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El 35% de la población canaria en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según el Informe El estado de la Pobreza

 Se registra un descenso del 1,4% de las personas que se encuentran en pobreza y/o exclusión social  con respecto a los datos de 2018

La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, destacó las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para atender a las familias en peor situación social

“Todavía no podemos hablar con datos de las consecuencias que nos traerá la actual situación de crisis social y económica provocada por la Covid-19, pero este Gobierno no ha necesitado conocer esos datos para ponernos a trabajar y articular toda una batería de medidas de protección a las personas más vulnerables” afirmó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, durante la presentación del X Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2019’, que se produce en el marco de la conmemoración el 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

“En Canarias el paro y la pobreza son estructurales y, por tanto, necesitan de un conjunto de acciones tanto sociales como económicas. Desde que asumimos la consejería de Derechos Sociales hemos ido aprobando toda una serie de medidas con el fin de ir paliando una situación que ya era complicada antes de la crisis sanitaria”, afirmó Gemma Martínez. La viceconsejera destacó la modificación de la Prestación Canaria de Inserción para incluir a familias con menores a cargo; la aprobación del Ingreso Canario de Inserción a través del cual se ha otorgado un colchón económica a más de 16.000 familias y el impulso del proyecto de la Ley de Renta Ciudadana, que llegará al Parlamento a finales de mes.

Martínez destacó, además, que “una de las cuestiones que ha quedado clara ante la actual situación de crisis social es la necesidad de modernizar la administración pública y la importancia de apostar por un sólido sistema de servicios sociales”.

Los datos de este décimo Informe pone de manifiesto, indicó la viceconsejera de Derechos Sociales, que “España está muy lejos de cumplir con su parte del compromiso de reducción de la pobreza asumido en la Estrategia Europa 2020, que especificaba una reducción de 1,5 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) sobre los datos de 2008, y que debía alcanzarse como muy tarde en 2020”.

En cuanto a los datos del X Informe elaborado por EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), el vicepresidente de EAPN-Canarias, Fernando Rodríguez, indicó que en el año 2019 el 35% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone en términos absolutos unas 773.053 personas residentes en las Islas. Esta cifra sitúa a Canarias 10 puntos por encima de media nacional, fijada en el 25,3% (11.870.000 personas), y con el tercer porcentaje AROPE más elevado, solo inferior a Extremadura y Andalucía.

En relación a la Tasa de Riesgo de Pobreza, los datos reflejan que se sitúan en un 28,5% de la población vive con 641 euros mensuales por persona, lo que supone un incremento de 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2018. Esto significa que residen en Canarias unas 628.282 personas en riesgo de pobreza, 53.718 menos que en 2018.

“La situación de pobreza en Canarias se va a fragilizar aún más”, señaló el presidente de EAPN-Canarias, Juan Carlos Lorenzo, en alusión a los actuales datos macroeconómicos, según los cuales el Índice de Precio al Consumo (IPC) en el Archipiélago se ha incrementado en un 0,4% , sobre todo en alimentos, calzado y bebidas alcohólicas, “todo ello se trasluce en una acentuación de los perfiles que las familias que se encuentran en situación de exclusión social y de pobreza o en riesgo de padecerla”.

El X Informe elaborado por EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), analiza el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE y de sus componentes, entre los años 2008 y 2019, con especial referencia a Canarias.

Se puede consultar el X Informe en la página web de EAPN: Informe Estado de Pobreza

Derechos Sociales avanza en el desarrollo de la Ley de Renta Ciudadana junto a Cabildos, ayuntamientos y entidades

La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, celebró este jueves una reunión telemática en la que participaron cerca de un centenar de personas y en las que se dio a conocer parte del borrador de la Ley de Renta Ciudadana

La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, ha celebrado hoy una reunión de trabajo con los representantes del área de servicios sociales de los Cabildos insulares, los ayuntamientos y entidades del Tercer Sector para presentarles los datos acerca de la pobreza y la exclusión en Canarias que se enmarcan dentro de uno de los estudios con los que el departamento de Derechos Sociales viene trabajando para diseñar el borrador del proyecto de ley de Renta Ciudadana.

Según avanzó la viceconsejera en la reunión, celebrada de forma telemática, “para el diseño de la Renta Ciudadana para Canarias, tal y como mandata el artículo 24 del Estatuto de Autonomía, hemos diseñado un modelo que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra población y que corresponde a la realidad sociolaboral de nuestras Islas, por eso, desde la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en colaboración de otros departamentos del Gobierno como Hacienda, Empleo, Presidencia y Vivienda, hemos venido realizando un trabajo coordinado con la Fundación ISEAK de cara al diseño de la mejor herramienta posible para disminuir la pobreza y la exclusión social en nuestras islas”.

En esta reunión se analizó la situación de la pobreza y la exclusión social en Canarias y cómo combatirla con estas herramientas. Entre otras cuestiones, se abordó el impacto del Ingreso Mínimo Vital en la futura Renta Canaria de Ciudadanía y qué tipos de complementos se puede dar al ingreso estatal para reducir las actuales cifres y alcanzar a los colectivos más vulnerables.

“Lo que queremos con la reunión de hoy es generar un debate con todos los actores sociales y administrativos implicados con el fin de cumplir, tal y como anunció la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en sede parlamentaria esta misma semana, llevarlo a Consejo de Gobierno a finales del mes de octubre, con el fin de iniciar su trámite en el Parlamento en noviembre y posteriormente aprobarlo y que entre en vigor”, explicó.

“En este informe se muestra una panorámica general de la población canaria y sus hogares y se analiza la realidad en cuanto a la situación de la pobreza en la Comunidad Autónoma para diferentes umbrales de pobreza. También se realiza un perfilado de las personas pobres en Canarias donde se identifica qué colectivos son los que mayores dificultades presentan”, indicó Martínez, quien aclaró que “el estudio identifica las buenas prácticas de los sistemas de garantías de rentas existentes en otras comunidades autónomas. Para ello, se comparan las principales características del actual sistema de PCI en relación al resto de las rentas mínimas o garantizadas que existen en las demás comunidades autónomas españolas.”

Para la realización de este estudio se contó con la Fundación ISEAK, especializada en el estudio en el ámbito de lo social, con profesionales de reconocido prestigio cuyas investigaciones orientan a las administraciones en el diseño de políticas públicas.

 

El Gobierno de Canarias reconoce la lucha de las personas mayores y su necesaria contribución a la sociedad actual

Gemma Martínez y Sylvia Jaén

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias desarrolla una campaña bajo el lema ‘Son mayores, son mejores’

La campaña ha sido presentada hoy en rueda de prensa por las viceconsejeras de Derechos Sociales e Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez y Sylvia Jaén y se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores

“Presentamos una campaña positiva, valiente, resiliente porque nuestras personas mayores lo son”, de esta forma se manifestó la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Sylvia Jaén, en el acto de presentación de la campaña de comunicación puesta en marcha bajo el lema de la campaña ‘Son mayores, son mejores’, por la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra mañana 1 de octubre.

“Con esta campaña no solo queremos reconocer la lucha que nuestros mayores han protagonizado a lo largo de sus vidas si no que también queremos recordarles, a ellos y al resto de la sociedad, que son necesarios y hacerlo además desde el humor, que buena falta nos hace en los extraños tiempos en que vivimos” explicó Jaén, quien enfatizó que “nuestros mayores son unos auténticos super-vivientes y que son muy necesarios en y para nuestra sociedad”.

Sylvia Jaén y Gemma Martínez, viceconsejeras de Igualdad y de Derechos Sociales

“Además, buscamos redirigir la mirada de otras generaciones hacia las y los mayores con el fin de favorecer el diálogo intergeneracional completamente necesario”, aseguró la viceconsejera de Igualdad quien quiso aprovechar la ocasión para recordar la valentía de las personas mayores “especialmente estos tiempos en los que ha sido precisamente este colectivo el que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia”.

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Sociales subrayó que, en la actualidad, el 16,54% de la población de Canarias es mayor de 65 años, una cifra que se ha incrementado en 4 puntos desde el año 2008. “Se trata, pues, de un dato que nos habla del envejecimiento de nuestra pirámide poblacional y que nos ha obligado a poner en marcha un conjunto de medidas y acciones dirigidas a garantizar su atención y cuidados”.

Entre estas medidas, Martínez señaló la ampliación del plazo de ejecución del II Plan de Infraestructuras sociosanitarias e inclusión del mismo en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, “lo que permitirá contar con 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad, unos recursos con los que priorizamos las necesidades sociales de nuestra población mayor, desarrollando un modelo, en colaboración con los Cabildos insulares, en el que se combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño con atención más personalizada”.

En materia de inversión, la viceconsejera de Derechos Sociales señaló que destinado este año unos 4 millones de euros a centros de día y proyectos a través de las distintas convocatorias de subvenciones para personas mayores para el desarrollo de actividades para propiciar unas condiciones de vida saludables “que les permita estar activos y saludables física y emocionalmente, promocionando un envejecimiento activo, y hemos reforzado el Teléfono del mayor”. En relación a este servicio de 24 horas, dirigido a personas mayores de 65 años, Martínez señaló que, a través de él se han atendido 6.700 llamadas, lo que supone un incremento del 146 % en lo que va de año, llegándose a incrementar en un 268 % durante el intervalo correspondiente a los primeros quince días de Estado de Alarma.

Igualmente, se destacó la puesta en marcha de la APP Covida durante el estado de alarma para ayudar a las personas que no podían salir de sus casas y necesitaba ayudas con cuestiones como hacer la compra, medicamentos, etc, una iniciativa que cuenta en la actualidad con 1.353 personas mayores registradas y 956 personas voluntarias. Asimismo, se adelantó que, en las próximas fechas, se presentará una nueva APP enfocada especialmente a la conciliación de las personas cuidadoras de personas mayores que son, sobre todo, mujeres.

De cara a medio plazo, la viceconsejera de Derechos Sociales anunció la convocatoria del Consejo del Mayor de Canarias para el próximo 20 de octubre y la inclusión en el borrador de la Ley de Renta Ciudadana un posible complemento a las prestaciones no contributivas que, en las Islas, alcanza a las 43.000 personas.

 

1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores

La campaña consistirá en la emisión durante todo el mes de octubre de un spot televisivo, así como el desarrollo de diversas iniciativas dirigidas a la visibilización de las personas mayores en todos los ámbitos sociales en colaboración con la Radio Televisión Canaria además de un amplio apoyo en cartelería en zonas públicas y de exterior.

El Día Internacional de las Personas Mayores, se celebra a nivel mundial cada 1 de octubre, fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar a nivel internacional el reconocimiento de este colectivo así como garantizar su participación en el ámbito social, político y económico y hacer una llamamiento sobre las desigualdades a las que se enfrentan.

Conclusiones Foro Canario de la Inmigración

Conclusiones Foro Canario de la Inmigración. Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre de 2020

El Foro Canario de la Inmigración, ante el incremento de las llegadas de inmigrantes a las costas canarias, quiere constatar su preocupación por la carencia de medios para la atención adecuada a las personas que están llegando a Canarias.

Aunque en líneas generales se está produciendo un descenso de la llegada de estas personas inmigrantes a España, la situación cambia en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, punto clave como puerta de entrada hacia el resto de la Península y Europa, que sigue soportando una mayor incidencia de los flujos marítimos.

Antes que nada queremos condenar los discursos xenófobos y la exaltación al odio que se están dando y que creemos debemos combatir y cambiar esta narrativa falsa y demagógica. Como prioridad exigimos que se deba garantizar un trato digno a las personas.

Los datos demuestran que la vía migratoria hacia las Islas Canarias está más activa que en los últimos años y los naufragios de pateras se intensifican. De hecho, la ruta marítima a las islas canarias es la única de entrada a España que ha experimentado un aumento en los últimos meses, según el último informe quincenal sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior. Hasta el 31 de agosto de 2020 habían llegado al archipiélago 3.933 personas, 3.349 más que en 2019. Las llegadas se han multiplicado casi por seis este año respecto a 2019.

En este marco, dado el desmantelamiento paulatino a lo largo de los últimos años de los servicios de primera atención como consecuencia de las reducciones económicas a la comunidad autónoma en materia de migraciones, nos encontramos con grandes dificultades para la atención inmediata de las personas que llegan a nuestras costas.

Queremos destacar, siendo como es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, la preocupación por la llegada de menores, especialmente de los menores no acompañados. En estos momentos, Canarias tutela a 757 menores extranjeros no acompañados.

Las llegadas han aumentado, pero nuestra mayor preocupación es el incremento de naufragios y del número de personas que pierden la vida en el intento. Al Gobierno de Canarias le preocupa mucho el elevado número de vidas que se están perdiendo en esta peligrosa ruta atlántica. En lo que va de año, una persona ha muerto por cada 20 que han desembarcado en las Islas, según Missing Migrants Project de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Debemos garantizar el derecho a la vida en esta frontera sur de Europa.

Con el fin de evitarlo, es imprescindible reflexionar sobre la acción conjunta que se puede llevar a cabo entre la UE, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y ayuntamientos, junto a los diferentes organismos y entidades que forman parte del Foro.

No hay que olvidar que Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea, es frontera sur de Europa y lugar de tránsito en la ruta migratoria de estas personas. Por lo tanto, la gestión de estos flujos migratorios no puede ni debe ser exclusiva de nuestra región. Se trata de una problemática nacional y europea, que requiere de una respuesta coordinada y conjunta por parte de las autoridades nacionales y europeas.

También cabe mejorar la intervención y la aportación que se realiza desde el propio archipiélago y la imprescindible implicación social, aprovechando los aprendizajes obtenidos y los recursos existentes, como fórmula para que la gestión de las migraciones en el marco de nuestra región se convierta en un modelo de referencia, tanto hacia los procesos de desarrollo internos como hacia nuestra consideración y proyección exterior.

 

En este sentido, el Foro Canario de la Inmigración reclama:

AL GOBIERNO DE CANARIAS

1. Reforzamiento de la estructura gubernamental que se relaciona con la gestión de las migraciones y sus  implicaciones en la región, para facilitar la definición de estrategias, el diálogo multinivel y la coordinación de recursos, iniciativas y organizaciones.

2. El Foro Canario de la Inmigración debería iniciar los trabajos para la realización del Plan Canario de Inmigración (y Convivencia Intercultural) 2021-2023 con enfoque comunitario, carácter procesual y participativo, marco para un
abordaje integral e integrador de la gestión de la inmigración y sus efectos e implicaciones para la región.

3. Revisión y actualización del Foro Canario de la Inmigración (y Convivencia Intercultural) para conseguir un funcionamiento más normalizado y permanente, eficaz y con mayor proyección en la sociedad regional y sus
instituciones y organizaciones representativas.

4. Iniciativa para la identificación, el encuentro y la actuación coordinada y en red de las diversas estructuras y recursos que en Canarias se relacionan con las distintas facetas de la inmigración y sus múltiples efectos e implicaciones.

5. Desarrollar una alianza de carácter integral entre todos los actores y las administraciones públicas canarias en defensa de una acogida e integración dignas y respetuosas con la garantía y protección de derechos.

6. Contribuir a la coordinación y colaboración con la administración estatal en la puesta en marcha de los recursos de acogida humanitaria y de integración en la comunidad.

7. Impulsar y desarrollar políticas de convivencia, integración y lucha contra la discriminación a nivel autonómico, insular y municipal, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía, que incluyan una estrategia de lucha contra discursos xenófobos y racistas, noticias falsas y bulos en medios y plataformas online, estableciendo un debate sosegado e informado con nuestra ciudadanía.

AL ESTADO ESPAÑOL

1. Establecimiento en los Presupuestos Generales del Estado, del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes, tal y como existía hasta el año 2011, con un aumento sensible de la dotación de fondos para la gestión migratoria y las implicaciones de esta movilidad en la región.

2. Establecimiento de recursos alojativos dignos, estables y de carácter abierto, de atención a las personas migrantes, tanto en la recepción como en la acogida humanitaria inmediata y otros posibles usos de integración.

3. Facilitación del traslado a Península, permitiendo a estas personas continuar con su ruta migratoria.

4. Acuerdo estable y solidario de traslado y ubicación en Península de los menores no acompañados que llegan a Canarias, cuando superen nuestra capacidad de acogida.

5. Mejora y mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

6. Mejora de las condiciones laborales y materiales de Salvamento marítimo.

7. Desarrollo de acciones de información e intervención comunitaria en el entorno socioterritorial de los recursos alojativos que se habiliten de acuerdo con las instituciones, las organizaciones locales y la ciudadanía.

8. Definición de un plan de recepción y acogida con carácter preventivo según escenarios y perspectiva a medio y largo plazo, que implique a las instituciones, a las organizaciones diversas y a la sociedad regional, optimizando los recursos potencialmente disponibles en cada momento.

9. Establecimiento de reuniones periódicas con las autoridades e interlocutores canarios, para información y coordinación en la materia.

10. Renovación del Plan África haciendo especial incidencia en el desarrollo económico y social de los países del África occidental.

11. Establecimiento de un protocolo de identificación de los inmigrantes fallecidos con pruebas de ADN para garantizar a las familias la búsqueda de sus familiares.

12. Establecer fondos destinados a la realización de las PCR a las personas que llegan a Canarias por nuestras costas, tal y como ha solicitado la Secretaria de Estado de migraciones.

13. Desarrollar mecanismos para una migración segura, ordenada y regular al amparo del Pacto Mundial sobre Migración suscrito por el estado español.

14. Unificar los criterios utilizados por la Fiscalía en ambas provincia canarias con respecto a la determinación de edad por prueba ósea e instar a la Gobierno central a dotar de mayores recursos, tanto a la Administración de Justicia como al Instituto de Medicina Legal, que favorezca la agilidad y resolución de las mencionadas pruebas.

A LA UNIÓN EUROPEA

1. Renovación urgente del Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014), y que sea dotado de una partida específica de fondos destinadas a las regiones que, como Canarias, reciben un mayor número de menores extranjeros no acompañados para poder ofrecer respuestas concretas a los desafíos que supone su llegada al territorio de la UE. En estos momentos en la UE no existe ningún programa ni fondo que ayude a las regiones en el apoyo a estos menores.

2. Aumento de los fondos destinados a Canarias provenientes del Proyecto de Ayuda de Emergencia, recogido en el Reglamento (UE) 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), y que prevé apoyo adicional mediante ayudas de emergencia para hacer frente a las situaciones de crisis en caso de fuerte presión migratoria en los Estados miembros.

3. Adopción urgente del nuevo pacto de asilo y migración especialmente en lo que respecta a los dos grandes retos del pacto: la mayor voluntad de los Estados para lograr un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, con el fin de gestionar los flujos migratorios y los acuerdos con terceros países de tránsito y origen con el fin de reducir la migración irregular.

4. Dotar a este Pacto de un presupuesto ambicioso y creíble por parte de la UE para garantizar los derechos humanos, la salud de las personas migrantes, el reparto de responsabilidades y hacer frente a las necesidades territoriales.

5. Reconocimiento del valor añadido de las regiones, especialmente aquéllas que son frontera sur de Europa, en las políticas de integración e inclusión, además de tener en cuenta las necesidades de las mismas y valorar cómo éstas pueden contribuir en la consecución de los objetivos sobre migración, incluyendo la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Este reconocimiento debe ir acompañado de un incremento de las asignaciones de los nuevos fondos de la UE, relacionados con las dimensiones internas y externas de la migración que involucran directamente a las regiones para el período posterior a 2020.

6. Desarrollar mecanismos para una migración segura, ordenada y regular en el nuevo Pacto sobre Asilo y Migración en el seno de la UE al amparo del Pacto Mundial sobre Migración.

7. Establecimiento de una misión permanente de Frontex en el Atlántico Occidental con el objetivo de salvar vidas con todas las garantías.

 

Descargue las Conclusiones Foro  (PDF)

Derechos Sociales diseña un protocolo para la apertura ‘segura’ de los centros de día para dependientes

Según explicó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, “el objetivo es garantizar una vuelta escalonada de la población usuaria y del personal a los centros dando prioridad a los que más lo necesitan”.

La instrucción, elaborada de forma conjunta con Cabildos insulares y Sanidad, recoge un amplio abanico de medidas dirigidas a garantizar la protección y de seguridad de usuarios, personal y familias

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Viceconsejería de Derechos Sociales, ha elaborado un documento en el que se establecen las condiciones mínimas que se deben cumplir en la apertura de los centros de estancia diurna en aplicación de lo que habilitaba a las comunidades autónomas que se encontraban en la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Estas medidas afectarán a las más de 5.000 plazas en centros de estancia diurna existentes en Canarias.

Según explica la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, el objetivo de esta instrucción, elaborada de forma conjunta con los siete Cabildos insulares y la Consejería de Sanidad, “es establecer un conjunto de medidas que proporcionen una atención de forma adecuada a la población usuaria de los centros de día para personas en situación de dependencia y que garantice la seguridad de la misma y del personal que trabaja en los centros ante la situación del Covid-19”.

El objetivo es que el regreso a los centros de día se realice de forma escalonada, según las condiciones de cada centro y dando prioridad a los usuarios con mayor grado de dependencia y a las familias que cuenten con mayores dificultades para poder conciliar el cuidado de su familiar con las responsabilidades laborales.

“Desde que se publicó la Orden por parte del Estado el pasado 9 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la Fase 1, desde la Consejería hemos estado trabajando de forma muy directa con los Cabildos insulares, que son los que gestionan los centros, así como con el servicio de Inspección de la Consejería y la Dirección general de Salud Pública del Ejecutivo, con el fin de elaborar una instrucción con recomendaciones para la apertura de los centros de día con todas las garantías sanitarias”, aclaró Martínez, quien aseguró que los centros “deben disponer de planes de contingencia adaptados a las características de cada uno y dirigidos a la prevención de la transmisión de SARS CoV 2 entre los trabajadores, entre los usuarios y entre trabajadores y usuarios”.

La Instrucción contempla un amplio conjunto de medidas previas  a la apertura de los centros que incluyen, entre otras, la limpieza exhaustiva de las instalaciones, la formación al personal sobre la nueva organización de la actividad en los centros y las medidas de protección de la salud así como el establecimiento de una programación de forma escalonada del personal con el fin de que se respeten las distancias mínimas de seguridad.

Además, contempla que los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales evaluarán los riesgos a los que se puede enfrentar cada trabajador o trabajadora en el desarrollo de sus tareas y, en función de esos riesgos, establecerá si es necesario el EPI adecuado, si fuera el caso, y en todas las actividades en los centros se llevarán a cabo respetando las medidas de prevención de la transmisión (higiene muy frecuente de manos, distancia física, limpieza y desinfección del entorno, uso de mascarillas y etiqueta respiratoria, y de guantes).

Igualmente, la instrucción indica que cada centro contará con un protocolo de entrada y salida de usuarios del centro, no se permitirán el acceso de personas con síntomas respiratorios o fiebre y se tomará la temperatura a toda persona que vaya a acceder al centro.

“Lo fundamental es garantizar la salud pública de usuarios, personal y familias, para ir, poco a poco, recuperando la normalidad y minimizar al máximo el riesgo de este colectivo de población que es de los más vulnerables”,  concluyó Martínez.