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El Gobierno de Canarias prevé una caída del PIB regional en 2020 del 15%, pero un rebote en 2021 del 16,2%

Portada estudio

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo publica las primeras predicciones con tres escenarios de impacto de la COVID-19 por la alta incertidumbre sobre la evolución de la pandemia

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias pronostica una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 12,7 al 19,2% durante 2020 en el Archipiélago como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y un rebote de la actividad del 14,3 al 16,3% para 2021.

El departamento dirigido por Elena Máñez presenta esta semana oficialmente las primeras predicciones económicas de Canarias para este año y el próximo ejercicio, un informe con tres escenarios de impacto de la COVID-19, ya publicado en la web institucional (www.gobiernodecanarias.org/economia/politica_economica/covid.jsp) y sujeto a “futuras actualizaciones periódicas de acuerdo con la mayor información disponible en cada momento”.

“Las previsiones de los tres escenarios indican que el PIB real de Canarias en 2020 experimentará una contracción que oscilará entre un -12,7% y un -19,2%, con un escenario central del -15,0%. Para 2021 se espera una recuperación de la actividad cuantificada en un intervalo de crecimiento entre el 14,3% y el 16,3%”, resume el documento elaborado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización antes de calcular entre 5.622 y 8.632 millones de euros la reducción del PIB nominal a lo largo de este año.

Realizado mediante el modelo econométrico desarrollado para la administración autonómica por el Centro de Predicción Económica (Ceprede), el informe augura para 2020 una reducción del empleo del -6,7 al -10,6%, entre 60.600 y 95.900 ocupados menos; y una recuperación el próximo año del 2,5% al 9,2%, entre 20.000 y 80.000 trabajadores más.

Recuperación en base a la demanda turística

El estudio cuenta con la colaboración de la Viceconsejería de Turismo para diseñar un escenario central y dos adicionales, optimista y pesimista, en base al comportamiento de la demanda turística, es decir, a la evolución más o menos negativa tanto de los visitantes extranjeros como de los nacionales con respecto a la situación previa a la pandemia por coronavirus.

El escenario optimista implica el comienzo de la recuperación gradual de la demanda turística a partir del segundo trimestre, junio para el turismo nacional y julio para el extranjero, por lo que se sitúa la normalización en unos niveles previos a la pandemia en torno a febrero de 2021.

Con idénticos plazos pero con menor intensidad, el escenario central estima la normalización en marzo y abril de 2021 para el turismo nacional y extranjero, respectivamente. Por último, el escenario pesimista postpone el inicio de la recuperación a julio para el turismo nacional y a octubre para los visitantes extranjeros, por lo que se calcula la vuelta a los niveles de antes de la pandemia en junio de 2021.

“Profundo impacto”

En el escenario central, “que se considera el más plausible, se espera un descenso del PIB real en 2020 del -15,0%, equivalente a 6.695 millones de euros en términos nominales. Para 2021 se prevé un repunte del crecimiento del 16,2%, si bien todavía no se retomaría el nivel de 2019”, pronostica el informe de Economía.

Reflejo de la pérdida de actividad, el mercado de trabajo experimenta en el escenario central un descenso del 8,1% en 2020, alrededor de 73.100 personas ocupadas menos, por lo que la tasa de paro aumenta en cinco puntos porcentuales hasta el 25,5%. Como afirma la consejera, Elena Máñez, “es un hecho que las medidas de protección de los trabajadores y trabajadoras y de flexibilización de los ERTE adoptadas han conseguido reducir el impacto en la actividad y el empleo; de no ser por estas medidas, el impacto hubiera sido mucho mayor”.

Así, el documento prevé para 2021 una recuperación del mercado de trabajo, manifestada en un repunte del empleo, que aumentaría en 64.600 personas ocupadas, con lo cual todavía no se volvería a niveles de 2019. La tasa de paro del próximo año se situaría en el 20,7%, frente al 20,5% del ejercicio precedente.

Por su parte, la viceconsejera de Economía e Internacionalización, Almudena Estévez, coincide en que “todas las iniciativas de apoyo a familias, personas trabajadoras y empresas han permitido mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, si bien están suponiendo un gran esfuerzo en términos de apoyo presupuestario por parte de las administraciones públicas, tanto estatal como regional”. “Este esfuerzo valdrá la pena si logramos una pronta y segura recuperación, y que en el peor de los escenarios la tasa de paro de Canarias no alcance cifras como el 33% del año 2013, ocasionado por la anterior crisis económica”, añade.

En definitiva, “de los resultados obtenidos se concluye el profundo impacto de la pandemia sobre las principales variables macroeconómicas de Canarias, en mayor medida por la elevada dependencia de nuestra economía del turismo”, finaliza el informe de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, que traslada “un mensaje de cierta cautela” respecto a las cifras publicadas ante el alto grado de incertidumbre sobre la evolución de la crisis a causa de la COVID-19.

Máñez anuncia un acuerdo con patronal y sindicatos para pedir una prórroga de los ERTE hasta diciembre

Elena Máñez

La consejera adelanta ante el Pleno del Parlamento que el Consejo de Relaciones Laborales pedirá la prórroga hasta diciembre de los expedientes de regulación temporal de empleo en el turismo y los sectores vinculados

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias el acuerdo alcanzado con las patronales y sindicatos más representativos del Archipiélago, en el marco del Consejo Canario de Relaciones Laborales, para elevar a la Comisión de Seguimiento Tripartita una propuesta de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo “desde la unidad de acción”, propuesta que, detalló, incorpora entre otras cuestiones la necesidad de permitir la ampliación de los ERTE hasta final de año para el sector turístico y las empresas con actividad “estrechamente vinculada al principal sector productivo de Canarias”.

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó hoy mismo elevar a la Comisión Tripartita laboral del proceso de desconfinamiento la prolongación automática hasta el 31 de diciembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tanto en el turismo como en las empresas con actividad estrechamente vinculada al principal sector productivo en el Archipiélago.

Conformado por la administración autonómica junto a las patronales y sindicatos con mayor representatividad (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), el Consejo Canario de Relaciones Laborales consensuó la solicitud de prórroga hasta final de año de los ERTE turísticos y sectores vinculados por tratarse de “una cuestión fundamental dadas las singularidades de las Islas de cara a la reactivación económica”.

El acuerdo, alcanzado en el marco de la unidad de acción mantenida por el Gobierno con los agentes económicos y sociales desde la declaración del estado de alarma, contempla “que sea la autoridad laboral competente la que pueda determinar la fuerza mayor total o parcial a otros sectores, que no siendo sector turístico, tengan su producción vinculada de forma notoria con la recuperación del sector turístico”. Además, el Consejo Canario de Relaciones Laborales solicita que la causa por fuerza mayor total o parcial se determine por centros de trabajo y no por empresas, “pudiendo mantener la fuerza mayor total aquellos centros de trabajo que no puedan reabrirse por las diferentes restricciones sanitarias, manteniendo las especialidades contempladas en el Capítulo II del Real Decreto-Ley 8/2020, especialmente la exoneración del 100% o del 75%, según los casos”. En centros con ERTE por fuerza mayor total, no computaran los plazos de contrato, ni de paro, ni de los seis meses de salvaguarda del empleo.

Igualmente, el órgano colegiado adscrito a la consejería dirigida por Elena Máñez acordó trasladar a la comisión tripartita que las empresas turísticas o de otros sectores que “por necesidades de mantenimiento de sus establecimientos, cuestiones de gestión de nóminas o de carácter fiscal necesiten recuperar del ERTE de fuerza mayor total a algún trabajador y sus establecimientos no estén generando ingresos por restricciones sanitarias, no se les compute la exoneración de cuotas por una causa mayor parcial, y por lo tanto, no compute a efectos de tiempo las cláusulas de salvaguarda de empleo ni de prestaciones”.

La Comisión Tripartita fue creada por Real Decreto Ley 18/2020 de medidas sociales en defensa del empleo y está integrada por los ministerios tanto de Trabajo y Economía Social como de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto a las confederaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) más representativas del Estado.

Balance de situación

Durante su comparecencia ante el Parlamento para informar de la situación de la crisis de la COVID-19, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo hizo balance de la actual situación económica, de las previsiones de crecimiento que trabaja este departamento y dio cuenta de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para “no dejar caer a las pymes y personas trabajadoras autónomas de las Islas”.

Tras expresar su satisfacción “por volver a encontrarnos en esta casa” y agradecer “a todo el equipo del Parlamento el gran esfuerzo que han hecho para mantener la actividad fundamental que realiza esta Cámara”, Elena Máñez afirmó que las medidas y políticas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno de España “están haciendo posible que en estos momentos no haya una quiebra social sin precedentes en España”.

La consejera también adelantó que este miércoles la Consejería publicará el primero de los informes de previsiones económicas elaborado por este departamento, un documento del que se extrae un escenario muy variable “que habrá que tomar con cautela”. Así, este estudio trabaja con tres posibles escenarios que se mueven, para 2020, entre unas caídas del PIB del 12% y el 19%, con un escenario intermedio, “el más plausible”, del 15%. Asimismo, el informe apunta a una recuperación económica “en torno a marzo o abril de 2021”, con un crecimiento del PIB del 16,2%.

El Consejo General de Empleo amplía su oferta formativa y se adapta al mercado laboral derivado de la COVID-19

Elena Máñez

El Servicio Canario de Empleo refuerza su programación un 12,5% con respecto a 2019 hasta ofrecer 2.084 acciones este año, con prioridad a las personas sin trabajo

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este martes un incremento del 12,5% en las acciones de formación profesional para 2020 y una adaptación de la oferta al mercado laboral derivado tanto de la pandemia de COVID-19 como del proceso de transición ecológica.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General del SCE emitió el informe preceptivo a favor de la actualización para este año de la oferta de formación profesional para el empleo correspondiente al periodo 2019-2021, a partir de las propuestas de los agentes socioeconómicos y del tratamiento de las especialidades de transición ecológica.

“Desde esta consejería seguimos trabajando en el diálogo social para buscar los mejores acuerdos posibles con sindicatos y patronales, porque en estos momentos necesitamos la unidad de acción para dar la mejor respuesta posible a la crisis excepcional que atravesamos”, destacó Máñez tras la reunión telemática del Consejo General de Empleo, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de las organizaciones sindicales y confederaciones empresariales con mayor representatividad

Dos centenares de acciones más

En concreto, el documento aprobado por el Consejo General del SCE contempla 233 acciones más en su oferta formativa, dirigida con prioridad a las personas desempleadas, al aumentar desde 1.851 en 2019 hasta 2.084 actuaciones para este año.

Además, la oferta del SCE incluye 145 especialidades consideradas de transición ecológica, programadas en 265 acciones a lo largo de 2020, como las nuevas cualificaciones en Huella de carbono de producto y organización o Modelos de negocio en la economía circular.

También se incorporan otras especialidades en respuesta a la actual demanda del mercado laboral, marcado por la crisis sanitaria a causa de la enfermedad por coronavirus, como Transformación logística en un entorno de industria 4.0, Gestión de llamadas de teleasistencia o Asistencia a la investigación de mercados.

Igualmente, la sesión extraordinaria del Consejo General de Empleo emitió un informe favorable al convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Gran Canaria para el inicio del plan de empleo en la isla derivado de la situación sobrevenida por la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

También informó a favor de otro acuerdo de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Tenerife para la coordinación de las actuaciones en materia de empleo de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), además de propuestas de adendas a los convenios con diversas entidades para los programas experimentales de la convocatoria 2018-2019.

El Icasel convoca a la hostelería y la construcción para actualizar la prevención de riesgos ante la COVID-19

Elena Máñez en videoconferencia

La Comisión Permanente del Instituto Canario de Seguridad Laboral cita a las mesas técnicas de ambos sectores para establecer las nuevas directrices de buenas prácticas durante la desescalada y reactivación económica

La Comisión Permanente del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), órgano adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este martes convocar a las mesas técnicas de hostelería y construcción para actualizar las medidas de prevención de riesgos en el trabajo ante la situación generada por la COVID-19.

Durante la reunión, la consejera de Economía, Elena Máñez, destacó el protagonismo que tendrá el Icasel durante el proceso de desescalada y reactivación económica a la hora de reforzar la prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras en las empresas canarias, contribución fundamental para “su reincorporación progresiva, con garantías de seguridad, a los espacios de trabajo”. Además de Máñez, participaron en el encuentro el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director del Icasel, Elirerto Galván; el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; y la directora general de Industria, Yolanda Luaces; además de dirigentes de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad.

Convocada para la próxima semana, la mesa técnica de hostelería, con representación de las patronales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), activará al grupo de trabajo para fijar las orientaciones generales en los establecimientos canarios de acuerdo con las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19 en el entorno laboral. También citada para la próxima semana e integrada por patronales (AEC y Fepeco) y sindicatos (UGT y CCOO), la mesa técnica de construcción revisará las nuevas Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2, unas guías sectoriales ya elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para diversas actividades económicas.

El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, recordó que el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), dependiente de esta Consejería, “ha aumentado hasta más del doble” la partida de este año para subvenciones a la contratación de personal técnico por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones para formar en materia de prevención de riesgos laborales a las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago, unas ayudas que pasan de los 400.000 euros presupuestados inicialmente a 920.000. “Estas subvenciones nos permitirán mejorar el asesoramiento que se presta a pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena en el Archipiélago ante la nueva situación generada por la COVID-19, apoyándolas en la adaptación durante el proceso de desescalada y recuperación económica”, señaló.

Por su parte, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, destacó la importancia de la colaboración con los agentes económicos y sociales a la hora de plantar cara a la emergencia sanitaria de la COVID-19. “Trabajamos en la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la emergencia sanitaria, con el objetivo de prevenir y controlar el coronavirus en estos espacios desde la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas y con el Servicio Canario de la Salud”, apuntó.

Abierto el plazo para que los autónomos y autónomas sin actividad por la COVID-19 pidan la ayuda adicional del 30%

Elena Máñez

Las solicitudes se podrán presentar durante dos meses a partir de este miércoles y para ello es necesario tener ya concedida la prestación estatal del 70%, haber cesado la actividad a causa del estado de alarma y estar de alta como autónomo o autónoma a fecha de 14 de marzo

Elena Máñez afirma que la medida, impulsada desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, tiene como objetivo “proteger a los autónomos y autónomas de Canarias para que puedan afrontar la desescalada y recuperación económica con mayores garantías”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), abre este miércoles, 6 de mayo, el plazo para la solicitud de la ayuda adicional del 30% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar para las personas trabajadoras autónomas residentes en Canarias que hubieran cesado en su actividad debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19. La convocatoria, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/004.html), está dotada con 11 millones de euros y pretende completar la prestación extraordinaria que concede el Estado hasta alcanzar el 100% de la base de cotización. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante dos meses, a través de la Sede Electrónica del SCE (https://sede.gobcan.es/empleo).

Para optar a recibir la ayuda se deberá tener ya concedida la prestación extraordinaria del 70% que otorga el Gobierno de España, un trámite que se tiene que hacer en la mutua colaboradora de la Seguridad Social correspondiente. Este extremo se debe acreditar en el momento de presentar la solicitud, como también se comprobará, a través de la vida laboral, que el o la solicitante de la ayuda estaba en situación de alta en la Seguridad Social como persona trabajadora autónoma en el momento de la declaración del estado de alarma, así como la suspensión de su actividad por esta causa. Además, la actividad empresarial o profesional, así como el domicilio fiscal, deben estar fijados en Canarias.

Certificado digital

Para facilitar los trámites a aquellas personas que aún no tengan certificado digital, necesario para operar por la vía telemática, el Servicio Canario de Empleo ha activado un servicio de asistencia para la obtención del certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), mediante cita previa en el número de teléfono 922 924 070, donde se fijará una hora y un día para acudir presencialmente al organismo que corresponda, que será asignado por el SCE en función del municipio e isla de residencia. Antes de acudir a esta cita, los usuarios y usuarias deben obtener el código de solicitud del certificado en el sitio web de la FNMT, que les será requerido para acreditar su identidad junto con el documento de identidad o, en su defecto, el carné de conducir.

Esta convocatoria de subvenciones forma parte de las medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19 recogidas por el Gobierno de Canarias en el Decreto ley 4/2020, de 2 de abril. Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, esta emergencia sanitaria “ha impactado con especial fuerza en el colectivo de personas trabajadoras autónomas, que junto a las pymes representan la base de nuestro tejido empresarial”. La consejera señala que la ayuda adicional del 30%, impulsada desde la consejería que dirige, tiene como objetivo “proteger a los autónomos y autónomas de Canarias que han cesado su actividad debido a la pandemia para que, a medida que vaya pasando la emergencia sanitaria, puedan afrontar la desescalada y recuperación económica con garantías”.

La consejera recuerda que la estrategia de apoyo a pymes y personas trabajadoras autónomas en la crisis de la COVID-19 diseñada por la Consejería, que ya avanzó en su reciente intervención ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, contempla otras medidas para “acompañar en la vuelta a la normalidad a las personas trabajadoras por cuenta propia”, como las orientadas a la digitalización o la dotación de líneas de avales para impulsar su liquidez.

 

La ministra de Trabajo apoya al Gobierno de Canarias para prorrogar los ERTE por fuerza mayor

La ministra de Trabajo apoya al Gobierno de Canarias para prorrogar los ERTE por fuerza mayor

Yolanda Díaz trasladó la medida al presidente de Canarias en la reunión telemática celebrada este lunes en la que han abordado las reivindicaciones canarias para proteger a personas trabajadoras y empresas durante el proceso de desescalada y recuperación económica

El Gobierno de Canarias ha obtenido el apoyo de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para una prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, una decisión que la ministra ha avanzado al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el encuentro celebrado este lunes de forma telemática.

En la reunión, en el marco del Comité de Gestión Económica, han participado también, las titulares de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez; de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende; y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, además del presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco, de UGT Canarias, Águeda Victoria Francisco, y de CCOO en Canarias, Inocencio González.

Para el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la prórroga de los ERTE “permitirá dar respuesta al gran impacto que la emergencia sanitaria está teniendo en la economía canaria”. En particular, el presidente insistió en la paralización del sector turístico, “que no podrá reactivarse de la noche a la mañana” y que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo en el Archipiélago. Por esta razón, “Canarias requiere de medidas específicas para afrontar su desescalada y reactivación económica”, apuntó Torres.

La ministra trasladó al presidente canario su compromiso de que en la aplicación de las prórrogas habrá especial atención a los sectores más afectados, como el turismo, y a comunidades duramente golpeadas por la crisis, como es el caso de Canarias. En ese sentido, avanzó que la propuesta se está discutiendo ya en la mesa de diálogo social.

Por su parte, Elena Máñez manifestó junto a los participantes en la reunión las peticiones que Canarias considera imprescindible incluir en un nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes que modifique los requisitos normativos para los ERTE de fuerza mayor y por causas ordinarias.

Entre estas reivindicaciones se encuentra la prórroga automática de los ERTE de fuerza mayor en condiciones iguales y superiores a las ya establecidas en el Real Decreto Ley 8/2020, así como la inclusión de estímulos similares para los expedientes motivados por causas ordinarias, como la exoneración de un porcentaje de las cuotas empresariales, y el mantenimiento de las prestaciones por desempleo, en las condiciones actuales, para los trabajadores y trabajadoras sujetas a un ERTE.

Tanto el Gobierno como los agentes económicos y sociales expresaron a la ministra la necesidad de tener en cuenta las singularidades canarias por el alto peso que para la economía y el empleo tienen el turismo y la dependencia del exterior, de manera que la recuperación pueda darse “con seguridad y garantías jurídicas para las empresas y personas trabajadoras”. En este sentido, Máñez recordó que el tejido empresarial canario está compuesto en su amplia mayoría por pequeñas y medianas empresas (pymes) que necesitan “políticas de estímulo para que cuando estas empresas decidan afrontar la recuperación de su actividad económica, puedan hacerlo con flexibilidad”.

En la reunión de hoy, la ministra garantizó nuevamente al Gobierno de Canarias la partida correspondiente el Plan Integral de Empleo de Canarias una vez acaben los últimos trámites administrativos.

En la reunión, tanto los sindicatos como la patronal pusieron en valor la unidad de acción con la que se está trabajando desde Canarias y destacaron la importancia de la reciente propuesta para un Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias. Un documento que la ministra ha solicitado que le envíen para tenerlo como ejemplo de coordinación ante la grave situación que se está viviendo.

La Consejería de Economía refuerza la prevención de riesgos laborales para hacer frente a la COVID-19

Seguridad laboral

El Icasel amplía hasta los 920.000 euros las ayudas a sectoriales empresariales, sindicatos y asociaciones de personas autónomas para contratar personal técnico con el objetivo de asesorar en la adaptación de los empleos a la pandemia

Máñez subraya la importancia de las acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables en tiempos de la COVID-19 para “una desescalada y reactivación económica seguras para las personas trabajadoras y empresas”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), ha aumentado hasta los 920.000 euros las subvenciones de este año para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En coincidencia con la conmemoración, este 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la consejería dirigida por Elena Máñez anuncia este refuerzo, orientado a mejorar el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena ante la nueva situación generada por la emergencia sanitaria.

El Plan de Actuación del Icasel contaba inicialmente con un presupuesto de 400.000 euros para 2020 destinado a subvenciones a organizaciones sectoriales para la contratación de técnicos en prevención de riesgos laborales. Dada la situación generada por la emergencia sanitaria, se ha aumentado esta cuantía hasta los 920.000 euros para llegar a más organizaciones y, por lo tanto, a un mayor número de pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena, impulsando la formación en políticas preventivas para combatir la COVID-19. Por otro lado, el Plan incluye también líneas de apoyo al mantenimiento financiero de las acciones a realizar por las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales de las confederaciones empresariales y sindicatos más representativos, con subvenciones por importe de 1.000.000 de euros.

Como explica Elena Máñez, aumentar los esfuerzos para la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la COVID-19 “es fundamental de cara a una desescalada y reactivación progresiva de la actividad económica segura para nuestros trabajadores y trabajadoras”. Para ello, apunta, este refuerzo del Plan de Acción en Prevención de Riesgos Laborales del Icasel permitirá acometer “medidas encaminadas a prevenir y controlar el coronavirus en los lugares de trabajo a través de la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas”. “Estas acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables durante la crisis de la COVID-19 nos permitirán garantizar que la reincorporación progresiva a los puestos de trabajo se produce con garantías de seguridad para las personas trabajadoras y las empresas”, afirma.

De acuerdo con el lema Detengamos la pandemia: La seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas, elegido este año para la jornada mundial por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Icasel centra su esfuerzo en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el mercado laboral, no solo con la sensibilización general de la ciudadanía sino mediante la adopción de prácticas concretas para la recuperación y adaptación de la actividad económica a lo largo de las próximas semanas.

Precisamente, la entidad dependiente de la Dirección General de Trabajo también difunde en su web (www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel) las nuevas directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores, elaboradas por el Gobierno de España con la colaboración de las comunidades autónomas. Ya publicó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSTT) los documentos correspondientes a la construcción, el comercio, el transporte o la industria, entre otros sectores, con las orientaciones para aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19.

La Consejería de Economía anuncia a la Fecam un plan extraordinario de empleo por el impacto de la COVID-19

Elena Máñez y Dunnia Rodríguez

El Servicio Canario de Empleo y los ayuntamientos canarios reanudan las contrataciones paralizadas a causa del estado de alarma por la pandemia

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias anunció esta semana a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) la próxima convocatoria por el Servicio Canario de Empleo (SCE) de un plan extraordinario para los ayuntamientos isleños con el objetivo de afrontar el impacto causado en el mercado laboral por la pandemia COVID-19.

La consejera de Economía, Elena Máñez, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, se reunieron este viernes por medios telemáticos con la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, y el responsable de su comisión de formación y empleo, Antonio Ramón Chinea, para coordinar las acciones entre el organismo autónomo y las corporaciones municipales.

No en vano, Máñez destacó que “los ayuntamientos representan una pieza clave en la estructura administrativa como entidad más cercana a la ciudadanía y los impactos de la actual crisis serán diferentes en cada municipio, por lo que debemos adaptar nuestras políticas activas de empleo a las 88 realidades del Archipiélago”.

“También comunicamos a la Fecam que ya estamos preparando con el Ministerio de Trabajo y Economía Social el Plan Integral de Empleo de Canarias 2020, un PIEC COVID-19, por lo que también aguardamos las propuestas municipales de proyectos capaces de mitigar el impacto social y económico de la pandemia para consensuar las futuras acciones, porque ahora más que nunca debemos acertar en las medidas”, añadió la consejera de Economía.

Por su parte, María Concepción Brito valoró “muy positivamente” el encuentro y manifestó la disposición de la Fecam a “trabajar de manera conjunta con la Consejería y el SCE en propuestas para llevar a cabo acciones en materia de impulso del empleo”.

Selección de personal

De cara al desconfinamiento de la población, el SCE analizó con la Fecam la reciente reanudación de los trámites necesarios para continuar con las contrataciones y los programas adjudicados a los municipios canarios, después de la paralización de las actividades a mediados de marzo como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España por la crisis sanitaria.

Por tanto, los 88 ayuntamientos inician ahora la selección de las personas desempleadas para su próxima contratación en otros tantos proyectos a cargo del Plan de Empleo Social (PES), adjudicados desde el SCE por un importe total de 30 millones de euros para 2020, además de la implantación de las nuevas medidas de seguridad para el colectivo beneficiado correspondientes a cada actividad laboral para la prevención y contención de la enfermedad por coronavirus.

También trabajan el SCE y los ayuntamientos para reanudar a lo largo de las próximas semanas los programas de formación en alternancia con el empleo (Pfae) conforme permitan las medidas de desconfinamiento por la pandemia COVID-19.

La Dirección General de Trabajo resuelve todos los ERTE por causa de fuerza mayor presentados hasta la fecha

Elena Máñez

La autoridad laboral ha cursado los 29.099 expedientes por fuerza mayor vinculados a la crisis de la COVID-19, otros 1.135 por causas productivas y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes, el 3,13% de todas las presentadas

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha resuelto, a fecha de 23 de abril, las 29.099 solicitudes presentadas de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor como consecuencia de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Asimismo, se han resuelto otros 1.135 expedientes temporales por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes de ERTE, el 3,13% del total.

En términos generales, incluyendo los expedientes por fuerza mayor y por causas objetivas, la autoridad laboral ha resuelto el 97,11% de las 31.224 solicitudes presentadas, 20 de ellas han sido rechazadas y solo se ha presentado un ERE extintivo.

Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos números demuestran “el inmenso esfuerzo realizado por la Dirección General de Trabajo para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados”, pues desde el inicio de esta crisis se tomó la decisión de resolver todos y cada uno de los expedientes, incluso en los casos en los que ha operado el silencio positivo. Todo ello, subraya la consejera, en un contexto en el que “se ha pasado de tramitar 80 expedientes al año a más de 30.000 en apenas mes y medio”.

La Dirección General de Trabajo “tuvo que adaptarse en un tiempo récord para recibir este altísimo número de solicitudes de ERTE”, explica Máñez. Así, desde la declaración del estado de alarma se tomaron varias medidas encaminadas a agilizar las autorizaciones, entre ellas el refuerzo de la autoridad laboral con 46 trabajadores y trabajadoras para la tramitación de expedientes; la adaptación del procedimiento electrónico de la Consejería a las nuevas necesidades derivadas del Real Decreto-ley 8/2020, que regula los ERTE durante la emergencia de la COVID-19; el establecimiento de un diálogo constante con patronales, sindicatos y colegios profesionales para informar de los pasos a seguir y resolver dudas; la elaboración de guías prácticas y el desarrollo de una herramienta digital para analizar el gran volumen de datos recibido por la Dirección General.

En cualquier caso, la consejera considera que el alto número de solicitudes “pone de manifiesto la efectividad de la flexibilización de los ERTE por fuerza mayor a la hora de salvaguardar a las empresas y el empleo, garantizando las prestaciones a las personas afectadas”, ya que de no haberse aplicado una medida de este tipo “ahora estaríamos hablando de contratos extinguidos en vez de suspendidos de manera temporal”. Máñez recuerda también que el Gobierno de Canarias “lideró desde el principio de la crisis esta propuesta”, que finalmente ha supuesto la inyección, solo en las Islas, de 340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. Por ese motivo, ahora considera necesario prorrogar la medida en el sector turístico más allá del estado de alarma, iniciativa que de nuevo vuelve a liderar el Ejecutivo autonómico.

Plan específico de recuperación

Máñez afirma que Canarias ha demandado al Estado “un plan específico de recuperación que tenga en cuenta la importancia del turismo en las Islas”, un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo regionales, ya que si el Archipiélago “va a tener un impacto diferencial mayor que el resto de comunidades autónomas, también necesita un apoyo singular”. “Confiamos en que la demanda unánime de la prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al turismo tenga una respuesta positiva por parte del Gobierno de España”, señala.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, considera que los datos de expedientes resueltos “reflejan la gran responsabilidad que están mostrando en esta crisis tanto sindicatos como patronales, ya que las personas trabajadoras tienen una especial protección en los ERTE de fuerza mayor”. Asimismo, recuerda que “la garantía jurídica de contar con una autorización expresa del expediente es, sin duda, el primer paso para estimular la recuperación paulatina de todo el tejido productivo canario, que ha actuado con absoluta responsabilidad tras el estado de alarma”.

Asimismo, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, agradece el “ingente trabajo” realizado por el personal público de la Consejería, “que se ha dejado la piel para dar garantías jurídicas a empresas y personas trabajadoras, trabajando sin descanso incluso los fines de semana”. “Desde Canarias hemos liderado esta primera fase de la crisis respecto al resto de comunidades autónomas, dando tranquilidad a empresas y personas trabajadoras para que estas últimas puedan cobrar a sus prestaciones por desempleo”, afirma.

Máñez avanza la hoja de ruta para la reactivación de las pymes y el trabajo autónomo durante la crisis del COVID-19

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo anuncia ante la Diputación Permanente el compromiso del Gobierno de España para transferir los fondos del Plan Integral de Empleo y afirma que Canarias contará con “un PIEC COVID-19”

Informa de que en unos días entrará en vigor la ayuda del 30% adicional para autónomos y autónomas y de que se lanzará un paquete de medidas por 20 millones que incluye acciones de apoyo a la digitalización de las pymes e incentivos a la contratación

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, avanzó este martes la puesta en marcha de una estrategia canaria de apoyo a las pymes y el trabajo autónomo para su reactivación económica durante la crisis de la COVID-19, que incluye medidas como la ayuda autonómica extraordinaria del 30% adicional de la base de cotización para personas trabajadoras autónomas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo motivado por la emergencia de la COVID-19 -que adelantó que entrará en vigor “en los próximos días”- y un primer paquete de medidas por 20 millones de euros que incluye acciones de apoyo a la digitalización de las pymes e incentivos a la contratación, entre otras líneas de actuación. Asimismo, la consejera dio a conocer el compromiso del Gobierno de España para transferir a Canarias los fondos del Plan Integral de Empleo, dotado con 42 millones, que permitirá a la comunidad autónoma contar “con un PIEC COVID-19”, adaptado a la situación generada por esta emergencia sanitaria.

Máñez presentó la estrategia de su departamento durante la comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias para informar de la evolución de esta emergencia sanitaria, “una situación inédita en nuestra historia” y que ha supuesto “un reto global, de Canarias y del mundo, ante el que era necesaria una respuesta compartida”. Tras trasladar su pesar por las víctimas de la pandemia, así como reconocer la “inmensa labor, esfuerzo y dedicación” que llevan a cabo las personas que trabajan en el ámbito sanitario, la administración pública y en todos los sectores que garantizan el mantenimiento de los servicios básicos, la consejera explicó que el Gobierno de Canarias ha trabajado a partir “de la unidad de acción y del diálogo con todos los agentes implicados”.

En este sentido, agradeció “la colaboración permanente de las organizaciones sindicales y patronales, así como todas las propuestas que han hecho llegar los diferentes partidos políticos”. “Hemos mantenido más de cuarenta reuniones con patronales, sindicatos, colegios profesionales y con todos aquellos colectivos afectados por esta emergencia sanitaria”, relató Máñez.

La consejera señaló que, una vez avanzada la respuesta a la emergencia sanitaria, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo se sitúa “en la segunda trinchera” de esta crisis para hacer frente a sus repercusiones en lo social, lo económico y en el empleo. Así, subrayó el “impacto diferencial” que la COVID-19 tendrá en un Archipiélago en el que el turismo, uno de los sectores económicos más afectados, representa el 35% del PIB y el 40% del empleo. Esta variable, junto al descenso del 66% registrado en marzo en la recaudación por IGIC respecto al mismo mes del año pasado, marca “un hecho diferencial que requiere medidas específicas para Canarias”.

En cuanto a la respuesta del Estado al parón económico motivado por la declaración del estado de alarma, flexibilizando los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para salvaguardar el empleo y a las empresas, además de garantizar las prestaciones a las personas afectadas, destacó que el Gobierno de Canarias ha liderado desde el principio esta propuesta, cuantificada solo en las Islas en “340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de prorrogar esta medida de flexibilización para el sector turístico después del estado de alarma, lo que supondría una inyección de otros 140 millones de euros.

Hoja de ruta en dos fases

Elena Máñez concretó la hoja de ruta puesta en marcha por su Consejería en dos líneas de actuación fundamentales: una primera centrada en gestionar el elevado número de ERTE presentados en Canarias, algo que ha supuesto “un enorme esfuerzo”, al pasarse de tramitar 80 de estos expedientes al año a más de 27.000 en apenas mes y medio; y una segunda fase consistente en una estrategia de apoyo a las pymes y personas trabajadoras autónomas de Canarias.

Sobre la primera, explicó que el volumen de expedientes presentados ha obligado a reforzar la Dirección General de Trabajo con 46 trabajadores y trabajadoras más para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados, aunque operara el silencio positivo tras un plazo de cinco días. Respecto a la segunda etapa, marcada por el apoyo a pymes y autónomos para su reactivación económica, la consejera explicó que se ha diseñado una estrategia que incluye un conjunto de actuaciones, entre ellas la ayuda autonómica del 30% a las personas autónomas y un primer paquete de medidas por 20 millones de euros que incluye incentivos a la contratación y la digitalización de las pymes, entre otras medidas. Así, afirmó que la Consejería trabaja en la reestructuración de su presupuesto “para ponerlo al servicio de la lucha contra el COVID-19”.

Además, anticipó que la Consejería está trabajando en líneas de avales por un importe de más de 100 millones de euros para facilitar la liquidez de pymes y personas autónomas, entre ellas una línea a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias para mejorar la financiación de las personas emprendedoras, autónomas y pymes y un convenio con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la concesión de préstamos a las pymes.

La consejera también destacó el trabajo llevado a cabo por el Servicio Canario de Empleo (SCE), que se evidencia en el aumento del 40% en el número de inscripciones realizadas. Asimismo, informó de que el SCE ha puesto a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) treinta trabajadores y trabajadoras para apoyar en los trámites que la entidad estatal determine.

El ITC produce 10.200 pantallas de protección

La consejera aprovechó también su intervención para “poner el valor el trabajo del Instituto Tecnológico de Canarias, que ha recurrido a su base de conocimiento en tecnologías aplicadas a la salud para fabricar materiales de protección sanitaria”, actuando además como canal de recepción, entrega y distribución del material recibido de otras entidades colaboradoras externas. Hasta la fecha, el ITC ha producido más de 10.200 unidades de pantallas de protección facial.

“Ahora toca trabajar conjuntamente”, apuntó Máñez. Como dijo la consejera, esta crisis y su impacto singular en Canarias “requieren de un gran acuerdo social y económico en el que el Gobierno de Canarias se ha implicado desde el primer momento”. En este sentido, recordó que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, “ya está en ello” y ha tendido la mano a todos los agentes implicados en la emergencia del COVID-19 para cerrar “el gran acuerdo de reconstrucción que Canarias necesita en estos momentos”, un pacto, subrayó, para el que “necesitamos el concurso de todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales”. “Nadie en la historia de Canarias se había enfrentado a una situación como esta; trabajemos juntos y juntas para superarla”, concluyó.