarían las obras del tramo uno, que entrará en servicio parcialmente antes de finales de año, y cuyas obras se espera acabar en los primeros meses de 2023.

Sobre el tramo dos, durante la reunión se informó que se va a estudiar el trazado alternativo planteado por los miembros de la Plataforma de Afectados para conocer las afecciones que pueda producir dicho trazado. Este tramo dos medirá poco más de 800 metros y uniría las coladas con el casco de Tazacorte. “Queremos estudiar a fondo, como hemos hecho con el primer tramo, cada uno de los terrenos afectados para escoger técnicamente cuál es la solución más adecuada para el segundo tramo. Para eso necesitamos conocer el alcance del proyecto de construcción, y queremos hacerlo de forma coordinada y con transparencia con los colectivos, porque es evidente que ha producido un debate en la propia sociedad palmera, y por eso vamos a estudiar las propuestas de la plataforma de afectados”.

El consejero considera que recuperar la conectividad entre Puerto Naos y la entrada a Tazacorte es imprescindible porque se trata, justamente, de recuperar los tramos de las antiguas carreteras que asoló la lava. Este trecho de la vía de la costa se iniciará en la LP-213, a la salida de Puerto Naos y junto a la nueva carretera que ejecutó la consejería el pasado mes de diciembre en Hoya del Verdugo. Esta carretera construida por la vía de emergencia en poco más de un mes, conectará a su vez con el tramo de la LP-2 que va a Fuencaliente, de esta forma, la carretera regional y la nueva carretera de la costa que se empieza a ejecutar ahora, funcionarán a modo de variante o circunvalación al trazado de la LP-2 inutilizado por la lava.

El trazado en el que trabajan los técnicos de la Consejería de Obras Públicas y los del Ministerio para el tramo uno va a minimizar la ocupación de suelo (apenas 1,4 hectáreas de suelo fértil) y sobre todo va a generar una gran permeabilidad en la zona de coladas ya que se van a crear conexiones desde la nueva carretera con todas las explotaciones agrícolas en producción que quedaron aisladas dentro de la colada.

El consejero Franquis recordó que el nuevo vial costero que ejecuta el Gobierno de España incluye la petición del Gobierno de Canarias de crear un corredor de instalaciones e infraestructuras junto a la carretera, por lo que se ha previsto una berma de tres metros en el que se instalarán canalizaciones de luz, agua de riego y telecomunicaciones.

Lanzarote, pionera en la atención integral a la Dependencia

“Estamos ante un ejemplo único de cooperación y colaboración entre las administraciones que apostamos por la especialización y a optimización de los recursos”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, durante la firma del protocolo hoy junto al Cabildo de Lanzarote

El nuevo servicio prevé un incremento presupuestario de 10 millones de euros y cubrir “toda la lista de espera de Lanzarote y La Graciosa”

“A partir de ahora, las personas que figuran en las listas de espera serán atendidas directamente por el Consorcio, anticipando incluso la resolución de su expediente”, afirmó la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo

“Hoy asistimos a un acto histórico con la constitución de un consorcio, integrado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los siete ayuntamientos de Lanzarote y La Graciosa, que permitirá que ni una persona se quede sin recibir el servicio de dependencia al que tiene derecho, viva en el municipio que viva”. Con esta contundencia se manifestó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, durante la firma del protocolo por el que se pone en marcha el Servicio de Atención Integral de la Dependencia en la Isla de Lanzarote (SAIDIL).

En el transcurso de la firma del protocolo junto a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, afirmó que “estamos ante un ejemplo único de cooperación y colaboración entre las administraciones que apostamos por la especialización y a optimización de los recursos, evitando así las duplicidades y garantizando la eficiencia de los servicios”.

La implantación de estas medidas permitirá ir progresivamente dejando atrás un servicio asistencialista, consolidando la Dependencia como un derecho garantizado por ley.

“Normalmente, son las personas dependientes o sus familias las que acuden a las administraciones para solicitar una ayuda”, indicó la consejera regional de Derechos Sociales, quien subrayó que, “gracias a este protocolo, son las administraciones las que nos hemos acercado, gracias al esfuerzo e implicación de los municipios, a cada puerta, a cada casa de los vecinos y vecinas de Lanzarote, para calibrar sus necesidades”

De esta forma, a través del nuevo consorcio, Lanzarote contará con un Servicio de Ayuda a Domicilio de ámbito insular y que, progresivamente, se implementarán otros servicios como la telemedicina, la domótica o la teleasistencia avanzada en los hogares.

“Para ello, indicó Santana, contamos con un incremento de presupuesto de 3 millones de euros para 2022 y de 7 millones para 2023. Serán 806 personas las atendidas entre ayuda a domicilio y promoción de la autonomía personal. Eso significa que, junto a la atención que ya se está dando, se cubrirá toda la lista de espera de Lanzarote y La Graciosa.”.

Además, el servicio permitirá incrementar el servicio de teleasistencia hasta llegar a las 194 personas atendidas en 2022, “lo que convierte a Lanzarote en la avanzadilla de un modelo que queremos exportar al resto de islas para seguir dándole la vuelta a la dependencia en Canarias”, subrayó la responsable autonómica de Derechos Sociales.

Por su parte la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, explicó que “a partir de ahora, las personas que figuran en las listas de espera serán atendidas directamente por el Consorcio, que les proporcionará los servicios a los que tengan derecho, anticipando incluso la resolución de su expediente”.

“Tanto la Consejería de Derechos Sociales como el Cabildo de Lanzarote, hemos querido ir más allá y dar cabida en el Consorcio a aquellos ayuntamientos que opten por integrarse en el mismo. Mediante su integración, los ayuntamientos adheridos derivarán al Consorcio aquellas personas a las que ya están prestando atención”, indicó Corujo quien matizó que “la implementación de esta cartera ampliada de servicios tendrá un efecto positivo incluso en la demanda de plazas residenciales, toda vez que el servicio está orientado a garantizar un nivel de asistencia que permita a las personas dependientes continuar residiendo en su propio hogar”.

“Estoy convencida de que esta iniciativa va a suponer un antes y un después en la atención a la dependencia en Lanzarote”, enfatizó.

Los centros de día para personas mayores contarán con una inversión de 600.000 euros para actividades sociocultural

La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias invertirá casi 600.000 euros a la organización y desarrollo de actividades socioculturales, recreativas y de promoción de la salud dirigidos a las personas usuarias de los Centros de Día de atención social a personas mayores de titularidad de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

Este anuncio fue realizado hoy miércoles, 15 de junio, por la consejera del área, Noemí Santana, en el transcurso de la visita que llevó a cabo al Centro de día para personas mayores de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde mantuvo una reunión con los representantes del colectivo.

En el transcurso del encuentro, Santana comunicó a las personas usuarias del centro que en breve serán publicadas las bases de la licitación de la inversión, cuya cuantía asciende a 571.741,88 euros para el bienio 2022-2024, a través de la cual se mejorará la calidad de vida de las personas mayores con el ejecución de diversas actividades y talleres dirigidas a promover la convivencia y la participación social del colectivo así como a procurar la promoción de su autonomía personal y la prevención de situaciones de dependencia.

“Desde la Dirección general de Derechos Sociales se ha trabajado de forma muy exhaustiva para poder garantizar la financiación necesaria para este programa de actividades recreativas y de promoción de la autonomía personal de las personas usuarias de estos recursos, precisamente este ha sido el motivo por lo que se ha demorado la reactivación de las actividades y talleres”, aclaró la responsable regional del área, quien aclaró que, con la inversión prevista, se garantiza el desarrollo y organización de un amplio conjunto de actividades “para los próximos dos años, con opción a otros dos”.

Por su parte, el director general de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Javier Bermúdez, explicó que el objetivo de esta inversión, “es favorecer entre la población usuaria de la red de centros de día para personas mayores un envejecimiento activo y saludable, estimulando su actividad física y potenciando su participación e integración en la vida de la comunidad así como fomentar las relaciones interpersonales y de convivencia de las personas mayores en su propio entorno”.

Para ello, se contempla la contratación de la programación de actividades sobre hábitos saludables, actividades psicosociales, actividades formativas y actividades de promoción artística, dirigidas a promocionar el fomento de la cultura, el desarrollo personal y la promoción de la salud de las personas mayores con el fin de propiciar unas condiciones de vida saludables que les permita estar activos y saludables física y emocionalmente, previniendo futuras situaciones de dependencia y vulnerabilidad y que faciliten las relaciones intergeneracionales.

Red de centros de personas mayores

Canarias cuenta con una red de 24 centros de personas mayores, siete de los cuales están gestionados directamente por la propia Consejería de Derechos Sociales, a cuyos servicios y talleres acceden casi 28.000 personas mayores.

En concreto, la programación de actividades que se licita están dirigidos a los siguientes recursos: Centro de Día de atención social a personas Mayores de Las Palmas (Ciudad Alta); Centro de Día de atención social a personas Mayores de La Isleta (Gran Canaria); Centro de Día de atención social a personas Mayores Isidro Rodríguez Castro (Tenerife); Centro de Día de atención social para personas Mayores (Tenerife); Centro de Día de atención social a personas Mayores de Icod de los Vinos (Tenerife); Centro de Día de atención social para personas Mayores de Los Realejos (Tenerife) y Centro de Día de atención social a personas Mayores de Arrecife (Lanzarote).

A través de este tipo de recursos se ofrece un conjunto de servicios de carácter asistencial, cultural, de ocio y recreativos así como se presta programas dirigidos a la promoción del envejecimiento activo y de prevención de la dependencia y la lucha contra la soledad no deseada, procurando la realización de actividades de participación personal y grupal, a la vez que busca la inserción en el medio social de la persona mayor sin alejarse de su entorno familiar.

Canarias pone en marcha Clave-A, una herramienta de actuación frente a la violencia y el abuso sexual infantil

Con esta iniciativa, Canarias se convierte en la primera comunidad española en lanzar un proyecto diseñado con múltiples acciones dirigidas a la sensibilización, prevención y detección frente al Abuso Sexual Infantil

Clave-A es un programa impulsado por la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad, la Fundación Mapfre Guanarteme y el Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria

El programa se inicia con la puesta en marcha de un curso de formación en red dirigido a personal técnico que comienza hoy 1 de junio, celebración del Día Internacional de la Infancia

Dotar a las personas menores y adolescentes de las herramientas necesarias para denunciar que están siendo víctimas de abuso sexual o pueden estar en peligro de sufrirlo. Con este fin, el Gobierno de Canarias, a través de la de la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, pone en marcha Clave-A, un programa de protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia y el abuso sexual.

“Con la puesta en marcha de este programa, Canarias se convierte en la primera comunidad española en lanzar un proyecto diseñado con múltiples acciones dirigidas a la sensibilización, prevención y detección frente al Abuso Sexual Infantil, acorde con el plan integral Plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia”, explicó la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, quien subrayó la importancia de esta iniciativa sobre todo teniendo en cuenta que, en nuestro país y según datos de Save The Children, solo el 15% de los casos de abuso sexual infantil llegan a denunciarse.

Por su parte, la directora de la Fundación Mapfre Guanarteme, Esther Martel, señaló que “desde la Fundación Mapfre Guanarteme consideramos que la formación y prevención son dos elementos clave de transformación social. La prevención es una herramienta fundamental para conseguir un futuro más seguro para nuestros jóvenes, por eso no dudamos en apoyar el proyecto Clave A. Esta iniciativa ofrece a los profesionales que están en contacto directo con menores y adolescentes una formación transversal que ha sido específicamente diseñada para ayudarles a detectar situaciones de abuso y pautas sobre cómo actuar ante ellas y, lo más importante, que esa detección sea en la fase inicial, de manera que puedan acompañar al menor y evitar que se convierta en una víctima. Estamos profundamente convencidos de que la formación, divulgación y sensibilización son claves para detectar y, sobre todo, prevenir situaciones de abuso en nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Clave-A es un programa desarrollado por Sonja Arup e impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad, la Fundación Mapfre Guanarteme y el Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, primer Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del España.

Además, para su desarrollo se ha contado con la colaboración de la Consejería de Educación, Universidades, Deporte y Cultura del Gobierno de Canarias; la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias y del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Cuatro canales de denuncia

El programa Clave-A consta de diferentes acciones dirigidas a proporcionar a la persona menor y adolescente un conjunto de señales que les permita denunciar que está siendo víctima de una situación de abuso o se siente en peligro y cómo denunciarlo.

De esta forma, a través de Clave-A se da visibilidad a cuatro canales de ayuda para pedir auxilio, verbal y no verbal: mediante el gesto de A invertida con los dedos (indica la clave), la escritura de la A en cualquier formato (escribe), contarlo a otras personas (di clave-A) o denunciar directamente al 112 (llama al 112).

“Se ha optado por la letra A como elemento clave de este programa porque es la primera letra de la palabra abuso y también es la primera letra del abecedario que aprendemos al comenzar a leer; es por eso, por lo que consideramos que resulta más fácil de recordar para las niñas y niños a la hora de utilizar esta letra como signo de denuncia”, aclaró Serrano quien matizó Clave-A incluye un conjunto de acciones dirigidas a formar y dotar a los equipos de profesionales que trabajan en el ámbito de atención y protección a la población menor y juvenil del Archipiélago, de las herramientas necesarias para detectar y actuar ante una situación de violencia y de abuso sexual.

El programa cuenta con una página web clave-a.com donde se incluye las diferentes formas de denuncia, acciones del programa, un banco de más de 100 imágenes en positivo y negativo sobre el abuso al menor, en el ámbito deportivo y genéricas, así como diverso material corporativo.

Formación específica para profesionales del ámbito de infancia en Canarias

Como una de las primeras acciones del programa Clave-A se incluye la puesta en marcha de un curso en red de 60 horas de duración, coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia, que se celebra hoy martes, 1 de junio.

El curso está dirigido a profesionales y personal técnico que trabaja en el área de infancia con el fin de formarlos en el adecuado funcionamiento de protocolos de actuación frente a indicios de abuso sexual infantil y cualquier otra forma de violencia, así como dotarles de los conocimientos necesarios en relación al ámbito legislativo correspondiente a la protección de la infancia y adolescencia, planes de sensibilización, prevención, detección y protocolos de actuación frente al abuso sexual y violencia infantil.

El curso está dirigido a los equipos profesionales de los más de 1.500 centros educativos no Universitarios de Canarias (públicos, concertados y privados) así como al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), a los cuerpos de seguridad de policías locales y Policía canaria, Federaciones Deportivas de Canarias, Escuelas de Ocio y Tiempo Libre, fundaciones, asociaciones y Ongs del Archipiélago.

Entre sus contenidos, se incluye conocimiento sobre el marco legislativo correspondiente a la protección de la infancia y adolescencia; la adquisición de conocimientos y herramientas metodológicas que permitan detectar un posible abuso sexual infantil; la adquisición de técnicas básicas para una entrevista en situaciones de sospecha de un posible abuso sexual infantil y el conocimiento de los protocolos de implantación e implementación que exige la normativa. Además, se incluye formación de la Guía de Claves de Ayuda para pedir auxilio ante un abuso a menores y adolescentes: aprender el significado y su utilización ante la revelación.