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Moreno: "Si se hubiera producido un motín en Valle Tabares, se habría acudido a las fuerzas de seguridad y al juzgado"

El centro de Medidas Judiciales cuenta con un ratio óptimo de educadores y de personal de seguridad
La información publicada hoy en un medio aglutina en un fin de semana pequeñas incidencias que «han podido ocurrir en uno o dos años»

El número de jóvenes que cumplen medidas en régimen cerrado ha pasado de 46 en 2008 a los 9 actuales

«No se ha producido ningún motín en el Centro de Medidas Judiciales de Valle Tabares, si esto hubiera sido así se habría acudido el juzgado de guardia, a la fiscalía y a las fuerzas de seguridad», afirmó hoy el director general de Protección del Menor y la Familia, José Gilberto Moreno, en relación a una información publicada hoy en un periódico.

«Lo descrito en el citado articulo es la aglutinación de un conjunto de pequeñas incidencias que pueden haber ocurrido en uno o dos años y se han extrapolado a solo un fin de semana», aclaró.

Moreno afirmó que sobre el ratio del personal, en la actualidad, el centro cuenta, en turno de mañana con un total de 14 educadores, 7 monitores, 3 coordinadores y 9 tutores; en turno de tarde 12 educadores, 10 monitores y 4 coordinadores, y en turno de noche, 24 monitores y 2 coordinadores, distribuidos en dos módulos de 12 y 1, es decir, el centro cuenta con un 26 técnicos por turno para atender a 104 internos ( 7 en cerrado, 44 en semiabierto, 49 en terapéutico y 4 en abierto) para un total de 142 plazas con las que cuenta el centro.

Además, a este personal hay que sumar el propio de seguridad del centro, que cuenta con un plantilla de 17 vigilantes en turno de mañana, 14 en turno de tarde y 10 en turno de noche.

«Por tanto, el centro cumple con los ratios de educadores óptimos para atender al colectivo de internos existentes», quien recordó en relación a la información que asegura que el centro cuenta con un constante clima de inseguridad y de ataques continuos, «lo que sí hay es una situación habitual de este tipo de centros que cuentan con un perfil de los jóvenes muchos de ellos de carácter violento o que no cumplen con las medidas ni la disciplina del centro».

En relación a las deficiencias sobre el funcionamiento del centro que se describen, Moreno indicó que como «es cierto que, en determinados momentos, como es habitual en cualquier centro, se han producido problemas con estos sistemas, pero todos se encuentran ya solucionados o en vías de solucionarse, ya que se cuenta con un servicio de mantenimiento».

Respecto a la formación de los internos, Moreno informó de que, en la actualidad, un total de 12 jóvenes acuden a recursos formativos externos, además, el centro cuenta con 7 talleres formativos y con un total de 8 profesores que imparten acciones de formación en el mismo.

Continuado descenso de los internamientos en centros

En los últimos años, en Canarias ha tenido lugar un considerable descenso del internamiento frente al medio abierto, un descenso que es aún más significativo en el régimen cerrado. De hecho, si en enero de 2008, 46 jóvenes cumplían medidas en régimen cerrado, esta cifra disminuye en los cuatro años siguientes: 24 en 2009, 16 en 2010, 11 en 2011 y en la actualidad, 9 jóvenes.

Según Moreno, «este descenso de las medidas se produce, entre otros motivos, por la culminación del mapa de recursos de justicia juvenil, que ha permitido a Canarias contar con todos los recursos necesarios para que los jueces puedan dictar que el joven cumpla una medida u otra, así como por la implantación de una serie de programas pilotos, que en los inicios fueron duramente criticados pero que con el tiempo y con la serenidad necesaria, han demostrado que han sido capaces de ofrecernos excelentes resultados, como, por ejemplo, la Unidad Terapéutica de desintoxicación de Valle Tabares».

«En Canarias se ha optado por un modelo garantista de derechos de diseño público, en el que la planificación, los programas y la inspección se lleva a cabo por parte de la entidad pública, o sea la dirección general de Protección del Menor y la Familia, la gestión de los centros por una Fundación Pública y la inserción se realizan a través de los sistemas públicos de sanidad, educativo o de empleo. A excepción de Cataluña, Canarias ha sido la única comunidad que ha diseñado un sistema de estas características, un sistema que incluye la figura del jurista en los centros, que junto con las inspecciones del Servicios de Medidas Judiciales, y por supuesto las de la fiscalía, garantiza el día a día de los menores que tiene acceso a la información y acciones que tengan que ver sobre sus derechos», concluyó.

Moreno: "En la atención a la infancia y familia, la dotación presupuestaria para 2012 se incrementa en más de un 6%"

El director general de Protección del Menor y la Familia afirma que los presupuestos para el próximo año garantizan los recursos y servicios de esta área

«En el área de Atención a la Infancia y la Familia, todos los Programas de Intervención y de Recursos, con la exceptuación de la atención a menores extranjeros no acompañados, la dotación del presupuesto para 2012 sube en un 6,45% con respecto al 2011», afirma el director general de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, José Gilberto Moreno.

«Este incremento refleja la voluntad del Gobierno de Canarias de atender, como ha sucedido siempre, todos los recursos que garanticen la atención en el ámbito de la Infancia, tanto en acciones de intervención como de protección, demostrando con esta subida de presupuestos en el área de Protección de Menores, la sensibilidad que tiene hacia la Infancia, fundamentalmente hacia las personas más vulnerables, como son los niños y niñas de las Islas», indica Moreno.

En este sentido, el director general aclara que «los presupuestos no se deben mirar de forma global y así lo saben quienes lo gestionan y ejercen los recursos». «De hecho,- matiza Moreno-, las partidas que han sufrido recortes se centran únicamente al capítulo de inversión».

Según el director general, «los presupuestos para el próximo año ponen de manifiesto la apuesta del Gobierno por dotar adecuadamente las políticas dirigidas a proteger a los niños y niñas en desamparo, tanto los que se encuentran residiendo en centros, como los que están con una familia extensa o ajena». En este ámbito de actuación, recuerda el impulso que su departamento quiere realizar al proyecto Banco de Familias Acogentes, «una iniciativa cuyo fin en lograr que los niños y niñas que residen en centros y que, no siendo susceptibles de ser adoptados, puedan encontrar un hogar en el seno de una familia».

«El esfuerzo realizado por el Gobierno ha sido considerable para dotar de mayor crédito a programas esenciales como es la Acogida Familiar de niños y niñas en desamparo, los recursos e intervención de menores en desamparo, la rehabilitación y reinserción de menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales, los programas de adopción, la atención a las familias numerosas y las acciones de atención y protección de los derechos de la infancia», concluye Moreno.

Doce municipios se han sumado ya al convenio para potenciar la participación local de los jóvenes que cumplen medidas judiciales

El Gobierno de Canarias impulsa la reinserción de los jóvenes que cumplen medidas judiciales a través de su acceso a los recursos comunitarios

«Desde el 21 de junio de 2011, fecha de firma del convenio con la Fecam, ya se han incorporado al protocolo doce municipios», informó hoy la consejera Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, en sesión parlamentaria en respuesta a la pregunta parlamentaria sobre el número de ayuntamientos que se han sumado al convenio para la reinserción y reeducación de menores y jóvenes infractores en canarias.

Según explicó Rojas, «a través de este convenio, los ayuntamientos se comprometen al trabajo en red con el Gobierno de Canarias, poniendo a disposición de los jóvenes que cumplen una medida judicial los recursos comunitarios como cualquier otra persona del municipio. Estos recursos pueden ser de carácter educativo, sanitario, formativo, cultural, deportivo o de ocio».

«La normalización de estos chicos y chicas es muy importante para su inserción, de ahí la necesidad de que los ayuntamientos se vayan incorporando a este acuerdo de Colaboración y al Protocolo de Actuación, mediante su adhesión al acta», aclaró.

El convenio conlleva un protocolo que tiene el fin de establecer un marco común de procedimiento entre la entidad pública que ejecuta la medida judicial, que es la dirección General de Protección del Menor y la Familia y el tejido social, en este caso, recursos comunitarios municipales donde el menor o joven debe protagonizar su proceso de reeducación y reinserción social.

En la actualidad, son un total de 12 los municipios que se han incorporado a este acuerdo. En concreto, son los municipios de El Rosario, El Sauzal y Los Silos, en Tenerife; San Andrés y Sauces, en La Palma; Hermigua y Valle Gran Rey, en La Gomera ; Santa María de Guía, Firgas y Tejeda, en Gran Canaria; Haría, en Lanzarote, Betancuria, en Fuerteventura y El Pinar, en El Hierro.

«El Convenio de Colaboración, y el Protocolo de Actuación que incorpora y al que se adhieren mediante acta los Ayuntamientos canarios no comporta un mayor gasto económico ni funciones nuevas para los entes municipales, sino que establece un marco de actuación a través del cual poder derivar a menores y jóvenes sujetos a medida judicial a los recursos municipales ya existentes y que se adecuen a su perfil», matizó.

Rojas manifestó que «Canarias es la única Comunidad autónoma en la que ha disminuido el índice de delitos cometidos por menores de edad imputables».

Además, afirmó que «se ha hecho un gran esfuerzo en completar el mapa de recursos en medio abierto, para que así los jueces puedan otorgar medidas judiciales acordes tanto con el delito cometido como con la peculiaridad del joven».

«Una medida que se ha complementado con la potenciación de la formación de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su trabajo desde el ámbito de una fundación, la Fundación Ideo, de carácter público», matizó.

«Este convenio es un eslabón más de la cadena y es la consecuencia del trabajo en red entre Gobierno y municipios. No implica más recursos, ni más financiación, sino todo lo contrario: optimizar recursos mediante la coordinación entre administraciones», concluyó la consejera de Políticas Sociales.

Una treintena de técnicos del área de infancia de Canarias participan en un taller sobre la protección internacional de menores extranjeros

Según el director general de Protección del Menor y la Familia, José Gilberto Moreno, estos talleres permiten profundizar en aspectos jurídicos y psicosociales en relación a este colectivo

Una treintena de técnicos del área de atención a la infancia del Archipiélago participan en unos talleres de Profundización sobre Infancia y Protección Internacional que celebran en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife.

Según explica el director general de Protección del Menor y la Infancia del Gobierno de Canarias, José Gilberto Moreno, «este tipo de iniciativas permiten a los técnicos que trabajan en la atención de menores extranjeros no acompañados profundizar en los diversos ámbitos de protección de estos chicos así como reciclar sus conocimientos sobre los aspectos jurídicos e institucionales relativos a la situación de estos niños y niñas».

Los talleres de Profundización sobre Infancia y Protección Internacional están organizados por el Gobierno de Canarias y la Fundación La Merced Migraciones, en colaboración con Acnur, la Cátedra Santander Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, Save the Children, Unicef y Women¿s Link Worldwide, y se enmarca dentro del trabajo realizado en años anteriores en el marco del Proyecto Solidaridad de Responsabilidades.

Según explicó Moreno, el Proyecto «Solidaridad de Responsabilidades en la protección internacional de los menores no acompañados» conforma «un proceso participativo, basado en el intercambio de conocimientos y experiencias, siendo la finalidad del mismo proponer y facilitar un diálogo público sobre la protección internacional de los menores extranjeros no acompañados».

Promover una reflexión pública en el ámbito interinstitucional sobre la situación presente de la protección internacional de los menores extranjeros no acompañados en España, así como visibilizar y revalorizar la figura del asilo, que ofrece una protección complementaria a los menores que hayan sufrido determinadas violaciones de sus derechos humanos, son algunos de los objetivos de estos talleres.

Además, tienen como fin contribuir a una mayor consideración y concreción del principio del interés superior del menor, así como propiciar protocolos que permitan una identificación continua e individualizada de las causas de los desplazamientos de cada menor, de su situación personal y de sus necesidades actuales y futuras.

«El impulso de buenas prácticas y recomendaciones concretas que mejoren la intervención psico-social con los menores no acompañados solicitantes de asilo, así como el fomento de la sinergia, el consenso, la coordinación y la solidaridad de responsabilidades entre todos los actores implicados, para dar a los menores no acompañados solicitantes de asilo la mejor respuesta posible, son otros de los fines de este tipo de iniciativas», aclaró Moreno.

Estos talleres están destinados a técnicos de la Administración Autonómica con responsabilidades en infancia y extranjería, responsables y técnicos de Infancia, Fiscales de Menores y de Extranjería, así como especialistas de entidades sociales, representantes de partidos políticos, expertos y otros agentes sociales que trabajan en esta área.

En la actualidad, el Gobierno de Canarias tutela a un total de 280 menores, de los cuales 179 están acogidos en centros gestionados por los Cabildos insulares.

Un total de 138 niños y niñas fueron adoptados en Canarias en 2010

Durante el periodo 2007¿2010, 150 niños y niñas nacionales han abandonado los centros de protección para pasar a integrarse con su nueva familia adoptiva

103 pequeños procedentes de varios países pasaron a vivir con sus nuevas familias en el Archipiélago en el último año

«En el año 2010, un total de 35 pequeños que residían en centros de protección de las Islas han pasado a vivir con su nueva familia. De estos, casi la mitad son niños y niñas que cuentan con características especiales, es decir, son mayores de 7 años, se trata de grupo de hermanos o/y tiene algún tipo de discapacidad», afirmó el director general de Protección del menor y la Familia, José Gilberto Moreno.

«Estas cifras ponen de manifiesto una consolidación en la tendencia surgida hace varios años de la adopción nacional de niños y niñas con características especiales», aseguró Moreno.

«De hecho, indicó el director general, si bien está actualmente suspendida la tramitación de nuevas solicitudes de adopción nacional dirigidas a un solo menor de 0 a 7 años de edad y estado de salud sano, no ocurre lo mismo con las solicitudes dirigidas a grupos de hermanos y a menores de características especiales, que se tramitan con total normalidad».

«Esto ha permitido que cada vez sea mayor el número de familias que, tras un período de reflexión y maduración y tras haber determinado cuáles son las características especiales que pueden afrontar, deciden adoptar un menor de estas características», aclaró.

Un total de 522 procedimientos de adopción resueltos en el último año

Durante 2010 y tras la realización de las valoraciones psicosociales oportunas, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias resolvió un total de 522 procedimientos de adopción, dictando 508 resoluciones de idoneidad (213 en procedimientos de nueva valoración y 295 en procedimientos de actualización) y 14 resoluciones de no idoneidad.

Moreno aclaró que «un procedimiento de adopción se suspende cuando se produce un cambio sustancial en las circunstancias socioeconómicas, familiares o personales de los solicitantes».

En este sentido, indicó que, en el último año, «el mayor número de suspensiones respondió a los cambios en la situación económica de la familia solicitante, nacimiento o adopción de un hijo, o porque la familia necesitaba un período de maduración de la motivación para adoptar o se había iniciado un tratamiento de fertilidad».

«Otros motivos de suspensión han sido el embarazo de la solicitante, la existencia de una enfermedad de alguno de los solicitantes, el cambio de domicilio o/y el divorcio o separación de la pareja», manifestó.

«En cuanto a la modificación de las circunstancias económicas de los solicitantes, muy acusada durante este año por la crisis económica, -aclaró- ha ocasionado una disminución de los ingresos familiares o una situación de desempleo, provocando un gran número de desistimientos de los solicitantes de adopción, que conociendo que su situación económica desfavorable no es transitoria, optan por proceder no a su suspensión sino a su cierre y archivo definitivo».

En cuanto a las nuevas solicitudes, en 2010, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia recibió un total de 294 solicitudes de adopción, de las cuales 136 son de Adopción Nacional y 158 de Adopción Internacional.

Un total de 103 niños y niñas extranjeros comenzaron a vivir con sus nuevas familias en 2010

«Los niños y niñas que en el año 2010 llegaron a Canarias con motivo de los procedimientos de adopción internacional ascienden a 103, siendo su mayor número procedente de China, Vietnam y Rusia», explicó Moreno, quien aclaró que, «por provincias, un total de 42 pequeños fueron adoptados en 2010 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que los otros 61 pasaron a vivir con sus nuevas familias en la provincia de Las Palmas».

En los últimos cuatro años, de 2007 a 2010, un total de 453 niños y niñas han comenzado a vivir con su nueva familia en nuestro Archipiélago.

Según Moreno, «el tiempo de espera para la formalización de una adopción internacional depende del país elegido, quedando sujeta a las distintas vicisitudes y cambios normativos o políticos que puedan suceder a lo largo de la tramitación de su proceso adoptivo en el país en cuestión»

A lo largo de 2010, Canarias ha remitido un total de 128 solicitudes de adopción internacional. «De ellas, 85 por Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI) y 43 por Entidad Pública, estando entre los países preferidos por los adoptantes Colombia, Etiopía y Filipinas», aclaró el director general.

En este sentido, el responsable de la Protección del Menor y la Familia subrayó que «se aprecia un pequeño descenso en cuanto al número de procedimientos remitidos respecto a años anteriores, si bien los países preferidos continúan coincidiendo en gran medida».

Moreno: "Las Escuelas Infantiles constituyen un recurso fundamental de apoyo para las familias con menos recursos"

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El director general de Protección del Menor y la Familia, José Gilberto Moreno, visitó la Escuela Infantil La Atalaya con el fin de conocer de primera mano sus instalaciones así como las actividades formativas que se llevan a cabo en el centro

«Las Escuelas Infantiles constituyen un recurso de apoyo fundamental para las familias con menos recursos de cada municipio, y suponen un instrumento para facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral de las familias», afirmó hoy el director general de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, José Gilberto Moreno.

Moreno, quien visitó las instalaciones de la Escuela Infantil La Atalaya, ubicada en el municipio de Santa María de Guía, en Gran Canaria, en compañía del alcalde del municipio, Pedro Rodríguez, manifestó que el número de plazas en Escuelas Infantiles, para la atención de menores de 0 a 3 años, se han incrementado en Canarias en los últimos años en 1.750, pasando de las 5.736 existentes en 2006 a las 7.486 actuales, de las cuales, 1.029 están gestionadas directamente por el Gobierno canario, a través de la Dirección General de Protección del Menor.

De hecho, la Escuela Infantil La Atalaya, con un total de 56 plazas, forma parte del conjunto de 13 Escuelas Infantiles gestionadas directamente por la Dirección General de Protección del Menor y la Familia.

«Las escuelas infantiles se conciben como un recurso para hacer efectivo el apoyo a la familia, especialmente a aquellas que cuentan con menores recursos económicos, así como facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral», aseguró el director general, quien manifestó que entre sus objetivos específicos, se busca apoyar socialmente a las familias pertenecientes a grupos de riesgo con niños y niñas de 0 a 3 años; prevenir y proteger a los menores de 0 a 3 años de situaciones de marginación y lograr la educación y socialización de los niños y niñas impulsando la extensión de la educación infantil de menores de 0 a 3 años.

El Viceconsejero de Políticas Sociales destaca el descenso en un 70% de jóvenes con medidas judiciales en régimen cerrado

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El Gobierno ha invertido 3 millones de euros en la rehabilitación del Centro de Medidas Judiciales de Gran Canaria, La Montañeta con el objetivo de acercar a los jóvenes de la provincia de Las Palmas que están cumpliendo una medida judicial en la isla de Tenerife

El viceconsejero de Políticas sociales e inmigración, Melchor Núñez, visitó esta semana el centro de medidas judiciales La Montañeta acompañado del director general de Protección del Menor y la Familia, José Gilberto Moreno García.

El viceconsejero destacó el descenso paulatino de menores cumpliendo condena en un medio cerrado y aseguró que «la ampliación de medidas en régimen abierto, como servicio a la comunidad o libertad vigilada, además de las políticas de prevención ha permitido que Canarias sea la comunidad donde ha bajado el índice de delincuencia juvenil lo que tiene como consecuencia el descenso de un 70% de las medidas en régimen cerrado».

Melchor Núñez conversó durante la visita con los directivos y parte del personal del centro, a quienes felicitó por su motivación y profesionalidad, y destacó las inversiones que se están realizando en el centro de La Montañeta con el fin de mejorar la calidad de los servicios y aumentar el número de plazas disponibles, lo que permitirá acercar a los jóvenes procedentes de la provincia de Las Palmas que están ingresados en la isla de Tenerife.

«De esta forma ¿manifestó el viceconsejero- se cumple con el objetivo del Gobierno de Canarias de potenciar los programas de intervención familiar y de acercamiento geográfico de los jóvenes que cumplen medidas a su entorno familiar».

El Gobierno de Canarias ha rehabilitado el Centro de Medidas Judiciales La Montañeta, ubicado en la capital grancanaria, por un valor de tres millones de euros, con lo que está incrementado el número de plazas pasando de las 50 actuales a 74 previstas.

En una primera fase, los jóvenes de la provincia de Las Palmas que están cumpliendo medidas judiciales en régimen semiabierto podrán cumplirla en el centro de Gran Canaria y en una segunda fase también podrán hacerlo, gracias a la implementación de programas de rehabilitación y reinserción, aquellos que las cumplan medidas en régimen cerrado.

Descenso de los ingresos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) basados en el Registro de Responsabilidad Penal de Menores, Canarias ha experimentado un descenso de un 70% en cuanto al número de jóvenes internos en régimen cerrado, debido al descenso significativo en el número de menores condenados como autores de un delito.

Estos datos ponen de manifiesto una tendencia a la baja de las medidas en régimen de internamiento, a favor de las de medio abierto, motivada no sólo por el esfuerzo que se ha realizado para poner a disposición de los jueces una red de recursos para atender a los chicos que cumplen medidas tanto en régimen de internamiento cerrado y semiabierto como en medio abierto, cubriendo todo el abanico de plazas destinadas a cubrir las necesidades de libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, participación en tareas socio-educativas, tratamiento ambulatorio, centros de día, centros de inserción juvenil y arrestos de fin de semana, sino también, gracias a la labor de los programas de prevención e inserción en materia de menores y jóvenes que se ha venido desarrollando en los últimos años.

En la actualidad, un total de 815 jóvenes cumplen medidas en el Archipiélago, de los cuales tan sólo 10 cumplen medidas en régimen cerrado. Por su parte, otros 80 cumplen medidas en régimen semiabierto y 50 en régimen terapéutico.

Por su parte, un total de 675 cumplen medidas en medio abierto: libertad vigilada: 435; prestación beneficio de la comunidad: 29; tareas socioeducativas: 97; tratamiento ambulatorio: 70; y grupo de convivencia: 43.

El Gobierno rehabilita el Centro de Medidas Judiciales de la Montañeta por un importe de 3 millones de euros

* Se optimizan así los recursos públicos con dos grandes centros de internamiento, en régimen cerrado y semiabierto, uno en Tenerife, Valle Tabares, y otro en Las Palmas de Gran Canaria, La Montañeta

* Se procede al cierre del Centro de Gáldar que sólo contaba con cinco internos

* El personal, que ya ha sido informado, se traslada al Centro de Medidas Judiciales ‘La Montañeta’

El Gobierno de Canarias ha rehabilitado el Centro de Medidas Judiciales ‘La Montañeta’, ubicado en la capital grancanaria, por un valor de tres millones de euros, con el objetivo de que pueda albergar a los jóvenes que están cumpliendo medidas judiciales en régimen semiabierto y cerrado.

En una primera fase, los jóvenes de la provincia de Las Palmas que están cumpliendo medidas judiciales en régimen semiabierto podrán cumplirla en un centro en Gran Canaria y en una segunda fase también podrán hacerlo, gracias a la implementación de programas de rehabilitación y reinserción, aquellos que las cumplan medidas en régimen cerrado. De esta forma, se cumple con el objetivo del Gobierno de Canarias de potenciar los programas de intervención familiar y de acercamiento geográfico de los jóvenes que cumplen medidas a su entorno familiar.

Incremento de plazas

En esta política de optimización de recursos públicos y de mejorar la atención de rehabilitación se cierra el centro de Medidas Judiciales ubicado en Gáldar, cuyos trabajadores pasarán a prestar servicio en La Montañeta, que verá ampliada su capacidad pasando de las 50 plazas actuales a las 74 previstas.

Además, se mantendrá la oferta de 150 plazas del Centro ubicado en Valle Tabares para todas las medidas judiciales de internamiento (cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico).

De esta forma, con el cierre de Gáldar, los recursos humanos y económicos de ese centro serán destinados a dotar de más recursos al Centro La Montañeta, así como a reforzar el Equipo Técnico de Medio Abierto de la Fundación IDEO que ejecuta las medidas que no son de internamiento.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) basados en el Registro de Responsabilidad Penal de Menores, Canarias ha experimentado un descenso de un 70% en cuanto al número de jóvenes internos en régimen cerrado, debido al descenso significativo en el número de menores condenados como autores de un delito.

Estos datos ponen de manifiesto una tendencia a la baja de las medidas en régimen de internamiento, a favor de las de medio abierto, motivada no sólo por el esfuerzo que se ha realizado para poner a disposición de los jueces una red de recursos para atender a los chicos que cumplen medidas tanto en régimen de internamiento cerrado y semiabierto como en medio abierto, cubriendo todo el abanico de plazas destinadas a cubrir las necesidades de libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, participación en tareas socio-educativas, tratamiento ambulatorio, centros de día, centros de inserción juvenil y arrestos de fin de semana, sino también, gracias a la labor de los programas de prevención e inserción en materia de menores y jóvenes que se ha venido desarrollando en los últimos años.

Tan sólo 10 jóvenes cumplen en la actualidad medidas en régimen cerrado

Hay que tener en cuenta que el centro Gáldar contaba a fecha 30 de julio de 2011, con tan sólo 5 menores, siendo su capacidad de 30 plazas. El centro ha llegado a prestar atención a 22 jóvenes.

En la actualidad, un total de 815 jóvenes cumplen medidas en el Archipiélago, de los cuales tan sólo 10 cumplen medidas en régimen cerrado. Por su parte, otros 80 cumplen medidas en régimen semiabierto y 50 en régimen terapéutico.

Por su parte, un total de 675 cumplen medidas en medio abierto: libertad vigilada: 435; prestación beneficio de la comunidad: 29; tareas socioeducativas: 97; tratamiento ambulatorio: 70; y grupo de convivencia: 43.

Bienestar Social pone en marcha un proyecto de intervención profesional para resolución de conflictos en la familia

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de Formación contra el Maltrato Infantil

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, ha puesto en marcha el proyecto ‘Apoyo a la Intervención profesional con Adolescentes en Equipos Municipales de Riesgo de la Comunidad Autónoma de Canarias’, una iniciativa dirigida a dotar a los profesionales que trabajan en el ámbito del menor y la familia de las herramientas necesarias para lograr una intervención positiva de resolución de conflictos en la familia.

Este proyecto da continuidad a los diversos Programas desarrollados en el Archipiélago dentro del marco del Programa de formación contra el Maltrato Infantil, y que, en ediciones anteriores han tenido como objetivo dotar a los equipos municipales de Riesgo de las técnicas necesarias para abordar un programa de intervención con menores partiendo de una nueva filosofía que potencia a la familia, mediante la adopción de un enfoque positivo y fortalecedor de la misma.

En este sentido, durante el pasado año equipos técnicos de todas las Islas profesionales del ámbito del menor y la familia, participaron en diversas jornadas de formación que bajo el título ‘El Desarrollo Positivo Adolescente. Un Modelo para la Intervención en la Adolescencia’, profundizaban en las vías de trabajo con las familias bajo la premisa de que la intervención familiar no sólo es deseable, sino necesaria para garantizar la salud familiar y un adecuado desarrollo de sus miembros.

En esta edición, se pone en marcha el proyecto de ‘Apoyo a la Intervención profesional con Adolescentes en Equipos Municipales de Riesgo de la Comunidad Autónoma de Canarias’, que se desarrollará en las islas de Fuerteventura y La Palma, y tiene como objetivo la intervención con adolescentes y jóvenes en dificultad social o en riesgo de marginación social.

El programa contempla la formación de los equipos municipales de Riesgo de estas islas con el fin de dotarlos de las herramientas necesarias para llevar a cabo una supervisión e intervención a dos niveles, por un lado, e nivel indirecto con el adolescente y la familia, a través del diseño de caso; y por otro, a nivel directo con el adolescente y la familia, en aquellos casos que así lo requieran.

La población destinataria de este proyecto son aquellos jóvenes y adolescentes de entre 12 y 18 años así como sus familias.

Bienestar Social pone en marcha en Gran Canaria un Servicio de Mediación Familiar para Preadolescentes y Adolescentes en Conflicto Familiar

Por otro lado, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia pondrá en marcha en breve un ‘Servicio de Mediación Familiar para Preadolescentes y Adolescentes en Conflicto Familiar’ que, en esta edición, se desarrollará en la isla de Gran Canaria.

Se trata de un recurso de mediación familiar, como técnica pacífica para la resolución de conflictos intrafamiliares, que impida una escalada de dificultades para el adolescente y su familia.

El fin de este Servicio es poner a disposición de las familias los instrumentos necesarios para concebir la mediación como un acuerdo de futuro. De esta forma, las familias serán ayudadas a construir por sí mismas las bases de acuerdos duraderos y mutuamente aceptados, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de sus miembros y en especial la de los/as hijos/as.

La población destinataria de este servicio son menores entre 12 y 17 años, contemplando la preadolescencia y adolescencia, así como sus respectivas familias, que estén pasando una situación de conflicto o dificultad en la convivencia familiar.

Bienestar Social pone en marcha el servicio telefónico 116111 de atención para la infancia de Canarias

El Teléfono, puesto en marcha en colaboración con la Fundación ANAR, ofrece al menor un servicio de asesoramiento gratuito y confidencial, las 24 horas del día y todos los días del año

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, y el director de la Fundación Anar, Luis Estebaranz presentaron hoy el servicio telefónico de atención a la infancia, un nuevo número, unificado en toda la Unión Europea que Ofrece Orientación y Asesoramiento a los menores y adolescentes, que se encuentren ante una situación que les resulte preocupante o que no puedan resolver.

Para ello, al otro lado de la línea estará un profesional que intentará dar respuesta a los problemas que se presenten o, simplemente, escucharán al menor que necesite ser escuchados.

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas apuntó que «para el Gobierno se trata de un recurso de prevención, que puede evitar problemas más profundos en un futuro». «Ha sido la propia Comisión Parlamentaria de Asuntos Sociales, quien me ha pedido que publicite este número que consideran de gran importancia tanto para los niños y niñas como para los adolescentes»

No hay que olvidar que también existe un número para que los adultos puedan obtener asesoramiento e información sobre atención a la infancia, se trata del teléfono 600 50 51 52 que complemente este programa de prevención.

Durante la presentación, Rojas indicó que este servicio tiene como fin «ofrecer orientación y asesoramiento, es totalmente gratuito y confidencial, que funciona las 24 horas del día y todos los días del año».

Por su parte, el director de la Fundación ANAR, Luis Estebaranz ofreció los datos de 2010 en los que cabe destacar que «de las 9.163 llamadas efectuadas por menores y las 206 por adultos, en tan sólo 272 se ha necesitado una orientación especializada y de éstas, en un 19,71 % se han clasificado como de urgencia alta», por tanto, en unos 54 casos.

Estebaranz destacó que la Fundación ANAR lleva más de cuarenta años de trabajo en atención a la infancia y de esa experiencia destacó «la necesidad de trabajar en red».

«De las 272 orientaciones especializadas ¿explicó- hemos actuado en diez directamente y las restantes se han derivado o a los servicios sociales comunitarios, o a las fuerzas de seguridad del Estado, a la dirección general de Protección del Menor, centros de Familia, en definitiva, al amplio abanico de recursos de las diferentes administraciones públicas».

Rojas destacó que de estos 272 casos de orientaciones especializadas, el 33,3 % se refieren al maltrato «tanto en el ámbito de la escuela, como entre iguales, dentro de la familia o fuera de ella; un 18 % se refiere a las dificultades en la relación o con la familia o entre parejas, y un 10 % sobre problemas psicológicos que en algunos casos pueden ser incluso de índole alimenticio».

En todo caso, prosiguió «la inmensa mayoría, más del 90 %, son problemas que se pueden solucionar directamente a través del teléfono porque tiene que ver principalmente con las ansiedades de la adolescencia, de hecho el 80 % de las llamadas entran dentro de la franja de los 14 a los 17 años».

Rojas concluyó con la necesidad de que los niños y niñas conozcan el teléfono, y animó a los padres y madres a que se lo enseñen a sus propios hijos, ya que puede prevenir para que las situaciones no se agraven «cogiéndolas a tiempo ya que detrás de la línea telefónica hay un profesional cualificado para resolver cualquier conflicto».